Una querella por los delitos de obstrucción a la investigación, falso testimonio y falsificación de instrumento público, ingresó uno de los condenados en el juicio por el asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay, en contra del fiscal de la causa, Alberto Chiffelle Márquez, y tres oficiales de la PDI.
La querella está dirigida en contra del fiscal Chiffelle, por el delito de obstrucción a la investigación y en contra de los oficiales de la PDI, Iván Rubilar Acevedo y Claudio Leiro Marambio por falso testimonio, además de Ricardo Villegas Pavéz, por falsificación de instrumento público.
La querella criminal apunta a que el persecutor habría ocultado información a la defensa evitando que fuera introducida al segundo juicio oral, concluido en mayo pasado.
Tras diversas diligencias, el equipo defensor de José Tralcal Coche, uno de los condenados en esta causa, aseveró que se logró establecer que la Fiscalía, con el apoyo de oficiales de la PDI, ocultaron información que habría resultado muy valiosa para su representado en el último juicio de la causa.
Esta se trataría del tráfico telefónico en el que constaría que el delator compensado y también condenado, José Peralino Huinca, cuyo testimonio sirvió de base para la acusación del Ministerio Público, inventó hechos para impresionar a su polola.
El antecedente fue precisado por abogado del Centro de Investigación Sur (Cidsur), Sebastián Saavedra, al momento de ingresar la querella en el Juzgado de Garantía de Temuco.
José Tralcal Coche, quien presentó la querella y está condenado a presidio perpetuo por el delito de incendio terrorista con resultado de muerte, insistió en su inocencia y en su decisión de no ingresar a la cárcel.
Conoce a D. José Tralcal Coche, histórico dirigente de Yeupeco (Comuna de Padre las Casas, Chile), defensor de las aguas y de la tierra. Don José está siendo condenado bajo la aplicación de la ley antiterrorista, a pesar de ser completamente inocente. Y…si José Tralcal fueras Tu?#tralcalinocente
Posted by Centro de Investigación y Defensa Sur on Monday, May 21, 2018
Los antecedentes figuraban en una carpeta investigativa relacionada a una causa de José Peralino Huinca – uno de los tres condenados en el caso- de mayo 2013, en la cual se investigaba su eventual participación en un delito por orden de la machi Francisca Linconao. La información fue conocida recién el 12 de junio de este año.
Según consta en el documento, las diligencias realizadas por el persecutor y la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de Temuco se iniciaron por una conversación telefónica que Peralino mantuvo con su pareja, Joselyn Llanca, en la que le dijo que botaría una antena ubicada en la cima del cerro Rahue, en la comuna de Padre Las Casas, la Araucanía.
El 21 de mayo de 2013, el oficial Ricardo Villegas, de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales -la policía especializada de la PDI- lideraba al equipo que investigaba la muerte del cabo Hugo Albornoz. Ese fue el primer momento en que el nombre de José Manuel Peralino Huinca llamó su atención.
La interceptación telefónica realizada por la unidad de Villegas identificó al joven mapuche como el autor de una conversación relativa al derribamiento de una antena en el cerro Rahue, comuna de Padre de Las Casas, La Araucanía.
Ricardo Villegas declaró en el juicio oral por el caso Luchsinger Mackay que “esos ante antecedentes revestían interés criminalístico”, por lo que el Ministerio Público inició una investigación paralela.
El 29 de mayo, oficiales de la PDI le tomaron fotografías a Peralino en el terminal de buses de Collipulli, según consta en el Informe Policial N° 394 del 11 de diciembre de 2013.
Ese mismo día, sin embargo, el fiscal Alberto Chiffelle firmó la resolución de cierre de la investigación.
En otro informe policial, suscrito por el mismo Villegas, asegura que los antecedentes respecto de la antena del cerro Rahue “carecen de veracidad, tratándose solo de una conversación en la que trata de impresionar a su pareja Joselyn Llanca”.
Cinco años después, Peralino Huinca fue condenado, junto a José Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel, como autores materiales del incendio terrorista que terminó con la vida de Werner Luchsinger y Vivian Mackay en enero de 2013.
Contradicciones
La querella apunta a dos contradicciones claves en las pruebas que fueron ocultadas a la defensa y fija los focos sobre Alberto Chiffelle como jefe de la investigación del caso Luchsinger, por faltar a su responsabilidad de entregar los antecedentes a las defensas, lo que constituiría una grave infracción en su rol.
