La defensa del principal controlador de SQM, Julio Ponce Lerou, solicitó a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) suspender las sanciones contra el ejecutivo por el llamado Caso Cascadas y el plazo para entregar sus descargos – que vence este 29 de octubre- hasta que la institución les entregue antecedentes sobre operaciones del Presidente Sebastián Piñera con Oro Blanco y Norte Grande, realizadas el 2008 y el 2009, por medio de las sociedades Bancard, Axxion e Inversiones Santa Cecilia. En resumidas cuentas, el Gobierno de «excelencia» del especulador de alto coturno, Sebastián Piñera Echenique, termina como empezó: envuelto en morrocotudos conflictos de interés.

A pocos días que se acabe el plazo para que Julio Ponce presente sus descargos a la formulación de cargos, sus abogados decidieron arremeter ante la SVS. La movida no es menor y es similar a la que se dirigió hacia las AFP, dado que lo que busca es abrir la investigación a otros actores que habrían participado en las mismas operaciones que el regulador cuestiona al controlador de SQM.

A través de una solicitud presentada este miércoles a la entidad que encabeza Fernando Coloma, la defensa de Julio Ponce en el llamado “Caso Cascadas”, liderada por los abogados Raimundo Labarca y Alejandro Parodi, pide aclarar una serie de operaciones en la que, según ellos, estarían involucradas sociedades que pertenecieron al presidente Sebastián Piñera.

En el escrito de siete páginas se describen presuntas transacciones que se habrían realizado en el mismo período cuestionado por el regulador y que además estarían dentro del “esquema” revelado por la SVS. Además, solicitan antecedentes que permitan aclarar si el presidente mantiene participación en las cascadas a través del mandato entregado en 2009 a Moneda Corredores de Bolsa.

Asimismo, hace hincapié en las declaraciones realizadas por Piñera el martes 15 de octubre a la Radio Bío Bío, donde reconoció que sigue de cerca la investigación de la SVS: “Como presidente me he preocupado del tema para que se haga lo que se tiene que hacer, investigar, si corresponde, sancionar y tratar de compensar el daño causado”, cita el escrito, lo cual a juicio de los abogados podría ir en contra de la imparcialidad del superintendente, aludiendo una serie de normativas y jurisprudencia administrativa al respecto.

Con todo, piden que mientras no se entregue la información que solicitan, se suspenda el proceso sancionatorio, en particular, el plazo para presentar los descargos.

Consultado sobre el tema, Fernando Barros, abogado de Bancard, señaló que “en el año 2009 tanto Sebastián Piñera como sus empresas decidieron voluntariamente constituir una estructura de fideicomiso ciego conforme se informó a la opinión pública en su momento y desde ese entonces ni él ni sus empresas tienen injerencia ni conocimiento de las inversiones bursátiles que puedan haber hecho los cuatro administradores profesionales”.

Por otro lado, conocedores del caso, aseguran que el escrito se trataría de una acción desesperada de Ponce para desviar el foco de atención.

Imparcialidad del regulador

Hace unos días, el presidente Piñera reconoció en una entrevista a Radio Bío Bío que alguna vez invirtió en las sociedades cascada con las cuales Julio Ponce controla SQM. Tras los dichos, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, aseguró que tuvo acciones y que las vendió antes de ser presidente. En dicha oportunidad, Piñera sostuvo además que se ha preocupado del tema de las cascadas “para que se haga lo que se tiene que hacer”.

Frente a estos dichos, la defensa de Ponce señala que el interés del mandatario “podría restar imparcialidad a ese Superintendente para seguir interviniendo en esta investigación y, en su caso, para resolverla”.

En su línea argumentativa cita artículos legales y jurisprudencia de cómo deben actuar los funcionarios del sector público frente a casos de este tipo.

“El artículo 62 N° 6 de la Ley N° 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado, califica como “especialmente contrario al principio de probidad”, el “participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad” al funcionario de que se trate.

Agrega dicha norma: “Las autoridades y funcionarios deberán abstenerse de participar en estos asuntos…”.

