Las comisiones investigadoras del Pentagate ya están conformadas y en línea de partida. Mientras, la grabación integra de la conversación de los empresarios que lideraron la defraudación al Estado da cuenta de nuevas irregularidades que no hace más que nublar aún más el futuro de este «matrimonio». Irregularidades tributarias permitían transferir miles de millones de pesos al financiamiento de campañas electorales de la UDI, al tiempo que descargaban impuestos de las empresas del grupo Penta.
El Pentagate suma una nueva arista investigativa. Luego de que se conociera la grabación del exgerente Hugo Bravo, a uno de los controladores del grupo, quedó al desnudo el modus operandi del conglomerado económico para realizar las irregularidades tributarias que permitieron llevar miles de millones de pesos al financiamiento de campañas electorales de la UDI.
Carlos Alberto Délano ya era conocido como el financista del gremialismo, pero ahora, gracias a la grabación, quedó en evidencia otra forma en que Penta logró evitar el pago de impuestos. Primero se conoció el fraude al FUT, que los benefició ampliamente y que permitió verter fondos al partido de derecha; en este momento fue el mismo Bravo quien dejó sobre la mesa cómo fueron llevados $1.000 millones desde la corredora de la bolsa Penta hasta el banco del mismo nombre. Ello gatilló, según el exgerente, que esa entidad cayera en «pérdidas» y no pagara impuestos y «se lo regalaste al banco que no paga impuesto».
Arista que ya está en manos del fiscal del caso, Carlos Gajardo, ya que fue él mismo quien interrogó sobre este punto a Bravo en su último encuentro. Hay una factura de Penta Corredora de Bolsas por $ 1.000 millones para inducción por asesorías en inversiones. «Esa la va a gozar (el fiscal), la debe tener», dijo Bravo, en la espera de la próxima arremetida judicial que llegará contra la empresa.
Negra está la cosa
El escenario de las empresas Penta es oscuro, tanto o más que el que hoy lleva la UDI a cuestas. Además de la poca aprobación que el partido liderado por Ernesto Silva (uno de los diputados que habría recibido dineros del grupo de su tío «Choclo» Délano) hoy tienen que enfrentar una deslegitimización por el método en que financiaron sus campañas políticas.
Desde las recién conformadas comisiones especiales investigadoras sobre el caso, su presidente, el diputado Fidel Espinoza (PS), adelanta que no hay nadie que esté por sobre la ley, por lo que no descarta que, eventualmente, se concreten desafueros de varios parlamentarios involucrados.
«Creemos que esto pudiese terminar, probablemente, en desafueros y persecuciones penales (…) es un problema que tendrán que enfrentar los partidos expuestos a esta situación», dijo el parlamentario a Cambio21. A pesar de que aclara que la grabación no compromete a la instancia parlamentaria, Espinoza dice que ella «es un hecho de extrema gravedad que se esté descubriendo un episodio tan oscuro en la política y su financiamiento. Esto ratifica lo que veníamos diciendo hace mucho tiempo, de cómo los aportes reservados se convertían en un callejón oscuro, donde empresarios se acostumbraron a financiar campañas con propósitos poco claros, porque nos puede llevar a inferir que buscaban «comprar escaños» para defender sus intereses».
«Acá hubo violaciones graves a la ley de bancos y que tienen una sanción dura en nuestra legislación, desde ese punto de vista, el caso sabemos dónde comienza, pero no dónde termina. El caso Penta no es grave solo para la UDI, sino que para la política, porque no sabemos si es un modo que siempre ha operado para financiar campañas, defraudamos al Estado», concluyó.
Cabe recordar que la primera sesión de la instancia investigadora se realizará el próximo lunes y está citado el director del Servicio de Impuestos Internos y dos de los denunciantes en el caso FUT.
Penta-UDI, en la balanza de la ley
Por su parte, el director del Centro de Estudios del Desarrollo (CED), Eduardo Saffirio, dice a nuestro medio que más que a la UDI, el futuro es especialmente turbulento y oscuro para la empresa de «Choclo» Délano, en que las responsabilidades penales de los controladores del grupo son cada vez más claras y parecieran no parar de hundirse en el mar de irregularidades que armaron para el fraude.
«Desde el punto de vista de la investigación penal, es evidente que los hechos más complicados tienen que ver con el eventual pago a ejecutivos, por años, por vías que significaban, y que se investiga, eventuales fraudes tributarios. La atención ha estado puesta en la arista política, pero la situación, desde el principio uno podía percibir que era mucho más compleja en lo relativo al funcionamiento de Penta».
Para el exdiputado, el panorama penal pareciera ser mucho más complejo que la arista política, sin embargo, esta última, por razones obvias se ha llevado la total atención de la ciudadanía y de los medios. Se habla sólo del partido más grande de la derecha, dejando al margen la compleja situación del conglomerado.
«Tengo la impresión que la salida de los directorios de Délano y de Lavín tienen que ver con una aprensión de que el mercado puede castigar el modus operandi de las empresas y al grupo. Están reaccionando porque ellos tienen que cautelar no solo lo que es su defensa penal si no que también la viabilidad del holding y las empresas que puedan ser objeto de la investigación».
Fuente: Cambio 21