En ciertos círculos políticos se ha visto con preocupación –sino estupor- que hay una creciente “judicialización de la política”: es decir, que los temas políticos estén siendo protagonizados por los tribunales.
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En un análisis incauto podría considerarse esto como un peligro porque los jueces podrían asumir poderes más allá de sus atribuciones normales según las ideas de Poderes diferenciados (ejecutivo, legislativo y judicial).
En efecto, en Brasil el poder judicial ayudó a botar a Dilma Roussef pero, al mismo tiempo, está haciendo caer en seguidilla a prácticamente todas las autoridades que están reemplazándola.
Si en Chile el poder Judicial ha tomado un inusitado protagonismo en la época actual es porque el accionar de los parlamentarios les ha regalado en bandeja ese rol. Los parlamentarios, en los últimos años asumieron toda la fuerza del poder y ninguna humildad en cuanto a justicia, probidad o prudencia, especialmente, en cuanto a los temas financieros.
Perdieron los límites éticos y se dejaron llevar por los valores de éxito del sistema: el incremento patrimonial y la “apariencia burguesa” como define el código francés.
El boom económico desde los 90, sin duda, exacerbó las aspiraciones de muchos. Había que llegar a ser de los “grandes” y se generaron nuevos grupos económicos exitosos (por ejemplo, Penta) que se juntaban a los holdings tradicionales. Todo funcionaba a la perfección porque los negocios florecían y la Concertación en el poder hacia dócil la reacción de los movimientos sociales.
La Espada de Damocles (Pinochet), en efecto, pudo ser razonable para limitar las acciones que la Concertación había esbozado: cambiar el modelo dictatorial en lo político y en lo social y el neoliberalismo en cuanto a la lógica económica.
Después de eso coincidieron fenómenos políticos aparentemente independientes. Un sector de la Concertación había demostrado su convicción para desarrollar el sistema sin mayores sobresaltos ni menos ataques a la esencia neoliberal imperante.
De otra parte, las campañas electorales de la Concertación ya no tenían los alcances épicos de antaño y no podían financiarse ni con fondos internacionales (la Constitución lo prohíbe, en circunstancias que el paro de los camioneros de 1972 y 1973 para derrocar a Allende fue financiado por la CIA como demuestran los archivos desclasificados) ni menos, con aportes personales porque la derecha podía poner
siempre enormes cantidades porque los limites no estaban claros como no lo están ahora en realidad.
¿En qué momento los miembros de la elite de la Concertación se dieron cuenta que podían financiar sus campañas electorales con aportes de los 30 grandes conglomerados del país?
Resulta fácil decir que es en el momento en que tenían la posibilidad de legislar contra sus intereses porque habían logrado obtener mayorías después de eliminar senadores designados y que la mayoría “natural” de los defensores de los empresarios (UDI +RN) se había perdido o podía perderse en el Parlamento.
No nos cabe duda que algunas de esas empresas –las más visionarias- aportaron antes a todos los candidatos, porque seamos claros: es tan enorme la utilidad de las grandes empresas en Chile que podrían repartir a todo el mundo e igual mantener una solución financiera espectacular.
El espectacular despliegue de dádivas de Soquimich no puede sino entenderse como una compra de “patente de corso” (pagos a “la corona” de los corsarios para operar sin trabas, que operó en los mares entre el siglo XVII y el XIX). De hecho, el negocio funcionó con total tranquilidad salvo que un competidor en la renegociación del litio mostró un hecho irrefutable y que inhabilitaba a Soquimich porque tenía un litigio con el Estado!!!
Es increíble que el aparato público no se haya “dado cuenta” de ello.
De otra parte, la licitación del mar “a perpetuidad” ya es un concepto que podría mover a la curiosidad de gente decente. Pero Corpesca no se las trae bajas y así se las jugó en la ley de Pesca que -hoy se sabe- pasó por suculentos aportes (que se están judicialmente transformando en coimas) que llevan una diputada -Marta Isasi- y un senador, Jaime Orpis, formalizados por esta situación.
Las empresas (obvio, las enormes) tienen en sus nóminas a los políticos. Se llegó al ideal del neoliberalismo: el poder político sumiso al poder económico.
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El poder judicial parece jugar el rol de león sordo de la estrategia de la sacrosanta unidad política-empresarial.
Nada de esto es viable. Como siempre las bases acumulan rabia, frustraciones, desidias, descontentos, que les hacen ayudar a quienes se rebelan contra un poder injusto. Las empresas empezaron solo apoyando a Pinochet; luego a la Concertación cuando ésta tuvo poder y votos para limitar el poder económico; ahora tendrá que ir más lejos porque hay nuevos referentes que podrían venir en un futuro no tan lejano.
Se dejarán comprar los que vienen?
También depende de la propia gente.
Fuente: Primera Piedra
