Hugo Herrera, ex dirigente sindical de SQM, se ha pasado los últimos doce años de su vida recopilando los papeles que cuentan cómo Ponce Lerou se convirtió en controlador de Soquimich. Asegura que el ex yerno de Pinochet se valió de oscuras artimañas, que incluyeron amenazas de despidos y modelos en minifalda que engatusaban a los trabajadores, para quedarse con las acciones que el “Capitalismo Popular” había repartido entre los empleados de la compañía. El ex gerente general de la compañía, Eduardo Bobenrieth, respalda la tesis del ex empleado y repasa a quien fuera su jefe directo. “A Ponce Lerou lo caracteriza su genialidad para hacer el mal y debiera ser juzgado y sacado de circulación por ser un peligro para la sociedad”, sostiene.
Hugo Herrera llevaba meses postrado en cama, producto de una fractura en su pierna izquierda, cuando hurgueteando en su casa se encontró con las seis cajas de cartón llenas de papeles.
Los documentos eran antiguos escritos de su época de dirigente sindical en la minera Soquimich (SQM), y databan desde 1980 a 1990, fecha en la que fue desvinculado. Remover el pasado en situación de enfermo, lo enfermó más.
-Agarré un fajo de papeles y traté de partirlos por la mitad para botarlos todos, pero eran demasiado gruesos, y no pude–recuerda, mientras imita con sus manos el esforzado gesto.
Como no pudo romperlos, Herrera comenzó a leerlos y se detuvo en un número que no ha podido olvidar: 3,8. La cifra corresponde a un acuerdo que en 1986 los trabajadores firmaron con SQM y en la cual Herrera nunca había reparado. Ese año, la gerencia convenció a los empleados que poseían acciones de la empresa para que las metieran dentro de una nueva sociedad, que agrupaba solo a funcionarios. Al término de aproximadamente cinco años, por cada acción que los trabajadores hubiesen aportado, SQM se pagaría el 3,8. Por ejemplo: si un trabajador tenía 1.000 acciones, debía recibir 3.800 una vez finalizada la sociedad. Sin embargo, eso nunca ocurrió. La naciente compañía fue bautizada como Pampa Calichera, la primera de las cuatro compañías cascadas con las que hoy Julio Ponce Lerou controla la minera.
-¡Mierda, estos maricones nos robaron! –recuerda Herrera que dijo ese día en que se encontró con los documentos.
Mientras revisaba el material con su esposa, se fue convenciendo que detrás de este enmarañado negocio estaba el origen de la fortuna de Julio Ponce Lerou. En el año 2003, se propuso contactar a todos los trabajadores que habían tenido acciones. Juntó kilos y kilos de papeles hasta que llenó dos maletas. Herrera se demoró más de una década en determinar que al menos 2000 trabajadores no habían recibido un peso por ese negocio y se convirtió en un molesto perseguidor para el ex yerno de Pinochet.
-Si hago esto es porque quiero terminar un trabajo pendiente: deshacer el robo que nos hicieron- dice hoy, mientras abre una de las maletas para contar por primera vez su historia.
CAPITALISMO POPULAR
Antes de emplearse en SQM, Hugo Herrera era futbolista. Fue parte del exitoso primer equipo que dio vida al club Cobreloa en 1977, año en el que debutó en el fútbol profesional como defensa y ascendió a primera división. Aunque su carrera prometía, dos años después de esa hazaña renunció al deporte, luego de darse cuenta que la vida familiar era demasiado sacrificada para los futbolistas.
Herrera entró a SQM en 1982, cuando la minera aún era propiedad del fisco. Empezó como auxiliar de aseo y su motivación principal era que la compañía le daba techo a todos sus trabajadores. No lo sabía, pero en ese tiempo, la dictadura de Augusto Pinochet ya había comenzado la venta de empresas estatales a privados, como parte del nuevo sistema de libre mercado. Así, a través del denominado “Capitalismo popular”, los Chicago Boys llevaron adelante un proceso de privatización cuyo fin principal era hacer participar a todos los sectores productivos en la propiedad de las empresas en venta. Una manera inteligente de no generar oposición al proceso: si los trabajadores también eran propietarios, se eliminaba el antagonismo de clases y se evitaban las huelgas y manifestaciones.
La Corfo empezó el proceso de venta de SQM en 1983, cuando Julio Ponce Lerou era gerente general de la empresa estatal y además ejercía como presidente del directorio de SQM. Luego que se autorizara la venta de la compañía, Ponce Lerou dejó ambos puestos en circunstancias no muy claras, debido a una supuesta polémica por corrupción. Para repartirle acciones a los trabajadores, la administración de SQM, que estaba en manos del gerente general Eduardo Bobenrieth, un ingeniero en minas que fue asesor de Hernán Büchi, ex ministro de Hacienda de Pinochet, llegó a un acuerdo con los trabajadores de que las utilidades que la empresa había tenido, entre 1985 y 1986, se repartirían en forma de acciones entre todos los empleados.