Asimismo, la defensa de Ponce reconoce que si bien la Superintendencia es un órgano autónomo, descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, “su titular es un funcionario de la exclusiva confianza del Presidente de la República, que en tal carácter puede ser nombrado y removido al solo arbitrio de éste”.

Otras de las declaraciones que se mencionan en el escrito son las del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, donde asegura que el mandatario “tuvo acciones y las vendió hace un tiempo atrás. Esto fue el 2009 antes de ser presidente”.

Ante este cúmulo de citas, la defensa de Ponce destaca que, por una parte el presidente reconoce haber tenido acciones, pero que había vendido antes de asumir su cargo y, por otra, que los antecedentes relativos a operaciones que han sido objeto de formulación de cargos en contra de sus representado, darían cuenta del presidente en las mismas.

“Por lo tanto, habida consideración de la norma legal antes citada y de la jurisprudencia administrativa, dicho interés podría restar imparcialidad a ese Superintendente para seguir interviniendo en esta investigación y, en su caso, para resolverla”.

Operaciones antes del fideicomiso

La solicitud de la defensa de Ponce enumera una serie de operaciones en las que habrían participado sociedades de inversión y que estarían dentro del período investigado por la SVS. Sin embargo, acusan que el regulador no habría mencionado esta situación en la formulación de cargos, siendo que también habrían actuado como vendedoras o compradores en alguna de las operaciones por las que se cuestiona a su defendido.

El escrito plantea varias operaciones, entre ellas la efectuada el 12 de mayo de 2008. Se trata de la compra por parte de Oro Blanco de 151.227.126 acciones de Calichera-A, representativas del 10,2% del capital accionario de dicha compañía.

“Esta compra significó para Oro Blanco un desembolso de más de US$ 159.000.000, que financió principalmente mediante endeudamiento bancario a corto plazo.

Por el número de acciones montos involucrados, se trata de una de las operaciones más significativas de todo el período investigado; y por sus consecuencias, de una de las más relevantes para explicar lo acontecido tras la aprobación de los aumentos de capital del año 2008. Es una operación que, lisa y llanamente, desvirtúa la teoría del “esquema” de la Superintendencia (…)

Sin embargo, a diferencia de las restantes operaciones analizadas en los cargos, respecto de esta operación en particular, el análisis es prácticamente inexistente. Entre otras cosas, la Superintendencia no analizó el precio de compra, ni las modalidades bursátiles a través de las cuales fue materializada. Tampoco individualizó al vendedor de las acciones. Se limitó, simplemente, a señalar que Oro Blanco compró cierto número de acciones, a cierto precio”.

Según la defensa de Ponce, los análisis que no hizo la SVS habrían permitido advertir que “esta operación se materializó a un precio que habría sido, respectivamente, un 8,2%, 18,9% y 34,9% superior a los valores que la propia Superintendencia tomó como referente de mercado respecto de las restantes operaciones (precios promedios ponderados de los 15, 30 y 60 días bursátiles previos a la operación). Es decir, en esta operación Oro Blanco habría comprado las acciones a un precio que, según el criterio de la Superintendencia, se podría entender como superior al precio de mercado”.

También Labarca y Parodi señalan que la SVS tampoco analizó la modalidad a través de la cual esta transacción fue implementada en bolsa. “Bien pudo haberse realizado a través de remate de características similares o idénticas a los remates que se reprochan en los cargos y merced a los cuales se pretende acusar a nuestro representado”, argumentan.

En este punto del escrito, la defensa de Ponce añade que “los cargos no consignan que los principales vendedores de este importante paquete accionario, por el cual Oro Blanco desembolsó más de US$ 159 millones, habrían sido las sociedades personales de inversión de S.E. el Presidente de la República, Axxion y Bancard”.

Otra de las operaciones que consigna el escrito que ingresó el miércoles a la SVS, es la de Oro Blanco, de fecha 22 de mayo de 2008.

