Los Pinochet son creyentes y practicantes de la doctrina de que familia que roba unida, permanece unida. Es así como Lucía Hiriart, la viuda negra, y sus cinco hijos, hicieron simulaciones de operaciones de compra-venta, en virtud de la cual vendieron la parcela de Los Boldos y un departamento en la Dehesa a nietos de la matriarca del clan, con el fin de sustraerlos del alcance del Servicio de Impuestos Internos.
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Las operaciones de la familia Pinochet para proteger la herencia inmobiliaria del dictador
Francisca Skoknic
La muerte de Augusto Pinochet hace una década no terminó con las operaciones con las que se ocultó dinero y propiedades. En 2015, al inicio del último tramo de los fallos judiciales por los casos Riggs, Cema y por juicios tributarios, su viuda Lucía Hiriart y sus cinco hijos “vendieron” la parcela de Los Boldos y un departamento en La Dehesa a un grupo de nietos del dictador. Los montos fueron muy por debajo del precio comercial. En las escrituras figura el nuevo abogado de la familia, Christian Plass. El histórico asesor legal y tributario de Pinochet, Fernando Barros, renunció en agosto pasado.
Este 10 de diciembre la familia Pinochet conmemora el décimo aniversario de la muerte del ex dictador en un escenario complejo. Varias causas judiciales que pueden afectar su patrimonio llegan a la recta final. Los Pinochet Hiriart se han preparado para este momento, y se han preocupado de poner a resguardo sus bienes más importantes. Una de esas decisiones ha sido traspasar las propiedades de mayor valor a los nietos de Augusto Pinochet.
Su viuda, Lucía Hiriart, deberá responder en los próximos días ante un tribunal por los manejos oscuros del millonario patrimonio fiscal cedido a CEMA Chile. A ello se suma que el Caso Riggs entra en tierra derecha. La sentencia de primera instancia le entrega al Fisco los bienes que quedaron a nombre de Pinochet y también los que son de sociedades que el dictador abrió en paraísos tributarios. La apelación a ese fallo ya está en etapa de acuerdo después de seis meses de análisis en la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago.
Un tercer frente judicial acecha a la familia: la resolución de los juicios por los millonarios impuestos adeudados por Pinochet y tres de sus hijos.
En este complejo cuadro procesal, la familia ha hecho sigilosos movimientos para proteger su fortuna. En los últimos dos años, Lucía Hiriart y sus cinco hijos –Augusto, Lucía, Verónica, Marco Antonio y Jacqueline– realizaron una serie de operaciones en que “vendieron” bienes raíces a algunos de los nietos del ex dictador a precios muy por debajo de su valor comercial.
Con esta fórmula, los herederos directos se desprendieron de propiedades que podrían estar en riesgo de ser embargadas y de la amenaza de una demanda civil del Estado al momento en que se cierre el proceso por el enriquecimiento ilícito de Augusto Pinochet. Ese juicio se originó en 2004, cuando el Senado estadounidense reveló la existencia de sus cuentas secretas en el Banco Riggs.
UNA VIEJA COSTUMBRE
Augusto Pinochet acumuló una larga experiencia en operaciones inmobiliarias ficticias. Cuando aún era un simple teniente y necesitaba demostrar solvencia económica para que el Ejército lo autorizara a casarse con Lucía Hiriart, un amigo le transfirió una vivienda para que pudiera demostrar la propiedad de un bien raíz. Ese dato fue relatado por los periodistas Fernando Vega y Claudia Farfán en el libro La Familia, historia privada de los Pinochet.
Décadas después y ya como comandante en jefe del Ejército, retomaría el ímpetu en sentido contrario: crearía sociedades en paraísos fiscales para esconder el cuantioso patrimonio acumulado en sus 17 años como dictador.
Ahora sus herederos aplican las lecciones aprendidas para proteger aquello que no está embargado. Primero transfirieron a sus nietos el departamento que Lucía Hiriart compró en La Dehesa en 2014 -y en el que vive actualmente- y luego hicieron lo mismo con la parcela de Los Boldos, el lugar de descanso predilecto de Pinochet y en cuya capilla se depositaron sus cenizas.
Estas operaciones pueden ser leídas también como una forma de eludir el pago del impuesto a la herencia, que asciende hasta un 25% en el caso de los hijos y a un 45% cuando se trata de los nietos (ver tabla).
