La Presidenta de la República ha fijado con claridad la posición del gobierno respecto al presupuesto de educación superior 2016. Con creces, reasignará a financiamiento basal las partidas de créditos y becas, que hoy perciben las instituciones de educación superior de alta calidad que opten por entrar de inmediato al régimen de gratuidad. Ello es muy ventajoso para dichas instituciones, las que además de contar con financiamiento estable dejarán de avalar el CAE, y por cierto para los estudiantes y familias que dejarán de pagar aranceles en lugar de contraer créditos y gabelas asociadas a las becas.
No perjudica a ninguno de los actuales receptores de apoyos estatales, en otras instituciones acreditadas que no entren todavía al esquema de gratuidad, los que continuarán igual que hasta ahora.
Esta decisión del gobierno pone en evidencia que el nivel actual de financiamiento público en créditos y becas equivale a la mitad de los ingresos por aranceles de todas las instituciones de educación superior.
Ello demuestra que se puede avanzar rápidamente hacia la gratuidad total, bajo un esquema de financiamiento directo a las instituciones de calidad, sin fines de lucro, que no discriminen por ningún concepto y aseguren participación triestamental.
Así se hace en todos los países del mundo, con la excepción de Chile, único país en que se ha pretendido con fanatismo e interés mezquino, imponer por la fuerza, desde el Estado, la compraventa de educación como una mercancía cualquiera, lo que ha fracasado rotundamente.
Esta propuesta es un enorme avance, concreto, inmediato, que permite sumar fuerzas con amplitud y que, al desmercantilizar, apunta certeramente en la dirección precisa para la reconstrucción del sistema nacional de educación pública, gratuita y de calidad. Debe ser apoyada decididamente, sin vacilaciones ni pruritos puristas o corporativos, y menos pataletas y zancadillas personalistas que buscan defender con dientes y muelas el nefasto esquema privatizador del llamado «subsidio a la demanda».
Ciertamente debe ser apoyada con disciplina por todos los parlamentarios de la coalición de gobierno pero asimismo, activamente, por todos los partidarios de la reforma educacional, que constituyen una mayoría aplastante de los estudiantes, académicos y la ciudadanía del país.
Al resumir los acuerdos del reciente cónclave de Nueva Mayoría, en presencia de todos los jefes de partido, parlamentarios y dirigentes de la coalición, la Presidenta Michelle Bachelet definió del siguiente modo la «hoja de ruta» de la principal iniciativa del gobierno:
«La reforma a la educación va a seguir su marcha con las mejoras que vamos a introducir al Proyecto de Desarrollo Profesional Docente y luego va a continuar con el proyecto que crea el Servicio Nacional de Educación Pública, que va a tener una puesta en marcha gradual, que se va a iniciar en las comunas que tengan escuelas públicas más necesitadas.
En el Presupuesto de este año, que se presentará en ese mismo período, vamos a presentar un proyecto para que la gratuidad en la educación superior empiece el año próximo, incluso antes que el proyecto de ley entero de educación superior esté aprobado.
Hemos definido que lo que vamos a mandar al Parlamento dentro del Presupuesto de la República permita que a partir del próximo año, el 50 por ciento más vulnerable de los estudiantes que asiste a las universidades del Cruch, pero también a universidades privadas que cumplan ciertos criterios, puedan ser beneficiados con esta gratuidad».
Esta forma clara y decidida de plantear las cosas es acertada, despeja el camino y amerita un apoyo activo de todos. La creación del Servicio Nacional de Educación Pública, con la misión sencilla de instalar en breve plazo una escuela y liceo público, gratuito y de calidad, en cada barrio y cada pueblo, empezando por las comunas más necesitados y avanzando gradualmente en la medida de las disponibilidades presupuestarias hasta cubrir todo el territorio, es justamente la clave de la reforma en el nivel básico y medio.
Hay que avanzar sin destruir nada, sino incorporando al nuevo sistema a todos los colegios hoy municipales pero también a los mejores particulares subvencionados cuyas comunidades opten democráticamente por dar este paso trascendental. Todos financiados adecuadamente, de modo estable, en forma directa, por el presupuesto fiscal, terminando con los tristemente célebres «vouchers», inventados por Friedman para mercantilizar la educación y que al parecer siguen encantando a más de uno por acá.
No se puede seguir haciendo experimentos con la educación de los niños, ahora con extraños entes «desmunicipalizados», sino repetir la hazaña que el país logró en el siglo veinte bajo la conducción de gobiernos de todos los colores políticos, con la ventaja de poder incorporar ahora al nuevo sistema público a muchísimas y magníficas escuelas subvencionadas que, junto a las hoy municipales, permiten cubrir en breve tiempo todo el territorio.
