La Mandataria firmó esta mañana un Proyecto de Ley que modifica el Código Penal en materia de corrupción y otro que previene y sanciona los conflictos de intereses. Ambas iniciativas legales son parte de la Agenda para la Transparencia y la Probidad en los Negocios y la Política. “Hemos iniciado un camino de combate a la corrupción que no será fácil, porque estos cambios son profundos”, indicó la mandataria.
En el Salón Montt Varas del Palacio de La Moneda, la Jefa de Estado, Michelle Bachelet, junto a los ministros del Interior y Seguridad Pública, Jorge Burgos; de la Secretaría General de la Presidencia (s), Patricia Silva; de Hacienda, Rodrigo Valdés; y de Justicia, Javiera Blanco, firmó dos proyectos de ley que se enmarcan dentro de la Agenda para la Transparencia y la Probidad en los Negocios y la Política, uno que modifica el Código Penal en materia de corrupción y otro que previene y sanciona los conflictos de intereses.
Durante su intervención, la máxima autoridad del país reafirmó sus palabras del discurso del 21 de Mayo, cuando indicó que “no voy a esconder bajo la alfombra, las fallas que nuestro sistema político e institucional ha tenido”. Asimismo, comentó ante los presentes que en su reciente gira por Europa pudo constatar que éste es un problema que afecta a buena parte de las democracias modernas y destacó que “la comunidad internacional y los líderes del mundo me han manifestado que valoran el modo en que Chile está enfrentando este desafío, de manera institucional y, a la vez, democrática”.
En la ceremonia, la Presidenta de la República firmó un Proyecto de Ley que regula los conflictos de interés, determinando cuándo hay inhabilidades e incompatibilidades para entrar al servicio público y estableciendo en qué casos las autoridades y funcionarios deben abstenerse de participar en una decisión. También protege debidamente a quienes denuncian conductas impropias en el ejercicio de la función pública y regula las actividades que una persona puede o no ejercer una vez que ha cesado en el cargo.
“No podrán ingresar a un organismo público quienes tengan derechos en una sociedad con la que ese organismo tenga contratos por más de 200 UTM o litigios pendientes. Tampoco, quienes hayan hecho lobby ante ese organismo en los doce meses anteriores, y no podrán ingresar a los órganos fiscalizadores, ex gerentes o directores de órganos fiscalizados”, acotó la Mandataria.
Además, se hace más estricta la regulación de incompatibilidades en el ejercicio de la función pública y se aumentan los estándares para los casos en que las autoridades o funcionarios deben abstenerse de intervenir cuando exista interés personal. La propuesta incluye también los intereses del cónyuge, conviviente civil y parientes.
Por otra parte, establece que quienes hayan ejercido funciones en instituciones fiscalizadoras, no podrán trabajar en empresas privadas que hayan estado sometidas a su competencia, sino hasta seis meses después de cesar en el cargo, y no podrán realizar actividades de lobby ante ese organismo durante dos años.
En el caso de los parlamentarios, plantea la prohibición de intervenir cuando haya conflictos de interés e instituye prohibiciones respecto de las asignaciones parlamentarias para evitar el pago a parientes.
Asimismo, la Jefa de Estado firmó otro Proyecto de Ley que modifica el Código Penal incorporando por primera vez el delito de corrupción entre privados y ampliando el actual delito de tráfico de influencias a su comisión por un particular. Por otra parte, en el ámbito del ejercicio de la función pública se perfeccionan los tipos penales del tráfico de influencia y de negociación incompatible, junto con ello se elevan las penas en estos delitos y en los de cohecho y soborno.
De igual forma, se sugiere aumentar las penas de los delitos de cohecho y soborno, incluyendo en este proyecto, el cohecho a funcionario público extranjero. Estas iniciativas responden también a las recomendaciones realizadas por la OCDE y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
Con esta norma se busca promover y restablecer la confianza en las instituciones públicas y privadas, garantizar el correcto ejercicio de la función pública y mejorar el entorno en que se desarrollan las relaciones comerciales entre los privados.
Sobre esta iniciativa, la Presidenta subrayó que “ampliamos el alcance del delito de tráfico de influencias para que deje de aplicarse únicamente a funcionarios públicos y se refiera también a particulares. Y también se eleva la pena, y se establece como agravante, cuando quien sea activamente responsable del tráfico de influencias, haya obtenido el beneficio que perseguía con su conducta”. Agregó que “estamos elevando la pena, tanto de privación de libertad como de multa, y el alcance para quienes incurren en negociaciones incompatibles, como por ejemplo, el funcionario público que autoriza a un privado el funcionamiento de un establecimiento en el que es él el propietario o tiene participación”.
La Mandataria puso énfasis en que “hemos iniciado un camino de combate a la corrupción que sabemos no será fácil, que tomará tiempo, porque estos cambios son profundos y no los vamos a hacer en solitario. La Justicia, el Gobierno, el Congreso, los partidos políticos y la ciudadanía serán parte de este camino”.
Al finalizar sus palabras, la Jefa de Estado se mostró confiada en “que nuestros representantes del Poder Legislativo sabrán actuar con la celeridad, responsabilidad y el celo que reclama el momento político, aprovechando la oportunidad que representa para nuestro país mejorar los modos en que funcionan nuestras instituciones y nuestro sistema democrático”. Y añadió que “éste es un trabajo de todos. Por eso, llamo también al mundo de la empresa, a las organizaciones sociales y también a la ciudadanía a que transformemos en prácticas cotidianas estas nuevas reglas de convivencia y de relaciones que estamos construyendo”.
