por Francisco Herreros.
A la chita callando, con diplomacia vaticana pero con paciencia china, casi como si estuviese tanteando con el dedo gordo la temperatura de la piscina, el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, reconoció que el gobierno se apresta a ir contra uno de los pocos derechos que conservan los trabajadores, la indemnización por años de servicio.
El pretexto es la «modernización» del Código Laboral, figura retórica que ha jalonado invariablemente todas las reformas de neoliberalismo estratégico, desde la década de los ochenta. Y también como ha sucedido, sin excepción, esta nueva exacción a los derechos laborales, se perpetra en el nombre del bienestar de los trabajadores.
De esa guisa, el ministro Monckeberg predicó:
«Es muy importante que nuestro Código del Trabajo promueva la búsqueda de nuevas oportunidades laborales. Y a veces tenemos normas que dejan anclados a los trabajadores en los trabajos y les desincentivan la búsqueda de nuevas oportunidades. Por ejemplo, nuestro sistema de indemnización por término de contrato a veces desincentiva la aceptación de una nueva oportunidad, porque si la tomo pierdo toda la antigüedad en la empresa. Por eso, estamos evaluando modificar la indemnización por años de servicio».
Más directo, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, mostró hacia dónde apuntan los tiros del gobierno:
«Estamos conscientes que cualquier cambio que se haga en ese sentido tiene que ir con un fortalecimiento muy importante del seguro de cesantía, porque aquí lo que queremos es proteger el ingreso de los trabajadores y mejorar las condiciones que tienen cuando una persona queda desempleada».
Agregó:
«La indemnización ha sido una suerte de sustituto por un seguro de cesantía que no es todo lo potente que uno pudiera pensar».
Para decirlo en dos palabras, reemplazar la indemnización por años de servicio, por un seguro de cesantía, significa liberar al capital del costo del despido, y transferir una parte de ese costo al propio trabajador, por la vía de la cotización mensual.
Lo demás sale sobrando.
La maniobra de instalación coincidió con la divulgación del informe de la denominada Mesa de Desarrollo Integral de Chile.
En el capítulo II, titulado «Crear empleos de calidad», el documento plantea:
«Evaluar opciones para perfeccionar la indemnización por años de servicio, con el objetivo de aumentar la formalización del mercado laboral, estimular la demanda por capacitación laboral, e incrementar el empleo de mujeres, jóvenes, y trabajadores con bajo nivel de calificación».
Agrega:
«Se debe avanzar en alcanzar un justo equilibrio entre un perfeccionamiento del sistema de indemnizaciones por años de servicio y un subsidio de desempleo más generoso, mejorando la cobertura y protección de los trabajadores, sin afectar los incentivos a la generación y a la búsqueda de empleos».
En otras palabras, una nueva embestida de flexibilización laboral.
Cabe recordar que el artículo 163 del Código del Trabajo, establece que si un empleador pone término al contrato de un empleado que lleva un año o más en su labor, deberá pagar al trabajador la indemnización por años de servicio que hubieren pactado contractualmente, y de no haberlo hecho, deberá pagar «lo equivalente a 30 días de la última remuneración mensual devengada por cada año de servicio y fracción superior a seis meses, prestados continuamente al empleador, indemnización que se encuentra limitada a 330 días de remuneración, es decir, a 11 años».
Monckeberg, que el 23 de noviembre pasado posteó en su twitter, «Quiero ser claro: no está en los planes del gobierno terminar o rebajar la actual indemnización por años de servicio», tiene asignado el papel de policía bueno en esta trama, y en tal condición, salió a asegurar que se trataría de alternativa voluntaria:
«Lo que estamos planteando es que el Código del Trabajo tenga un segundo sistema de indemnización, que sea de medio mes por año a todo evento, incluso si el trabajador renuncia, que sea desde el primer mes, no desde el primer año y que sea heredable. Lo más importante es que sea voluntaria, si los trabajadores de la empresa quieren que sea voluntaria; la idea es que el sistema actual sea intocable, el que quiera quedarse con el sistema que hay, perfecto».