Los recursos adicionales requeridos son mucho menores que los esgrimidos por los enemigos de la reforma. En el nivel básico y medio, la mayor parte del gasto ya se está desembolsando en forma de «subvención por alumno».
En el caso de la educación superior, la propuesta CENDA-ICAL que proponía iniciar con el presupuesto del año 2015 un cambio muy parecido al que la Presidenta ha planteado para el 2016, se muestra que el actual gasto fiscal en becas y créditos destinados a ese nivel educacional equivale a la mitad de los ingresos totales en aranceles de todo el sistema, y por lo tanto re destinar esas partidas a financiamiento basal permitiría lograr la gratuidad del 50 por ciento en un año, sin gastar un peso adicional.
En efecto, todas las universidades, estatales, CRUCH y privadas, además de todos los institutos profesionales y centros de formación técnica, suman ingresos de poco más de tres billones de pesos anuales, según sus propios balances publicados por el SIES. De ese total, poco más de dos billones corresponden a ingresos por aranceles, de los cuales el Estado financia más de un billón en forma de becas y créditos, la mitad de esa cifra en forma de créditos con aval del Estado, el infausto CAE y el otro billón de aranceles lo pagan las familias de su bolsillo.
El billón de pesos restante de ingresos corresponde a aportes directos, venta de servicios y otros, y el Estado financia aproximadamente la tercera parte del mismo. Estas cifras desmienten categóricamente a los enemigos de la reforma que majaderamente se desgañitan por la prensa y entrometen en comisiones parlamentarias aunque no les correspondan, diciendo que no hay plata para realizarla.
El planteamiento del gobierno formulado por la Presidenta define un camino que se eleva por encima de visiones con rasgos corporativos que no ayudan, puesto que anteponen intereses particulares más bien estrechos por encima del interés general, enfrentando unas instituciones con otras en lugar de conformar un frente común en apoyo de la reforma que beneficia a todas y no excluye a nadie.
Las universidades estatales —reforzadas por las recientemente creadas, lo que debe valorarse en su justa dimensión— obviamente deben llevar la delantera en el avance a la gratuidad puesto que pertenecen al Estado.
Sin embargo, sin duda requieren una cirugía mayor, que desmercantilice sus actividades académicas y ordene a todas las instituciones existentes, racionalizando y fusionando con las principales a otras más pequeñas que viven un estado de penuria permanente, empezando desde luego por la reincorporación con honores del antiguo Instituto Pedagógico, hoy UMCE, a la Universidad de Chile de la cual fuera expulsado por la dictadura. Del mismo modo, las universidades estatales deben absorber a las privadas que están en falencia y otras que sobreviven a duras penas.
Para todo ello hay que disponer los recursos necesarios y ésta es la vía principal por la cual las universidades estatales pueden en pocos años duplicar su disminuido peso actual el sistema.
Sin embargo, restringir el sistema público a las solas estatales dejaría al margen a la mayoría del sistema universitario actual, lo que resulta tan absurdo como reducir el sistema público a los solos colegios municipales en los niveles básico y medio.
Tampoco en esto hay que inventar nada nuevo, sino repetir la estrategia que en la reforma de los años 1960 transformó a las actuales universidades particulares del CRUCH en los hechos en parte del sistema público: pasarlas al presupuesto a cambio de gratuidad. Hay que hacer lo mismo hoy con todas las universidades privadas de calidad muy bien acreditada, sin fines de lucro, que no discriminen por ningún concepto.
En el nivel superior técnico y profesional es indispensable plantearse cuanto antes la devolución al Estado de INACAP, institución que fuera apropiada por sus directivos sin pago alguno en la hora undécima de la dictadura de Pinochet.
Esta medida, junto a la acertada propuesta gubernamental de crear un CFT público por cada región, junto al paso al presupuesto de las mejores instituciones privadas sin fines de lucro y gobierno participativo, permitirán encaminar el asunto en ese nivel. A todas las instituciones que ingresen al así reconstruido sistema público, es necesario exigirles que garanticen las condiciones exigidas para ello, mediante formas de gobierno interno democrático con participación triestamental.
De este modo, en la reforma de los años 1960, en solo cinco años el sistema universitario duplicó su partícula, triplicó sus sedes, quintuplicó sus académicos a jornada completa, se modernizó estableciendo el sistema de créditos y una organización por departamentos para favorecer la investigación científica, y se hizo enteramente gratuito.
Bajo la dirección esclarecida de sus grandes rectores democráticamente elegidos por los tres estamentos, Don Enrique Kirberg, Don Edgardo Enríquez y Don Fernando Castillo Velasco, asumieron la consigna de Don Andrés Bello: Una Educación Cuyo Único Norte sea Chile y su Pueblo.
