Esta semana el ex Presidente Sebastián Piñera se mostró partidario de derogar la Ley Reservada del Cobre. Adicionalmente, indicó que su Gobierno envió un proyecto para derogar dicha ley. Lo anterior es efectivo, el 20 de mayo de 2011 ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto del Ejecutivo que reformulaba el sistema de financiamiento de la defensa nacional, incluyéndose un cambio en la Ley del Cobre.
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Sin embargo, lo que no menciona el ex Mandatario fueron las características al proyecto que envió al Congreso aquel 2011. Detrás de esas buenas intenciones de querer derogar la ley reservada del Cobre se escondía la vieja estrategia de querer cambiarlo todo para que nada cambiase.
Como sabemos, hoy las Fuerzas Armadas cuentan con un piso mínimo del Presupuesto que se reajusta anualmente; un impuesto del 10% de las ventas de Codelco para la adquisición de armamentos; y un régimen especial de previsión y salud establecido en la ley orgánica de las FF.AA.
¿Qué propuso Piñera?
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Primero, el proyecto mantenía el piso presupuestario para los gastos operativos de las FF.AA. establecido en 1989 con un factor de corrección basado en el IPC. Es decir, mantenía esta condición única en el aparato público de un piso básico para el sector defensa. ¿Por qué no aplicar esto con Carabineros, Educación, Obras Públicas, política exterior o salud? ¿Acaso no es estratégica la política exterior del país? ¿Acaso la inversión y conectividad del país no es estratégica?
Segundo, la propuesta establecía un presupuesto plurianual de 4 años, exclusivo para la Defensa y también con un piso mínimo que permitiría financiar la compra de material bélico y su infraestructura asociada. A este presupuesto se sumaba un fondo de contingencia estratégico para satisfacer necesidades inesperadas. Se proponía de este modo establecer una excepción única en el presupuesto del Estado, al establecer definiciones presupuestarias que rebasaban la base anual del resto de la administración pública. Se justifica ello por las características propias de las compras militares que son de largo plazo. Sin embargo, en muchos otros sectores de la administración pública se adquieren compromisos de muy largo plazo que no merecen este trato privilegiado.
Tercero, se proponía que la definición de una “Estrategia nacional de seguridad y defensa” proyectaría las necesidades estratégicas a doce años y, a partir de allí, se definiría el presupuesto plurianual de 4 años. Entonces, al Congreso le correspondería un rol secundario, dado que el Ejecutivo solo tendría que “oír las opiniones” de los parlamentarios. De este modo, se aumentaría la incidencia de las Fuerzas Armadas en las definiciones estratégicas y presupuestarias, y se reduciría sustantivamente el rol del Congreso Nacional en las definiciones presupuestarias.
Cuarto, el proyecto entraba en evidente contradicción con la actual institucionalidad de la Defensa, dado que no mencionaba el rol que le cabe a la Subsecretaría de las FF.AA. y de Defensa en las decisiones presupuestarias. Se disminuía además el rol del Estado Mayor Conjunto y se aumentaba el de los comandantes en Jefe de cada rama.
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De este modo, la propuesta del ex Presidente Piñera de derogar la Ley Reservada del Cobre debe ser tomada con extrema cautela. La derogaba, efectivamente. Sin embargo, lo que en realidad estaba haciendo era trasladar las particulares condiciones de las Fuerzas Armadas –con pisos mínimos, definiciones plurianuales y fondos especiales– al presupuesto nacional.
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La coyuntura actual advierte de la necesidad de retomar la discusión sobre el financiamiento de las Fuerzas Armadas. Lo anterior implicaría no solo discutir la Ley Reservada del Cobre sino que un conjunto de aspectos relacionados con este tema y que incluyen: existencia de pisos mínimos, pertinencia de presupuestos plurianuales, sistema de pensiones militares –lo que además se asocia con la carrera militar–, rol de los poderes del Estado en estas definiciones, etc.
Se requiere una discusión profunda, que seguramente tomará tiempo, pero que implicaría no dejarse llevar por retóricas simplistas (“¡deroguemos la ley reservada del Cobre ya!”) o retóricas categóricas (“¡no podemos discutir este tema!”). Probablemente existe un punto intermedio que nos permita discutir alternativas y favorecer una política de largo plazo que atienda a las necesidades de la Defensa y que permita abordar un tema que sin duda requiere una revisión.
Fuente: El Mostrador