Qué sublime hipocrecía del ministro acerca de como suceden las cosas en la relación capital trabajo. De aprobarse la ley, en la dirección que plantea, el primer efecto neto será el debilitamiento de la capacidad de negociación de los trabajadores organizados y un nuevo estímulo hacia la fragmentación; seguido de diversas maniobras de la empresa para incentivar el cambio de la modalidad de retiro.
Pero todavía faltaba el trompetazo final:
«Nosotros no vamos a hacer nada como gobierno que perjudique a los trabajadores. Si nosotros presentamos esta iniciativa es exclusivamente sobre la base de que consideramos que mejora la situación del trabajador y no la empeora; sostener que no hay nada que debatir, eso sí que perjudica a los trabajadores. La propuesta establece que después de un año, en el mes 13, el trabajador unilateralmente sin ponerse de acuerdo con la empresa, tiene la posiblidad de volver al sistema antiguo. Esto genera una opción que solo mejora las posibilidades porque garantiza el piso de que nadie puede tocar el actual sistema de indemnización».
Evidentemente, Monckeberg plantea un sofisma. Si tan bueno fuera el nuevo sistema, ¿por qué el trabajador querría volver al sistema anterior? Además, si fuese así de liviano ¿por qué el gobierno se desgasta en una ley que por definición será impopular?
Por supuesto, Monckeberg sabe la respuesta.
Liberar al capital del costo del despido del trabajo es un botín por el cual el Gobierno está dispuesto a correr todos los riesgos.
Rechazo generalizado
La propuesta del Gobierno ha enfrentado, a primera agua, el rechazo desde la Democracia Cristiana al Frente Amplio, y naturalmente, del sector organizado de los trabajadores.
La presidenta de la CUT aseguró que no será parte de ningún diálogo que relativice derechos ganados por los trabajadores:
“La mayor flexibilidad en el sistema de indemnización por años de servicio busca abaratar costos para el empleador y por lo tanto, no se hace cargo de manera efectiva del debate de empleo de calidad, sino que genera condiciones para que a los empleadores les sea más cómodo y barato despedir”.
Agregó:
“No vamos a respaldar cambios al sistema actual. No estamos disponibles para ese debate ni ahora, ni en el marco del proyecto de ley que el gobierno pretende ingresar al Congreso, porque esta no es una materia que esté en el programa de gobierno, a diferencia de todos los otros temas que el Ejecutivo quiere poner arriba de la mesa, por lo tanto entendemos que esto es más bien una estrategia que busca tener una moneda de cambio para abrirse a otros debates. No estamos dispuestos a ningún debate que relativice los derechos ganados por los trabajadores”.
Luego, agradeció al conjunto de la oposición que también se mostró contrario de legislar ese retroceso para el mundo laboral:
«Valoramos la disposición que han tenido partidos de la oposición, al señalar que en esta materia no hay ninguna posibilidad de apertura al debate, lo que es sumamente saludable, sobre todo en el caso de la Democracia Cristiana que ha sido enfática al respecto».
En torno a la respuesta de la Central frente a estos y otros cambios en materia laboral que presentará el Ejecutivo, Bárbara Figueroa reiteró el llamado al Paro Nacional Activo para el próximo 11 de abril:
“Estamos convocando a un segundo paro nacional activo para el 11 de abril, donde una de las materias tiene que ver con esto. Pero el debate no debe ser solo si nos abrimos o no a discutir una materia que el gobierno nunca tuvo en sus planes cuando diseñó su programa; lo importante también es saber si los partidos de la oposición van a estar comprometidos con los derechos de los trabajadores, porque el gobierno ha desatado una ofensiva fuerte contra nuestros derechos, como son los grupos negociadores, la titularidad sindical y ahora esto».
Trabajadores a mitad de precio: CUT rechaza propuesta que reduce indemnización por años de servicio
En marzo, el presidente Sebastián Piñera ingresaría un paquete de medidas que conforman la reforma laboral de su Gobierno. Derecho a huelga de trabajadores en negociación colectiva, grupos negociadores, extensión de beneficios e indemnización alternativa son algunos de los ejes que tendría la propuesta gubernamental.
Si bien desde el Ejecutivo están conscientes de que todas estas iniciativas generarán un fuerte debate en el Parlamento, es esta última la que por estos días ha generado más revuelo.
