El fiscal nacional, Sabas Chahuán, presentó ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago dos solicitudes para imputar cargos contra 19 personas investigadas por los bullados casos. El caso más notorio es el de Santiago Valdés, ex administrador electoral de Sebastián Piñera y ex gerente de administración de Bancard. Dentro de los citados están la contadora de la DC, Clara Bensan; el ex asesor de Carolina Tohá, David Flores y diversos funcionarios que trabajaron con el senador de la UDI, Iván Moreira. El listado incluye también al recaudador de las campañas del oficialismo, Giorgio Martelli, y al ex diputado radical Alejandro Sule. Conforme a su costumbre hasta ahora, Piñera ha hecho mutis por el foro.
El Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, solicitó al Octavo Juzgado de Garantía una fecha para formalizar a 19 personas implicadas en los casos de financiamiento irregular a la política. Del total, 13 figuran en el listado por la arista Penta y seis por SQM, la que estalló varios meses después que se conocieran las primeras informaciones de cómo algunos dirigentes políticos hacían trampa para financiar sus campañas electorales.
La solicitud del Ministerio Público se acerca al ex Presidente Sebastián Piñera, puesto que incluye a un colaborador cercano. Se trata de Santiago Valdés, ex administrador electoral y ex gerente de administración de Bancard, firma vinculada al exgobernante. El funcionario trabajó en la mencionada empresa hasta mayo de 2010 y las veces que ha sido solicitado por la fiscalía, ha decidido guardar silencio, por lo que se puede presumir que aún no entrega su versión del contrato forward realizado con CB, ni de pagos efectuados desde Soquimich a Bancorp ni de lucas entregadas por la minera no metálica a ejecutivos de CHV.
Valdés fue vinculado por el director ejecutivo de Chilevisión, Jaime de Aguirre, en su declaración del 24 de abril ante la Fiscalía como imputado en la arista Soquimich, en la operación que implicó facturar primero a través de su sociedad La Música $146 millones a Bancard para luego devolverle esos fondos a la poderosa family office y facturar por el mismo monto para Soquimich, Aguas Andinas, Pampa Calichera e Inversiones Ilihue, vinculada a José Cox.
En fin, en la declaración, De Aguirre indicó que “a principios del año 2010 extendí por Inversiones La Música a Bancard Limitada la factura 168 por la suma de 146 millones de pesos que correspondían como he dicho al híbrido entre asesoría y bonos que se me daba anualmente”.
Añadió esa vez que “a los pocos días creo que Santiago Valdés o Nicolás Noguera, no recuerdo bien cuál de los dos, nos instruyó (a mí o a mi asistente) que se devolvieran los fondos que se habían pagado por este concepto a Bancard y que se anulara la factura 168 porque en su lugar debíamos facturar fraccionadamente a diversas empresas que me indicaron. Así lo hice. Para ello se nos entregó el detalle escrito del monto y de las empresas a las que debíamos facturar. Entrego en este acto copia de dicho documento. Estas facturas debían ser para Aguas Andinas, Pampa Calichera, SQM, Asesorías Ilihue. Así se hizo y extendí las facturas de acuerdo a los que se me indicó”.
Fuentes de Bancard precisaron en ese entonces que Noguera no tuvo nada que ver en la cuestionada transacción y que en la época mencionada era Valdés quien llevaba la relación con Chilevisión y De Aguirre.
En abril de este año Piñera salió al paso de las acusaciones y sostuvo que “desde abril del año 2009, no tengo ninguna participación en la gestión ni administración de las empresas relacionadas con mi familia, puesto que estaba dedicado íntegramente a mi campaña presidencial, y posteriormente, al ejercicio del cargo de Presidente de la República. Solicitaría a las empresas la información existente sobre la relación entre Bancard y La Música, empresa de propiedad de Jaime de Aguirre”.
Además de Santiago Valdés, la fiscalía formalizará a otras 12 personas en el caso Penta, entre los que aparecen quienes facilitaron boletas al UDI, Iván Moreira: su chofer Rodrigo Molina; sus asesores, Eduardo Montalva y Andrea Shultz; además de la pareja del parlamentario Isabel Marinovic y la secretaria gremialista Verónica Nieto.
Caso SQM
En cuanto al bullado caso SQM y la formalización de vinculados a la Nueva mayoría, ahora la fiscalía pidió imputar cargos al operador político y recaudador de las lucas de las campañas de Bachelet y Frei, Giorgio Martelli, esto por la querella del SII, que incluye a la contadora democratacristiana, Clara Bensan, por los delitos previstos en el artículo 97 N° 4 del código tributario, en virtud de que ambos se concertaron maliciosamente para facilitar facturas falsas a Soqumich por servicios que nunca se prestaron.
