A. Chaparro y J. J. Suzuki
Malas decisiones, los vaivenes de la economía mundial y la fuga masiva de inversionistas, en particular de militares, a fines del año pasado, le impidieron cumplir con los compromisos financieros que mantenía con sus clientes.
Esos fueron los factores que el dueño de AC Inversiones, Patricio Santos, enumeró a los fiscales de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, para explicar por qué se desmoronó su lucrativo negocio.
Su esquema de ofrecer tasas de rentabilidad mensual garantizada, que fluctuaban entre el 2,5% y el 7,5%, le permitió manejar una suma superior a los $67 mil millones, según el cálculo que hace la PDI, atendidas las cerca de 2.600 denuncias recibidas contra la empresa en los últimos días.
En su declaración, Santos -en prisión preventiva desde el 4 de marzo, tras ser formalizado por delitos de estafa reiterada, lavado de dinero e infracción a la Ley de Bancos- primero justificó los incumplimientos con sus clientes con la «volatilidad» de los mercados.
«A partir de diciembre de 2014, la economía mundial sufrió una inestabilidad hasta diciembre de 2015, debido a varios factores esenciales y fundamentales del mercado internacional, provocando una mayor volatilidad en el mercado de divisas», describió a los fiscales.
Para ejemplificar sus dichos, el dueño de AC Inversiones les habló del «alza de intereses de la reserva federal americana, que debió hacerse en enero de 2015 y se postergó hasta diciembre del mismo año; del conflicto bélico en Ucrania y los cierres de bancos en Grecia».
Todos factores que, según declaró, «provocaron una volatilidad exagerada en el mercado, lo cual en mi caso personal, me indujo a errores y a tomar malas decisiones, provocándome grandes pérdidas de dinero».
Devolución con revólver
Por ello, afirmó, el «retorno de utilidades no fue el esperado y el capital se fue perdiendo». Eso fue lo que impidió que pudiera «seguir cumpliendo con los contratos suscritos a partir de enero de 2016», advirtió.
A este escenario se sumó otro elemento, el que dijo no conocer de «manera total», pero relató a los investigadores los antecedentes con los que contaba.
«La mayoría de los militares que eran inversionistas de mi empresa retiraron su capital, entre noviembre y diciembre de 2015; alrededor de 30 o más de ellos llegaron a mi oficina, ubicada en calle Almirante Pastene 185, oficinas 503 y 505, comuna de Providencia, a exigir la devolución de su capital, porque el Ejército los había obligado a retirar su dinero», relató a los fiscales Gajardo y Norambuena.
Esto último, sobre la orden interna en la institución castrense, coincide con lo que esta ha dicho.
Según el Ejército, mediante tres circulares de 2014, 2015 y 2016 recomendó «al personal tener resguardo en involucrarse con organizaciones/empresas que puedan adquirir un carácter de ilícitas del punto de vista legal».
Santos, en tanto, agregó otro dato más, poco después del retiro de fondos, se enteró, dijo, «con las noticias y reportajes, de un supuesto robo de dinero fiscal, proveniente de la Ley del Cobre».
Frente a este panorama y para «no tener problemas con ellos, ya que concurrieron en masa e inclusive uno de ellos le mostró hasta un revólver a una ejecutiva (…), exigiéndole la devolución de su dinero», accedió a «entregar su capital, para evitar a lo mejor un mal mayor», declaró Santos.
«Asimismo -quiso agregar-, con recursos propios pagué muchas de las utilidades de los clientes y retiros de capitales, con el ánimo de seguir cumpliendo fielmente y esperanzado en la recuperación de la empresa, lo que me dejó sin capital alguno».
Ejército: antecedentes «no eran suficientes para denunciar»
Mediante un tercer comunicado, el Ejército dijo que «advirtió» sobre posibles involucrados en estafas piramidales como la ocurrida con AC Inversions mediante sus procesos de control internos «adoptándose medidas que de derecho y prudencia correspondían».
Así -prosigue el documento-, se enviaron circulares para «orientar» sobre la participación en esos negocios, y en especial para «prevenir» conductas que atentaran contra la «disciplina militar», como eran los casos en que «el personal actuara como captador».
La última de estas comunicaciones fue de enero de 2016 -luego de que hubo un creciente número de personal participando en estos negocios de inversión-, cuando se prohibió «participar en este tipo de negocios a quienes se desempeñaran en áreas sensibles de la institución, indicando además que la actividad de captación de clientes para este tipo de empresas es particularmente incompatible con los valores, principios y deberes militares».
Además, se indicó que la información que poseía el Ejército «no era suficiente para denunciar los hechos, pues no alcanzaba a revestir carácter de delito».
Finalmente, dicen que solicitaron y entregaron antecedentes a los «organismos públicos encargados de investigar y eventualmente judicializar», como el Servicio de Impuestos Internos (SII) -en el mes de mayo de 2015- y la Unidad de Análisis Financiero (UAF), «a quien en el mes de noviembre de 2015 se le reportaron observaciones sospechosas de personas determinadas, y no de empresas».
Otra estafa en inversiones llega a $1.700 millones
En otra posible estafa piramidal radicada en el Octavo Juzgado de Garantía -el mismo donde se formalizó a los ejecutivos de AC Inversiones- ayer se determinó ampliar su plazo de investigación en 60 días. El 4 de marzo de 2015 se formalizó a Daniel Farías y desde esa fecha está en prisión preventiva. A él se le imputan doce delitos de estafa, asociación ilícita y el ilícito de captación ilegal de dinero que está en el artículo 19 de la Ley de Bancos.
Según la Fiscalía Oriente, el modo de operar es muy similar al de AC Inversiones: entre mediados de 2012 y principios de 2015, Farías era el cabecilla de una banda que consistía en captar «víctimas con capitales disponibles, con el fin de engañarlas presentándoles un negocio inexistente», apropiándose de dinero «que utilizaban para pagar intereses a nuevas víctimas o devolverles parte del capital y otra parte lo invertían efectivamente en instrumentos financieros» de alto riesgo. El riesgo «no era conocido por las víctimas».
Su socio y el otro imputado de la causa, Alejandro Bermúdez -quien sería captador de clientes, en su mayoría, bomberos, ya que él era voluntario-, se fueron del país en mayo de 2015, solicitando su extradición a España. Sin embargo, el tribunal lo declaró «rebelde» y fue sobreseído temporalmente.
La defensa de Farías entregó documentos que sustentan que su cliente invirtió 1.700 millones, y perdió mil millones entre 2011 y 2013.
Según el querellante Ramón Sepúlveda, como es una causa similar a la de AC Inversiones, «si Daniel Farías obtiene un juicio abreviado, lo que vamos a estar diciendo a todos los inversionistas de papel es que hagan la estafa, porque van a tener un beneficio de libertad».
Fuente:El Mercurio