“Respecto de dicha operación, simplemente se señala que “Norte Grande adquirió 1.900.000.000 acciones de Oro Blanco, equivalentes a aproximadamente 2,67% del capital de esta última”, por un total aproximado de US$ 26.700.993, y que para financiar esta compra, Norte Grande tuvo que recurrir a endeudamiento bancario adicional. No se consigna, sin embargo, nuevamente, la identidad de los vendedores” (Axxion, Bancard e Inversiones Santa Cecilia), dicen. Tampoco se consigna que el precio pagado por Norte Grande habría sido superior en, respectivamente, un 19%, 24,9% y 35,3% a los referentes de mercado utilizados por la Superintendencia para acusar a nuestro representado”.

Compras tras la venta de 2008

El informe de los abogados de Ponce también describe una serie de compras y ventas de acciones de Oro Blanco y Norte Grande realizadas entre junio de 2008 y abril de 2009, las que habrían sido realizadas por Bancard e Inversiones Santa Cecilia.

“Lo cierto es que, durante dicho período, las mencionadas sociedades habrían realizado diversas operaciones, acumulando al mes de abril de 2009 saldos netos a favor, que habrían sido luego transferidos a Moneda Corredores de Bolsa Limitada”.

Sobre esta operación, la defensa insiste que la SVS no analizó si Norte Grande u otras sociedades de la cadena de control intervino como comprador o vendedor, ni los precios a que se concretaron, ni las modalidades elegidas para implementarlas.

“Tampoco analizó si alguna de las compras corresponde a los remanentes del aumento de capital que la Superintendencia tanto cuestiona. Por ejemplo, Bancard habría comprado acciones el mismo día, y al mismo precio, en que Norte Grande vendió parte del remanente de aumento de capital del año 2008. Nos referimos a las operaciones de los días 14 y 15 de abril de 2009.

En la página 46 de los cargos se incluye un cuadro con el detalle de dichas ventas. Sólo se individualiza a Saint Thomas como comprador de una parte de las acciones, mientras que respecto de los saldos, se señala que habrían sido adjudicados por “Otros” (que se dejan en el anonimato)”, argumenta.

El dueño de las acciones de Moneda Corredores

Los abogados de Julio Ponce piden que se les detalle el mandato que firmó Piñera con Moneda Corredores de Bolsa antes de asumir como presidente. El objetivo de la defensa es conocer si el mandatario, a través de dicho mandato, mantiene acciones de las cascadas.

Sostiene que pese a que el presidente ha señalado que vendió sus acciones, “existen antecedentes que podrían eventualmente indicar que las referidas acciones no habrían sido vendidas, sino que traspasadas a Moneda Corredores de Bolsa Limitada para los efectos de su administración. De conformidad con la información entregada por el departamento de acciones de las compañías, al mes de abril de 2009, Bancard e Inversiones Santa Cecilia figuraban con 1.809.490.590 acciones de Norte Grande y 1.353.868.065 acciones de Oro Blanco. Con fecha 27 de abril de 2009, dichas acciones habrían sido traspasadas a Moneda Corredores de Bolsa Limitada”.

Según el escrito presentado por la defensa, las acciones figurarían hasta la fecha a nombre de Moneda Corredores de Bolsa Limitada. Por lo que, especulan, las sociedades citadas “todavía podrían tener algún tipo de derechos en relación con dichas acciones, como sería por ejemplo, si Moneda Corredores de Bolsa Limitada estuviera obligada a proceder a su restitución, en el evento de que ellas no fueran vendidas antes del término de su mandato”.

Oficiar a Moneda

Finalmente, los abogados de Ponce piden a la SVS una serie de antecedentes e información respecto a la materia de su escrito. En esa misma línea, solicitan al regulador que suspenda el proceso sancionatorio mientras no reciban los documentos que piden para aclarar quiénes intervinieron en las operaciones objeto de investigación.