En la legalización de estas escrituras no aparece el abogado y asesor tributario histórico de Pinochet y su familia, Fernando Barros, quien además renunció en agosto pasado a la defensa de los juicios por impuestos adeudados que afectan tanto a Pinochet como a su hijo Marco Antonio. Barros puso así fin al fuerte vínculo con Pinochet, el que se fortaleció cuando el dictador fue detenido en Londres en 1998 y el abogado, que se encontraba en Europa gozando de un año sabático, asumió como su vocero legal.
Detrás de las últimas operaciones inmobiliarias de la familia ahora figura el teniente coronel (r) y ex auditor militar Christian Plass, quien ha redactado las escrituras de compra-venta. Plass, master en Derecho Tributario, asumió también la defensa de Lucía y Marco Antonio Pinochet en los juicios tributarios.
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LOS BOLDOS, DE MANO EN MANO
En las cercanías del balneario de las Rocas de Santo Domingo, la Hacienda Bucalemu del Ejército fue uno de los lugares favoritos de Augusto Pinochet mientras estuvo en el poder. Se supo de las gestiones que hizo para quedarse con la propiedad o al menos gozar de ella después de su retiro. No lo consiguió y terminó comprando una parcela de 51 hectáreas muy cerca de Bucalemu, la que bautizó como Los Boldos.
Ahí los Pinochet construyeron tres casas. En el inmueble principal se instaló él con su mujer y mostró su apego a esa residencia al trasladar a ella su valiosa biblioteca (ver reportaje). En el gran paraje su viuda hizo levantar una capilla, donde depositaron las cenizas de Pinochet, después de su muerte en 2006.
Los Boldos corresponde a la parcela 9 de la ex Hacienda El Convento, la que Pinochet adquirió en enero de 1994 por $34 millones. Según documentos y testimonios que registra la investigación judicial, en las obras se utilizaron recursos del Ejército.
Un ex gásfiter de la Comandancia en Jefe relató que durante un año un vehículo de la institución lo llevaba a Los Boldos de lunes a viernes, junto a otros suboficiales que eran maestros y a un grupo de soldados, a trabajar en las obras. Cada semana Lucía Hiriart visitaba el avance de los trabajos. La propiedad quedó a su nombre, aunque como estaba casada en régimen de sociedad conyugal, pertenecía al patrimonio de la familia.
Poco después tuvo lugar la primera venta ficticia: en diciembre de 1994 la gran parcela fue adquirida por Belview International, controlada por una sociedad de papel del mismo nombre creada en las Islas Vírgenes Británicas por el ex albacea de Pinochet, el abogado Óscar Aitken.
En una de sus declaraciones en el juicio del Caso Riggs, Aitken explicó que Belview se creó “con fines declarados desde su inicio de carácter inmobiliario y con el propósito de facilitar la asignación hereditaria”. En palabras simples: para no pagar el gravoso impuesto a la herencia.
Por la compra de Los Boldos, Belview pagó $80 millones, $46 millones más de lo que Lucía Hiriart había desembolsado menos de un año antes. Además de mantener bajo reserva a los verdaderos propietarios del terreno, la operación sirvió para lavar parte del dinero que Pinochet mantenía oculto en cuentas en el extranjero.
En mayo de 1996, Belview concretó su objetivo principal, al vender nuevamente Los Boldos a Pinochet, su esposa y sus cinco hijos en partes iguales, sin que pareciera una transacción entre familiares diseñada para eludir el pago del impuesto a la herencia. Supuestamente se cancelaron $84 millones en cuatro cuotas. Por estas operaciones Lucía Hiriart estuvo procesada por evasión tributaria, figura que luego fue revocada por la Corte Suprema.
La detención de Augusto Pinochet en Londres en 1998 gatilló una nueva transferencia. Temeroso de que el juicio que en su contra había iniciado Baltasar Garzón terminara despojándolo de todo su patrimonio, el 23 de abril de 1999 el dictador y su esposa liquidaron su sociedad conyugal.
La operación la hizo el abogado Ambrosio Rodríguez. En la división de los bienes, ella se quedó con los dos séptimos de Los Boldos que le correspondían al matrimonio. Los restantes cinco séptimos siguieron en manos de sus cinco hijos.
El valor de los dos séptimos –adjudicados a Lucía Hiriart– fue calculado en $27,4 millones. Esto significa que, a esa fecha, el precio de Los Boldos se estimó en $95,5 millones.
