Para los despistados, en la superficie la situación parece normal y en calma. Pero tras bambalinas, las instituciones involucradas en el gravísimo caso de espionaje frustado, conocido como Operación Huracán, vale decir, el Gobierno, Carabineros y el Ministerio Público, se están dando con todo, pero muy a la chilena; o sea, de manera indirecta, solapada y oblicua. Muchos de estos «gestos» tienen un carácter inédito.
Primer round: Presidenta vs Carabineros
Sólo para empezar, se suspendió el acto privado con el que Carabineros pretendía homenajear a la Presidenta Michelle Bachelet el jueves 1 de marzo, con el fin de reconocer a la Mandataria en sus últimos días de gobierno.
La ceremonia se iba a realizar a las 20:00 horas y tenía previsto contar con la presencia de cerca de 300 oficiales y suboficiales de la institución.
Sin embargo, Carabineros informó que el acto no se realizó por «problemas de agenda» de la Presidenta.
Claramente, eso no es así, toda vez que la agenda de la Presidenta, la tarde del 1 de marzo comprendía una reunión con la Asociación de Emprendedores de Chile, a las 15:45 hrs, y la inauguración del mural «La Infancia que debe ser», a las 17:45 hrs., en la estación Metro Bellas Artes, después de lo cual la agenda estaba enteramente despejada.
En consecuencia, lo más probable es que la Presidenta haya pretextado problemas de agenda, para no toparse cara a cara con el cuestionado director general de Carabineros, Bruno Villalobos.
El único parangón comparable remonta al Gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, quién se negó a recibir o reunirse con el entonces general director, Rodolfo Stange, a quién le había pedido la renuncia, y éste se había negado.
Luego del fallo final del caso Degollados, en abril de 1994, Frei estimó que Stange estaba ética y políticamente inhabilitado para ejercer el cargo.
Con el abierto respaldo de los partidos de la derecha y de Pinochet, el jefe de Carabineros rechazó el planteamiento de Frei, invocó la inamovilidad de los Comandantes en Jefe y recordó que su mandato expiraba en 1998, lo cual generó la primera crisis política de su gobierno.
La confrontación se calmó relativamente cuando Stange tomó un mes de vacaciones y luego aceptó una misión especial por otros tres meses, mientras asumía el mando efectivo de la institución el general Fernando Cordero.
La Corte Marcial absolvió en septiembre a Stange de los cargos del Ministro Milton Juica, pero las relaciones del jefe policial con Frei continuaron marcadas por la hostilidad hasta fines de 1994. De hecho, Frei no recibió a Stange durante todo ese año, ni concurrió a ninguna actividad en la que aquel estuviera presente.
En definitiva, Stange presentó su renuncia el 7 de octubre de 1995, casi un año y medio después que le fuera solicitada por el Presidente de la República.
Volviendo al caso presente, si hubiese sido el mando de Carabineros el que suspendió unilateralmente el homenaje a la Presidenta, se trataría de un desacato tanto o más grave que el de Stange a Frei.
Segundo round: Gobierno vs Fiscalía
El subsecretario del Interior y Seguridad Pública Mahmud Aleuy, envíó «téngase presente» a la Fiscalía Nacional por «irregularidades» en la causa «Operación Huracán», hecho que reviste un carácter inédito; es decir, nunca había sucedido en toda la historia de la reforma a la justicia que dió origen al Ministerio Público.
En el texto del documento, Aleuy acusa que el secreto de la investigación fue usado para ocultar la existencia de irregularidades:
«Concretamente se ocultó una presunta violación de secreto cometida al interior de la propia fiscalía y además una presunta adulteración de informes periciales cometida por funcionarios de Carabineros de Chile».
En el documento, Aleuy le señaló a Jorge Abbott :
«Los fiscales, de un modo impropio, imputaron una defensa del gobierno a Carabineros, como si las infracciones penales y administrativas presuntamente cometidas por algunos funcionarios de dicha institución hubieran estado en conocimiento del suscrito, lo que es absolutamente falso”.
Además, el subsecretario le indicó que el fiscal Felipe González, en la audiencia para comunicar la decisión de no perseverar en la investigación contra lo comuneros, señaló que la actitud del gobierno en el caso fue “negligente”, dichos que fueron calificados inadecuados y abusivos.
También cuestiona la decisión de decretar el cierre de la investigación, tras haberse realizado «con al menos 23 diligencias investigativas pendientes, entre las cuales se encuentra incluso un requerimiento de información al Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica».
Agrega el documento:
«Lo anterior generó una afectación del derecho de las partes a conocer el contenido de la investigación»
Asimismo, cuestiona la pericia que detectó anomalías en los informes de Carabineros, que si bien fue realizado por un perito judicial competente, ésta no estaría incorporada en la carpeta del proceso.
Más grave aún, acusa al fiscal jefe de Alta Complejidad de La Araucanía Luis Arroyo, de presentar su querella contra Carabineros utilizando información que sólo pudo obtener en razón de su cargo como fiscal jefe:
«Con la conducta desplegada, infringió gravemente su deber de guardar reserva en relación con los antecedentes que conoce en el ejercicio de su función pública, y lo previsto en el artículo 246 del Código Penal. Además, para confeccionar dicho libelo, utilizó datos contenidos en el informe policial de inteligencia número 202, secreto, de Carabineros de Chile. Con ello infringió su obligación de resguardar la información de inteligencia en los artículos 38 y siguientes de la Ley 19.974», finaliza el texto.
