viernes, noviembre 22, 2024
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Presentan Reclamo en Contraloría por Convenio 169 Sobre Consulta a Pueblos Indígenas

Esta mañana el diputado del Partido Comunista, abogado Hugo Gutiérrez, presentó una reclamación de ilegalidad ante la Contraloría General de la República por decreto que a su juicio privilegia el derecho de los empresarios por sobre el derecho de la Consulta Indígena.

El diputado Hugo Gutiérrez (PC), presentó una reclamación de ilegalidad ante la Contraloría General de la República por el decreto supremo número 66 del Ministerio de Desarrollo Social, dispuesto durante la administración de Sebastián Piñera y que ha sido ampliamente rechazado por organizaciones sociales por privilegiar los derechos de los empresarios por sobre el derecho a la Consulta indígena, como por contradecir el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“El gobierno de Piñera ha reglamentado la Consulta de manera perentoria, privilegiando los intereses de la actividad económica en desmedro de los pueblos originarios. En consecuencia, el Contralor debiera dar cuenta de que el decreto 66 incurre en una ilegalidad. Esto es una burla descarada al derecho a Consulta que tienen estos pueblos originarios, que es el único que se les reconoce abiertamente”, expresó el diputado Gutiérrez.

En ese sentido, el parlamentario explicó que se espera que la reclamación sea acogida por la Contraloría y que el Contralor General de la República no tome razón de este decreto de noviembre de 2013, declarándolo de ilegal, para proceder a hacer uno nuevo.

De acuerdo al diputado Gutiérrez, según el decreto 66, la realización de consultas ciudadanas -como por ejemplo en el proceso de evaluación de impacto ambiental-, buscan hacer una especie de equivalencia con el proceso de consulta a los pueblos originarios.

“Sin embargo, el Convenio 169 de la OIT dice derechamente que la consulta debe ser a los pueblos originarios y no subentender que a través de otras consultas ciudadanas al voleo se entienda también hecha dicha consulta. Lo que se está haciendo en buena cuenta con este decreto supremo de Piñera, es avalar la actividad económica por sobre la consulta que tiene que hacerse necesaria e indispensablemente a los pueblos originarios”, sentenció el parlamentario.

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