La Fiscalía Oriente presentó esta mañana ante la Corte de Apelaciones de Santiago la solicitud formal de desafuero para el senador Iván Moreira y el diputado Felipe de Mussy, ambos militantes de la UDI, en el marco del caso Penta.
La solicitud fue presentada por los fiscales Carlos Gajardo y Carlos Norambuena. La petición se da a un día de que se presente la acusación en contra de los principales involucrados en esta causa.
La medida adoptada por el Ministerio Público es el trámite previo para acusar a los parlamentarios UDI por delitos tributarios y someterlos a juicio oral.
El pasado 4 de marzo el Ministerio Público comunicó el cierre de la investigación, causa tras dos años de indagatorias que dejó 34 formalizados y dos condenas.
Tras conocer la solicitud, Moreira la calificó de oportunista asegurando que ha sido el único que reconoció errores en el financiamiento de su campaña electoral.
«Esta solicitud de desafuero es oportunista y desprolija, para llamar la atención por los fracasos que ha tenido la Fiscalía en temas mucho más relevantes que estos. La voy a enfrentar convencido de que no he cometido ningún delito, solo errores y una clara imprudencia en el financiamiento de mi campaña electoral, pero actuando siempre de buena fe», declaró.
Ambos parlamentarios fueron formalizados en 2015 por delitos tributarios respecto a la facilitación de boletas ideológicamente falsas, en el caso de Moreira por un monto cercano a los 38 millones de pesos y respecto a De Mussy por cerca de siete millones, para el financiamiento de su campaña electoral en 2013.
Quedaron sin medidas cautelares debido a su fuero parlamentario, por lo que ahora la Fiscalía Oriente busca su desafuero.
Ambos parlamentarios fueron formalizados en 2015 por la facilitación de boletas ideológicamente falsas, pero quedaron sin medidas cautelares por contar con fuero parlamentario.
En el caso de Moreira, se le imputaron cargos por delitos tributarios e infracción a la ley de donaciones por un monto cercano a los $38.888.890 en nueve boletas emitidas por personas ligadas a su campaña senatorial.
De Mussy, en tanto, es vinculado con una boleta por $7 millones que emitió el entrenador de fútbol José Tomás Garcés para su campaña parlamentaria.
El fiscal Norambuena detalló a Cooperativa que «es el procedimiento que procede una vez que la Fiscalía ha cerrado la investigación. Los parlamentarios están formalizados y para poder proseguir con la acusación es necesario que se levante el privilegio que tienen constitucionalmente y sean desaforados».
«Creemos que los antecedentes de la carpeta investigativa dan cuenta de la existencia del delito y también de presunciones fundadas de participación», expresó.
«Lo relevante es que la Fiscalía considera que hay antecedentes suficientes como para solicitar el desafuero y por consiguiente para formular acusación en contra tanto del senador Moreira como del diputado De Mussy», sentenció el persecutor.
En otro aspecto de este mismo caso, Julián López, abogado de Carlos Délano y Carlos Lavín, dueños de Penta, afirmó que no descarta solicitar la reapertura del caso:
«La reapertura de la investigación es probable que la pidamos. Es un escrito que tenemos que presentar a más tardar mañana. Efectivamente tenemos diligencias pendientes que no han sido realizadas por la Fiscalía».
Mientras, en la undécima sala de la Corte de Apelaciones de Santiago se revisó el sobreseimiento definitivo de Verónica Méndez y María de la Luz Chadwick, esposas de Délano y Lavín.
El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la solicitud.