A mediados de ese año, todos los trabajadores eran dueños de acciones de SQM, que en total sumaban un poco más del 4,2% del total de su propiedad. Para agrupar las acciones y administrarlas de manera más fácil, Bobenrieth tuvo una idea:
-La idea básica de esta reunión es tratar cosas agradables y en esta oportunidad quiero plantear a los presentes una idea que me surgió durante un viaje por Europa y Estados Unidos –dijo al comenzar un encuentro con el sindicato, en junio de 1986.
En esa histórica junta, entre los ejecutivos de la empresa y los trabajadores, Bobenrieth les planteó a los empleados la creación de una sociedad bautizada como Pampa Calichera, que buscaba aunar bajo una misma administración las acciones de los trabajadores. Allí aclaró las dudas sobre el nuevo negocio, y luego de eso la minera hizo circular entre los trabajadores un dossier: “Plan Cachucho” fue el nombre con el que divulgaron la propuesta. Hugo Herrera aún guarda una copia de la circular: “Una oportunidad única y sin precedentes para los trabajadores de nuestra empresa”, dice la tapa, junto a un dibujo de diez trabajadores abrazados y felices. En nueve puntos, el documento explica por qué los empleados deben traspasar sus acciones de SQM a Pampa Calichera y además comprar un nuevo paquete accionario para alcanzar el 12,5% de la propiedad: “esto es importante, porque así los trabajadores tendremos el derecho de aportar un director al directorio de SQM”, precisaba el texto.
El 25 de noviembre de 1986 Pampa Calichera se constituyó con un capital de cinco acciones de 20 mil pesos aportadas por los directores. Un año después, y luego de sucesivas compras de paquetes accionarios, Pampa Calichera era dueña del 15,5% de SQM: el 80% de esas acciones eran de los trabajadores. La segunda memoria de la naciente compañía proyectaba las utilidades que podría tener este negocio para los empleados: “Por esta nueva adquisición, cada trabajador accionista de Pampa Calichera recibirá, una vez cancelados los créditos, 3,8 acciones de Soquimich por cada acción aportada a Pampa Calichera. Por ejemplo: un trabajador que aportó 1.000 acciones recibirá 3.800 acciones”, escribió Óscar Commentz, presidente de la sociedad.
Según Herrera, que a esa altura había sido electo como dirigente del Sindicato N°5, esa promesa no solo nunca se cumplió, sino que además los trabajadores fueron obligados a participar del negocio bajo la amenaza de ser despedidos si se negaban: “Nos traicionaron, nunca nos explicaron nada. Pampa Calichera es la madre de todas las cascadas, la génesis de todo este engendro. Por eso esa plata es de los trabajadores, es de nosotros”, dice hoy Herrera al recordar la operación.
LA GRAN ESTAFA
El compromiso de Pampa Calichera con los trabajadores de SQM decía que una vez pagadas las deudas con las que se creó la sociedad, aproximadamente en cinco años, ellos recibirían el porcentaje de utilidades prometido. Para comienzos de 1987, cuando apenas había transcurrido menos de un año del negocio, Julio Ponce Lerou regresó a la empresa como parte del directorio, y a mediados de ese año se convirtió en su presidente. Herrera, que no entendía nada de acciones, al igual que el resto de los trabajadores, se compró un diccionario económico y comercial para estudiar el intrincado negocio en el que se habían involucrado. Eso, sin embargo, no pudo evitar el extraño plan con el que Ponce Lerou pretendía tomar el control de la empresa.
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A fines de 1989, durante los días de pagos, caravanas de autos cargados con maletines con dinero, invadían la pampa con la idea de tentar a los trabajadores con la venta de acciones. Como muchos de ellos no sabían leer, sólo les bastaba con poner su huella en un contrato para desprenderse de las acciones a un precio casi tres veces inferior al de mercado: “Ponce Lerou elaboró un ridículo plan de ir a la pampa a comprar acciones de Pampa Calichera usando a modelos en minifalda. Los trabajadores vendían sus acciones como una manera de hacer más plata y el único que compraba era él. Esto fue una máquina de robo flagrante a los trabajadores”, recuerda el ex gerente Eduardo Bobenrieth, que fue presionado a dejar la empresa por el ex yerno de Pinochet a fines de 1988. Ese mismo año, también desvinculó a Óscar Commentz, presidente del directorio de Pampa Calichera. Ambos tienen la peor opinión del cuestionado empresario:
-Es inteligente, muy desordenado, impulsivo y con una tendencia notable a saltarse las reglas. Me costaba lidiar con su tendencia hacia el lado oscuro, a no respetar las reglas, las personas, los límites éticos. A Ponce Lerou lo caracteriza su genialidad para hacer el mal y debiera ser juzgado y sacado de circulación por ser un peligro para la sociedad –sostiene Bobenrieth.