También pide oficiar a Moneda Corredores de Bolsa Limitada para que remita copia del o de los contratos de administración de cartera discrecional suscritos con Bancard e Inversiones Santa Cecilia, con fecha 24 de abril de 2009, así como “para que informe a qué título y en qué condiciones le fueron transferidas las acciones de Oro Blanco y Norte Grande que antes figuraban a nombre de Bancard e Inversiones Santa Cecilia; si merced a dichas transferencias se efectuó algún desembolso efectivo a favor de dichas sociedades; si las acciones han sido o no vendidas a terceros, y en qué condiciones; y si en definitiva las sociedades Bancard e Inversiones Santa Cecilia mantienen algún tipo de derecho o interés respecto de las mismas”.

La defensa señala que mientras no se entregue la información que solicitan, se suspenda el procedimiento sancionatorio, y en particular, el plazo para presentar los descargos correspondientes a su representado. “En atención a que el plazo para formular descargos vence el próximo 29 de octubre de 2013”, señalan.

«Cascadas»: El escándalo financiero que amenaza a Piñera y a los fondos de pensiones

«Cascadas» no es un resort de moda en el sur, sino el escándalo financiero más comentado de los últimos meses protagonizado por el ex marido de Lucía Pinochet, y algunos de los más influyentes actores del mercado como Leonidas Vial uno de los accionistas mayoritarios de Blanco y Negro, la sociedad que controla Colo-Colo.

La Superintendencia de Valores (SVS) presentó cargos contra Julio Ponce Lerou, ex yerno se Pinochet que partió como funcionario de Conaf pero desde hace años tiene el control de Soquimich, o SQM una empresa minera con asiento en el norte dedicada a la venta de yodo, azufre, y litio y todos los minerales no metálicos disponibles principalmente en el norte chileno.

Según la presentación de la SVS, algunas de las sociedades dueñas de la SQM, Norte Grande,Pampa Clichera y Oro Blanco habrían participado conducidas por sus ejecutivos en operaciones de compra legalmente cuestionables (el proceso está abierto también en el Ministerio Público) para aumentar el control de Ponce Lerou y algunos accionistas mayoritarios. Los hechos ocurrieron entre 2008 y 2009 en dos remates de acciones que trajeron importantes ganacias al grupo de accionistas que participó.

Pero trajo perjuicios a los minoritarios y a las AFP. La senadora Ximena Rincón (DC) aseguró que las AFP con participación en SQM han perdido US$800 millones.

“Estas malas prácticas detectadas en el caso Cascadas, que han significado una pérdida de US$ 800 millones de los fondos previsionales de los trabajadores, se producen por una debilidad regulatoria sobre las modalidades que debe usar las AFP’s en el mercado bursátil; por falencias en la capacidad fiscalizadora de la superintendencia de Valores y Seguro (SVS) y, porque en la Bolsa de Comercio y en el mercado accionario hay falta de competencia y transparencia» dijo.

La comisión de Trabajo que integra Rincón decidió citar a la Superintendencia de Pensiones, Solange Bernstein y a Fernando Coloma el jefe de la SVS cuestionado por el principal implicado del caso Julio Ponce.

El ex yerno de Pinochet cuestiona la independencia de Coloma para investigar. En un oficio difundido en parte por El Mostrador, se revela que la estrategia de defensa de Ponce  incluye solicitar que se investiguen si el Presidente de la República Sebastian Piñera aún figura como accionista de SQM por la vía del Fideicomiso Ciego que administra la correodora Moneda y que correspondería a un 2,6% de Norte Grande  y un 1,6% de  Oro Blanco. Y en una de las transacciones cuestionadas habrÍa recaudado US$213 millones.

Según Ponce, la presencia de Piñera le resta independencia para investigar a Fernado Coloma.

Piñera reconoció en Radio Bio la semana pasadam que vendió su participación en Pampa Calichera, otra de las controladoras de SQM.

En el gobierno, la vocera calificó de «vil» e «inaceptable» la estrategia de Julio Ponce de involucrar al Presidente.

Caso Cascadas: La Moneda reacciona con molestia y cuestiona la ética de Julio Ponce

La Moneda reaccionó con molestia a la acción de la defensa de Julio Ponce que, en el marco del caso Cascadas, pidió a la SVS aclarar el rol que jugaron las sociedades que pertenecieron al presidente Sebastián Piñera.

