Como “una loca geografía” calificó a nuestro país Benjamín Subercaseaux, en un libro que hizo época. “Loca”, por lo desmembrada, quebradiza y hasta discontinua en el extremo sur de islotes y archipiélagos. Pero, a través de su historia y aun de la propia continuidad de su territorio, un país de cuidada coherencia en lo que Violeta Parra identificaba como su límite “al centro”: la injusticia.
¿Es “la injusticia” connatural a toda organización humana, a todo país y a toda sociedad? ¿O requiere para instaurarse y mantenerse de ciertas, al menos, complicidades?
Hoy, hablamos de una gran “colusión”: la de los grandes intereses económicos y algunas de sus expresiones políticas, en este caso la llamada Unión Demócrata Independiente (UDI).
A la pregunta -por cierto, legítima- de quién corrompe a quién, habría que responder: ¿es que son distintos?
¿Acaso los gestores intelectuales y materiales del golpe de Estado del 11 de septiembre, son otros que sus beneficiarios?
¿Acaso el Chile de los intereses cruzados entre los grandes empresarios y sus mandantes externos, no es el mismo que pretende perpetuarse a través de un “partido popular”, con vocación de “clase media” y servidor consecuente de la democracia y los derechos humanos… a pesar del contundente dato de que en sus filas es donde militan o al menos apoyan y simpatizan los mayores depredadores del “homo chilensis”?
Nos preguntamos, “las “platas políticas”, ¿de dónde vienen y adónde van?”
¿Tiene alguien alguna duda de que provienen y derivan a los mismos bolsillos?
Recibe un parlamentario y presidente de partido político un correo electrónico que le inquiere “qué podemos hacer”, “qué se nos ocurre”, cuando de un proyecto de ley que vulneraría sus intereses se trata. Y arguye el “legislador” que nadie es responsable de los mensajes que recibe sino de los que él mismo emite.
Pero, ¿le escribe un menaje de tal naturaleza un convencido plutócrata a quien –como usted, estimado lector- no tenga “voz en el capítulo”?
¿Dónde está la culpa, la responsabilidad?: en el empresario corrupto y corruptor, o en el político corruptible y corrompido?
Pregunta ociosa, pues todo indica que son uno y el mismo personaje. Que aquí no se trata sino de un reparto de roles: tú mandas, yo ejecuto; tú corrompes, yo corrupto…
¿Podría alguien, por sutiles que puedan ser sus argumentos, establecer alguna diferencia entre los coludidos de siempre? Ejerce como “captador” de platas para una candidatura parlamentaria un ex diputado y, delicias de un todavía no superado “binominalismo”, es elevado a la categoría de integrante del añejo “Tribunal Constitucional”, rémora dictatorial que al menos debería cuidar “las formas”.
Allí estará el nuevo inquisidor, con su cuestionable estatura intelectual y moral, para dirimir las diferencias que puedan darse entre los legítimos poderes del Estado.
¿A quién favorecerá el probado criterio “constitucional” del nuevo entronizado, sino a los mismos que sostienen y mantienen el vergonzoso maridaje de la política y los dineros, abundantes y generalmente mal habidos?
Y todo esto no hace sino argumentar por la urgencia de un estatuto de la política, mucho más allá de las vacías invocaciones a “la transparencia”, porque lo que está en el fondo de la corruptela –de la que las colusiones no sino una manifestación más- es la estructura económica y social de un país abusado y que levanta un ¡Basta!
(*) Editorial Semanario El Siglo
