La pasada navidad fue especial para los reos de Punta Peuco. Intranquilos, comentaban la información que ya sabían desde hacía 48 horas: el cierre del penal y su traslado a Colina I era inminente. Pero el traslado nunca ocurrió.
En paralelo, se discutía la Agenda Corta de Seguridad, momento en que un grupo de senadores intentó introducir una moción para liberar a todo preso que cumpliera 75 años. Fue la oportunidad que algunos vieron para concretar una movida simple y brutal: lograr un “perdonazo” a múltiples violadores a los DD.HH.
OFICIO RESERVADO N° 13.00.00 1297
El Independiente tuvo acceso al oficio RESERVADO N° 13.00.00 1297, fechado 21 de Dic 2015, enviado al Subdirector operativo del penal Punta Peuco por el director regional, región metropolitana, de Gendarmería de Chile, detallaba toda la logística del traslado e instalación de todos los reos del penal Punta Peuco a su nueva residencia de reclusión: el penal de Colina I.
En este oficio se especificaban, todos y cada uno de los detalles del traslado, por ejemplo: personal de apoyo para el momento del traslado, la revisión de las instalaciones a la llegada de los internos, empadronamiento con inventario de enceres.
Para el Traslado Operativo, se solicitaba disponibilidad de vehículos, ambulancias y médicos y para las acciones post traslado e instalación, comunicación a los familiares, chequeo de antecedentes administrativos y el envío de los respectivos oficios a las autoridades correspondientes informándoles de las nuevas instalaciones de estos reos.
Pero el traslado nunca se hizo, por lo menos no hasta el cierre de esta edición. Lo que sí ocurrió fue que en el debate sobre la Agenda Corta de seguridad –la misma que introdujo la llamada “Ley Mordaza” y una versión remozada de la “Detención por Sospecha”-, los senadores De Urresti (PS), Horvath (Ind.), y Araya (Ind.), propusieron una indicación para la puesta en libertad de los reos que cumpliesen 75 años de edad.
Fue la oportunidad que muchos vieron para lograr la liberación de los violadores a los DD.HH. condenados en Punta Peuco. Particularmente diligente en la operación fue el senador Baldo Prokurica (RN), actual presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara Alta, quien el pasado 24 de marzo visitó a los criminales de dicho penal, invitado por la Asociación de Oficiales en Retiro de la Armada.
A su salida invocó sin pudor la necesidad de flexibilizar las condenas en razón de la edad de muchos internos y su estado de salud.
“Fue muy duro. Lo que está sucediendo ahí es una situación dramática. Encontrarse, por ejemplo, con una persona de 89 años, con dos bastones, con artrosis en las dos caderas, o con una persona que tiene alzheimer, es grave”, declaró a medios nacionales.
Tras bambalinas, el senador, abogados de los internos y algún funcionario oficialista comenzaron el sondeo para viabilizar políticamente una salida especial para Punta Peuco. Cuestión coordinada con los internos con mayores conexiones políticas.
Esto explica el que no todos los reos se encontrasen inquietos por su posible traslado a Colina I, algunos de ellos requerían información a sus “redes políticas”,- fundamentalmente políticos partidarios de Pinochet – que les aseguraron que venía una nueva indicación legal que les aseguraría su salida inmediata, al menos a algunos de ellos, y a varios más dentro de poco tiempo.
El polémico artículo señalaba en el Numeral 4.: “Agréganse en el artículo 33 los siguientes incisos décimo, undécimo, duodécimo y decimotercero, nuevos:
“Asimismo, el tribunal podrá, de oficio o a petición de parte, previo informe favorable de gendarmería de Chile, en los términos expuestos precedentemente, disponer la interrupción de la pena privativa de libertad originalmente expuesta, de acuerdo a lo establecido en el inciso primer, cuando la persona condenada cumpla 75 años”.
LOS FAVORECIDOS
Si esta Ley de Impunidad hubiera prosperado, tres hubieran sido los directos “favorecidos” con la libertad inmediata: Raúl Iturriaga Neuman, Hugo Salas Wenzel y Pedro Espinoza; todos ellos cumplían el requisito de tener al menos 75 años de edad. Veamos de quién estamos hablando:
Raúl Iturriaga Neumman, en 1973 era Segundo Comandante de Boinas Negras en Peldehue. En noviembre del mismo año, se va a Tejas Verdes y pasa a formar parte de la DINA. En 1976 asiste nuevamente a la Escuela de las Américas en Panamá, esta vez era un curso especial que incluía técnicas de interrogación y torturas.
