En uno de sus muy contados arrebatos de sinceridad, Piñera anunció que iba a eliminar hasta el último vestigio de las reformas del Gobierno de Michelle Bachelet. Sin perjuicio de que por razones de marketing electoral después lo negó, hasta ahora, tal vez por aquello del round de estudio, se había abstenido de hacerlo.
Pero ya comenzó: retiró el proyecto que creaba el Consejo de Ahorro Colectivo, una modestísima reforma que incluía un no menos modesto avance en equidad en el monstruoso sistema privado de pensiones.
En efecto, dicho Consejo debía administrar el 3% del 5% de cotización adicional establecido en la reforma de Bachelet, con criterio de equidad social, con el fin de mejorar las exiguas pensiones que ofrece el adefesio creado por José Piñera.
Incluso, el proyecto había sido aprobada en general y en particular por la Comisión de Hacienda de la Cámara y mañana se votaría en la Sala.
Pero como hasta eso fue considerado inaceptable por el insaciable empresariado nacional, su representante en el Poder Ejecutivo, el hermano de José Piñera, lo eliminó de una plumada, en forma artera, por demás.
Lo hizo a través de un oficio que fue leído en la cuenta de la sesión de la Cámara de Diputados de esta tarde, ante la sorpresa de las bancadas de oposición; tanto más justificada cuanto que el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, nexo de las relaciones con el Congreso, Gonzalo Blumel, estuvo presente en la sala y en comisiones durante la mañana, y nada informó al respecto.
La Presidenta de la Càmara, diputada Maya Fernández reaccionó con molestia y exigió respeto por el Parlamento:
“Hay diputados que ya habían intervenido, íbamos a continuar con el debate, y hoy supimos que se retiraba. Este proyecto requería de un quorum muy alto para ser aprobado, era probable incluso que no se aprobara, pero era importante que lo debatiéramos de cara a la ciudadanía, no retirarlo. Por lo tanto, no nos parece lo que ha ocurrido”.
Consultada sobre si fue informada por el ejecutivo del retiro del proyecto de ley, la diputada Fernández aclaró:
“El ministro Blumel estuvo hoy en la sala durante la mañana, y no nos comentó nada».
Habida cuenta lo anterior, agregó:
«El Congreso merece respeto, esta es la casa de la democracia. Aquí debatimos, tenemos diferencias, pero debatimos abiertamente y de cara a la ciudadanía. Creo que no corresponde. Ni siquiera tenemos la razón de por qué y si hay algo que le importa a los ciudadanos es el tema de pensiones. Por tanto lamentamos y me parece mal que se haya retirado el proyecto».
«Lo que esperamos es que el Presidente o Presidenta, sea quien sea, sea claro con sus posturas ante la ciudadanía»; concluyó la Presidenta de la Cámara, en referencia a la postergación del Proyecto de Ley de Adopción y el retiro, en abril pasado, de la iniciativa para entregar una reparación económica de tres millones a los ex presos políticos y víctimas de la dictadura reconocidos por las comisiones Valech I y II.
En estricto rigor, una maniobra de esta laya, proveniente de un gobierno de derecha, de neto cuño empresarial, no tiene nada de sorprendente. Acaso, el único motivo de sorpresa sea la tardanza de tres meses en hacerlo, tiempo seguramente empleado en calibrar la coordinación y capacidad de respuesta de la oposición, si es que no oposiciones.
Las comisiones fantasmas
De hecho, no es el único proyecto desaparecido en acción respecto al sistema de pensiones.
En 2016, la Presidenta Bachelet anunció la modificación de las comisiones ocultas, que con cargo a los fondos de pensiones– remunera de manera solapada a intermediarios locales e internacionales para invertir los ahorros de los trabajadores por montos que, según Fundación Sol, suman US$ 5.500 millones desde 2004.
La idea generó tal rechazo de la «industria» de las AFP, el empresariado, la academia y el sistema mediático, que la entonces mandataria la retiró. Hoy, en vísperas de la reforma que anunciará Piñera, el tema permaneces sepultado en el fondo de algún cajón polvoriento.
Las “comisiones ocultas”, o “comisiones fantasmas”, son pagos que las AFP realizan –con cargo a los fondos de pensiones– a brokers o intermediadores financieros locales e internacionales para invertir los ahorros de los trabajadores y trabajadoras afiliados al sistema.
Aunque los montos son considerables y reducen directamente el monto de las pensiones, el tema desapareció de la agenda de la reforma que prepara el Gobierno.
Mientras tanto, se siguen pagando con recursos de los cotizantes.
La Fundación Sol calculó las comisiones pagadas entre 2004 y 2017 en unos US$ 5.500 millones; al cambio de hoy, $3,3 billones de pesos, o si se prefiere, $3.300.000.000.000.000.
La cifra es similar a las utilidades obtenidas por las AFP.
Entre 2006 y 2015 las AFP ganaron unos US$ 4.400 millones, de los cuales un 80% se generó por falta de competencia.
El sistema de capitalización individual o de AFP es uno de los pilares del sistema de ahorro del país. Casi 10 millones de afiliados mantienen en sus cuentas US$ 217.426 millones, de los cuales un 43,4% está invertido fuera de Chile.
De esa forma, casi US$100 mil millones se mueven en distintos instrumentos financieros en el resto de mundo, intercambiados por estos intermediarios, a los cuales las AFP pagan, con fondos de los trabajadores, las polémicas comisiones.
Marco Kremerman, economista de Fundación Sol, advierte que el costo del riesgo no lo asumen los que efectúan esas inversiones, sino que se le endosa al cotizante, servicio que por cierto, no pidió.
Es más, señala, se trata de una doble comisión:
«Dichos pagos son adicionales a la comisión “de entrada” y obligatoria, del 10%, que cobran las AFP, y además, no aparecen en la cartola con que se informa cada trimestre a los afiliados».
De acuerdo a sus cálculos, estas comisiones podrían llegar a representar poco menos del 1% del sueldo de los trabajadores, por lo que, al sumarse ambas, prácticamente se duplica el costo de las comisiones que pagan los afiliados al sistema, dependiendo de la AFP a que se pertenezca.
El superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, se ha negado reiteradamente a acceder a la solicitud de informar al respecto, bajo el argumento de la confidencialidad con que las AFP le entregan los datos de estas operaciones y porque sería información que podría afectar sus intereses comerciales.
Sin embargo, en foros oficiales, todos estos personajes conspicuos y envarados afirman sin que se les mueva un músculo de sus pétreos rostros, que los trabajadores son los dueños de sus fondos de pensiones.
En rigor, una reforma como la planteada por la ex Presidenta Michelle Bachelet es ineficaz, en tanto mantiene invariable la estructura del sistema y por tanto, carece de efectos sustantivos su supresión por el actual gobierno empresarial.
La solución de fondo es el cambio del sistema privado individual, con lógica economicista, por uno de reparto, con lógica de seguridad social; aunque ello no se logrará sin la derrota del sistema neoliberal, lo cual traslada el problema al ámbito que corresponde, es decir la lucha política y social.
