En un fallo que ya marcó un antes y un después, el magistrado del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, Juan Manuel Escobar, resolvió este sábado dejar en prisión preventiva a los controladores del grupo Penta, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, tras ser formalizados por tres delitos de soborno y cinco delitos tributarios, en el marco de la investigación por presuntos hechos de corrupción e irregularidades en el financiamiento de campañas políticas. La misma medida dispuso respecto de Pablo Wagner, ex subsecretario de Minería del gobierno de Piñera, del ex gerente de contabilidad de empresas Penta, Marcos Castro, Hugo Bravo, ex gerente general de empresas Penta e Iván Alvarez, ex funcionario de impuestos internos. Sin embargo, más allá de las consecuencias penales, esta resolución marca el inicio del juicio global al marco político, jurídico e institucional que ha permitido la ocurrencia -y recurrencia- de hechos como los que hoy formalizó el magistrado Escobar.
El juez del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva a los dueños de Penta, Carlos Alberto “choclo” Délano y Carlos Eugenio Lavín, por estimar acreditada su participación como autores de tres delitos de soborno y cinco delitos tributarios, en calidad de reiterados, atender el monto probable de las sentencias y considerarlos un peligro para la sociedad.
El juez determinó la misma medida para el ex subsecretario de Minería Pablo Wagner -sobre quien pesan hechos de delito tributario, cohecho y lavado de activos- y para el ex funcionario del SII Iván Álvarez, quien actualmente se encuentra recluido por la causa paralela denominada fraude al FUT que dio inicio a la arista política de Penta.
Según estimó Escobar, de acuerdo a los antecedentes expuestos durante las tres extensas jornadas de audiencia, los hechos descritos -en esta etapa procesal- son suficientes para establecer la ocurrencia de los mismos y la participación de dichas personas en ellos, por tanto, su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad, razón por la cual aceptó la máxima de las cautelares solicitada por el Ministerio Público para dichos imputados.
Asimismo, el magistrado determinó la prisión para el ex gerente de contabilidad del holding, Marcos Castro, y para el ex gerente general Hugo Bravo, quienes son investigados por delitos tributarios, soborno y lavado de dinero.
A ambos, la fiscalía les reconoció la colaboración sustancial ya que fueron, según expuso ayer el fiscal Carlos Gajardo, quienes revelaron los actos de corrupción que ahora indaga la Fiscalía Nacional.
Sin embargo, lo anterior no fue tomado en cuenta por el tribunal, que estimó que los hechos son suficientemente graves y la única medida acorde a ellos es la prisión preventiva. Todos ellos serán traslados hasta el anexo Capitán Yáber, penal dependiente de la Cárcel de Alta Seguridad acondicionada para imputados por delitos de «cuello y corbata».
Respecto al gerente general de la sociedad de inversiones Penta S.A., Manuel Antonio Tocornal, a quien se le imputaron sólo delitos tributarios, el tribunal ordenó la medida cautelar de arresto domiciliario total mientras que para el cuñado de Délano y representante legal de Inmobiliaria Los Estancieros, vinculada al holding, Samuel Irarrázaval, estableció la firma semanal y arraigo nacional por el mismo delito que pesa sobre Tocornal.
En su exposición, el juez desestimó la petición del abogado Alejandro Peña, de calificar el caso como una asociación ilícita, como lo describió el ex fiscal querellante en representación del empresario Jorge Charbin en su exposición, tazón por la cual denegó la prisión preventiva de Tocornal.
El ex senador de la UDI Carlos Bombal, encausado por delito tributario, también deberá firmar semanalmente en la comisaría más cercana a su domicilio, además de mantenerse en el país debido a que permanecerá con arraigo nacional al igual que el resto de los imputados que no fueron privados de libertad.
La prisión, en tanto, le fue rechazada al suspendido funcionario del Servicio de Impuestos Internos (SII) Juan Jesús Martínez, quien fue formalizado por su presunta participación en actos de cohecho. A cambio, deberá cumplir la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno.
La prisión preventiva será cumplida en el anexo Capitán Yáber, la que se hizo efectiva en forma inmediata al término de la audiencia.
Como es apenas natural, los abogados defensores anunciaron que recurrirán a las medidas cautelares ante la Corte de Apelaciones.
En una decisión salomónica, que se situó el centro de los extremos solicitados por las partes, el magistado Escobar decretó un tiempo de 120 días para la investigación.
