El diputado del PPD, Enrique Accorsi, se reunió con el rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, para tratar la crisis económica que está sufriendo el Hospital Clínico José Joaquín Aguirre, dependiente de dicha casa de estudios. En otro plano, la Coordinadora de Defensa del J.J. Aguirre, exigió la intervención del Estado
«En vista de la gravedad del asunto, creo que es pertinente que la Comisión de Salud de la Cámara, presidida por Marisol Turres (UDI), acuerde recibir al rector Pérez para recabar antecedentes y analizar de qué manera se puede salir de la crisis. Obviamente, la decisión definitiva tendrá que ser tomada por el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet», afirmó el diputado Enrique Accorsi.
Las deudas del Hospital Clínico ascienden a 44 mil millones de pesos, y entre las posibilidades de solución que se evalúan está el leaseback, que implicaría el traspaso del recinto a manos privadas, lo que genera rechazo en representantes del Senado Universitario.
Otra alternativa es pedir un crédito con aval del Estado que ayudará a no sacrificar los bienes de la casa de estudios.
Coordinadora por la Defensa del J.J. Aguirre exige intervención del Estado
En conferencia de prensa realizada el pasado viernes 27 en el frontis del hospital José Joaquín Aguirre, la Coordinadora por la Defensa de dicho centro hospitalario, dio a conocer una declaración pública en la cual se oponen tajantemente a hipotecar el recinto y llaman a la Universidad de Chile, a sus actuales autoridades y a las que asumirán el próximo año para que devuelvan el carácter de público y de compromiso real con la comunidad del sector norte de la capital, además de continuar como el principal centro de formación de profesionales de la Salud Pública de nuestro país.
Entre los participantes de la Coordinadora se encuentran el Consejo de Estudiantes de la Salud; la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile; la Asociación de Funcionarios del Hospital J.J.Aguirre; la Asociación de Funcionarios de la Facultad de Medicina; la Asociación de Académicos de la Facultad de Medicina; los Alcaldes de la zona norte; la Fenats nacional; la Central Unitaria de Trabajadores; los Consejos locales de Salud y diversos actores sociales y políticos de la región.
Marco Canales, consejero nacional CUT, dirigente gremial de la Salud y representante de la Central en la Coordinadora, manifestó su preocupación por la actual situación que vive el Hospital y por el rol que el Estado no está cumpliendo:
“vemos que el Estado no está actuando como un garante de la Salud Pública, permitiendo que uno de los principales recintos hospitalarios del país arrastre una deuda que hoy lo tiene sumido en una profunda crisis, la cual arrastra a toda la Universidad de Chile que ven como solución la hipoteca de este Hospital, el cual además funciona como centro de formación para cientos de médicos y profesionales de la salud. Es el principal centro de formación de profesionales de la salud en Chile y todo eso se podría perder por la no intervención del Estado, quien debe asumir la responsabilidad y actuar como garante para permitir que el J.J. Aguirre siga realizando esta labor de formación, pero, más importante aún, vuelva a cumplir con el rol Público de atención a un vasto sector de la población capitalina, fundamentalmente en la zona norte”.
Declaración Coordinadora del J sobre el leaseback propuesto por rectoría para financiar la deuda del Hospital J.J.Aguirre.
La Coordinadora es una instancia que agrupa a los tres estamentos de la Facultad de Medicina (ACAUCH, CES, AFUCH Medicina), los funcionarios del hospital (AFUCH Hospital) y parte de los profesionales que trabajan en él, junto a diversas organizaciones de la sociedad civil. El objetivo de la coordinadora es la recuperación del carácter público del Hospital J.J.Aguirre, para que esté servicio de todos los habitantes de la zona norte y del país ejerciendo las funciones propias de una entidad universitaria, esto es, docencia de pre y posgrado, investigación y extensión.
El carácter estatal de la Universidad de Chile y por ende del Hospital J.J.Aguirre ha sido ignorado por todos los gobiernos post dictadura. Entendemos que una entidad del estado debe ser enteramente financiada por este, incluyendo los sueldos de sus funcionarios. Estimamos que la situación actual, en la que son los estudiantes y los usuarios del hospital los que al fin de cuentas pagan los salarios de los funcionarios académicos, no académicos y profesionales es del todo aberrante. El Hospital debe ser gestionado por la Universidad y financiado por el estado, estando a disposición de la población como un hospital de la red pública.
La necesidad de autofinanciamiento impuesta por la dictadura y mantenida por los gobiernos posteriores ha afectado gravemente el derecho al acceso a una salud de calidad, principalmente a los habitantes de la zona norte. Su rol docente, en un país donde hay gran escasez de especialistas, también se ha visto disminuido por la aplicación de políticas neoliberales de los gobiernos centrales.
El 10 de Diciembre 2013, el Consejo Universitario, decidió postular a un convenio financiero con la banca (Leaseback), para saldar la deuda del hospital y acondicionarlo para su acreditación durante el 2014. Este instrumento financiero significa la venta del hospital a los grandes capitales de mercado y el pago de arriendo, en 15 años, para recuperar la propiedad. Se trata de una medida extrema, frente a la negligencia de FONASA e ISAPRES que adeudan miles de millones de pesos al hospital, por prestaciones realizadas, frente a la inexistencia de financiamiento directo al rol público del hospital. También han contribuido problemas de gestión y administración al desfinanciamiento del hospital. Además, la deuda del hospital con la Universidad de Chile significa un retraso en proyectos de desarrollo de otras Facultades.
El 19 de Diciembre se presentó la propuesta de Leaseback al Senado de la Universidad de Chile, que integran representantes electos de los 3 estamentos de la Universidad. El 2 de enero, esta entidad deberá resolver si accede a la venta del hospital, mediante el Leaseback o si permite el desarrollo de una una propuesta de recuperación del hospital, exigiendo el compromiso del estado.
Nos parece lamentable que una medida con tan graves repercusiones no haya sido informada ni menos aún consultada y discutida con la comunidad universitaria. Además, nos parece una operación riesgosa pues no hay antecedentes ni un proyecto que aseguren la viabilidad financiera del pago de las cuotas anuales que requeriría, especialmente considerando las fluctuaciones que puede experimentar la economía nacional e internacional en el plazo contemplado.
Lo que necesitamos hoy es que el Estado se haga cargo de la Universidad de Chile y su hospital a través de un proyecto de desarrollo viable, que le permita ampliar su función social a través de su reincorporación a la red pública.
Hacemos un llamado a las nuevas autoridades de gobierno a asumir el carácter estatal de la Universidad de Chile y actuar en consecuencia.
