En las hacinadas e insalubres cárceles chilenas, un porcentaje importante de los reclusos está condenado por robo. Pero a pesar de que los delitos de cuello blanco, dados los montos que involucran, suelen ser mucho más perjudiciales desde el punto de vista social, rara vez son sancionados. Es lo que ocurrirá en el bullado Caso Penta, cuyos responsables no irán a la Cárcel, según adelantó el propio fiscal de la causa.
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El fiscal Manuel Guerra, a cargo de la investigación de aportes irregularidades a la política en el caso Penta, aseguró que debido a la baja penalidad de los cargos imputados, es poco probable que existan penas de cárcel para los imputados y eventuales culpables.
«La mayoría de las personas que puedan ser condenadas probablemente no lo sean a penas de cárcel y eso pasa por las bajas penas que tiene los delitos tributarios», aseguró el persecutor en entrevista al diario La Tercera.
Según el Fiscal regional Oriente, esto se debe a que según «los delitos tributarios por regla general no tienen señalada la pena de crimen y la forma de tener penas de crimen es mediante la configuración de circunstancias agravantes como la reiteración».
En este sentido, no descartó la posibilidad de alcanzar acuerdos con los imputados señalando que, «nosotros nunca hemos pensado en inhibirnos de realizar diligencias de investigación con el pretexto alcanzar algún tipo de acuerdo».
Finalmente confirmó la investigación actual de 10 nuevas empresas ligadas a aportes irregulares a la campaña presidencial de Laurence Golborne. «Tenemos una querella deducida del Servicio de Impuestos Internos en contra de Laurence Golborne por lo que fue la emisión de boletas y facturas que significaron recursos para su campaña», sentenció el fiscal Guerra.
Manuel Guerra: «No podemos generar expectativas de que todos los casos van a terminar en la cárcel, cuando no es así»
Paulina Toro
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El equipo de fiscales que dirige Manuel Guerra está en un punto de inflexión dicotómico respecto de las investigaciones sobre aportes irregulares a campañas: por una parte, ya se comienzan a visualizar cierres para la arista Penta, pero también recién comienzan pesquisas en torno a diez nuevas empresas que eventualmente podrían terminar vinculando a más políticos de distintos sectores.
Existen diez nuevas empresas investigadas, a partir de aportes a Laurence Golborne. ¿En qué estado se encuentra esa arista?
Tenemos una querella deducida por el Servicio de Impuestos Internos en contra de Laurence Golborne por lo que fue la emisión de boletas y facturas que significaron recursos para su campaña y, por lo tanto, eso involucra a 10 empresas distintas. Con ese aval podemos indagar seriamente la situación de estas empresas no solo en cuanto a las facturas de Golborne, sino que además ver si hay delito por parte de los representantes legales de estas, como también respecto de otras facturas que aparezcan rectificadas y que den cuenta de servicios que no fueron prestados. Vamos a indagar y si tenemos que formalizar a personas vinculadas a estas otras diez empresas, porque llegamos a la convicción de que hay delito, lo vamos a hacer.
¿Eso significa que, eventualmente, podrían aparecer más políticos vinculados?
Efectivamente. Si nosotros determinamos que aquellas facturas o boletas que aparezcan rectificadas en estas empresas lo fueron porque se trató de servicios no prestados -sin importar si la plata fue destinada o no a una campaña política, porque en realidad eso para nosotros es irrelevante- estaríamos frente a delitos tributarios. Y nosotros tenemos que formalizar a las personas que hayan participado de eso, ya sea como emisores de la boleta, ya sea como facilitadores, o sea como representantes de las propias empresas que también cometen delito tributario.
Ya se hizo público que en la rectificación de BCI hay boletas y facturas ligadas a figuras de oposición. Pero también están Ripley, CAP, Caburgua, Watt´s, GT, Ecomac, Longovilo, Santa Virginia, Paso Nevado.
