Desde el año 2011 se encuentra en discusión en la Cámara de Diputados una de las reformas más controvertidas para el gran empresariado de este país, como es la reforma al Código de Aguas (Boletín 7453-12).
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El año 2014, con el retorno de Bachelet, el Gobierno envió una indicación sustitutiva al Parlamento que buscaba reorientar la discusión y los avances realizados hasta entonces.
Desde esa fecha a la actualidad, la reforma pasó por la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación, la Comisión de Agricultura, posteriormente por la Comisión de Hacienda y, finalmente, será votada en la Sala de la Cámara este martes 22 de noviembre.
El contexto de las aguas en Chile
En el transcurso de tiempo desde que se tramita la reforma al Código de Aguas hasta la fecha, la situación hídrica del país ha acrecentado su gravedad, y en cada vez más lugares la situación se ha vuelto extrema. De acuerdo al Atlas del Agua de la Dirección General de Aguas, en el país hay 101 cuencas hidrográficas, en 75 de las cuales, entre el 2008 y 2015, se han dictado decretos de escasez hídrica.
De hecho, hay cuencas del país, como Petorca o La Ligua, donde se viola de forma permanente el derecho humano al agua, tal como lo consignan el Informe de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales del año 2013 y el Informe de la Misión de Observación del INDH del año 2014.
Según el Reporte del Estado del Medioambiente 2015, del Ministerio de Medioambiente, la demanda de agua excede a la oferta disponible entre las regiones de Arica y Metropolitana; vale decir, la presión sobre las aguas en más de la mitad del país es sumamente alta.
De hecho, en regiones del sur del país, como La Araucanía o Los Ríos, la situación hídrica asociada a la presión del monocultivo forestal ha generado déficits hídricos crecientes, afectando la pequeña agricultura y el consumo humano. Asimismo, según el Informe de Desempeño ambiental de Chile 2016, elaborado por la OCDE, los crecientes estados de emergencia hídrica y agrícola para diversas comunas del país acarrean un creciente gasto para los municipios afectados.
Por su parte, según lo que consignan las proyecciones de la Política de Recursos Hídricos 2015, la demanda hídrica crecerá entre un 35% y 60% al año 2025, lo que permite avizorar un crecimiento exponencial de la presión sobre las aguas del país.
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Las falencias de la reforma
Bajo el contexto señalado, el problema del agua en Chile debiese concitar un gran debate nacional que adecue la legislación y el modelo de gestión a los desafíos que enfrentamos. No obstante, la reforma que se vota este martes en la Cámara tiene grandes falencias, que resumimos en cuatro grandes ideas:
En primera instancia, si bien se plantea el agua como bien nacional de uso público y se consigna el derecho humano a la misma, esta situación es contradictoria, dado que no se altera lo medular del modelo de aguas que rige en nuestro país y que, contradictoriamente, es la base de las desigualdades e injusticias hídricas que hay en Chile, que corresponde al carácter privado y mercantil de las aguas.
Es decir, el mercado de aguas fraguado en la Constitución de 1980 no se altera y, por lo tanto, el derecho de propiedad sobre las aguas es el que prevalece. De hecho, para ser precisos, declarar el agua como derecho humano en el Código de Aguas no tendrá mayores efectos si no se cambia el derecho de propiedad sobre las aguas establecido en el artículo 19 Nº 24 de la Carta Magna.
Por su parte, si bien se cambia la categoría de derechos de aprovechamiento de aguas perpetuos a concesiones temporales de 30 años para derechos consuntivos y 20 años para derechos no consuntivos, la reforma no será retroactiva, por lo que regirá solo en los derechos que quedan por otorgar; lo que, en palabras del propio ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, representa apenas un 10% de las aguas disponibles.
Esto significa que no se solucionará el principal problema asociado al déficit hídrico que hay en el país, que se relaciona con la sobreexplotación de las aguas, ni tampoco el excesivo sobreotorgamiento a empresas privadas de derechos gratuitos y perpetuos efectuados por el propio Estado.
En otras palabras, durante 35 años el Estado sobreotorgó irresponsablemente a los privados las aguas del territorio nacional, y con esta reforma no se solucionará este agudo problema.
En tercer lugar, lo que se puede reconocer como un avance, como es la prelación de usos del agua en situaciones de escasez, que hace primar el consumo humano y saneamiento, la preservación ecosistémica y las actividades de subsistencia, tienen poca validez en un contexto en el que la infraestructura y la tecnología (sistemas de acumulación de agua, pozos profundos, tranques) y, por ende, la capacidad de acopiar aguas, están concentradas en las grandes empresas de los distintos rubros.
