A lo largo de la historia, ver a los hombres poderosos tras las rejas pagando sus culpas ha sido un acto reparador para los pueblos lastimados. Así lo sintieron miles de chilenos el sábado último cuando, tras las palabras rotundas del juez Juan Manuel Escobar, los Carlos de Penta y los demás acusados salieron escoltados por gendarmes rumbo a la cárcel.
De allí en adelante, como si un rayo hubiese despertado las conciencias, los más diversos actores descubrieron que la ética es un valor irrenunciable para toda comunidad que aspira a una convivencia pacífica y justa. Y eso queremos creer que somos.
La Confederación de la Producción y el Comercio (agrupación de los poderosos de la minería, banca, industria, agricultura, comercio y construcción), anunció que de ahora en adelante se “suspenderá o congelará” la militancia de los socios investigados por faltas a la ética o delitos económicos. Y luego –si son condenados por los tribunales– se les expulsará del gremio.
Al mismo tiempo, en La Moneda, Michelle Bachelet convocó a un grupo de hombres y mujeres, encabezados por el economista Eduardo Engel –todos respetados por su trayectoria profesional y su vocación de servicio público– para proponer las normas que impidan que el poder y el dinero sigan marcando el quehacer y el rumbo de nuestro país.
Sorprendente, por decir lo menos. Nunca antes el Gobierno y los empresarios reaccionaron de manera tan drástica.
No lo hicieron cuando hubo diputados condenados por coima, cuando se destituyeron alcaldes, cuando hubo gastos fraudulentos en campañas electorales o en el quehacer parlamentario, cuando los conflictos de interés afectaron las votaciones parlamentarias como en la Ley de Pesca.
Tampoco dieron golpes de timón frente a los casos Cascadas, Mis Cuentas, La Polar, o la colusión para fijar precios de las cadenas farmacéuticas, los productores de pollos o las navieras.
Para ser rigurosa, en los últimos 15 años abundaron las declaraciones en torno a la corrupción, el financiamiento ético de la política, los conflictos de interés. Incluso hubo avances –aunque decirlo hoy parece una broma de mal gusto– con la actual ley de financiamiento electoral y con el sistema de Alta Dirección Pública.
Dos áreas que el Consejo Anticorrupción tendrá que robustecer para evitar relaciones sórdidas o trampas burdas, como los nombramientos interinos permanentes en los cargos públicos concursables. Lo dicho y lo hecho fue claramente insuficiente.
Resulta evidente que los casos Penta y Dávalos obligan hoy a una reacción mayor. Cabe preguntarse qué tienen estos hechos que no tuvieron los escándalos anteriores. No fue el dinero, hay cifras mayores; no fue el número de víctimas, hay afectados directos más numerosos. Si bien las variables que explican este caso son múltiples, hay dos que parecen determinantes: el desprestigio superlativo de políticos y empresarios, considerados ladrones por buena parte de la ciudadanía, y el vínculo espurio entre dinero y poder.
El vaso se rebasó. Los chilenos de todos los colores y creencias tienen claro que en el Chile actual quien tiene dinero se siente con derecho a usar mecanismos legales e ilegales para defraudar al fisco, engañar a los consumidores, usar información privilegiada a fin de aumentar su riqueza, manipular votaciones parlamentarias. Y todo esto con la convicción absoluta de que se saldrá impune, simplemente porque se pertenece a la elite privilegiada.
La cuerda parece haberse estirado demasiado. Basta escuchar los comentarios en la sobremesa o en las calles para darse cuenta que la ciudadanía se aburrió de los abusos y de esta forma de convivencia.
La Presidenta y los dirigentes empresariales entendieron que es indispensable tomar medidas urgentes antes de una debacle irreversible. Sin embargo, aún estamos en peligro. Quienes no han dado señales claras de entender la gravedad de la situación son los parlamentarios. Y son justamente ellos quienes tendrán que llevar a la práctica las propuestas más relevantes del Consejo Anticorrupción.
No les gustó la composición del Consejo. Es muy académico, dicen, le falta calle. Sostienen que por haber sido elegidos democráticamente, diputados y senadores tienen más legitimidad para llevar a cabo transformaciones profundas en estas materias. ¿En qué mundo viven nuestros dirigentes políticos?
Después de 25 años de democracia, ¡aún no terminan con el sistema binominal! (actualmente en el Tribunal Constitucional a petición de los senadores de derecha). A la luz de los estudios de opinión pública, su sintonía con la gente no parece muy afinada. ¿Recuerdan que aprobaron el voto voluntario y que en la última elección popular sólo votó el 40% de los chilenos? ¿Habrán entendido por qué el Consejo Anticorrupción no incorporó empresarios ni políticos?
El gran desafío del momento es recuperar la confianza de la ciudadanía en la democracia. No será tarea fácil ni de corto plazo. Ello requiere de un trabajo serio, enfocado en el bien común y no en intereses particulares. Si los legisladores miran más su asiento que el horizonte, es probable que los esfuerzos actuales se diluyan y se pierda otra oportunidad de empezar a fortalecer nuestra democracia y no seguir debilitándola.
(*) Periodista
Fuente: El Mostrador