El primer punto conflictivo tiene que ver con números telefónicos. Según reportó este medio hace un mes, los tres jueces del Tribunal Oral en Lo Penal que condenaron a los comuneros mapuche -la primera de carácter terrorista en años- descansaron su argumentación en un peritaje de análisis telefónico entre los tres condenados y el machi Celestino Córdova. Específicamente, más de 100 intercambios telefónicos entre José Tralcal Coche y José Peralino Huinca -incluido uno del 3 de enero a las 18 horas- y más de 10 entre Luis Tralcal Quidel y Córdova.
El peritaje analizó nueve números asociados a José Peralino Huinca, tomados de la base de datos de la Bipe de Temuco y los jueces acreditaron el intercambio telefónico pese a un oficio de Movistar que dice los números no corresponden ni están ligados a Peralino. El único número acreditado que ha correspondido al comunero es el que fue interceptado en 2013 en la investigación del cabo Albornoz. Y ese número no fue analizado por Iván Rubilar, el perito a cargo del análisis.
En juicio, Rubilar -junto al oficial Claudio Leiro- aseguraron que no se analizó ese número porque comenzó a ser utilizado después del incendio en el fundo de los Luchsinger. Sin embargo, los antecedentes de la otra causa que ligaba a Peralino, la del cerro Rahue, contradijeron esos dichos, pues el número -el único comprobado que perteneció al comunero mapuche- tuvo actividad desde 2012 hasta 2014.
El otro punto que resalta la querella como eventual delito del fiscal Chiffelle tiene que ver con el seguimiento que le realizó la PDI a José Peralino.
Entre los antecedentes de dicha causa se da cuenta cómo Peralino fue investigado y fotografiado por oficiales de la policía especializada junto a su polola. Es en ese contexto que es llevado a declarar y donde entrega los antecedentes que inician la investigación contra él y los otros 10 imputados del caso Luchsinger Mackay, el 8 de noviembre de 2013.
“Todas estas actividades fueron desconocidas para la defensa durante toda la investigación, y por cierto durante el juicio oral, impidiendo a la defensa contar con antecedentes relevantes para efectuar un correcto contraexamen y control de la información que fue introducida a juicio”, argumenta Sebastián Saavedra en la querella.
El defensor apunta a que Peralino tuvo la calidad de imputado durante esa investigación donde se produce la declaración clave. Y es de ese testimonio del cual el propio comunero se desdijo después, argumentando que fue torturado, presionado y amenazado por los oficiales Leiro y Vilches de la PDI a acusar a los 10 que fueron llevados a juicio.
La declaración clave, entregada al propio fiscal Chiffelle en presencia de los oficiales de la PDI, fue sin abogado defensor para Peralino. Esto, según las defensas de los condenados, corresponde a una grave infracción de garantías de su derecho como persona investigada, cuestión que, de comprobarse, afectaría la credibilidad de su testimonio y con ella la principal base de la sentencia a cadena perpetua contra José y Luis Tralcal.
La querella apunta a la responsabilidad de Chiffelle en esconder estos antecedentes y los oficiales Leiro y Rubilar en derechamente entregar falso testimonio.
Beneficio que se le niega a Ceslestino Córdova, se lo dan a imputado en Operación Huracán
El animador, periodista y rostro de televisión, Pancho Saavedra, cuestionó a los tribunales de Temuco por no otorgar el permiso a Celestino Córdova para que visite su rewe y renovar su espiritualidad.
Saavedra, a través de su cuenta de Twitter, escribió: “El mismo beneficio intrapenitenciario que solicita el machi se lo dieron ayer a un oficial de Carabineros preso por la Operación Huracán. Por Qué?”, acompañado de una imagen con la noticia.
Dicha noticia informa sobre el permiso que le dieron al imputado Leonardo Osses, ex capitán de Carabineros que cumple prisión preventiva por el montaje policial que afectó a comuneros mapuche en la llamada Operación Huracán. El ex oficial no duró ni 48 horas tras las rejas antes de pedir una salida de un día completo para asistir al funeral de su madre. El Juzgado de Garantía de Temuco le otorgó el beneficio.
Córdova, en tanto, está condenado por la muerte del matrimonio Luschinger Mackay y reclama al Gobierno se le permita dejar la cárcel de Temuco durante 48 horas para asistir a la ceremonia ancestral. La decisión de su salida depende estrictamente de Gendarmería, que se ha negado sistemáticamente al pedido pese a los informes médicos que recomiendan que el machi realice la renovación de su rewe.
Ante las negativas, Córdova ha mantenido una huelga de hambre desde el 31 de mayo, la cual se agudizó a una huelga seca, para continuar exigiendo su demanda.
Más información sobre el caso:
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