Chile experimenta su mayor erupción política desde los años ochenta, la que se origina principalmente en la ineficacia de los gobiernos democráticos para corregir las grandes distorsiones y abusos acumulados, aquellos heredados de la dictadura y otros de factura propia. La crisis ha devastado a la derecha, pero ha arrastrando también al gobierno de la Presidenta Bachelet y la Nueva Mayoría, que fueron elegidos precisamente para enmendar rumbos. Los que desde el gobierno y oposición intentan frenar o diluir las necesarias reformas incurren en la ilusa pretensión que las cosas pudiesen continuar como hasta ahora.
La crisis reventó por el lado menos pensado, el de la corrupción política en un país que se preciaba de lo contrario. A seis meses de iniciada todavía no amaina, a pesar de pasos contundentes, decididos y bien encaminados por parte de la Presidenta, como promover y respaldar las propuestas de democratización del financiamiento de la política y el funcionamiento de los mercados junto al reforzamiento de la capacidad del Estado para imponerlas, e iniciar pronto el proceso constitucional, contenidas en el «Informe Engel», y el cambio del gabinete.
En medio del fuerte vendaval desatado, no parece convincente atribuir demasiada relevancia a los inevitables tropezones del gobierno al llevar a la práctica algunas de estas acciones, sin perjuicio que dificultan aún más las cosas. Lo que si resulta grave, en cambio, es la pretensión de frenar los cambios indispensables, en lo que aparecen empeñados la recién elegida cúpula empresarial y algunos tecnócratas, medios de comunicación y opinólogos, y algunos dirigentes y ex dirigentes políticos.
Los primeros intentan aprovechar la fuerte desaceleración que sufren todas las economías emergentes. Ésta ha sido provocada principalmente por el término del denominado «superciclo» de altos precios de materias primas y la reversión de los flujos de capitales especulativos, que los estimularon en la década y media que ha durado la crisis secular de las economías desarrolladas. Todo ello causado extrañamente por el inicio, aunque tambaleante, de la recuperación secular de estas últimas.
Culpan la desaceleración de la economía chilena a la «incertidumbre» generada por las reformas y la crisis política, con el propósito explícito de frenar aquellas. El Presidente del Banco Central ha llevado la voz cantante al respecto, el flamante Ministro de Hacienda ha retomado la cantinela de austeridad fiscal en tiempos de vacas flacas, mientras su colega de Interior debutó hablando contra la mentada «retroexcavadora» reformista, todo lo cual ha sido celebrado moderadamente por la cúpula empresarial, la cual se pone cada vez más exigente con estos ministros que han tenido la peregrina ocurrencia de invitarlos a cenar en medio de la tormenta.
Los principales medios de comunicación y opinólogos se desviven en argumentar en la misma dirección. Algunos ya hablan descaradamente de la renuncia de la Presidenta y proponen su reemplazo por un ex presidente, quien por su parte parece empeñado en reproducir en este apartado rincón del planeta el triste papelón que en otras latitudes han ofrecido los revenidos líderes de la llamada «tercera vía» socialdemócrata de los años 1990.
Hay también quienes desde las sombras se empeñan en «agudizar las contradicciones», con el propósito inconfesable de provocar una reacción ciudadana frente a un caos generalizado que reavive condiciones para una salida conservadora, hoy completamente inexistentes.
Ciertamente, tales maquinaciones se aprovechan siempre de los grupos más inexpertos, frenéticos o irresponsables, y cuando no aparecen los inventan. Sin embargo, la experiencia chilena es clarísima respecto que tales maniobras sólo logran su propósito reaccionario cuando el ciclo de agitación ciudadana ya ha empezado a declinar y que, en cambio, cuando dicho ciclo sigue todavía un curso ascendente como ocurre en la actualidad, las provocaciones solo lo aceleran.
Cuando los gobiernos se paralizan o retroceden frente a situaciones de gran agitación ciudadana como la que se vive, las consecuencias son impredecibles y muy negativas. No es necesario recurrir acá a los muchos ejemplos, clásicos y recientes, que ilustran esta posibilidad y que los dirigentes políticos más experimentados y responsables de todos los sectores conocen muy bien.
Lo que se requiere es precisamente lo contrario, es decir, encauzar la inmensa cantidad de energía que la crisis está liberando hacia la aprobación de las reformas comprometidas por el programa de gobierno.
No retacándolas aún más puesto que son de por si muy moderadas sino, al revés, avanzando todo lo que este impulso popular gigantesco permite realizar ahora, que es muchísimo más de lo que se consideraba posible hace un par de años. Al mismo tiempo, es necesario fijar desde ya en la esperanza de la ciudadanía un horizonte de nuevas reformas que aborden los problemas que todavía quedan pendientes, que son los mayores y más difíciles de resolver, empezando por una Nueva Constitución.
La que aparece más clara en esta idea de conducir la crisis hacia su única solución progresista posible es la propia Presidenta, quién ha debido superar momentos personales de gran dificultad.
Ella podrá cohesionar la acción reformadora de la Nueva Mayoría, que junto a otros sectores políticos que han venido confluyendo, constituyen la formación política propia y adecuada para conducir el actual ciclo de efervescencia popular.
Los partidarios de pisar el freno representan y buscan repetir precisamente lo que ha provocado la crisis, por lo que mal van a poder resolverla. Al revés, pueden provocar que las cosas se pongan color de hormiga, lo cual no beneficia a nadie. Son un verdadero peligro público.