Dieciséis años más tarde un grupo de nietos del matrimonio Pinochet-Ugarte se comprometió a pagar en cuotas un total de apenas $61 millones por el mismo inmueble, ahora con cinco inmuebles y un extenso parque. El monto de la venta resulta a todas luces absurdo. Aunque es difícil precisar el valor real de la parcela, distintas estimaciones arrojan un precio de mercado mucho más alto.
CIPER consultó con un corredor de propiedades de la zona, quien señaló que las ventas más baratas que se realizan en el área oscilan entre $10 millones y $12 millones de pesos la hectárea. El corredor conoce el predio en cuestión y estima que el valor comercial de Los Boldos es mucho mayor, pues incluye cinco inmuebles (considerando la capilla), un parque y un bosque de eucaliptus maduro de alto valor forestal que cubre gran parte del terreno.
En 2005, cuando estaba a cargo de la causa, el ministro Carlos Cerda ordenó una tasación que calculó en $1.200 millones el valor comercial de Los Boldos, según publicó El Mercurio. Once años más tarde, CIPER le pidió a un reputado tasador que avaluara la propiedad. Lo hizo considerando los precios de venta más recientes en el sector. El resultado es impactante: Los Boldos podría venderse hoy en $13.000 millones.
La primera en “vender” fue Lucía Inés Pinochet Hiriart. El 17 de abril de 2015 traspasó a su hijo Hernán Augusto García Pinochet su parte de Los Boldos en $10 millones, de los cuales éste pagó $1 millón en efectivo y se comprometió a cancelar el resto en tres cuotas anuales de $3 millones. La escritura la hizo el abogado Christian Plass y se inscribió en el Conservador de Bienes Raíces de San Antonio el 18 de junio del año pasado.
El 10 de junio de 2015, Marco Antonio Pinochet Hiriart llevó a cabo una operación similar: vendió a sus hijos Diego Antonio, María Josefina y Nicolás Antonio Pinochet Olave su porción de la parcela. Los tres jóvenes se identificaron como estudiantes universitarios. El precio fue fijado en $9 millones ($3 millones cada hijo), a pagar en cinco cuotas anuales. El vencimiento de la primera cuota se fijó casi un año más tarde de la firma de la escritura. Ésta fue ingresada al Conservador de San Antonio el 21 de septiembre de 2015.
El resto de la familia siguió la misma ruta. El 8 de octubre de 2015, ante el notario Alfredo Martin Illanes, la viuda de Pinochet María Lucía Hiriart Rodríguez, transfirió sus dos séptimos de la propiedad a cinco de sus nietos: uno por cada uno de sus hijos. Los beneficiados fueron Cristóbal Andrés Pinochet Molina, Lucas Ramón Noguera Pinochet, Francisca Lucía Ponce Pinochet, Hernán Augusto García Pinochet y Diego Antonio Pinochet Olave.
Luego de identificarse como “chilena, viuda, labores de casa”, Hiriart fijó en $15 millones el precio de venta de sus dos séptimos, un monto menor que al que vendieron los dos hijos que la antecedieron. Cada uno de los cinco nietos beneficiados se comprometió a pagar $3 millones: $1,5 millón al contado y la misma suma antes del 31 de diciembre de este año.
Augusto, Verónica y Jacqueline Pinochet Hiriart concurrieron a la misma notaría un día después que su madre, asesorados por el mismo abogado Plass. Mientras el primero se identificó como jubilado, las dos mujeres lo hicieron como dueñas de casa.
Augusto, el mayor de los hermanos, vendió su parte a solo uno de sus hijos, Cristóbal Andrés Pinochet Molina, por $9 millones, en seis cuotas anuales de $1,5 millón.
Verónica, en cambio, dividió la venta entre los cuatro hijos de su matrimonio con Julio Ponce Lerou: Daniela Verónica, Francisca Lucía, Julio César y Alejandro Augusto Ponce Pinochet. También les cobró $9 millones: $2,25 millones cada uno, en tres cuotas anuales.
Jacqueline, la menor de los Pinochet Hiriart, también vendió su séptimo de Los Boldos en $9 millones y con la misma forma de pago que fijó su hermana Verónica. Pero ella incluyó a solo cuatro de sus nueve hijos: Federico, Lucas Ramón e Iván Augusto Noguera Pinochet, y Lucía Verónica Amunátegui Pinochet.