Es una posibilidad cierta de que otras personas que hasta ahora no han sido formalizadas tengan que enfrentar formalizaciones, si es que determinamos delitos.
¿Ya poseen la contabilidad y las rectificaciones de estas empresas?
Nosotros necesitamos contar con esa información.
Golborne no ha declarado en torno a estas empreasas. ¿Existe posibilidad de llegar a un procedimiento abreviado con él?
Lo real es que el día 29 de junio tenemos audiencia de formalización de la investigación respecto del señor Golborne. A partir de ahí, obviamente que tendremos que ver la proyección de pena y en función de eso determinar cuál es el camino procesal a seguir. No descartamos procedimiento abreviado pero nosotros no lo andamos ofreciendo, eso va a depender de la defensa del señor Golborne. La declaración que nosotros tenemos, y que es de público conocimiento, se refiere solamente a la situación de Penta. Obviamente que cualquier posibilidad de colaboración al esclarecimiento de los hechos pasa porque él tenga una declaración mucho más completa, de lo contrario no tendría esa circunstancia atenuante.
En un posible acuerdo, ¿enfrentaría Golborne una misma situación que la de Jovino Novoa?
Yo creo que no es bueno homologar situaciones, se trata de situaciones distintas. El señor Novoa fue acusado y condenado por dos delitos distintos. Respecto al señor Golborne tenemos un solo delito, pero estamos hablando también de montos muy superiores y de una cantidad de documentos tributarios bastante superiores.
¿Pedirá nuevas formalizaciones?
Tenemos en vista la posibilidad de formalizar a otras personas. Hemos estado desarrollando diligencias relevantes, principalmente declaraciones, porque aquí hay mucho documento tributario cuestionado,
¿Personas ligadas a algunas de estas 10 empresas mencionadas?
Personas que están ligadas a este grupo de empresas y personas que pueden estar ligadas a la propia empresa Penta. En su momento se formalizó investigación solo respecto de algunas de las personas relacionadas con Penta. Hemos realizado, tomado muchas declaraciones, una intensa toma de declaraciones durante el último tiempo a fin de precisar en qué caso podríamos estar en frente de más delitos.
¿Se refiere a familiares de los controladores de Penta que también emitieron boletas?
Tanto de ellos como de otras personas. Hay situaciones que estan destinadas al pago de bonos de ejecutivos de la empresa, hay dineros que al parecer eran para ser pagados a personas o ser entregados a personas bajo una suerte de donación encubierta. Estamos analizando esos casos y ver en definitiva en cuales creemos que tenemos la existencia de delitos.
¿Eso echa por tierra cualquier acuerdo con Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín?
Nosotros nunca hemos asumido un compromiso de no realizar diligencias respecto de ninguna persona, familiares o no de los controladores de Penta. Es decir, nosotros nunca hemos pensado en inhibirnos de realizar diligencias de investigación so pretexto de alcanzar algún tipo de acuerdo. La situación de los controladores es una situación que al día de hoy, con los antecedentes que hay, nos lleva avizorar la posibilidad cierta de realizar un juicio oral. Ese es el camino natural para nosotros en estos casos y son las defensas las que podrían llevar a un escenario de discutir la aplicación de un procedimiento abreviado. Pero no somos nosotros los que andamos haciendo ofertones de procedimientos abreviados porque nos estamos preparando para llegar a una etapa de juicio.
¿Cree que las penas a las que ellos se enfrentan podrían privarlos otra vez de libertad?
Si ellos son condenados en un eventual juicio a penas que superen los 5 años de privación de libertad, la ley establece que el cumplimiento de esas penas debe ser sí o si bajo un régimen carcelario, cumplimiento efectivo.
Pero en un cálculo real, ¿cree que volverán a la cárcel? Sabas Chahuán señaló que era baja la probabilidad de que hubiera condenas con cárcel para estos casos.