En ese contexto, la vocera de gobierno, Cecilia Pérez, calificó como «inaceptable» que se intente vincular al mandatario en el caso que ha centrado las miradas del mercado tras la formulación de cargos del regulador que dirige Fernando Coloma.

«La vileza que se trata de establecer por parte hoy día, de uno de los controladores mayores (de SQM), como es el señor Ponce con sus abogados, de no reconocer primero su responsabilidad y el daño que ha ocasionado quizás a cuánta gente, en este subterfugio que hizo a través de Cascada, tratando de involucrar al presidente, es una cosa inaceptable», dijo la vocera en conversación ADN Radio.

En ese contexto, la secretaria de Estado apuntó contra Julio Ponce y dijo que «claramente» trata de «llevar al barro» a mucha gente en este caso, «entre ellos al presidente de la República».

«Pero no le va a resultar», aseguró Pérez, quien acusó que «la jugada» del empresario «solamente» habla «de lo cuestionable que puede ser él no solamente desde el punto de vista económico financiero, sino también desde el punto de vista ético».

La ministra recordó que en 2008, dos años antes de ser presidente, Sebastián Piñera vendió parte importante de las acciones de Calichera, una de las sociedades con las que Ponce controla SQM.

«Hay dos ventas el año 2008 de estas acciones.  Y en abril de 2009, un año antes de ser presidente de la República, el entonces ciudadano, candidato Sebastián Piñera, constituye un fideicomiso ciego donde se desprende no solamente del día a día, de las inversiones de su patrimonio, sino que además del detalle de lo que puede hacer eso. En eso consiste un fideicomiso ciego», explicó la vocera.

«El presidente no tiene cómo saber qué ha sucedido con sus inversiones durante el tiempo en que ha sido presidente», dijo Pérez.

Ministros entregan su total respaldo a Piñera en medio de cuestionamientos por caso Cascadas

Completo respaldo entregaron los secretarios de Estado al presidente Sebastián Piñera, en medio de los cuestionamientos que levantó el presidente de SQM, Julio Ponce, quien a través de su defensa pidió a la Superintendencia de Valores y Seguros aclarar supuestos vínculos del mandatario con las investigadas empresas cascadas.

Así quedó de manifiesto al arribo al Palacio de La Moneda, donde todos los ministros consultados calificaron de “bajeza, vileza, despropósito y sin sentido” lo expuesto por los abogados del cuestionado empresario, ligado a la familia del dictador Augusto Pinochet.

El titular de Defensa Nacional, Rodrigo Hinzpeter, amigo del Presidente, sostuvo sobre lo denunciado que es “un acto muy bajo, incomprensible, no tienen ningún sentido”:

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, fue más allá y habló sobre la trayectoria del jefe de Estado: “la conozco extraordinariamente bien, eso me llevó adherir a él como persona y aceptar esta nominación como ministro de Salud. No me cabe duda que a pesar que ha sido un intento permanente desde que asumió en el Gobierno, trasladarle o enlodarle su trayectoria previa como empresario, como emprendedor, ninguna de éstas ha podido progresar”.

La ministra de Obras Públicas, Loreto Silva, indicó categórica que lo considera “absolutamente un despropósito, ciertamente una bajeza”.  

Por su parte, el titular del Trabajo, Juan Carlos Jobet, se refirió a la citación que recibió la Superintendencia de Pensiones por parte de la comisión de Trabajo del Senado. Indicó que “la Superintendencia de Pensiones es un organismo autónomo, que se relaciona con el Gobierno a través del ministerio, y ellos están haciendo el trabajo que tienen que hacer, todas las medidas que tienen que tomar”.

El ministro de Economía, Félix de Vicente, algo más cauto, llamó a esperar la investigación de la Superintendencia de Valores y Seguros: “estamos tranquilos que la superintendencia está investigando los casos y tenemos la tranquilidad que ellos tendrán que emitir un informe final sobre quiénes están realmente implicados” indicó.