Notable por su histeria, chovinismo y agresividad fue la reacción de la elite política chilena a la visita a instalaciones portuarias del norte, del canciller boliviano, David Choquehuanca. No obstante, hay un tema que los debería avergonzar: la nacionalización del sistema de prensiones de Bolivia, que en 2010 terminó con el sistema privado de pensiones impuesto por el gobierno neoliberal de Gonzalo Sánchez de Losada, 13 años antes.
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Hoy, organismos multilaterales, como la CEPAL y el BID reconocen que Bolivia es el país de mayor seguridad social en la región.
Por ley, en el año 2010 Bolivia nacionalizó las pensiones. Es decir, todos los fondos de pensiones pasaron a ser administradas por una institución pública, poniéndose término de este modo a las AFP privadas, que habían sido instaladas en Bolivia 13 años antes por un gobierno neoliberal.
Ese acto fue solo el comienzo, ya que luego el Gobierno Boliviano, con muchas críticas por parte del empresariado, disminuyó la edad de jubilación de los 65 a los 58 años.
Mientras en los países con Gobiernos neoliberales el sistema privado considera que los ‘afiliados’ ‘están viviendo mucho’ y por ello se les castiga con pensiones más bajas o se pretende instalar la idea de que debe aumentar la edad de jubilación, en Bolivia esta edad se reduce.
Y no solo eso, sino que la edad de jubilación se reduce aún más para los denominados “grupos vulnerables”. Esto quiere decir que, por ejemplo, las mujeres madres de tres o más hijos pueden jubilarse a los 55 años en lugar de los 58 años, mientras que los mineros que hayan trabajado bajo tierra pueden jubilarse a los 51 años.
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Respecto a los montos de las pensiones, Bolivia da otra cachetada a países con Gobiernos neoliberales, como Chile, pues mientras en éstos el monto de las pensiones dependen de lo que el trabajador haya ahorrado a lo largo de su vida en su cuenta de capitalización individual y obligatoria, en Bolivia se asegura que el monto de la jubilación se equivalente al 70% de las últimas 24 liquidaciones de sueldo.
La ley también creó un fondo solidario financiado con aportes de las empresas, los funcionarios y el Estado, que permite a los trabajadores independientes y del sector informal acceder también a una jubilación con 10 años de aportes voluntarios.
Todo lo anterior requiere una gran cantidad de recursos, que son aportados por los ahorros de los trabajadores, las empresas y complementados por la riqueza que aporta al país el gas natural, controlado en su totalidad por el Estado tras ser expropiado a empresas multinacionales.
Este avance fue una excelente noticia, en un país donde más del 60% de la fuerza laboral está concentrada en el sector informal y que hasta antes de la reforma carecía de jubilación.
Los resultados del cambio ya comienzan a estar a la vista, por cuanto Bolivia incrementó notablemente su esperanza de vida en los últimos años, con el añadido de que sus adultos mayores no sólo viven más, sino que también pueden disfrutar de una vejez sin temor a que se acaben los fondos de la cuenta en una AFP o que políticos y bancos quieran hipotecar sus casas, como promueven algunos parlamentarios en Chile.