Bajo nuestra prognosis al día de hoy sí, pero en definitiva no somos nosotros quienes definimos. Ahora, yo creo que en general la mayoría de las personas que puedan ser condenadas probablemente no los sean a penas de cárcel y eso pasa por las bajas penas que tienen señalados los delitos tributarios. Los delitos tributarios por regla general no tienen señalada pena de crimen y la forma de llegar a tener pena de crimen es mediante la configuración de circunstancias agravantes como la reiteración u otras circunstancias que señala la ley o en que en realidad tengan más de un delito. Por ejemplo, es lo que hemos visto en la situación de senador Orpis, donde en definitiva el delito de crimen es el delito de fraude al fisco. Por lo tanto, lo que dijo el fiscal Chahuán es bastante acertado: no podemos generar en la población una expectativa de que todos estos casos van a terminar sí o sí en la cárcel cuando no es así.
Ana Luisa Jouanne, esposa de Jaime Orpis, acusó a los fiscales de un afán por figurar y conseguir un botín político. ¿Qué responde?
Mire, yo entiendo a la señora Ana Luisa, porque está pasando por un momento difícil. No es fácil para una persona ver que su cónyuge está privado de libertad. Eso siempre es fuerte, por lo tanto creo que es más bien una reacción más bien emocional.
Independiente de su estado emocional, ella plantea un sentir generalizado en algunos sectores.
Yo descarto absolutamente que el actuar de cualquier fiscal del Ministerio Público que haya intervenido en estos casos sea por un afán de figuración. Nosotros no buscamos crear estos casos. Aquí los hechos que dan origen a estos casos y que tienen al día de hoy formalizados a una buena cantidad de personas, inclusive, al día de hoy, con un senador privado de libertad, no los originó el Ministerio Público. Nosotros no buscamos investigar esto. Esto nos llegó a nuestras manos y simplemente lo que hemos hecho es nuestro trabajo.
Pero cuando un equipo de fiscales se embarca en este tipo de investigaciones que impactan a la sociedad, ¿no se hace necesario entregarle a la ciudadanía un “botín político” después de todo este escándalo?
Nosotros no andamos detrás de entregarle ningún botín de ninguna índole. Aquí da lo mismo quién cometió el delito. Circunstancialmente se trata de personas que son personajes públicos ligados a la política en algunos casos, por ende para nosotros no hay ningún botín del cual estemos detrás.
Hace algunos días ustedes pidieron a algunos bancos saber si Bancorp posee cuentas en esas instituciones. Por lo general es la antesala para solicitar el levantamiento del secreto bancario de esa sociedad. ¿Solicitó ya ese levantamiento?
No me puedo referir en específico a una diligencia de investigación concreta. Lo que puedo decir es que obviamente nosotros tenemos que examinar las cuentas para conocer el destino del dinero desde su origen hasta su destinatario final. Pero al día de hoy, en el caso de Bancorp, la persona imputada es el señor Santiago Valdés, que era el representante legal a la época correspondiente de Bancorp y también dice relación a la empresa Vox Populi.
El hecho de que el ex presidente Piñera, dueño junto a su familia de esta empresa, tuviera un tipo de fideicomiso ciego al momento que ocurrieran estos presuntos delitos, ¿lo exime de una persecusión penal?
No estoy en condiciones de pronunciarme si la existencia de ese instrumento, que no conozco, sea suficiente para eximirlo de culpa. Lo que sí puedo decir es que al día de hoy el ex Presidente Piñera no es imputado, no es sospechoso en la investigación que llevamos adelante.
Valdés ha guardado silencio ante la fiscalía. ¿Se requiere conocer la declaración de Piñera?
Va a depender de las conclusiones a las que lleguemos con las diligencias de investigación que hemos desarrollado respecto de Bancorp y Vox Populi, el determinar si existe o no la necesidad de que el ex Presidente declare.
Sigue abierta esa posibilidad…
No podemos descartar la necesidad de citarlo al día de hoy, pero tenemos que examinarlo. Lo único que puedo decir es que él no es imputado el día de hoy.
Fuente: La Tercera