EL OJO INMOBILIARIO DE DOÑA LUCÍA
Quizás el mejor negocio inmobiliario hecho por el matrimonio Pinochet Hiriart fue la compra de los terrenos de calle Los Flamencos, en La Dehesa. Allí vivieron tras dejar la casa del Ejército en Presidente Errázuriz, la que ocuparon desde 1974. Originalmente el terreno de La Dehesa estaba compuesto por cuatro paños por los que se pagó un total de $73 millones. Esa compra tuvo lugar solo dos meses antes de que el dictador dejara La Moneda.
La adquisición fue gestionada por Juan Romero, quien llegó a ser auditor general del Ejército. En el juicio por el Caso Riggs, Romero declaró que al menos por una parte del terreno se pagó un valor menor al de mercado. Así se explica en el fallo: “En lo que se refiere al terreno de propiedad del recibió la instrucción del general Pinochet de pedir, en lo posible, la donación del sitio, pero no fue posible dado que el vendedor lo vendía en aproximadamente 6 o 7 UF el metro cuadrado, pero aceptó reducir el precio a 2 o 2,5 UF, por tratarse del general Pinochet”.
En Los Flamencos construyeron una gran casa, obra en la que también se habrían usado recursos fiscales. Según publicó El Mercurio, el ministro Carlos Cerda encontró el presupuesto para su construcción, el que estaba rotulado a nombre del “Ejército de Chile. Vicecomandancia en Jefe. Comando de Ingenieros del Ejército”. El valor: $60 millones. Bajo el mismo rótulo, otro documento presupuestaba en $5,7 millones la construcción de un gimnasio, un sauna y un vestidor para dicha residencia.
En 1999, al momento de la liquidación de la sociedad conyugal, la propiedad se la adjudicó Lucía Hiriart por $214 millones. Pero por el enorme terreno (3.300 m2) y por el auge inmobiliario de La Dehesa, esa tasación estaba fuera del valor de mercado. Eso quedó en evidencia en 2014, cuando la viuda vendió la propiedad en $1.351 millones a la Inmobiliaria y Constructora El Canal, la que los pagó al contado.
La casa no estaba embargada, pero igual se pidió al ministro Manuel Valderrama la autorización para su venta. Ahí se construyó un condominio –“Casas Los Flamencos”– el que ahora oferta la misma inmobiliaria El Canal, con precios desde 24.900 UF ($655 millones).
Tras esa venta, el 5 de noviembre de 2014, Marco Antonio Pinochet compró para Lucía Hiriart un departamento también en La Dehesa. El inmueble (más una bodega y dos estacionamientos) está en el zócalo del edificio 12 del condominio ubicado en Avenida Valle del Monasterio 2298. El precio fue de 13.530 UF ($329 millones a esa fecha). Así, tras la venta de Los Flamencos y la compra del nuevo departamento, Lucía Hiriart se quedó con más de $1.000 millones de diferencia.
Menos de un año más tarde, el 10 de junio de 2015, Lucía Hiriart le “vendió” su nuevo departamento a cinco de sus nietos, pero conservó el usufrutuo de por vida. Esa operación está dentro del mismo esquema de elusión del pago del impuesto a la herencia. Los beneficiados fueron: Cristóbal Andrés Pinochet Molina (administrador), Lucas Ramón Noguera Pinochet (estudiante), Hernán Augusto García Pinochet (agricultor), Francisca Ponce Pinochet (relacionadora pública) y María Josefina Pinochet Olave (estudiante de Derecho).
Lucía Hiriart cobró $120 millones, en total, a sus cinco nietos. Es decir, $209 millones menos de lo que pagó por el departamento en una zona exclusiva de La Dehesa sólo meses antes. Además, les fijó una fórmula de pago en cuatro cuotas anuales de $6 millones.
LOS JUICIOS PENDIENTES
De acuerdo a la ley, Augusto Pinochet fue sobreseído penalmente tras su fallecimiento, lo que no significa su inocencia. Pero el Caso Riggs siguió avanzando, aunque a paso más que cansino. Recién en mayo de 2015 el ministro Manuel Antonio Valderrama dictó la sentencia cuya apelación está en acuerdo en la corte capitalina.
