Que la delincuencia haya escalado durante el gobierno de Piñera hasta estar fuera de control, es el enésimo ejemplo de lo ineficaz que son las políticas de mano dura y populismo penal de la derecha, ya que muestran que están haciendo algo para combatir la delincuencia cuando en el fondo no están haciendo nada.
Otro tema es el control de armas, que deberíamos dar el paso para prohibirlas en su totalidad. Aún estamos a tiempo para volver a ser el país más seguro de la región, pero si no tomamos medidas ahora, nos volveremos un país completamente inviable.
Una nota de Radio Biobío detalla:
“No solo los homicidios ocurridos en los últimos días preocupan a los habitantes de la Región Metropolitana, ya que varios de los delitos de mayor connotación social han crecido por sobre el 60% en los primeros días del 2022. De acuerdo a información del Sistema Táctico de Operación Policial de Carabineros, en la primera semana de este año los robos con violencia aumentaron 70%, en comparación con igual fecha de 2021; los robos con intimidación, 61%; los robos con sorpresa 74%, y los robos violentos de vehículos, 44%”.
Dentro de su múltiple prontuario como el peor Presidente de la historia de nuestro país, Piñera cuenta a su haber con el tristemente célebre viaje a Cúcuta, origen de la crisis migratoria.
“Vamos a seguir recibiendo venezolanos en Chile”, fue la frase que manifestó en una entrevista a Deutsche Welle, a solo cuatro días de haber asumido su segundo mandato. Era marzo de 2018 y Piñera era visto como uno de los mandatarios más importantes de la región y considerado como “un refuerzo por los gobiernos latinoamericanos críticos con Nicolás Maduro”.
En el horizonte estaba el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25), ambas a realizarse los últimos meses de 2019. Pero antes, apareció otro escenario ideal para que Piñera se alzara como figura gravitante en la política exterior. Se trataba del viaje a Cúcuta que tuvo como objetivo derrocar a Maduro y darle el apoyo al autodenominado “presidente encargado” de Venezuela, Juan Guaidó, todo bajo el manto de la “ayuda humanitaria” que Maduro no había solicitado.
“No puede haber nada más cruel que un gobierno que le niega la ayuda humanitaria a su propio pueblo”, declaró en esa oportunidad Piñera en la frontera de Colombia con Venezuela. Sin embargo, todo su plan de posicionamiento se derrumbó. Primero por el fracaso de la operación para sacar a Maduro y luego por el estallido social de 2019 que obligó a suspender la APEC y la COP25, además de olvidarse completamente de su programa de gobierno.
En dos años, Piñera pasó de ser un mandatario progolpista reconocido en el continente, a tener solo 6% de aprobación en enero de 2020, el más bajo de la región. Su popularidad era incluso más baja que la de Fernando De la Rúa, presidente de Argentina que en 2001 huyó en helicóptero desde la Casa Rosada tras la mayor crisis social y económica en décadas.
El viaje a Cúcuta le explotaría a Piñera un año después a raíz de la crisis migratoria en el norte de Chile, donde la oposición le recordó su frase: “vamos a seguir recibiendo venezolanos en Chile”.
El Tren de Aragua es una megabanda criminal proveniente de Venezuela que llegó a Chile en 2021. Ha sido localizada en Tarapacá, La Serena, Valparaíso, Quilpué, Talca y Temuco, entre otras ciudades de suelo nacional. Se dedican a una variedad de delitos con alta dosis de violencia, y se caracterizan por la utilización de armas de fuego. Actualmente la Policía de Investigaciones (PDI) ha detenido a miembros importantes de la organización en nuestro país.
Su origen se encuentra en la provincia de Aragua, en Venezuela. Se formaron en la década del 2000 como un colectivo sindicalista en la construcción de un ferroviario en su nación. Comenzaron con sobornos para conseguir trabajos en el proyecto, pero rápidamente fueron escalando en sus delitos. Ese sindicato no era normal. Era un sindicato delictivo, en que utilizaban el asesinato, los golpes, para controlar el tema laboral.