Según el escrito, al que accedió este medio cuando fue presentado el pasado 11 de mayo, el SII pudo establecer que la sociedad de Bensan, Asesores en Gestión Integral Limitada, rebajó de manera artificiosa su renta debido a que registra en su contabilidad facturas falsas y boletas a honorarios, emitidas por distintos contribuyentes y que fueron facilitadas por ella y por Martelli.
El servicio afirma además que las maniobras descritas determinan que los contratos celebrados por los querellados y SQM, a través de los cuales obtuvieron más de $92.750.000, fueron donaciones: La minera no metálica le entrega el dinero a Bensan y luego ella se lo da a Martelli, lo que implicó la evasión en el pago de impuestos a las donaciones.
A las facturas falsas se suman las boletas de honorarios que ambos ingresaron a la contabilidad de la empresa de Bensan, con los mismos propósitos de rebajar impuesto. Según la declaración de la contadora, las boletas las conseguía ella o el mismo Martelli.
De hecho, la militante DC reconoció que había ingresado boletas de su madre y de otras personas. También declara que Martelli le facilitó boletas de otros que ella no conocía. Además de estos hechos, que ocurrieron en 2009, existen facturas de 2010, lo que permitiría despejar el fantasma de la prescripción del que tanto se había hablado.
Como es sabido, Martelli es dueño de Asesorías y Negocios (AyN), firma que se armó para toda la operatoria de la precampaña y que, junto con recibir pagos por más de 400 millones de pesos por parte de SQM Salar y el Grupo Angelini, compró insumos a personas que luego aterrizaron en la campaña oficial de Bachelet en 2013, y posteriormente en el gobierno.
También por SQM será formalizado David Flores, militante PPD que colaboró en la campaña que Carolina Tohá llevó adelante en 2010 para presidir ese partido. Según un testimonio del periodista Claudio Canales, a él le pagaron trabajos para esa campaña con dineros provenientes de SQM y de Asesorías en Gestión Integral, la empresa propiedad de Clara Bensan. De acuerdo a Canales, fue David Flores quien le indicó cobrar facturas a esas empresas, a pesar de que no prestó trabajos reales a ellas.
El ex diputado radical Alejandro Sule también forma parte del listado de quienes aparecen vinculados a la causa SQM. Según el escrito presentado por la Fiscalía, será formalizado por facilitación de boletas falsas, simulación de contratos en perjuicio de terceros, apropiación indebida y por obtención fraudulenta de beneficios fiscales. En su caso, habría solicitado emitir documentos falsos a SQM a diversos personeros, incluido el ex subsecretario general de Gobierno, Rodolfo Baier. En total, serían $22 millones los que Sule allegó a su campaña desde la minera controlada indirectamente por Julio Ponce Lerou.
El abogado y amigo de Ponce Lerou, Roberto Guzmán Lyon es otro que será formalizado por la Fiscalía. En su caso, se lo acusa de facilitación de boletas falsas entre 2008 y 2009 en carácter de consumado y reiterado en calidad de autor. A Guzmán Lyon se le imputa el haber obtenido parte de sus remuneraciones de SQM a través de boletas falsas emitidas por el contador Osvaldo Opazo y su cónyuge, Marisol Toro.
El último de los futuros formalizados en esta causa es Patricio Contesse, ex gerente general de SQM, sindicado por ejecutivos de la minera no metálica como el administrador de los fondos que eran destinados a la política. En su caso, las acusaciones son por facilitación de boletas falsas, infracción a la Ley de Donaciones, simulación de contratos en perjuicio de terceros y apropiación indebida.
Penta y la mano derecha de Piñera
Sebastián Valdés fue administrador electoral de la campaña de Sebastián Piñera en 2009, la misma que lo llevó a la Presidencia de la República. Valdés eravsu ejecutivo de confianza en Bancard –controladora de Bancorp–, uno de los vehículos de inversiones del ex Mandatario y, al mismo tiempo, hijo de uno de sus mejores amigos, Fabio Valdés.
Según la indagatoria del Ministerio Público, Santiago Valdés firmó el contrato forward entre Bancorp y CB, del grupo Cruzat, sospechoso de ser simulado para retirar fondos que eventualmente habrían ido a parar a la campaña política de Piñera.
En su declaración ante la Fiscalía, el ex director ejecutivo de Chilevisión, Jaime de Aguirre, vinculó a Valdés como la persona que sugirió la emisión de boletas falsas a Aguas Andinas. En esa ocasión el ejecutivo de CHV dijo no recordar si Santiago Valdés o Nicolás Noguera (gerente general de Bancard) fue quien le pidió “facturar fraccionadamente a diversas empresas que me indicaron” y devolver $146 millones que Bancard le canceló por “bonos” y “asesorías”.