Sin embargo, fiel al estilo vaticano de fintas y circunloquios, Aleuy se apresuró en aclarar que con ese téngase presente no se pretendía una sanción o algo parecido, atendido que se trata de un ente autónomo:
«Nosotros no estamos buscando ningún tipo de sanción ni nada. Nosotros lo que hemos hecho, a partir del principio de que la gramática básica de la democracia son las relaciones respetuosas entre las instituciones y eso hay que preservarlo y profundizarlo, y por lo tanto hemos usado un artículo de la Constitución que es un derecho a petición a raíz de un hecho puntual en la audiencia del 9 de febrero pasado».
Agregó:
«El ministerio fue catalogado de negligente y por lo tanto nosotros no estamos de acuerdo y lo único que estamos haciendo es hacer un derecho a petición respetuoso al fiscal nacional».
Abundando sobre el particular, afirmó:
«No corresponde que nosotros hagamos ningún tipo de solicitud de sanción o procedimiento porque la fiscalía es un ente autónomo y además porque nosotros nunca hemos tenido problemas con los fiscales a nivel nacional, ni en las regiones donde operamos articuladamente. Sólo tuvimos esta contingencia en una audiencia y lo único que hemos hecho es presentar los antecedentes que a nuestro juicio invalidan la aseveración que hizo el fiscal en ese minuto».
Tercer round: Fiscalía prepara respuesta
Si alguien pensaba que la Fiscalía encajara el golpe, sin combate, está equivocado.
De hecho, la Fiscalía Nacional responderá mediante un oficio el «téngase presente» enviado por La Moneda al máximo jefe persecutor Jorge Abbott y que fue firmado por el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, a consecuencia de las diferencias que surgieron entre los fiscales del caso «Operación Huracán» y los abogados del ministerio.
Así lo informó el propio Abbott, quién señaló que serán respondidos «cada uno de los puntos» en el documento que sería enviado próximamente.
El documento de respuesta será entregado los próximos días, antes del cambio de gobierno.
Para la elaboración del escrito, la Fiscalía Nacional recibió los antecedentes remitidos por la Fiscalía Regional de La Araucanía.
En los antecedentes enviados a Abbott, la Fiscalía de la IX Región descartó, una supuesta infracción de Arroyo a las normas vigentes, puesto que el director de Inteligencia de Carabineros, general Gonzalo Blu, entregó el informe sobre una supuesta filtración en el Ministerio Público a personas vinculadas a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) el 20 de diciembre de 2017 al fiscal nacional; en tanto, Arroyo fue notificado como imputado en el caso, el 26 de diciembre.
El escrito de la región defiende el actuar de Arroyo, pues dice que conoció los antecedentes de la causa por la vía legal, siendo notificado por el fiscal de Aysén, Carlos Palma, que estaba siendo indagado como imputado en la causa. Es por ello que, en esa calidad, el 9 de enero le hicieron entrega formal de la copia de la carpeta investigativa para estudiar los antecedentes y querellarse en el caso.
Además, el oficio que el Ministerio Público remitirá a Interior consigna que si la querella de Arroyo fue conocida públicamente, es porque fue colocada en el portal web del Poder Judicial, lo que no es resorte de la Fiscalía Regional de La Araucanía.
Sobre el emplazamiento de Aleuy en que se acusa a Arroyo de infringir su obligación de resguardar información de Inteligencia, el Ministerio Público argumenta que el artículo 38, que regula esta norma, establece sanciones solo aplicables a los funcionarios de los organismos de Inteligencia, y que la fiscalía no forma parte de ese sistema.
Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de FIscales de La Araucanía, Juan Pablo Salas, señaló que el oficio del gobierno “es una cortina de humo para tapar la inactividad de Interior durante el desarrollo de la Operación Huracán, donde nunca pidieron diligencias”.
Todos estos dimes y diretes reavivaron el ambiente de tensión entre los abogados del Ejecutivo y los fiscales de la zona, la cual se mantiene desde el 25 de enero, cuando el Ministerio Público decidió cerrar la Operación Huracán, ante la supuesta manipulación de pruebas por funcionarios de Carabineros.
Bonus track: abogado de Álex Smith renuncia dos semanas después de asumir su defensa
El segundo abogado del creador de la aplicación “Antorcha”, Álex Smith, renunció dos semanas después de asumir su defensa.
El alejamiento Gaspar Calderón, ocurrió a consecuencia de la declaración que hizo Smith ante el fiscal militar Jaime Arriagada, quien investiga un presunto extravío de armas en la primera Comisaría de la ciudad.
Smith habría utilizado “Antorcha” para interceptar conversaciones y mensajes de ex funcionarios que fueron acusados de hacer desaparecer 28 armas.
Estos últimos acusan un montaje en el uso del software. En este contexto, el “ingeniero” declaró de manera voluntaria por más de 6 horas.
Tras conocer esta situación, su abogado defensor presentó su renuncia, puesto que esta declaración se habría dado sin su consentimiento.
El pasado 22 de febrero su entonces abogada, Marisa Navarrete, renunció a su defensa, y a la de otros tres imputados en el marco de la Operación Huracán.