En diciembre de 1975 fue nombrado jefe de la Brigada Puren, la cual hizo desaparecer a decenas de prisioneros. Esta brigada funcionaba originalmente con asiento en Villa Grimaldi y posteriormente en la venda sexy o la discoteque que era el centro clandestino de calle Irán 3937 en la comuna de Macul. La Brigada Puren se caracterizó por las aberraciones sexuales que cometían sus integrantes, incluido su jefe en contra de las detenidas.
Fue quien dirigió la ejecución de la operación Colombo, que culminó con la publicación de la lista de “Los 119”.
En los tribunales argentinos su nombre aparece ligado a la investigación de la operación que culminó con el asesinato del General Prats y su esposa.
En 1991 fue interrogado por el ministro Adolfo Bañados quien investiga la participación de la DINA en el homicidio de Orlando Letelier. A través de una carta pública desmintió las versiones que lo ligan a la dirección de ese organismo y anunció querellas a los medios de comunicación. Sin embargo, algunos indicios apuntan a señalar que sigue ligado al trabajo de inteligencia y que prestaría colaboración con el DINE.
En Italia, Eduardo Iturriaga Neumann fue condenado en ausencia a 18 años de de presidio por el atentado a Bernardo Leigthon. Recibiría por ella una orden internacional para que cumpla su condena. Existe una orden de extradición desde Argentina por su participación en la muerte del General en retiro, Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert.
– Condenado a firme como autor de los homicidios calificados de Carlos Prats y Sra. Sofía Cuthbert Chiarleoni, a la pena de 15 años y 1 día de presidio mayor en su grado máximo, y como autor de asociación ilícita a la pena de 100 días de presidio menor en su grado mínimo, septiembre de 1974, Buenos Aires.
– Condenado a firme a 5 años y 1 día como autor del secuestro calificado de Luis Dagoberto San Martín Vergara, diciembre de 1974, Santiago.
– Condenado a firme a 5 años y 1 día como coautor de los secuestros calificados de Mario Edrulfo Carrasco Díaz y Víctor Fernando Olea Alegría, septiembre de 1974, Santiago.
– Condenado a firme a 3 años de presidio menor en su grado medio, con el beneficio de la remisión condicional de la pena, como autor del secuestro calificado de Félix De la Jara Goyeneche, nov. de 1974, Santiago.
– Condenado a firme como co-autor de 3 secuestros calificados de Luis Genaro González Mella, Luis Omar Mahuida Esquivel y Antonio Patricio Soto Cerna, noviembre de 1974, Santiago.
Hugo Salas Wenzel, General del Ejército en retiro.
Fue jefe de la CNI durante la matanza contra militantes de izquierda que se denominó Operación Albania. Extraditable. Fue jefe de la CNI entre octubre de 1986 y noviembre de 1988. En agosto de 1998 declaró como inculpado en la Operación Albania. Sucedió a Humberto Gordon en la CNI en octubre de 1986, hasta noviembre de 1988. Fue encargado reo en marzo de 1991 por “negociación incompatible” en la transferencia de Villa Grimaldi. En agosto de 1998 declaró como inculpado en el caso Abania.
En la llamada Operación Albania, que se registró entre el 15 y 16 de junio de 1987 durante el feriado de Corpus Christi, doce personas que pertenecían al Frente Patriótico Manuel Rodríguez fueron asesinadas en distintos lugares de Santiago.
Según las versiones oficiales de la dictadura militar, estas personas murieron en “enfrentamientos con las fuerzas de seguridad”, pero las autopsias demostraron que los disparos fueron hechos cuando las víctimas se encontraban tendidas en el piso.
El ministro en visita Hugo Dolmestch informó que el ex director de la CNI, Hugo Salas Wenzel, fue condenado a cadena perpetua por su responsabilidad en la “Operación Albania”, en la murieron 12 frentistas los días 15 y 16 de junio de 1987.
Luego de más de una década de investigación, el magistrado logró determinar la responsabilidad que le cabe en los hechos acontecidos en distintos puntos de la capital, entre el 16 y 17 de junio de 1987.
