A los 43 estudiantes secuestrados por policías y narcotraficantes en Guerrero «los mataron», y a algunos «los quemaron vivos», dijo con base en testimonios de policías y sobrevivientes, el sacerdote Alejandro Solalinde, Premio Nacional de Derechos Humanos de México 2012. «Estaban heridos, y así como estaban heridos, los quemaron vivos, les pusieron diésel. Eso se va a saber, dicen que hasta les pusieron madera, algunos de ellos estaban vivos, otros muertos», dijo el sacerdote, de 69 años, quien dirige un albergue para migrantes ilegales en el estado de Oaxaca, que colinda con Guerrero.
La categórica afirmación se basa en los testimonios de testigos entre los policías, dijo Solalinde, quien además está en comunicación con los estudiantes sobrevivientes de la escuela rural de maestros de Ayotzinapan, estado de Guerrero, reprimidos la noche del 26 de octubre en la ciudad de Iguala (200 km al oeste), con saldo de seis muertos, 20 heridos y 43 estudiantes desaparecidos.
«La primera información directa la tuve el domingo pasado. La segunda la tuve ayer, en la Ciudad de México. Lo primero que supe es que hay testigos, pero tienen miedo de hablar, son testigos de los mismos policías», dijo Solalinde.
«Siempre hay alguien que tiene conciencia; pero si hablan temen que los vayan a matar. Dicen que a unos jóvenes los quemaron vivos y los mataron», describió.
El sacerdote ofreció la versión en entrevista exclusiva con la agencia Nóvosti y el diario austriaco Der Standard de Viena, en el marco del XI Foro de Derechos Humanos del Sistema Universitario Jesuita, en la Universidad Iberoamericana de Puebla (70 km al este).
Es la mayor figura de la Iglesia católica que trabaja por los derechos de los migrantes ilegales en México, es uno de los líderes humanitarios mexicanos que denunció la masacre de 72 migrantes, perpetrada por traficantes en agosto de 2010 en Tamaulipas (noreste) y recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos 2012, el 10 de diciembre de ese año, de manos del presidente de México, Enrique Peña, en el Día Internacional de los DDHH.
Por los ataques y la desaparición de estudiantes, México ha recibido reclamos de parte de organismos internacionales como la ONU, la OEA, la Unión Europea, Amnistía Internacional y decenas de organismos humanitarios y de la sociedad civil mexicana para encontrar a los culpables y castigarlos.
Estudiantes en la miseria en la mira del gobernador
Solalinde señala que el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, sabía de los vínculos del alcalde prófugo José Luis Abaraca con los delincuentes de la mafia llamada Guerreros Unidos: «No es casual lo que pasó con los jóvenes. Es una línea clara de represión que se ha presentado en muchas partes», relató el prelado Católico.
«El Gobernador sabía en qué estaba metido el alcalde (narcotráfico), y tiene relación con la esposa del alcalde. Él mismo ha dicho que conocía de esos vínculos. Él sabe también cómo mataron a esos jóvenes», sostiene.
«Los mataron –insiste–. Escuché al gobernador (de Guerrero, Ángel Aguirre) decir que tenía esperanza de que estuvieran con vida. ¡Qué hipócrita! Él sabe perfectamente que los mataron y sabe cómo los mataron», sentenció Solalinde.
«Él dijo también que estaba trabajando el equipo Argentino de Antropología Forense (que ha investigado otras masacres en América Latina y llegó a México a pedido de los familiares y líderes humanitarios) y que les habían dado todas las facilidades. Pero cómo pueden trabajar con unos restos totalmente calcinados, que es sumamente difícil encontrar su ADN porque se altera, por el fuego».
Para retratar la vida que llevaban los alumnos de la Escuela Normal de Maestros de Ayotzinapan, Guerrero, el padre Solalinde describe: «Hay que ir a un internado de esos (en los que viven los estudiantes agredidos) para darse cuenta de que están en la miseria, que no tienen siquiera algún confort para ellos mismos, no tienen nada».
Los estudiantes que fueron atacados por policías y narcos, de acuerdo con las primeras pesquisas, que arrojan hasta ahora unos 50 detenidos, la mayoría policías municipales y algunos narcotraficantes, y casi 15 fosas clandestinas con restos humanos que hasta la fecha no coinciden los registros genéticos de los desaparecidos.
