A Ponce Lerou le Salió el Tiro por la Culata

El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago rechazó hoy el recurso interpuesto por el gerente general de SQM Patrico Contesse, según trascendió por instrucción directa de Julio Ponce Lerou, que buscaba frenar la entrega de información contable de la empresa entre los años 2009 a 2014. El juez desestimó la solicitud por considerarla «improcedente». De esta manera, la maniobra de SQM tuvo un efecto exactamente inverso al que apuntaba. No sólo no logró impedir que la Fiscalía incaute la documentación, sino que proyectó la sensación de estar ocultando información de mayor tonelaje a la conocida hasta hoy, lo cual con seguridad debe haber alertado tanto a la Fiscalía como a Impuestos Internos, que dicho sea de paso, libran su propio round, por la hasta ahora inexistente querella contra SQM, que sólo puede presentar el SII.    

El documento presentado ayer ante el tribunal apuntaba a que la orden del Ministerio Público investigar todas las boletas y facturas emitidas por terceros a Soquimich, en el periodo del mes de julio de 2009 «excede con creces el ámbito de la investigación que la fiscalía tiene en virtud de la querella presentada”

Sin embargo, el tribunal calificó «del todo improcedente» la solicitud, sustentándose en la autonomía que goza el Ministerio Público para solicitar diligencias.

En el fallo del octavo juzgado se explica que «el Juez de Garantía le está vedado dirigir la investigación, careciendo en consecuencia de facultades para inmiscuirse o intervenir en atribuciones propias y exclusivas del Ministerio Público, de tal manera que si lo que se pretende con la presentación que antecede es que este Tribunal ordene al Fiscal a cargo de esta investigación, dejar sin efecto o suspender citaciones, o acotar las diligencias que actualmente está llevando a cabo, como asimismo oficiar al Servicio de Impuestos Internos, o bien conferirle traslado, a fin de que informe a este Tribunal acerca de la efectividad de una diligencia de investigación, lo cierto es que este Tribunal carece de facultades para ello».

El juzgado expone en la resolución que «siendo el Ministerio Público quien, por expreso mandato constitucional y legal, tiene la dirección exclusiva de la investigación; y si lo que estima la parte solicitante es que el Fiscal está actuando de oficio, al margen de la legalidad vigente, lo cierto es que es la propia Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público la que establece la responsabilidad de los fiscales por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, no correspondiéndole a este Tribunal emitir un pronunciamiento al respecto».

El pasado 16 de enero la fiscalía acudió por primera vez a las oficinas de SQM a retirar información sobre la contabilidad de julio de 2009. Este lunes los fiscales volvieron a acudir a la empresa, esta vez para pedir información comercial de los últimos seis años.

El equipo encabezado por el fiscal Sabas Chahuán indaga la presunta emisión de boletas de honorarios ideológicamente falsas para el financiamiento de campañas políticas, investigación que surgió a raiz de las indagatorias por el caso Penta.

En relación a este caso, esta jornada el Servicio de Impuestos Internos descartó una «demora» en la presentación de una presunta querella o denuncia en el marco de las indagatorias de la arista SQM.

El director de la entidad, Michel Jorrat, enfatizó que «la fiscalización es tarea del SII, para que el servicio pueda interponer una querella o denuncia, hay que tener antecedentes».

La operación para bloquear acceso de la Fiscalía a SQM y el quiebre en el directorio

por M. Jiménez, X. Pérez y A. Carmona

El gerente general de Soquimich, Patricio Contesse, recurrió a la justicia para impedir que la Fiscalía realice incautaciones en la empresa. La operación es vista como un “blindaje” sobre la compañía para evitar que la sangre llegue hasta La Moneda. La arremetida judicial viene de la mano de Samuel Donoso, abogado de Contesse, articulador de Girardi y amigo íntimo de Rodrigo Peñailillo.

Ayer, el gerente de Soquimich (SQM), Patricio Contesse, recurrió a la justicia para impedir que la Fiscalía realice incautaciones en la empresa. “Pedimos que la Fiscalía se abstenga de realizar diligencias”, dijo a la prensa el abogado de Contesse, Samuel Donoso. Sin embargo, en el directorio de SQM no todos pensaban lo mismo.

Soquimich vive horas cruciales. Lo ocurrido ayer sugiere un quiebre en su interior. Por un lado, Contesse, hombre clave de Julio Ponce Lerou, el controlador, queriendo impedir con una cautela de garantía que la Fiscalía de Alta Complejidad pueda obtener información contable entre 2009 y 2014 que dé con el paradero de boletas para financiar campañas políticas de candidatos de la UDI, RN y la Nueva Mayoría; y, por el otro, el directorio de la empresa aclarando, a través de un comunicado, que no tuvo injerencia en esa acción judicial y que correspondía a una decisión de Contesse como persona natural.

En dicho comunicado, anunció que hoy se reúne la mesa “para evaluar dicha solicitud de entrega y que el Ministerio Público fue oportunamente informado que SQM analizaría la procedencia legal de tal solicitud”. Eso, pese a que el lunes representantes del área legal de Soquimich habían acordado con los fiscales Pablo Norambuena y Emiliano Arias proporcionar la documentación, evitando así un nuevo allanamiento.