Pedro Octavio Espinoza Bravo
Su nombre está indisolublemente ligado a la así llamada “Caravana de la Muerte“, que inicia su trágica trayectoria el 4 de octubre en Cauquenes y termina el 19 del mismo mes en Antofagasta dejando a su paso 68 ejecuciones. Pero no solo ejecuciones sino además masacres con corvos, con armas blancas. Extraditable.
Ocupó una de las jefaturas de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) en los comienzos de la dictadura y fue uno de los hombres de Arellano Stark. En el Ejército tiene la clásica imagen del militar profesional, razón por la que se desempeñó en la DINA como jefe de operaciones y como jefe del Centro de tortura Villa Grimaldi.
Sus cercanos lo describen como una persona reservada y a momentos taciturna. Prisioneros de Villa Grimaldi coinciden con esa percepción, aunque le agregan un apego a las formalidades y admirador por los valores y el orden. En 1995, decidió su retiro voluntario del Ejército -luego de pertenecer 46 años- debido a la condena dictada por la Corte Suprema y que ratificó la resolución de primera instancia del ministro instructor Adolfo Bañados.
Era el segundo hombre de la policía política, después de general Manuel Contreras.
Actualmente cumple condena por asesinato y secuestro en Punta Peuco, incluyendo el homicidio calificado, en Washington D.C., del ex canciller chileno Orlando Letelier. Recluido en el pabellón “alfa”.
LA CAIDA DE LA OPERACIÓN Y LA MANTENCIÓN DE PUNTA PEUCO
Las muertes de Contreras y Moren Brito, emblemáticos violadores a los DD.HH., junto al traslado de Alvaro Corvalán a la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) por reiteradas infracciones al régimen interno de Punta Peuco, abrieron un nuevo escenario entre que quienes buscan un acuerdo de impunidad.
La idea era instalar la necesidad del perdón considerando la edad y estado de salud de muchos internos, lo que abriría a su vez un escenario más propicio para avanzar en la verdad, en la perspectiva de que existirían condiciones para romper el “pacto de silencio” que aún mantendrían muchos militares. Por demás, la perspectiva de no asumir responsabilidades por sus hechos, propiciaría nuevas confesiones.
Particularmente activo en este lobby, fue el abogado Carlos Portales Astorga -defensor entre otros, de Krassnoff Martchenko- quien se entrevistó con diversos parlamentarios para evitar reacciones negativas, afirmando incluso que se tendría la venia de altos personeros del oficialismo.
El principal objeto de dicho lobby habrían sido los parlamentarios de izquierda y progresistas, incluido el PC. Lo cierto es que la Operación no prosperó por la rotunda negativa de estos sectores políticos, lo que incluso redundó en que la indicación de De Urresti, Horvath y Araya, terminara cayéndose, siendo finalmente rechazada en la Cámara Alta.
Un nuevo intento de impunidad fue rechazado, pero este episodio plantea a la sociedad chilena la urgente necesidad de robustecer su legislación en materias de Derechos Humanos. La experiencia internacional indica que este tipo de delitos, por sus características propias, deben ser también tratados en forma excepcional.
Tras las aberraciones de la II Guerra Mundial, la humanidad avanzó hacia ciertos consensos básicos: los Crímenes de Lesa Humanidad no pueden prescribir, no pueden ser amnistiados y los criminales no pueden recibir beneficios. No por venganza, sino como un instrumento necesario para prevenir que estos hechos vuelvan a repetirse.
Lo justo y necesario hoy es que estos criminales sean trasladados a cárceles comunes, sin privilegios especiales, a cumplir íntegramente sus condenas. Terminar con Punta Peuco, como antes lo fue el vergonzantemente célebre Penal Cordillera, es un paso indispensable para cerrar un terrible capítulo de la historia de Chile.
Punta Peuco es hoy, un monumento vivo de los acuerdos de la Transición, de un poder militar no sometido, de vestigios de impunidad.
¿Por qué estos criminales aún no son trasladados si hay un plan listo desde diciembre de 2015?, ¿es que aún los militares gozan de poder de veto sobre el poder civil?
Si Nueva Mayoría quiere efectivamente terminar con la herencia de la dictadura, no puede mantener abierto un penal que se construyó a la medida de la comodidad de los peores criminales de Chile.
Fuente: El Independiente