«Estos jóvenes son muy politizados, porque tienen una conciencia desde abajo, son contestatarios. En un momento dado pueden confrontar la gestión pública», explicó Solalinde sobre la combatividad de los aspirantes a maestros rurales.
Los testigos de Solalinde
El testimonio de los testigos «lo están dando a personas muy conocidas en México, que están investigando y han despertado la confianza de ellos. A mí me lo contaron y me lo confiaron. Todo lo que yo sepa, si es para el esclarecimiento de la verdad, lo voy a decir, salvo que afecte a terceras personas», aclaró.
Los testigos y sobrevivientes confiaron detalles al sacerdote, quien el martes tuvo contacto con otro joven que estaba entre los 80 estudiantes agredidos a balazos la noche del 26 de septiembre y la madrugada siguiente.
«Quiero describirlo. Esta persona, es un joven totalmente indígena. Es el rostro de nuestra gente sencilla, morena, bajito, delgado. Y me dijo: yo estuve allí, me salvé de milagro. Nunca esperábamos que nos fueran a atacar y a disparar, como si fuéramos un ejército. Así nos trataron. Logramos huir y vimos muchas cosas».
«Me dijo también –prosigue el laureado defensor humanitario– ‘tengo la esperanza de encontrar vivos a nuestros compañeros’», recuerda el encuentro con el sobreviviente.
«Pero no es lógico, basándome en los testimonios de esta otra persona (vinculada a la policía) que vio que los que habían quedado vivos, heridos, los quemaron vivos y los mataron. Esos detalles no se los dije a él, pero le dije que todos están muertos. Y comenzó a llorar y llorar», prosiguió el relato.
El sacerdote enfatiza que el testigo que afirma que los estudiantes fueron asesinados es parte de los agresores: «Es una persona que tiene mucho miedo y estaba hablando. Pero sabe que si se sabe que hablaron, los van a matar. A los estudiantes los mataron, es lo que esta persona está diciendo. Los calcinaron con diésel».
El sacerdote considera que la versión ofrecida por las autoridades hasta la fecha pretende deslindar a los policías de los narcotraficantes: «Quieren dar la impresión de que fue algo temperamental de la señora del alcalde de Iguala, que estaba dando su informe de labores (la noche del 26 de septiembre), que lanzaba su campaña, que hace berrinche, que se queja con su esposo».
La explicación oficial indica que «su esposo (el alcalde) que es un asesino, ordena reprimir. Pero qué casualidad que llegan a matar, a tirarles. Y luego los llevan a otro lado los policías de Iguala a entregarlos a otro municipio (Cocula) y después a los Guerreros Unidos, al cartel del crimen organizado, a los delincuentes. Y que los entregaron vivos y no saben qué paso».
«Es una manera de lavarse las manos», sentencia Solalinde.
La revelación de los testimonios ocurre un día después de que el presidente Enrique Peña dijo que «el sentimiento colectivo de indignación, de dolor y de coraje demuestra que los mexicanos estamos unidos, que somos solidarios con el sufrimiento de nuestros hermanos, y lo más importante, demuestra que rechazamos la violencia»
El clima de descontento se extiende cada día y el lunes causó la destrucción del Palacio de Gobierno del estado de Guerrero y otros edificios públicos por manifestantes que acompañaban a los familiares en la capital estatal, Chilpancingo, a medio camino entre la Ciudad de México y el puerto de Acapulco.
La declaración presidencial es emitida un día después de que expertos forenses descartaron que 28 cuerpos calcinados encontrados, el domingo 6 de octubre, en fosas clandestinas, en los cerros que rodean Iguala, sean de los 43 estudiantes desaparecidos.
Las esperanzas de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos han renacido, pero surgió una nueva incógnita sobre quiénes son los muertos en esas fosas, mientras se analizan otras cuatro encontradas el 9 de octubre y un grupo más de entierros clandestinos anunciado el martes por la noche, por el procurador general Jesús Murillo, sin mayores detalles. Otros cuatro entierros fueron revelados este miércoles por campesinos.