La lectura que se hace de estos hechos es que Contesse no se manda solo. Es un hombre clave para Julio Ponce Lerou, quien lo nombró gerente general de Soquimich en 1990. Con un estilo rudo y agresivo, estos ingenieros forestales –Ponce es seis años mayor que Contesse– transformaron una compañía que perdía US$20 millones en la mayor y más temida empresa de fertilizantes naturales del mundo, que el año pasado ganó US$296 millones.

Se conocieron en 1978, cuando Ponce era director de Conaf y necesitaba un ingeniero forestal que hablara inglés. Cosa que hacía Contesse, quien lo aprendió en el Grange. Ambos ocuparon cargos relevantes en el régimen de Pinochet y se especializaron en racionalizar empresas públicas. Ponce despidió a 19 mil trabajadores en Conaf, Contesse a mil en la CAP y dos mil en Celulosa Arauco.

Soquimich pasó a tener la mitad de los trabajadores en una década.

Por ese vínculo histórico, Contesse contó con el visto bueno de Ponce Lerou para así dilatar la entrega de antecedentes contables, coinciden dos fuentes consultadas por El Mostrador.

El directorio, en el que hay tres representantes de Potash Corporation –Alejandro Montero, el abogado José María Eyzaguirre Baeza y Wayne Brownlee– no estuvo de acuerdo. Se especula que la molestia de los canadienses es grande y que en la reunión de directorio de hoy podría pedirse la renuncia de Patricio Contesse. Ponce, en todo caso, cuenta con mayoría en el directorio; uno de sus hombres es Patricio Contesse Fica, hijo del gerente general, lo que reafirma el profundo lazo que los une.

Un experimentado abogado aporta otro elemento: la acción judicial presentada por Samuel Donoso “es acertada jurídicamente”, debido a que no existen querellas o denuncias respecto de la empresa minera, lo que debe correr por cuenta del Servicio de Impuestos Internos (SII), que depende del Ejecutivo. Contesse es, además, el representante legal de la compañía. Y existen otras aristas que no sólo complican a Soquimich, sino a quienes habrían sido destinatarios de dineros para campañas políticas.

Fuentes cercanas al caso afirman que la decisión de Donoso habría estado en conocimiento de La Moneda. La misma fuente señala que el lunes, cuando se reveló que SQM colaboraría con el Ministerio Público, el nerviosismo se apoderó de importantes personajes de la Nueva Mayoría que habrían iniciado gestiones para buscar una salida.

Este medio intentó contactar a Ponce Lerou, sin éxito.

Los hombres de Ponce y Contesse

La decisión de Contesse molestó a los fiscales a cargo de la investigación del llamado caso Penta y todas sus aristas. De acuerdo a fuentes cercanas al caso, en conversaciones “del más alto nivel” entre SII y la Fiscalía –conversaciones que en los últimos días se han intensificado–, el lunes el servicio había comprometido agilizar sus diligencias para proceder en el sentido que le compete: presentar una denuncia, querella o una sanción pecuniaria.

Sin embargo, nada de eso ocurrió y la demora del SII –que es criticada al interior de la Fiscalía– se convirtió en un balazo en los pies para el Ministerio Público y fue el flanco que vio Samuel Donoso, un nombre para nada desconocido por la Nueva Mayoría.

El abogado penalista siempre ha sido considerado una carta del PPD para diferentes cargos de Gobierno. En el primer mandato de Michelle Bachelet, su partido lo propuso como subsecretario del Interior para reemplazar a Felipe Harboe, quien dejó el cargo para postulase al Congreso. En esa época fue sugerido como Intendente de la Región Metropolitana y se le ha nominado para subsecretario de Justicia en algunas ocasiones.

La figura de Donoso está vinculada al PPD desde los inicios del partido. En esa época era muy cercano a la figura de uno de los principales líderes y fundadores de la colectividad, Sergio Bitar, al punto que, junto a Jorge Insunza, Igor Garafulic y Sergio Escobar, era uno de los exponentes de los llamados –por esos años– “Bitar boys”.

Pero eso es parte del pasado. Donoso se distanció de ese sector y se movió hacia la otra vereda interna del PPD: el girardismo. Es más, durante la presidencia de Carolina Tohá, el abogado fue durante un período el secretario general de esa mesa directiva, en representación precisamente de la corriente del poderoso senador PPD.

El abogado –cercano a Girardi, al diputado Pepe Auth y al actual embajador Alejandro Bahamondes–, renunció el año 2011 a su postulación como integrante del Consejo para la Transparencia y después tuvo fuertes palabras para la entonces presidenta del partido, Carolina Tohá:

“Ella vetó mi nombre… Eso es un retroceso en la manera de hacer política”, acusó.

El abogado fue, en los comienzos del diario El Mostrador, socio minoritario. En el mundo jurídico, señalan que Donoso trabajó bastante cerca con el abogado Jorge Mario Saavedra, que a principios de la década del 2000 compartió estudio jurídico con el senador RN Alberto Espina. “Sabe mucho de derecho”, decían a comienzos de la década pasada sus cercanos, ya que fue el encargado de defender a Hector Peña Véliz, dueño de la empresa GATE en medio del escándalo MOP-Gate. Y también fue defensor de Eduardo Monasterio, el controlador de Inverlink.