Luego, algunos de sus miembros fueron detenidos y fueron trasladados a la cárcel de Tocorón, que es la principal prisión del estado de Aragua, en la que hay alrededor de 6.000 presos. Y a partir del año 2013 “niño Guerrero” empieza a formar una banda criminal con parte de lo que había sido ese sindicato del Tren de Aragua y otros presidiarios.
La sede principal de esta organización delictual está en la cárcel de Tocorón. Al parecer, el edificio cuenta con comodidades como piscina, gimnasio, bar, entre otras. Allí reside su jefe principal, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, más conocido como “el niño Guerrero”, cuyo historial delictual comenzó en 2005, cuando atacó a una comitiva policial y asesinó al funcionario Oswaldo González. Desde la cárcel -donde además cobran por residir- manejan su centro de operaciones al resto de Venezuela y Latinoamérica.
Actualmente, según InSight Crime, cuentan con más de 2.700 miembros, gran parte de ellos en las cárceles, donde generan liderazgo y extorsión. Además, son conocidos por su brutalidad y por su masiva posesión de armas de fuego. Están presentes en 10 de los 23 estados de Venezuela. Asimismo, son la primera megabanda criminal de la República Bolivariana en expandirse al resto de América Latina.
Su movilidad tiene relación con la ola de emigración venezolana por su crisis social, lo que probablemente les permitió moverse con mayor facilidad entre las naciones. De hecho, uno de sus delitos más comunes es el tráfico ilegal de personas entre países, algo que practicaron en Chile en 2021.
Hasta ahora, se han identificado miembros del Tren de Aragua en Colombia, Ecuador, Brasil, Perú, Bolivia y finalmente en Chile. Desconocida en nuestro país, pero temida en naciones vecinas, los indicios de la presencia de esta banda alertó desde el pretérito año a la Fiscalía de Iquique por su violencia y activo rol en el tráfico de migrantes desde Bolivia a Chile. En 2021 existían, al menos, cuatro casos vigentes por tráfico de personas, drogas y armas.
Uno de los primeros casos en que este grupo apareció en escena tuvo su origen el 27 de marzo de 2021. A través de seguimientos y otras técnicas investigativas que se mantienen bajo reserva, la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía de Alta Complejidad de Iquique identificó a un grupo de extranjeros que traficaba drogas hacia Chile.
Hasta ese momento, la causa se asimilaba a una de las tantas indagatorias por este delito, en que delincuentes aprovechan pasos no habilitados para ingresar narcóticos al país. Sin embargo, algo en los imputados no cuadraba con los casos anteriores. Mostraban un temor evidente, pero no hacia los policías que los detuvieron, sino a quienes les habían encargado la misión de internar ketamina (tranquilizante para animales usado en drogas sintéticas) al territorio nacional.
Los detenidos, todos extranjeros de países de la región, indicaron que el objetivo de su viaje era ingresar de manera clandestina a Chile, pero que en la frontera se encontraron con miembros de la banda transnacional llamada Tren de Aragua.
La posibilidad de que este grupo esté operando en Chile encendió las alertas en la Fiscalía Regional de Tarapacá. La agrupación criminal ya se asentó en el sector de Pisiga Bolívar, límite fronterizo con Bolivia, donde sus negocios giran en torno al tráfico de drogas, de armas y trata de migrantes. Su ubicación, según fuentes judiciales, es estratégica: la crisis humanitaria que ha experimentado Chile con la masiva llegada de ciudadanos venezolanos se convirtió en un hito de interés para esta banda criminal, que ha detectado en este fenómeno una oportunidad de negocio.
La crisis migratoria tiene su epicentro en el norte del país. En específico en la Región de Tarapacá. Las cifras detrás del fenómeno, números fríos que en muchos casos no reflejan el drama que viven quienes tratan de cruzar la frontera, dan luces del reflote que ha tenido el intento de cientos de personas de ingresar a Chile, sin importar el costo.
Estadísticas de Carabineros de la zona muestran que los controles por ingreso irregular registrados entre enero y septiembre de 2021 en la zona de Colchane crecieron un 2.783% en comparación con igual periodo de 2020. Es decir, si en 2020 se controló a 360 personas (de ellas 55 menores de edad) por traspasar la frontera en pasos irregulares, en 2021 esa cifra aumentó a 10.378 casos, entre ellos 3.023 menores.