Fuente: RIA Novosti
http://sp.ria.ru/international/20141016/162511453.html
La matanza de estudiantes en Iguala: Terrorismo del narcoestado mexicano
El salvaje ataque el 26 de septiembre último a micros con estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, – llamados normalistas- y futbolista de Tercera División, por parte de la policía municipal y elementos del cártel “Guerreros Unidos” en Iguala, estado de Guerrero, donde perdieron la vida 6 personas, 25 más resultaron heridas y 43 jóvenes normalistas fueron secuestrados y permanecen desaparecidos, más el hallazgo reciente de 6 fosas comunes con cadáveres degollados, desollados y quemados, ha hecho estallar la ira del pueblo mexicano que cansado de tanta muerte se lanzó a las calles con la consigna “con vida se los llevaron, con vida los queremos” exigiendo el esclarecimiento y señalando al narcotráfico y sus gobiernos como responsables de los aberrantes hechos.
Para poder entender esencialmente el por qué del ataque a los estudiantes normalista debemos remontarnos a los orígenes.
La Escuela Normal Rural de Ayotzinapa es un modelo de educación popular, autogestionada, horizontal. Tiene sus orígenes en un proyecto gubernamental de Lázaro Cárdenas en los años 20 del siglo pasado, que tenía como finalidad masificar la educación mediante la creación de escuelas normales que permitieran formar profesores rurales.
El abierto carácter combativo y los altos niveles de politización de sus estudiantes que han tenido que enfrentar la persecución y represión sistemática en toda su historia por parte de los gobiernos, han hecho de este movimiento un verdadero ejemplo de resistencia en la movilización y un verdadero estorbo para las políticas del poder.
Esto en el marco de un pueblo con larga historia de revoluciones y de insurgencias desde tiempos inmemoriales que en el siglo pasado y en el presente ha entrado en permanente ensayo de construcción de poder que van desde el zapatismo, a las Autodefensas para combatir a los narcos y los paramilitares y el desarrollo de organizaciones guerrilleras y las cientos de experiencias de poder local, hacen que el artero ataque del 26 de septiembre en Iguala a normalista sea un verdadero acto de terrorismo de Estado contrarrevolucionario por parte de los cárteles, las fuerzas policiales y el ejército.
Estos hechos hacen que empiezan a converger la movilización masiva de las organizaciones políticas y sociales del pueblo con el de las Autodefensas que llaman a “responder con todas las formas de lucha, violentas y pacíficas, legales o fuera de esta legalidad sin ética que intentan imponernos los de arriba” junto a la convocatoria del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) “a la conformación de la Brigada Popular de Ajusticiamiento 26 de Septiembre, expresamente fundada para enfrentar en aspectos político-militares esta nueva afrenta del narcoestado mexicano”. Abriendo una nueva etapa en la lucha del pueblo mexicano donde la confrontación clasista subirá un escalón en su calidad en el camino de la revolución social.
Fuente: Agencia Walsh
Lo que se sabe de la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero
Por Luz Adriana Santacruz
Son cuarenta y tres los estudiantes que están desaparecidos desde hace poco más de 10 días. Se les perdió el rastro después de que tomaron tres autobuses en la Central Camionera de Iguala, Guerrero. ¿Qué es lo que se sabe de este caso?.
¿Qué pasó
La noche del viernes 26 de septiembre la policía de Iguala abrió fuego contra un grupo de estudiantes que viajaron de Ayotzinapa a Iguala para tomar tres autobuses de la central camionera.
Horas más tarde, hombres armados atacaron a los estudiantes que denunciaban los hechos a los periodistas. Al mismo tiempo, otro grupo armado disparó contra un autobús en el que se movilizaba un equipo de fútbol de la tercera división de México.
¿Cuántas víctimas dejó la ola de violencia?
Seis personas murieron esa noche en Iguala: tres estudiantes, un futbolista, el conductor del autobús que transportaba a lo deportistas y una mujer que viajaba en taxi y que fue alcanzada por una de las balas. También se reportaron 17 heridos y 43 estudiantes desaparecidos.
¿Qué pasó con los estudiantes desaparecidos?
El sábado 27 de septiembre los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa descubrieron que al menos 57 de sus compañeros estaban desaparecidos. Las cifras se fueron actualizando. Al martes siguiente se reportó que 13 de los estudiantes habían regresado a sus hogares además de que había un par de nombres repetidos en la lista. Sin embargo, 43 siguen desaparecidos.
¿Quiénes son los desaparecidos?