-Me cuestionaba cosas que yo tenía que responder ante mi jefe y él no era mi jefe. Nunca tuve confianza en él. Era muy ajeno a mis principios éticos. Me pedía cosas que yo no aceptaba y por tanto no hacía –agrega Commentz.
A comienzos de 1990 y fuera de la empresa, Bobenrieth trató desesperadamente de convencer a los trabajadores de que no vendieran Pampa Calichera a Ponce Lerou. Para eso conversó con Hugo Herrera. Le ofreció comprar las acciones de los trabajadores a un precio de $1.600 por acción, un monto muy superior al que estaba comprando el yerno de Pinochet. Una nueva estrategia del empresario, sin embargo, hizo estéril el esfuerzo del ex gerente de SQM. A través de los jefes de unidades le ofreció a los trabajadores un trato que aparentaba ser mejor que la propuesta de Bobenrieth: $2.000 por cada acción. El contrato, sin embargo, tenía una trampa que los empleados no supieron ver: del total del precio ofrecido, sólo $300 eran en efectivo. El resto del dinero fue pagado en acciones de una nueva sociedad: Oro Blanco, una compañía creada a mediados de 1990 y que se convirtió en la segunda cascada. El 380% de utilidades nunca se pagó.
Ese mismo año, Hugo Herrera fue despedido.
LA LUCHA DE HERRERA
Después de dejar SQM, Hugo Herrera se transformó en contratista de la construcción y olvidó lo que había sucedido con Ponce Lerou. Eso, hasta el día en que se encontró con los papeles en el año 2003. Desde ese día se ha dedicado a buscar a los trabajadores para explicarles lo que nadie se dio el tiempo de hacerles entender. Ha encabezado asambleas en Tocopilla, María Elena, Antofagasta, Iquique, Alto Hospicio, Copiapó, La Serena, Ovalle, Illapel, Salamanca, y Coquimbo. En todas ellas ha repetido el mismo discurso: que Ponce Lerou los estafó, que nunca les pagó el 380% que merecían por la creación de Pampa Calichera y que los engañó cuando les compró las acciones. Luego de eso, los enrola para hacerlos parte de una demanda que pretende presentar en las próximas semanas, en medio de los escándalos por los pagos de SQM a campañas políticas y evasión tributaria.
A toda esta campaña por recuperar las acciones de los trabajadores, Herrera le agrega un elemento épico. Se reconoce como el fan número uno de Salvador Allende y gran parte de lo que hace tiene que ver con eso. Entre las carpetas con papeles de SQM guarda como un tesoro los pósteres, discursos y fotos del ex Presidente: “Yo admiraba a Salvador Allende por eso no traiciono a mi gente. Yo creo que Ponce Lerou es un hombre vivaracho para los negocios, que espera la ocasión para apoderarse de algo que no es de él, para ir conquistando más poder”, asegura el ex sindicalista, que en 2004 salió electo como concejal por Tocopilla y años más tarde fue derrotado como candidato a alcalde.
Hace poco menos de un año, el 18 de junio de 2014, los caminos de Hugo Herrera y Eduardo Bobenrieth se volvieron a cruzar. Ese día, en pleno escándalo por el caso Cascadas, el ex gerente general de la compañía le escribió un mail al ex dirigente sindical dándole su apoyo y manifestándole que estaba dispuesto a ser testigo en cualquier causa que permitiera la recuperación del capital de los trabajadores: “Esas jornadas trabajando en el sindicato N°5 han quedado en mi memoria como una gesta heroica, un pequeño grupo de valientes luchando contra un molino de viento por una causa justa (…) quien salió más perjudicada por nuestro fracaso fue la sociedad chilena. Hoy Julio Ponce Lerou ostenta una fortuna de 2.500 millones de dólares, casi íntegramente robados a quienes han puesto sus ahorros. Y nadie hace nada por impedirlo. Digo casi, porque una parte se la robó a los trabajadores de SQM”, escribió el ex gerente general. En los próximos días Hugo Herrera entablará una demanda con la que espera recuperar el dinero perdido por los ex trabajadores de SQM.