Y es que la indemnización por años de servicio constituye el principal instrumento que tiene el trabajador(a) que es despedido para poder sobrellevar un periodo de cesantía, el que, generalmente, se extiende por varios meses o incluso años.
Por esta razón, la idea elaborada por el grupo de expertos que asesoró al Ejecutivo en esta materia ha generado un fuerte rechazo del mundo sindical y una opinión dividida de expertos.
David Bravo, uno de los integrantes de esta instancia defendió la propuesta, haciendo hincapié en que ésta no busca eliminar lo que existe hoy, sino que ofrecer una alternativa a los trabajadores. “Si estiman que es ventajosa la pueden tomar en acuerdo con el empleador y esa alternativa es tener una indemnización en todo evento de medio mes por año”, recalcó en conversación con CNN Chile.
Por otra parte, el profesor de derecho laboral de la Universidad Diego Portales, José Luis Ugarte cuestionó al argumento de la “movilidad laboral” esgrimido desde el Gobierno asegurando que, si ese fuera su objetivo, “su proyecto sólo tendría una norma: otorgar indemnización en caso de renuncia. Pero como esa es la excusa, su proyecto agrega la parte que le importa: rebaja la indemnización por necesidades de la empresa. De 11 a 6 meses como tope”. Manifestó a través de su cuenta de Twitter.
Para el economista y presidente del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, Andrés Solimano, el proyecto se inscribe “dentro de la lógica de reducir los costos laborales para las empresas”.
Además, indicó que el argumento de la “movilidad laboral”, eventualmente podría funcionar, pero bajo determinadas condiciones.
“Ahí el tema es si hay puestos de trabajo suficientes y si hay ofertas de puestos de trabajo para acomodar esta mayor movilidad. El supuesto implícito del Gobierno es que la economía va a seguir generando empleo y, por tanto, si la gente se cambia va a poder encontrar un empleo. Eso hay que verlo, vamos a depender mucho del ritmo de crecimiento de la economía chilena para calibrar este argumento de la mayor movilidad”.
Desde la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), su secretario general, Nolberto Díaz, rechazó de plano la propuesta y aseguró que con ella “no existe una mejoría, ya que los trabajadores chilenos no tienen libertad para elegir”.
En esa línea, el dirigente planteó que, “si bien la actual indemnización por año de servicio hay que modificarla porque es una herencia de la dictadura, eso no significa que vamos a estar de acuerdo con una que la reduce a la mitad sólo con la excusa de tenerla a todo evento (…) Acá lo que se busca es hacerle más fácil los despidos a los empleadores y eso nosotros no lo vamos a permitir”, enfatizó.
Asimismo, el representante de la multisindical fue categórico en afirmar que “Como CUT, nos oponemos a cualquier modificación que signifique disminuir, achicar, perjudicar, la actual indemnización por años de servicio que gozan los trabajadores chilenos. Ya en dictadura Pinochet y José Piñera destruyeron la indemnización por años se servicio limitándola a sólo cinco años, después, bajo el gobierno de Patricio Aylwin se alcanzó a los once, pero sigue pendiente la deuda en Chile la indemnización a todo evento, un mes por año y sin tope”.
Desde el Ejecutivo han señalado que se trata de “una propuesta en estudio” y, si bien es uno de los ejes de la reforma laboral de Sebastián Piñera, sería ingresada algunos meses después debido a la falta de apoyo político.
De todas formas, igualmente han defendido la propuesta asegurando que ésta entrega la posibilidad de elegir manteniendo intacto el actual sistema a todos los que prefieran, mientras que a los otros les permite pactar indemnización a todo evento, además de otorgar una mayor movilidad laboral.
Y tal como lo prevé el Ejecutivo, en el Parlamento -de mayoría opositora- el panorama no se ve auspicioso para este proyecto. El jefe de bancada de la Democracia Cristiana, Matías Walker, aseguró que “no vamos a aceptar que trabajadores pierdan el que muchas veces es su único capital: su indemnización del mes por año de servicio”, mientras que su par de Revolución Democrática, Pablo Vidal, señaló que: “me parece inaceptable reducir la indemnización a trabajadores ante despidos. Será duro el debate legislativo de esta propuesta”.
Fuente: DiarioUchile