Son estudiantes de la Escuela Normal de Ayotizapa, Guerrero. La policía publicó la lista con sus nombres y sus fotografías.
¿En dónde desaparecieron?
En la comunidad de Iguala de Independencia, en Guerrero. Se localiza en la parte norte de la entidad. Es un valle rodeado por montañas. También es la tercera localidad más importante del estado, después de Chilpancingo de los Bravo y Acapulco de Juárez.
Las búsquedas se han centrado en las casas de las víctimas, en los terrenos cercanos a donde ocurrieron los hechos y en los alrededores del municipio de Iguala. Se han realizado recorridos por todas las dependencias policíacas además de hospitales y reclusorios.
¿Quiénes participan en la búsqueda?
La policía local, federal y elementos del Ejército mexicano. Los familiares exigen respuestas y han hecho una serie de manifestaciones. Quieren justicia y saber qué ha sido de sus jóvenes estudiantes.
Las protestas no solo han sido en Guerrero sino que se han extendido hacia la Ciudad de México. Se instalaron puestos de control y bases de operaciones en coordinación con el Ejército para realizar recorridos por tierra. Un helicóptero ha participado también en las tareas de búsqueda.
¿Cuál fue la primera postura de las autoridades?
El procurador de Guerrero, Iñaki Blanco, dijo que no descartaba que grupos criminales estuvieran detrás de la desaparición de los 43 estudiantes. Además pidió al alcalde local que se alejara de su cargo para avanzar de una manera más óptima en las investigaciones.
¿Qué grupos criminales operan en la zona?
Desde hace seis años, Iguala se ha convertido en un sitio donde fosas clandestinas, asesinatos masivos y decapitaciones se han registrado como resultado de la disputa entre los grupos de Guerreros Unidos, Los Rojos y Los Templarios.
¿Cuántos detenidos hay?
Las autoridades estatales anunciaron la detención de 22 policías por su participación en los hechos violentos de ese fin de semana.
En una conferencia de prensa, el procurador Iñaki Blanco, informó que de los 22 policías detenidos por el ataque contra los estudiantes de Ayotzinapa, 16 dieron positivo en la prueba de rodizonato de socio, es decir, se comprobó que accionaron un arma.
Dejó claro que era un “indudable que existió un uso excesivo de la fuerza” en los hechos.
¿Cuál es el estatus de las autoridades locales?
Tras la presión por los atroces hechos, el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, pidió una licencia a su cargo por 30 días. Su argumento fue que hacía a un lado para facilitar las investigaciones que involucran a la Policía Municipal. En su lugar asumió el cargo de forma temporal el Síndico Procurador del ayuntamiento, Óscar Chávez. Actualmente la Fiscalía de Guerrero giró una orden de presentación en contra del alcalde y del secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores. Se desconoce el paradero de ambos.
¿Qué relación tiene el hallazgo de fosas clandestinas con este caso?
Personal del Ejército mexicano, la Policía Federal y la Policía Ministerial de Guerrero encontraron varias fosas clandestinas en la colonia Las Parotas rumbo al punto conocido como Pueblo Viejo. En su interior se encontraron 28 cadáveres calcinados. El hallazgo se confirmó la mañana del sábado en la periferia de Iguala de Independencia, a unos 30 minutos del punto en el que la policía preventiva de Iguala agredió a balazos a estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa la noche del viernes 26 de septiembre.
¿Cómo dieron las autoridades con estas fosas?
Algunos de los 22 policías detenidos por el caso de las agresiones hacia los estudiantes declararon sobre la existencia de estas fosas. Fue así que las descubrieron.
¿Son los cuerpos de los estudiantes?
Unas 30 personas permanecen detenidas por este caso. Según el procurador de Guerrero, dos de ellos confesaron que, junto a policías de Iguala, habían asesinado a 17 de los 43 normalistas desaparecidos. Por el momento esta teoría no ha sido confirmada. Se hacen pruebas de ADN a todos los cuerpos para averiguar sus identidades. El procurador de Guerrero dijo que los resultados tardarían entre 15 días a dos meses.
¿Quiénes están detrás de estas fosas?
Las investigaciones que ha realizado la Fiscalía confirmaron la participación de integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos. Martín Alejandro Maceda Barrera y Marco Antonio Ríos Berber, ambos integrantes de ese grupo, confesaron su participación en el homicidio de los estudiantes.