El nexo entre ambos fue Antonio Viñes, un abogado en cuya oficina Donoso dio sus primeros pasos. Viñes era muy amigo de Monasterio y por esa razón Donoso contactó al fundador de Inverlink bastante antes de estallar el caso. “Fui a presentarle a mi oficina. Antonio me dijo ‘Monasterio es amigo mío y tiene un conglomerado muy grande”, declaró a El Mercurio. No volvieron a verse hasta que tomó su defensa.

Tras dejar la oficina de Viñes, en 2000, Donoso entró como socio al estudio de Alberto Espina y Carlos Zepeda con un porcentaje minoritario. El abogado quería más, por lo que se independizó y montó su propio estudio junto a dos abogadas recién recibidas. Su esfuerzo se vio recompensado cuando cayó en sus manos la causa de Peña Véliz. La tomó a sabiendas de que debería renunciar a la presidencia del tribunal supremo del PPD. Militante del partido que preside Guido Girardi, Donoso fue precandidato a diputado por Providencia, distrito por el que, al final, el PPD postuló a Igor Garafulic. Actualmente es socio del estudio de Juan Pablo Hermosilla.

Donoso tiene un perfil penalista, pero su mayor fortaleza aparte de lo jurídico son sus redes políticas, que llegan hasta La Moneda. En el Gobierno y en el PPD precisan que Donoso efectivamente tiene un relación “muy estrecha” con el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo.

A pesar de las decenas de llamadas de este medio, el abogado no quiso contestar las preguntas de El Mostrador.

Enrique Correa es otro de los hombres con importantes redes y fuerte presencia en SQM. Su empresa Imaginacción lleva la cuenta de la minera y está a cargo de los asuntos públicos que incluyen diseño estratégico, comprensión de los sucesos políticos, económicos y sociales del país y lobby, además de la gestión de prensa. Correa, a título personal, es asesor de Ponce Lerou desde hace muchos años.

El ex yerno de Pinochet, que alega cada vez que le sacan a colación el parentesco, pero gracias al cual se hizo de las acciones de Soquimich, ha destacado en su entorno más estrecho que cuenta con Correa como su “asesor político”, aunque Imaginacción niega rotundamente dicho vínculo.

Las redes de Ponce Lerou son extensas y así quedó en evidencia durante el caso Cascadas. A fines de 2013 movió sus fichas en el PS para zafar de la crisis que eventualmente resultó en una multa de la SVS por US$ 70 millones. El objetivo era evitar a toda costa que Fernando Coloma, el entonces superintendente de Valores y Seguros, sancionara antes de que asumiera el nuevo Gobierno de Bachelet.

Desde que explotó el caso, en septiembre de ese año, Ponce puso al abogado socialista Hernán Contreras, hombre cercano a Camilo Escalona, y antes a Fernando Bustamante, hombre de Ricardo Lagos, en los directorios de las Cascadas.

Contreras es un conocido operador de la vieja Concertación. El abogado socialista llenó la vacante dejada por Pablo Lamarca, fallecido trágicamente en julio de 2013 y quien había sido elegido como director de Norte Grande con los votos de las AFP. Lamarca, al ser independiente, era el presidente del comité de directores, que revisa todas las operaciones con partes relacionadas. Contreras en el Partido Socialista, además de ser cercano a Escalona, conoce bien a Raúl Díaz y Osvaldo Andrade. Su nombre habría sido sugerido a Ponce por Darío Calderón, hombre con vastas redes en el mundo concertacionista. Se dice que Contreras fue el hombre que logró renegociar con CorpBanca un acuerdo para solucionar la crisis financiera que tuvo el PS al final de la campaña de Frei el 2009.

Fuente: El Mostrador

Director del SII: “No hemos presentado una querella en contra de SQM”

Consultado por la arista SQM del denominado caso Penta, Michel Jorrat fue enfático en señalar que hasta el momento, la entidad fiscalizadora no ha presentado ninguna querella en contra de la empresa controlada por Julio Ponce Lerou, sino que “lo que hay es una querella que presentó el Servicio en contra del señor (Pablo) Wagner, había una serie de boletas a distintas empresas, los hechos investigados son esos. Lo único que hizo el SII fue pedir diligencias relacionados con esos documentos tributarios. Por lo tanto no es correcto señalar que el Servicio haya acotado la investigación”.

El director del SII emplazó a la Fiscalía señalando que para que el órgano fiscalizador presente acciones legales se encontra de la compañía, “debe fundar las acciones, en la medida en que existan antecedentes fundados, para iniciar una acción, el Servicio está obligado a hacerlo y lo va a hacer“, sentenció.

Respecto a este mismo tema, Cristián Vargas, subdirector jurídico del SII, indicó que “no hay ninguna demora” en cuanto a la presentación en querellas o denuncias y que actualmente “estamos pidiendo antecedentes de la información que nos envío la Fiscalía” respecto a la arista SQM del caso Penta.