La madeja comenzó a desenredarse a partir de la compra de un departamento, por parte del ex fiscalizador del Servicio de Impuestos Internos (SII) Iván Álvarez –formalizado en el caso y en prisión preventiva– a una inmobiliaria vinculada al Grupo Penta, en un precio, aparentemente, inferior al de mercado. La nueva indagación en el caso Penta es reservada, permitiendo a la Fiscalía restringir el acceso a las diligencias a las partes involucradas y llevar así las labores a un ritmo distinto al de la causa principal.
Si bien los antecedentes demostraron que el precio correspondía a una oferta abierta y aprovechada por terceros compradores, esta indagatoria abrió una puerta a otro hecho: eventual financiamiento irregular de campañas políticas. Esto, gracias a la colaboración del ex gerente del holding, Hugo Bravo, y los datos disponibles de su computador.
El hecho facilitó la apertura de un segundo cuaderno de investigación –de carácter reservado– en el denominado caso Fraude al FUT y que ha derivado en la arista de financiamiento político.
De este modo, el fiscal Carlos Gajardo, de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, podrá extender la investigación de la denominada “hebra política” del caso “Fraude al FUT” a los aportes de dinero entregados a las campañas presidenciales y parlamentarias del año 2009.
El persecutor podrá detectar no sólo eventuales anomalías en los aportes de campaña de la última elección parlamentaria y presidencial (incluida la primaria), sino además tendrá la oportunidad de ampliar la indagación cinco años hacia atrás.
Es decir, no sólo revisará los aportes de Penta en los pasados comicios, sino que también podrá examinar las elecciones donde compitió y ganó el ex Presidente Sebastián Piñera, en 2009, ante Eduardo Frei, así como las elecciones por llegar al Congreso de ese año, consignó el matutino.
Fuente: El Mostrador
Fiscal del caso Penta: «Hay Conductas que Podrían Constituir Delitos»
El fiscal Carlos Gajardo se refirió esta tarde a la investigación de los aportes reservados para algunas campañas electorales, llamado caso Penta. Carlos Gajardo indicó los antecedentes de la investigación por aportes reservados para algunas campañas electorales ya están en manos del SII.
Al respecto fue claro en indicar que se remitieron los antecedentes al SII y tienen relación con los hechos del 2013, no de la campaña del 2009.
«Hay hallazgos de una investigación de conductas que podrían ser constitutivas de delito», afirmó el persecutor.
Gajardo explicó que el Ministerio Público continuará con la investigación, mientras que «es requisito que el servicio haga uso de sus facultades» y vea si es necesario interponer denuncias.
«La investigación que se realice por parte de la fiscalía debe ser siempre resguardando los principios de objetividad, respetando la presunción de inocencia», sentenció.
Servel se lava las manos
El presidente del consejo directivo del Servicio Electoral (Servel), Patricio Santamaría, aclaró que el organismo «no tiene arte ni parte» en la investigación que involucra a políticos de la UDI y el independiente Andrés Velasco por donaciones reservadas del grupo Penta, liderado por Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín.
«Lo que corresponde al rol del Servel tiene que ver con lo que es el financiamiento legal de la política o de las campañas electorales, la Ley 19.884 del año 2003 por primera vez reguló el financiamiento de las campañas políticas y estableció un mecanismo específico que es el de los aportes reservados, que se hacen de una manera muy específica y muy concreta. Está, además, muy regulada», explicó Santamaría.
El profesional detalló que «todas las artimañas o lo que haya ocurrido, cuestión que está en investigación, es muy distinto a lo que pueda haber ocurrido respecto de supuestos pagos por servicios simulados a profesionales o a personas. Ese es un tema donde se excede el límite de la ley, donde hay problemas de carácter tributario, eventualmente falsificación instrumental, y donde el Servicio Electoral no tiene arte ni parte».
«Habían traspasos de fondos a terceros, que a su vez entregaban boletas y esos fondos, en vez de quedar en manos del tercero, se inyectaban en campañas políticas. Nosotros no tenemos cómo investigar una situación de ese tipo, porque detrás de eso hay una infracción a la legislación tributaria, probablemente una falsificación, de hecho una simulación», remarcó Santamaría.
subir ¿Cómo funciona el sistema?
El directivo explicó que «toda empresa que quiere hacer un aporte en una campaña deposita en una cuenta del Servicio Electoral del Banco del Estado una cantidad determinada y, posteriormente, va al Servicio Electoral y señala cómo quiere distribuirla. Todo esto, bajo secreto bancario. Nosotros no podemos ni señalar quiénes son los donantes ni a quién va dirigida la donación».
«Hasta antes que se dictara la Ley 19.884, esto era un hoyo negro, una caja negra donde nadie sabía quién financiaba los actos proselitistas de campaña. Hoy está regulado y es un principio que ha ido sirviendo, pero que se ve absolutamente sobrepasado por la naturaleza humana, por la ambición, por la falta de ética, por el encarecimiento de las campañas, por la alta competitividad», añadió Santamaría.
Finalmente, el director del Servel criticó, además, que «exceder el monto fijado para una campaña, a lo más, lleva una multa de un 20 por ciento superior al monto excedido. Por ejemplo, el no declarar determinados ingresos o el intentar entregar como gasto cuestiones que no fueron o no corresponden a gastos electorales son multas demasiado bajas».