¿Qué es el grupo de Guerreros Unidos?
Esta organización criminal fue fundada en el 2011. Su presencia se extiende a las zonas de Iguala, Arcelia y Ciudad Altamirano. Se disputan el territorio con Los Rojos y Los Caballeros Templarios.
Se le considera un grupo muy violento, debido a que se le unieron a Los Pelones, que eran los ejecutores del cártel de los hermanos Beltrán Leyva. Su forma de amedrentar a la sociedad es asesinando a sus adversarios con formas muy crueles.
Las autoridades tienen identificado a Mario Casarrubias como su líder. Informes de inteligencia estatal señalan que la policía municipal de Iguala estaba fuertemente infiltrada por este grupo del crimen organizado.
Asesinan a líder campesino en pleno programa de radio en México
Los tiros se escucharon en directo y el asesinato de Atilano Román se transmitió por radio. Dos hombres entraron a la cabina donde el fallecido conducía ‘Aquí es mi tierra’, un programa semanal emitido en la cadena ABC del puerto de Mazatlán, Sinaloa. Le dieron al menos tres tiros, uno de ellos le pegó en la cara. Había otros tres conductores en la cabina, que salieron ilesos del ataque, mientras geitaban: “¡Lo mataron! ¡Lo mataron!”, según informó El País.
Atilano Román era el líder de un movimiento de desplazados por la construcción de la represa de Picachos, emprendida por Vicente Fox en 2006 e inaugurada por Felipe Calderón en 2012. Su principal queja era que las autoridades estatales y federales habían incumplido las promesas a los habitantes de los pueblos que habían sido afectados por la construcción de la obra. Los pobladores deberían de haber recibido beneficios con un valor de 5,2 millones de dólares, traducidos en viviendas, carreteras y fuentes de empleo. Román representaba a un colectivo que denunciaba que sólo se habían recibido 52.316 dólares.
“Fue un ataque dirigido contra él, no contra el gremio de periodistas”, aclaró a la agencia France-Presse el director de El Sol de Mazatlán, Sergio Ontiveros. “En esta ocasión no estaba haciendo fuertes críticas, hablaba de cuestiones agrarias”, añadió.
Román había denunciado el constante desvío de dinero federal enviado para los habitantes y había recibido numerosas amenazas. Llegó a bloquear las carreteras hacia Mazatlán, puerto turístico, en plena Semana Santa. En abril de 2012 un grupo guiado por él intentó hacer una protesta similar en Culiacán, la capital de Sinaloa, y entonces fue detenido por “delito de ataque a las vías generales de comunicación”. Salió libre 17 días después.
Era también un personaje controvertido. Sus detractores le acusaron de favorecerse del movimiento, desviar dinero a su favor e incluso utilizarlo para hacerse una cirugía estética con él. Su propia hermana reconoció entonces. “Atilano sí se cirugió, pero no con dinero de la presa”.
La violencia no es asunto inusual en Sinaloa. Fue precisamente ahí, en Mazatlán, donde fue detenido en febrero Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, en febrero de 2014, líder del cartel de Sinaloa (el más poderoso del país), y responsable directo de la muerte de al menos 2.000 personas.
Este domingo, el líder en Sinaloa, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Heriberto Arias, afirmó que para la investigación, es difícil descartar el activismo de Román. “Era un líder de un movimiento de desplazados y que reclamaba incumplimientos del gobierno y autoridades federales, esa puede ser una línea de investigación. (…) Estamos viviendo momentos muy críticos en México con lo ocurrido en Tlatlaya, donde se involucra a un batallón del Ejército, lo ocurrido en Guerrero donde se involucra a policías municipales”, dijo al periódico Noroeste. Eldiario, uno de los periódicos regionales más prestigiosos del país, ha recibido su propia cuenta de amenazas, en abril pasado, el Consejo de Administración del medio denunció los ataques en su contra después de que el director, Adrián López, sufriera una agresión.
En las imágenes de la escena del crimen, difundidas por los medios locales, se alcanza a ver la cabina de radio donde ocurrió el asesinato. Hay unos tres o cuatro periódicos esparcidos sobre una pequeña mesa azul, un micrófono blanco y un charco de sangre en una esquina.
Fuente: El País