La lista no se detiene ahí e incluye a otros doce nombres. Varios de ellos ligados al senador de la UDI, Iván Moreira. En el grupo está quien fuera su chofer, Rodrigo Molina, cuyas boletas falsas a Penta fueron una de las primeras hebras para descubrir el financiamiento irregular de la política.
También relacionada con Moreira aparece su pareja, Isabel Marinovic, y quien fuera su encargado territorial cuando era diputado por La Cisterna, Eduardo Montalva. Su ex asesor emitió boletas supuestamente falsas a Automotoras Gildemeister, Inversiones Siemel –del grupo Angelini–, a la Cámara de Diputados y a Penta.
Andrea Schultz ha sido secretaria de Moreira en el Congreso y es investigada por emitir boletas supuestamente falsas al grupo Penta. Ella habría recibido los dineros que solicitó Moreira a Hugo Bravo –el ex ejecutivo de Penta que destapó el caso–, usando la ya celebre frase “tu crees que se pueda un raspado de la olla para los últimos 100 m de campaña?” (sic).
Una secretaria de la UDI, Verónica Nieto, también se incluye entre los futuros formalizados. Todos, por facilitación de boletas ideológicamente falsas.
La Fiscalía incluyó a María Carolina de la Cerda, cuñada del ex subsecretario de Minería de Sebastián Piñera, Pablo Wagner. Ella emitió más de 50 boletas falsas para Wagner a Inversiones Banpenta Ltda., Inversiones Penta III Ltda., Empresas Penta S.A., y a las empresas Sociedad Química y Minera de Chile S.A., Administradora Génesis Capital S.A., Génesis Consulting & amp; Capital S.A. y a la sociedad Díaz Moulian Silva y Wagner Gestores Ltda. En total suman cerca de $120 millones, de los que $42 millones corresponderían a pagos que recibió Wagner mientras fue funcionario público.
También está Carmen Luz de Castro (conocida como “Coca” de Castro), mujer clave en la fallida aventura presidencial de Pablo Longueira y también en la campaña senatorial de Pablo Zalaquett. De Castro trabajó además en las campañas de Francisco de la Maza, Joaquín Lavín y Cristián Leay. Aparte del caso Penta recibió $5 millones de SQM, según publicó Ciper. En el documento presentado al Tribunal, la Fiscalía pidió que fuera formalizada por facilitación de boletas ideológicamente falsas, delito que habría cometido de forma reiterada.
Pero el escrito también apunta a ejecutivos del grupo Penta. Uno de ellos es el ingeniero comercial de la PUC Marco Comparini Fontecilla, quien es director de Inversiones y Negocios de Empresas Penta. Es director del Banco Penta; Penta Vida; Penta Financiero y Hortifrut, según señala su biografía en la web de la empresa Enlasa (generación eléctrica), de la que también es director.
Óscar Buzeta Undurraga es otro nombre del grupo de Carlos Lavín y Carlos Délano. Aparece como gerente de Administración y Finanzas de Penta y contra quien la Fiscalía se querelló por el caso de los contratos forwards. Parientes de Buzeta habrían emitido boletas falsas a tres sociedades de Penta: Inversiones Penta III, Empresas Penta e Inversiones Banpenta. Otro de los futuros formalizados será Hernán Concha Vial, quien fue asesor financiero del grupo Penta y que está querellado, también, por los contratos forwards, en particular por el rol de Inversiones Krakatoa en esa operación.
Dentro de esta arista de contratos forwards del caso Penta, volverá a ser formalizado Edgardo Pinto, ejecutivo de la empresa CB, del grupo Cruzat, quien enfrentó una primera formalización el pasado 17 de junio. Otro ejecutivo del grupo Cruzat que será formalizado es Antonio Espinoza, ligado a Forestal Valparaíso, quien fue incluido en una querella del SII por los contratos forwards firmados con el grupo Penta. Ambos serán formalizados por declaración de boletas ideológicamente falsas y delito tributario, y por no declaración de forwards.
La arista «forward» implica eventuales delitos tributarios por declaraciones de impuestos con pérdidas ficticias que fueron originadas en el marco de «contratos a futuro» con moneda extranjera, cuya legalidad es indagada por el Ministerio Público.
El Octavo Juzgado de Garantía definirá próximamente la fecha en que serán formalizadas estas 19 personas.
Ossandón y Lily Pérez emplazan a Piñera
Luego que el fiscal nacional, Sabas Chahuán, anunciara que pedirá en el caso Penta-SQM la formalización, entre otros, del ingeniero civil y ex administrador electoral de Sebastián Piñera, Santiago Valdés Gutiérrez, ya surgieron voces que piden que el ex mandatario salga a «dar la cara».