Huara, localidad ubicada a 161 kilómetros de Colchane, es otra de las zonas donde la migración irregular se hace presente, con un incremento de casos de 1.493% comparado con 2020. Según la policía uniformada, el aumento en la dotación en la zona, sumado al apoyo del Ejército, permitió aumentar los puntos de fiscalización y control, lo que incide directamente en los incrementos porcentuales.
De acuerdo a los registros de Carabineros, en 2021 un total de 12.714 personas fueron controladas tras ingresar por pasos no habilitados a Chile. En detalle, las cifras entregan otro dato preocupante: el 26,4% de los detenidos -uno de cada cuatro- era menor de edad.
Junto con el aumento en la cantidad de ingresos ilegales, la policía uniformada ha identificado otro fenómeno asociado a la migración ilegal: transportistas chilenos que ven en el desamparo de los inmigrantes una nueva oportunidad de negocio. La policía, el año pasado, cursó más de 200 infracciones contra conductores que utilizan sus vehículos -buses y minibuses- para trasladar a grupos de inmigrantes ilegales.
La alta demanda por cruzar la frontera hacia Chile transformó el árido suelo del desierto chileno-boliviano en tierra fértil para la acción de bandas trasnacionales e, incluso, de uniformados altiplánicos que buscan apoderarse de una parte de los 370 kilómetros de frontera, a fin de controlar los 79 hitos fronterizos y los 32 pasos no habilitados que ha detectado la policía, casi uno por cada 10 kilómetros de frontera.
Pese a la complejidad de la zona, en Iquique la Fiscalía Regional apenas contaba, hasta 2021, con cuatro fiscales en su Unidad de Análisis Criminal para recolectar toda la información proveniente de denuncias y partes policiales, con el objetivo de crear reportes que alerten sobre nuevos delitos, nuevas bandas y nuevos conflictos en la zona fronteriza.
De acuerdo a investigadores de la Universidad Central de Venezuela, el Tren de Aragua maneja varias economías criminales. El cerebro de esta agrupación está dentro de una cárcel, que se llama la Cárcel de Tocorón, en el estado de Aragua. Ahí controla la cárcel y le cobra a la mayoría de la población penal por estar ahí. Es como una especie de impuesto. Ellos, a ese pago, le denominan la causa.
Desde 2013 se comienzan a expandir a otros estados de Venezuela. A controlar rutas de narcotráfico en Sucre o temas de minería en el estado de Bolívar. La forma de expandirse es enviar emisarios, quienes se alían con delincuentes de otros estados, forman una célula y esta depende del Tren de Aragua. Así llegaron a un punto en que Venezuela les quedó chico y comenzaron la propagación internacional.
A tal punto ha escalado la tensión en la zona limítrofe, que la policía chilena ha recibido denuncias de inmigrantes ilegales que ingresan con impactos de balas en sus cuerpos, por negarse a pagar el traslado.
El primer caso de este tipo ocurrió en marzo de 2021, cuando un extranjero que formaba parte de una columna de 21 inmigrantes que buscaban cruzar de forma ilegal se negó a pagar: “Logró arrancar, pero llegó herido a bala a Colchane, a la subcomisaría. Venía junto a una columna de 21 personas que habían llegado con lo puesto, y dicen que habían sido asaltadas por un grupo de venezolanos que los habían atacado por no querer pagar por el cruce de la frontera”, detalla una fuente judicial de la zona. La misma persona indica que el modus operandi utilizado, así como la presunta nacionalidad de los atacantes, encajan en el perfil del Tren de Aragua y se indaga la vinculación.
El interés por apoderarse de una parte del territorio para realizar negocios ilegales sin contrapesos es un hecho que, según expertos y policías, fomenta el uso de la violencia.