En el fallo de Valderrama se condenó por malversación de caudales públicos a seis de los militares que participaron del esquema que utilizó Pinochet para apropiarse de gastos reservados y ocultar su fortuna en el exterior. La sentencia también ordenó el comiso en favor del Fisco de las 24 propiedades embargadas que siguen a nombre de Pinochet o de sus sociedades en paraísos fiscales.
La investigación judicial del Caso Riggs calculó en $8.100 millones el perjuicio impositivo de las maniobras financieras de Pinochet para ocultar su fortuna, fijándose en $1.395 millones lo adeudado entre 1999 y 2005. La querella del SII está dirigida contra él, su esposa y su hijo Marco Antonio por declaraciones de impuestos incompletas. Todos fueron procesados, pero luego sobreseídos.
En su momento, el ministro Sergio Muñoz liberó parcialmente el embargo que pesaba sobre las cuentas de la familia para permitirles pagar las contribuciones de las propiedades embargadas. Una medida que también concedieron los otros dos ministros que han llevado este juicio (Carlos Cerda y Manuel Valderrama). A pesar de estos pagos parciales, las diferencias entre los Pinochet y el SII persistieron, por lo que aún existen procesos por cobros pendientes (impuestos, multas y reajustes) que según radio Biobío ascienden a más de $3.000 millones.
La más complicada con la deuda impositiva es Lucía Pinochet Hiriart. El 21 de diciembre pasado la Tesorería despachó un “mandamiento de ejecución y embargo” por los $342 millones en impuestos que el SII le cobra. De no pagar la deuda, el Fisco podría quitarle parte de sus bienes. De ejecutarse esa orden, el embargo podría no afectar su porción de Los Boldos, la que ya “vendió” en 2015 a su hijo Hernán García.
Representada por el abogado Christian Plass, Lucía Pinochet logró que se suspendiera el cobro porque recurrió de casación a la Corte Suprema (ver documento). El recurso está en trámite. Los incumplimientos tributarios de Lucía Pinochet se derivan -en parte- por ocultar dineros depositados en cuentas en el extranjero y que se descubrieron en la investigación del Caso Riggs.
Su hermana Verónica Pinochet Hiriart ha seguido un camino más complejo, pues derivó su caso a los nuevos Tribunales Tributarios y Aduaneros (ver documento). Allí logró que se dejaran sin efecto los cobros que le hace el SII por un total de $65 millones.
El fallo fue revocado luego por la Corte de Apelaciones, lo que tras ser ratificado por la Corte Suprema hizo que el caso volviera al tribunal de primera instancia. Además de invocar la prescripción, la defensa de Verónica Pinochet alegó que el SII registró como ingresos los dineros que recibió de su ex esposo Julio Ponce Lerou y de sus padres para la manutención de su familia, lo que no constituiría renta.
En cuanto a Marco Antonio Pinochet Hiriart, su juicio tributario está atado a tres causas contra su padre que la Corte de Apelaciones tiene pendientes. Por petición del Consejo de Defensa del Estado (CDE) las cuatro apelaciones se pondrán en tabla al mismo tiempo, pero están paralizadas desde agosto pasado, cuando el abogado Fernando Barros renunció a sus defensas.
Aunque a Marco Antonio lo representa ahora Christian Plass, nadie ha asumido hasta ahora la defensa de Augusto Pinochet en esos tres juicios tributarios. La última controversia tuvo como protagonista a la albacea del dictador, Julia Espinoza Hormazábal, pues Plass objetó que correspondiera notificarla en este juicio. Lo cierto es que en cualquier momento esta causa podría ponerse en tabla.
En este escenario, si los fallos les son desfavorables, Lucía, Verónica y Marco Antonio Pinochet tendrían que pagar al Fisco, por lo que arriesgan el embargo de sus bienes. Ese escenario fue precisamente el que previeron al “vender” a sus hijos a precios irrisorios su parte de Los Boldos.
Esa misma operación –similar a la que Lucía Hiriart hizo con el departamento en La Dehesa donde hoy vive– pone a los bienes de los herederos a salvo de posibles embargos por los tributos en mora que dejó Augusto Pinochet. Como las deudas tributarias son heredables, por lo que en principio pasarían a su sucesión, la herencia fue aceptada por los hijos de Pinochet con “beneficio de inventario”. Eso significa que limitaron los eventuales cobros al monto de la herencia, dejando fuera de alcance del SII el resto de su patrimonio.
Fuente: CIPER Chile
