por Paul Walder (*).
Los eventos políticos se suceden de forma precipitada y han comenzado a perfilar un nuevo curso.
La fuerza del estallido social de octubre pasado sumada a los estragos económicos y humanitarios de la pandemia ha ingresado en la cristalizada institucionalidad política chilena provocando fracturas, divisiones y fragmentaciones de los grandes bloques.
Un proceso recién iniciado que se mueve empujado por las protestas y una primera, aunque todavía muy débil y ambigua, reacción de la institucionalidad al clamor ciudadano por un cambio al orden económico de mercado.
El proyecto de ley que permitirá el retiro del diez por ciento de los fondos de pensiones, un salvavidas para gran parte de la población que ha visto mermados y esfumados sus ingresos laborales mensuales, se levantó como expresión de la falla estructural del orden neoliberal.
Aquí han confluido diversas causas que sería necesario internar ordenarlas, aun cuando la más evidente de todas sigue siendo el estallido que sucede en octubre pasado como demostración de la desesperación de las grandes mayorías ante un orden económico incapaz de resolver sus necesidades más básicas, como es la salud y la educación, ambas áreas entregadas desde hace varias décadas al lucro y al mercado.
El gobierno, que se ha transparentado de forma creciente como la representación directa y natural de los intereses del gran capital, con el presidente Piñera como su vicario en La Moneda, ha errado en todos sus movimientos desde el estallido del año pasado.
Sin atender a las profundas causas, sin inteligencia ni creatividad, su reacción ha sido la descalificación de las demandas, la retórica vaga, el uso de la pandemia con fines políticos y el control policial. Una estrategia que, con el paso de los meses, con el drama del covid-19 y el descalabro económico, ha demostrado su completo fracaso.
La crisis social que se vive en Chile a partir de octubre es el reverso de la crisis económica de larga data que sufre la población. Una mayoría de trabajadores y trabajadoras endeudados para enfrentar los gastos corrientes, expresión viva de la contradicción de un orden establecido para la acumulación de ingentes riquezas de las grandes corporaciones. Chile, como bien sabemos, tiene uno de los peores registros del mundo en cuanto a su distribución de los ingresos y la riqueza.
Este es un hecho de las causas, hoy difícilmente rebatible. Y ha sido también la fuerza del torrente social desatado desde la primavera pasada. Una avalancha que la pandemia y la torpe reacción de Sebastián Piñera y su gobierno no ha hecho más que espesar.
Piñera, que se ha desnudado como el multimillonario que es en defensa de los intereses propios y de sus socios, no solo ha sido incapaz de atender y resolver las demandas de la población, sino que ha demostrado su liviandad política, hoy solo obsesionado con mantener a toda costa el marco institucional que ha permitido un modelo de alta rentabilidad y acumulación de capital a expensas de los y las trabajadoras y del medio ambiente.
La fuerza del torrente se ha encauzado en estos días en el proyecto para el retiro del diez por ciento de los fondos de pensiones. Es un mal proyecto, de eso no debiera haber duda, que echa mano a los ahorros para la vejez en gastos corrientes, pero tiene un valor más allá de su carácter de emergencia.
Se levanta como un primer y gran golpe contra el nefasto sistema privado de pensiones, defendido de forma desesperada en estos días por las grandes corporaciones y sus representantes, con Sebastián Piñera a la cabeza.
El proyecto, que tiene un apoyo casi total de la población, ha logrado aquello que largos meses de protestas no pudieron. La fragmentación y quiebre de Chile Vamos, la coalición de gobierno, hasta la semana pasada densa y sólida. Renuncias de presidente de partidos, sanciones internas a quienes han votado en contra de los intereses del gobierno, enfrentamientos entre figuras históricas.
La crisis económica y social es hoy también un trance político en los pilares políticos y sus instituciones. Chile vive una crisis sistémica de un orden totalmente agotado. Cuarenta años es sin duda suficiente.
El quiebre al interior de esta coalición tendrá efectos en el corto y largo plazo. No es todavía el momento para adelantar salidas ni celebrar victorias, pero sí estas fracturas son la expresión del inicio del fin de una época que tiene su origen en la dictadura. Podría observarse, y desearse, que hay una salida aun cuando está llena de obstáculos.
El mayor de todos, sin duda, está por ahora en La Moneda.
La obcecación de Piñera en mantener a toda costa las bases del orden neoliberal es bien posible que mute en un nuevo combustible para las fuerzas políticas, pero principalmente sociales, ya demasiado tensionadas.
En estos meses y semanas no solo es el presidente quien hace agua sino la misma institucionalidad presidencial frente a un parlamento reforzado. Un veto o un requerimiento al Tribunal Constitucional del proyecto de pensiones hecho por un presidente aislado y debilitado sería como ponerse la soga al cuello.
(*) Periodista chileno, director del portal Mural.cl y colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