Es el caso del senador de RN por Santiago Oriente, Manuel José Ossandón, quien en declaraciones consignadas este jueves por el vespertino La Segunda, emplazó a Piñera, y también al ex gobernante Eduardo Frei Ruiz-Tagle y la propia mandataria, Michelle Bachelet, para que abiertamente se pronuncien sobre la situación judicial de personeros que se desempeñaron en sus respectivas campañas.
«En estos procesos no le echen la culpa a los puros empleados, que los jefes tengan la valentía de responder de frente, de manera transparente y de cara al país», dijo, agregando que «todas las personas involucradas tienen que dar la cara, incluidos los ex presidentes Piñera, Frei y la Presidenta Bachelet».
En la misma línea, la senadora de Amplitud Lily Pérez cree que Sebastián Piñera tendrá en algún momento que terminar con el silencio que ha mantenido sobre este tema, y salir a explicar la situación de Valdés, quien en 2009 dejó la gerencia de Finanzas de Bancard tras ser nombrado por el ex Presidente como su administrador electoral.
«Creo que el ex Presidente en algún momento va a tener que decir algo al respecto, me imagino que sí», afirmó la parlamentaria, enfatizando que » «todos estos casos deben ser investigados a fondo, sin excepción».
Piñera eligió a Valdés por tenerle mucha confianza y porque además es hijo de uno de sus grandes amigos, el empresario Fabio Valdés. El Ministerio Público lo vincula a un contrato forward entre Bancorp y CB, del grupo Cruzat, relacionado con el Caso Penta, y también por los pagos irregulares de Bancard al ex director ejecutivo de Chilevisión Jaime de Aguirre, cuando la estación era todavía de propiedad de Piñera.
UDI acusa el golpe y denuncia «desigualdad de trato»
El secretario general de la UDI, Guillermo Ramírez, alegó «desigualdad de trato» tras conocerse que el Ministerio Público formalizará a 19 involucrados en el caso Penta-SQM, entre quienes se encuentran el operador político Giorgio Martelli y el ex diputado radical Alejandro Sule.
Ramírez manifestó que «nosotros creemos que la desigualdad de trato se mantiene y que la Fiscalía persigue en nuestro sector a los políticos y a las caras más visibles, y en la Nueva Mayoría solo formalizan a personas que son mandos medios, a personas que son administrativos de campaña y en ningún caso a los que fueron candidatos o responsables de esas campañas».
«Ese criterio no se ha usado en el caso nuestro. Yo quiero que se aplique el mismo criterio, no queremos que se deje de juzgar a nadie, la justicia queremos que opere siempre pero igual para todos», agregó.
Por su parte, el presidente del Partido Radical, Ernesto Velasco, aseguró que la formalización de Sule es «en lo humano es muy lamentable, en lo político el partido tomó una decisión, que cuando esto se supo se pasaron todos los antecedentes al Tribunal Supremo y se pidió la suspensión de la militancia y a partir de ahora lo que viene es confiar que el Ministerio Público haga su trabajo, actúe con transparencia y las responsabilidades son personales, son individuales».
La alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá, también se refirió a la formalización del militante PPD y ex asesor David Flores, indicando que «aquí la justicia está haciendo su trabajo, hay hechos que está investigando y espero que en esto a David Flores realmente le vaya bien, pueda aclarar las cosas que haya que aclarar y no hay ninguna preocupación por el lado mío respecto de esto. No tengo ninguna participación en ese hecho ni hay por medio una situación de campañas».
Desde el Gobierno, el vocero Marcelo Díaz sostuvo que «la opinión del Gobierno es que el Ministerio Público hace su pega, su trabajo, que nosotros respetamos ese trabajo y que es una expresión de la normalidad del funcionamiento de las instituciones».
«Cuando hay hechos que ameritan investigación de un fiscal se realizan y luego son los tribunales de justicia los que califican dicha investigación, por lo tanto este es un acto de normalidad en el marco de funcionamiento de una institución tan relevante como el Ministerio Público», añadió.
El abogado de Giorgio Martelli, Cristián Arias, indicó que «estábamos esperando este trámite, se tenía que producir tarde o temprano, no es sorpresivo, estábamos esperando esta fecha. Nosotros vamos a plantear toda nuestra formulación de defensa ante los tribunales en la audiencia que se fije al respecto».
Asimismo, el abogado de Pablo Zalaquett y de su ex jefa de campaña Carmen de Castro, Cristián Bonacic, recalcó que «como lo hemos dicho respecto del señor Zalaquett, que los hechos que se le imputan al señor Zalaquett en su momento y también a Carmen no son constitutivos de delito, sin perjuicio de las explicaciones que se harán en el tribunal, obviamente adaptado a la óptica de la señora Carmen de Castro».
