Grupo Penta Es como Gato de Campo: Fiscalía Descubre Mecanismo para Rebajar Patentes Municipales

El caso Pentagate terminó con la capacidad de asombro de muchos. Ahora se sabe que el holding de «los Carlos» buscó ahorrar un porcentaje menor, comparado a su capital, en la patente del permiso municipal por sus servicios profesionales. Sin embargo, todo indica que el verdadero problema no es el sistema que permitió que todo esto pasara, sino los servicios de fiscalización que no detectaron nada.

Con varios meses de escándalo, Penta ya es parte del inconsciente colectivo como una de los grupos económicos más corruptos del país. Lo que comenzó con irregularidades en pago de boletas, se convirtió en un fraude fiscal, pasando a un escándalo político que tiene a la UDI al borde del colapso, para luego poner en duda a todo el sistema al conocerse que también salpica a cercanos a la Nueva Mayoría.

En las últimas horas se conoció un nuevo antecedente relacionado con otra irregularidad cometida por el brazo operador, el entonces gerente general del holding, Hugo Bravo. Si él ya estaba hundido hasta las masas por su participación, la Fiscalía ahora tiene un nuevo antecedente para que termine en una habitación con barras en las ventanas.

Recordar que estamos hablando de una empresa que facturaba miles de millones de pesos anualmente. Aún así, efectuó varios mecanismos para evadir el pago de impuestos, como boletas falsas y los contratos aparentemente de forwards, que resultaron ser ficticios, los mismos que se realizaron con el grupo Cruzat y que también fueron firmados por los hijos del controlador del grupo, Carlos Alberto Délano. Como si eso fuera poco, la fiscalía descubrió ahora que las empresas habrían manipulado sus capitales en la Bolsa de Comercio, arrendando sus acciones a clientes «connotados», un fraude bursátil para pagar una patente municipal menor.

La empresa, al mostrar fondos menores a los reales, pasaba a cancelar permisos menores a nivel municipal. Se vuelve a consignar que se habla de una empresa millonaria. Los montos son mucho menores que los impuestos, pero aún así, Hugo Bravo habría actuado para reducir aún más gastos. Todo apunta a que la justicia está frente a un caso grave de «glotonería» codiciosa con el fin de engañar hasta en los más menos para tener màs ganacias.

El primero de siete pecados

Cada municipio tiene su propia tarifa de patentes según servicios, pero el promedio borde los 0.05 % por cada mil de capital. A modo de ejemplo, si el capital de Penta fue de 5.000 millones, la empresa habría dejado de pagar a la Municipalidad de Las Condes (donde están las oficinas centrales) unos 25 millones de pesos, lo que configuraría un fraude municipal. Claro está que las arcas del holding son más profundas.

Por otro punto, la nueva irregularidad detectada da cuenta de cómo la balanza está «ajustada» a favor de las grandes empresas, las que pueden manipular los sistemas regulares, burlando fiscalizaciones, permitiéndoles ahorrar capital para seguir creciendo. ¿Qué hubiera ocurrido si una Pyme hubiera sido sorprendida en tal actitud?

El presidente de la Conapyme, Rafael Cumsille, dijo que, aunque espera que esto sea un error, estas acciones que siguen  «son condenables desde el mundo empresarial», las que perjudican la visión sobre el sector.

Además, el dirigente consideró que hay injusticias según tamaño de la empresa. «Ante un banco, nosotros somos representantes de comerciantes pequeños, del comercio detallista y estamos lejos de saber cómo se llevan las contabilidades en este tipo de empresas».

«Es muy distinto el manejo de una pequeña empresa con respecto a una de gran envergadura. Estamos a años luz de hacerlo (…) Esperemos que si es algo ilegal, habrá servicios del Estado, que fiscalizan mucho a nuestro sector, que también lo hagan en esa área», opinó.

Las fiscalizaciones que fallan

Hay un hecho no menor. En cada arista del caso Penta, hubo entes que fallaron a la hora de fiscalizar y cada uno detonó por conflictos internos. En un inicio, la abogada del SII, Maritza Navarrete, detectó irregularidades al interior de Impuestos Internos por un funcionario y las denunció ante su superior. Al ver que no había repercusiones, fue a la Fiscalía y se llegó a la empresa Penta. Una vez ahí, con la evidencia y el juicio laboral de Hugo Bravo, se destapó el financiamiento irregular a la UDI. Lo que no fue detectado por el Servel. Con la nueva arista se da cuenta que es con la investigación de la Fiscalía que se llegó al fraude bursátil.

María Jaraquemada, directora en Ciudadano Inteligente, quien reconoce haber perdido parte de su capacidad de asombro por el caso, opinó que el tema de la fiscalización tardía «es un problema súper grave, y en ese sentido es que hay que fortalecer las instituciones. Quizá el Servel no tenía mucho que ver, pero si es que hay plata en la política, claramente es que no tenía capacidad de fiscalizarlo».

«Los servicios chilenos, sí tienen las herramientas para funcionar. Impuestos Internos funciona mucho mejor que en otros países, por ejemplo España, la súper de Valores también, el Servel, en cambio, no, no tiene las capacidades. Lo que pasa es que en todos los lugares hay gente que va más adelante que el sistema y sigue hasta que lo pillan.

Fuente: Cambio 21