El Ministerio Público solicitó inicialmente un plazo de dos años para investigar, el cual rebajó después a 180 días. Las defensas de Hugo Bravo y Pablo Wagner solicitaron 60 días.
Ministro Elizalde: resolución de Penta confirma necesidad de crear marco regulatorio más estricto
Luego de la resolución judicial dada a conocer la jornada de este sábado contra los imputados del caso Penta, el ministro secretario general de Gobierno, Álvaro Elizalde se refirió al proceso de formalización que se mantuvo durante cuatro días.
“Como Gobierno hemos tenido una línea de conducta constante desde el primer día, que consiste en velar por la autonomía de la Fiscalía y por la independencia de los Tribunales de Justicia”, expresó durante una jornada de trabajo que se lleva a cabo en Viña del Mar.
Además afirmó que la resolución “viene a confirmar la necesidad de crear una institucionalidad más eficaz y un marco regulatorio más estricto en el ámbito público y privado”.
El vocero agregó que el Gobierno trabaja para que estos tipos de hechos no se vuelvan a repetir, llevando a cabo múltiples iniciativas a través de la creación del consejo asesor presidencial que generará propuestas adicionales en la materia.
“El Gobierno ha estado trabajando en modificaciones al código penal, donde se considera el aumento de penas a delitos de carácter económico y oportunamente se realizarán los anuncios correspondientes”, concluyó.
Guillermo Teillier: «Es necesario avanzar en una legislación que cambie la actual institucionalidad»
«Estas medidas cautelares encienden una luz de esperanza de que se hará justicia frente a actos de corrupción que se realizaban, por muchos años, con absoluta impunidad. Al fin se cuestiona judicialmente hechos que nuestra sociedad condena mayoritariamente.
Espero que este golpe a la impunidad se haga extensivo a los actores políticos, diputados y senadores, que sabían de estos hechos delictivos, los consintieron y se beneficiaron de ellos al usar fondos mal habidos para sus campañas electorales, lo que significa que su elección puede considerarse ilegítima y también cuestionable su conducta en el parlamento.
Este veredicto hace mucho más necesario avanzar en una legislación que cambie la actual institucionalidad en todo lo que facilite estos hechos de corrupción y que debiera culminar con el cambio de la actual Constitución del Estado que se impuso bajo dictadura y que es la base de este sistema de desigualdad e injusticia».
Presidente de Izquierda Ciudadana: «Decisión del juez demuestra que grupo Penta se constituyó en un máquina para defraudar al fisco»
Junto con calificar como ”contundentes” las medidas cautelares como la prisión preventiva para Carlos Délano, Carlos Lavín, Hugo Bravo, Marcos Castro, Iván Álvarez y Pablo Wagner, determinadas por el juez Juan Manuel Escobar que investiga el caso Penta, el presidente de la Izquierda Ciudadana, Sergio Aguiló sostuvo:
“Esto confirma que sí estamos frente a una máquina para defraudar al fisco y sin duda esto es uno de los ilícitos más graves cometidos en el último tiempo, que involucra a empresarios y políticos de derecha, en una intrincada red de financiamiento de campañas ilegales con boletas truchas y defraudación al fisco”.
El diputado valoró la gran labor desempeñada por el Ministerio Público y los fiscales que “lograron con argumentos sólidos e indesmentibles demostrar los ilícitos del grupo Penta, que vienen cometiéndose desde los años 90”
Aguiló expresó que tras este suceso se hace necesario y urgente “aumentar las penas en los casos de corrupción y legislar sobre financiamiento de las campañas políticas, terminando definitivamente con los aportes reservados y públicos de los empresarios”.
A juicio del presidente de la IC con la determinación de la justicia el día de hoy “se hace insostenible que la UDI siga manteniendo su silencio y lavándose las manos frente a sus militantes involucrados en los delitos de Penta. Por eso, exigimos la renuncia inmediata al cargo de los parlamentarios involucrados en el caso, como las de los senadores Iván Moreira y Ena Von Baer”.
Valoró que el juez Escobar también haya determinado arresto domiciliario total para Manuel Antonio Tocornal; arresto domiciliario nocturno para Juan Martínez; y arraigo nacional y firma semanal para Carlos Bombal y Samuel Irarrázaval. La fiscalía tiene un plazo de 120 días para terminar la investigación.
Por último, el presidente de la IC insistió en llamar al Partido Socialista a que amplíe la querella en caso Penta a quienes resulten responsables en la arista Soquimich, como una forma de complementar adecuadamente su aporte al principio de justicia.