En este sentido, si en situaciones de escasez el pozo de un comité de Agua Potable Rural que abastece a una comunidad se seca –como sucede en muchos territorios del país–, la única solución que se seguirá entregando para satisfacer el acceso al agua a esas poblaciones, continuará siendo el inefable “sistema” de camiones aljibes; vale decir, con la reforma se abre la posibilidad para consagrar la lógica mercantil en esta área.
Esto es, quien tiene más poder adquisitivo pagará por agua de calidad, mientras que la población más pobre del país accederá a agua de menor calidad. De hecho, en la actualidad, según la propia OCDE, el Estado no tiene siquiera la capacidad de fiscalizar la calidad del agua que sale de cada camión aljibe.
Finalmente, uno de los puntos que más han defendido el ministro de Obras Públicas y el director General de Aguas es que la reforma plantea caducar derechos de aprovechamiento “ociosos”, es decir, que no están en uso, con el fin de incentivar las transacciones de derechos de agua. No obstante, el principal objetivo de lo anterior es perfeccionar el mercado de las aguas, cerrando la posibilidad a un modelo distinto de gestión integrada del vital elemento.
Las presiones corporativas
Ahora bien, para ser precisos, hay que señalar que a lo largo de todo el proceso de discusión de la reforma, pero particularmente en los últimos meses, los sectores empresariales, agrupados en los principales gremios del país, vale decir, el Consejo Minero, la Sociedad Nacional de Agricultura, la Asociación de Generadoras de Chile, y sus staff de abogados –en dos de los cuales participan ex directores de la Dirección General de Aguas, tanto del primer Gobierno de Bachelet, Rodrigo Weissner, como del de Piñera, Matías Desmadryl–, han realizado una gran presión corporativa, exponiendo en diversas ocasiones ante cada una de las comisiones en que se ha discutido la reforma, pero además generando una fuerte arremetida comunicacional para presionar a los parlamentarios.
En los distintos momentos se ha apelado a la inconstitucionalidad de la iniciativa por tener una orientación “expropiatoria”, a la falta de certeza jurídica que generarían los cambios propuestos por el Ejecutivo a la inversión privada, incluso se ha argumentado espuriamente que el agua en Chile no es privada. Todos ellos, argumentos falaces, que no hacen más que ensuciar y desvirtuar el real contenido de la reforma.
Lo cierto es que el sector empresarial nacional y trasnacional ha ejercido presiones permanentes y los parlamentarios, en distintos momentos, han accedido, ya sea por acción u omisión.
Lo primero se reflejó en la votación de “las aguas del minero”, donde el ex diputado y ministro Jorge Insunza votó en contra de su propio sector, que pretendía terminar con el artículo 56, que señala que las empresas mineras son dueñas de las aguas que se encuentran en su propiedad. Con posterioridad a dicha votación y luego de ser designado ministro Secretario General de la Presidencia, este tuvo que renunciar al conocerse su vinculación con Antofagasta Minerals, del grupo Luksic.
¿Qué se juega en la votación de la Reforma?
En suma, y con todo lo anterior, es necesario preguntarnos, ¿qué es lo que se juega en la reforma al Código de Aguas que se vota este martes en el hemiciclo de la Cámara de Diputados?
Desde los movimientos sociales y los territorios vulnerados por el modelo de aguas que hay en Chile, despejamos toda duda que existe sobre esta reforma y sostenemos que lo que se juega en la votación es del todo cosmético, en tanto no se termina con la fuente de las desigualdades hídricas, que es el derecho de propiedad privada sobre las aguas.
A propósito de la colonización del dinero hacia la política, queda abierta la duda sobre si habrá alguna relación entre la complacencia de esta reforma hacia el carácter mercantil de las aguas, con el gran empresariado de este país.
Si la reforma no es capaz de modificar la esencia de la actual legislación, que superpone el lucro y el derecho de propiedad sobre las aguas por encima del derecho humano y el bien común, entonces, la reforma que se vota sigue favoreciendo a quienes controlan el mercado de las aguas y, por lo tanto, consagra la desigualdad.
Basta apegarse al sentido común y mirar la realidad y las proyecciones hídricas del país para considerar que el agua se debe administrar racionalmente y, al ser un bien básico para la vida, debe gestionarse en torno a la noción del bien común, de derecho humano, de democracia y de justicia social y ambiental.
Una reforma que apunte a la superación de la crisis hidrosocial que se da en Chile debe ser una discusión país, que obligue al Estado a superponer el interés colectivo de las mayorías y el bien común por sobre los intereses particulares de minorías corporativas.
Fuente: El Mostrador
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