Hugo Herrera: el ex sindicalista de SQM que busca hundir a Ponce Lerou
Caso SQM: Gobierno respaldó al director del SII
El ministro vocero de Gobierno, Álvaro Elizalde, respaldó al director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Michel Jorratt, quien ha sido cuestionado en el cargo tras admitir que realizó asesorías en 2012 y 2013 a empresa vinculada a SQM.
«Es una persona con una larga trayectoria profesional, fue jefe de estudios del SII que está desarrollando un trabajo profesional», señaló.
Mientras que al ser consultado por la permanencia de Jorratt en el cargo -al que fue designado de manera temporal-, indicó que «se está realizando el proceso conforme a las normas de Alta Dirección Pública y la Presidenta de la República deberá tomar la decisión correspondiente», según detalló el sitio Soychile.cl.
Además, el secretario de Estado añadió sobre la nómina de candidatos que maneja el Gobierno para ocupar definitivamente el cargo, que «como Gobierno no hacemos público cuál es la nómina».
Asimismo, Elizalde señaló que «los trabajos profesionales que desarrollan los distintos servidores públicos no es un tema que le corresponda al Gobierno. Lo importante que ésta es una institución que está trabajando de manera autónoma y con profesionalismo».
«El país ha sido testigo que efectivamente ha llevado adelante todas las iniciativas para aumentar la recaudación fiscal por una parte, y por otro lado para que en caso de eventuales delitos se realicen las investigaciones correspondientes, determinado las responsabilidades penales por los tribunales», publicó La Tercera.
En la misma línea Elizalde insistió que «como Gobierno hemos sido categóricos en señalar que el ministerio debe desarrollar su trabajo para llevar adelante todas las investigaciones correspondientes para el total esclarecimiento de estos hechos».
«Hemos sido profundamente respetuosos de la autonomía de la fiscal. Es más, hemos sido garantes de la independencia con la cual debe trabajar el Servicio de Impuestos Internos, la Fiscalía y los tribunales de justicia, así que en ese sentido esperamos que la Fiscalía siga llevando adelante esta investigación, para el total esclarecimiento de los hechos, conforme corresponde a un Estado de derecho democrático», sostuvo.
Por su parte, el jefe de bancada de senadores del Partido Socialista, Carlos Montes, se refirió a los cuestionamientos sobre que Jorratt se mantenga en el cargo, asegurando que «no es el momento de pensar en sacarlos del cargo».
A juicio del parlamentario por La Florida, «si fuese así, habría que sacar a todos los que hicieron un trabajo para distintas instituciones que han tenido distintos tipos de problemas y no por hecho de haber trabajado».
Asimismo, el senador comparó el caso de Jorratt con los ex directores del SII Julio Pereira y Ricardo Escobar: «Pereira trabajaba para las auditoras, no es un problema de trabajar, él era empleado de las auditoras antes, tenía su propia auditora y eso no fue problema para que ocupara el cargo y yo creo que fue un error, lo mismo ocurrió con Escobar antes, entonces porque él hizo trabajos para una institución, la verdad no me parece muy fundado».
¿Por qué es difícil querellarse contra un político que emitió boletas ideológicamente falsas?
El director del Centro de Auditorias, Riesgo y Cumplimiento de la Universidad de Chile, Miguel Angel Díaz, en Una Nueva Mañana de Cooperativa explicó qué es necesario para poder procesar o imputar a un político o alguien del mundo político que ha emitido boletas ideológicamente falsas.
«Debe existir un delito, un delito tributario, y cuando hablamos de eso significa que tenemos una persona que emite una boleta por un servicio o prestado o que ha manipulado la contabilidad tributaria para obtener algún beneficio», señaló.
El profesional agregó que «no estoy tan claro de que los políticos, de forma directa, hayan emitido boletas. Son familiares, a través de otras entidades, tampoco se han beneficiado directamente, tributariamente, de ello»
«O sea, no han obtenido devoluciones falsas, no han reducido sus cargas impositivas y eso es lo que está dificultando el acusar a los políticos relacionados con temas tributarios», precisó.
«El ambiente que se puede generar al no querellarse contra los políticos va a ser bastante complejo, pero creo que ahí están atrapados por la forma de operar. Acá los que tienen que ser querellados, los que van a ser querellados, son las empresas, las personas que realmente emitieron esas boletas», indicó Díaz.
Sostuvo que la Fiscalía «es la que después tiene que determinar si es que en todo ese proceso hay algún delito relacionado con los políticos que pueden haber presionado o facilitado que otras personas emitieran esas boletas».
Fuente: The Clinic