Presencia en la capital
Las redes del Tren de Aragua no solo se investigan en la Región de Tarapacá. La expansión de este grupo dedicado al tráfico de migrantes hacia Chile también tiene una arista que se tramita en Santiago. La fiscal Centro Norte Carolina Suazo formalizó en agosto de 2021 a una banda que, desde febrero de ese año, estuvo tras la internación ilegal a Chile de 3.600 ciudadanos extranjeros, en su mayoría venezolanos.
Fue en el marco de estas pesquisas en que el nombre Tren de Aragua hizo una nueva aparición. Una testigo aportó información respecto de la presencia de integrantes de esa organización criminal en la frontera, en la zona de Colchane, en la frontera entre Bolivia y Chile. En el caso de uno de los menores de edad que fue víctima del tráfico de migrantes por parte de esta organización, informó que había sido mantenido a oscuras en una suerte de refugio, donde debía guardar silencio porque de lo contrario podrían dispararle.
La presencia en Chile del Tren de Aragua es una preocupación que hoy mantiene a las fiscalías de Tarapacá y Santiago trabajando en las denuncias anónimas y partes policiales para adelantarse a la posible irrupción de nuevos actores que intenten apoderarse de una zona fronteriza que, del otro lado de la frontera, hoy está en disputa para traficar armas, drogas y personas.
Según datos de la Policía de Investigaciones, revelados por el diario La Tercera, se estima que en Chile hay, al menos, 100 miembros activos de la organización criminal. En marzo de este año lograron asestar uno de sus mayores golpes y detener al presunto líder de las operaciones en Chile, Carlos González Vaca, alias “Estrella”. Sin embargo, sus crímenes no cesaron.
La banda focaliza sus operaciones primarias en dos zonas del país. La primera es en el norte, donde se dedican a la importación de drogas, la trata de personas, el tráfico de inmigrantes y el crimen por encargo. Los secuestros y las amenazas de muerte les sirven como herramientas para extorsionar a los inmigrantes que logran ingresar a Chile, los que son sometidos a su estructura. Tienen control, por tanto, de los inmigrantes y de sus familias en sus ciudades de origen en Venezuela.
En el norte de Chile están focalizados en la localidad de Huara, donde montaron la “base Huara”. Sin embargo, sus fechorías ocurren en toda la zona. Las autoridades enfrentan una situación que es angustiante. En lo que va de 2022, la tasa de homicidios por 100.000 habitantes en esa zona, particularmente en la Región de Tarapacá, ha llegado a niveles de países centroamericanos con alta presencia de crimen organizado, como El Salvador o Guatemala, constatan las autoridades.
Su segundo centro de operaciones es en la zona central de Chile, particularmente en la Región de Valparaíso. Desde ahí distribuyen cargamentos de ketamina a lo largo del territorio nacional y controlan sus operaciones de secuestros, extorsión y homicidios en Santiago.
En su modus operandi hay un punto común: todo lo graban y transmiten a redes sociales. En algunos de ellos se puede ver a los líderes jactándose de su poder de fuego; apuntando a algún secuestrado con un revolver introducido en la boca; o derechamente asesinando a alguna persona en el desierto de Atacama. También dan a conocer la nueva importación de drogas.
La persecución del grupo es muy compleja. Primero, porque ingresaron de manera ilegal al país y poseen múltiples identidades venezolanas falsas. Segundo, porque rotan todas sus operaciones entre distintos puntos. Nunca asientan a la misma persona en un lugar. Lo hacen solo por periodos cortos, lo que dificulta su seguimiento.
La Fiscalía chilena ha logrado imputar y formalizar a una decena de integrantes de la banda, pero esta sigue creciendo. Los detenidos se encuentran en el módulo 41 de la Cárcel de Alto Hospicio, en Tarapacá y han entregado pistas claves para entender la estructura y logística de la agrupación. Contra ellos, los nuevos líderes han enviado videos amenazantes prometiéndoles quitarles la vida “a coñazos”.
Finalmente, y sin otro comentario que agregar, el viaje a Cúcuta de Piñera, como acto criminal progolpista en tierras extranjeras, tiene una grave resonancia en nuestro país, ya que su falta de criterio importó la propagación y metástasis de crudos actos criminales que tienen en vilo a nuestras autoridades y a la ciudadanía en general.
