El Partido Comunista entregó al Ministro del Interior, Mario Fernández, una propuesta de nuevo Sistema de Seguridad Social para el país. En esencia, plantea que en una nueva Constitución Política, el capítulo Garantías Constitucionales, debe incorporar la responsabilidad directa del Estado en la Seguridad y Previsión Social, y elevar a rango constitucional las contingencias mínimas reconocidas internacionalmente que deben ser cubiertas por el Estado.
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En horas de la mañana de este viernes, el Presidente y diputado del Partido Comunista de Chile Guillermo Teillier, y acompañado del también diputado y Secretario General, Lautaro Carmona y Juan Andrés Lagos, miembro de la Comisión Política, se reunieron con el Ministro del Interior y Seguridad Pública Mario Fernández en el Palacio de La Moneda para hacerle entrega de la propuesta del PC al gran acuerdo nacional sobre un nuevo Sistema de Pensiones planteado por la Presidenta Michelle Bachelet.
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En el lugar, el diputado Teillier declaró:
“Nosotros partimos desde la base que este sistema basado en las AFP tiene que cambiar. Esto implica un proceso y nosotros hemos entregado nuestra opinión y propuesta sobre algunas medidas que debiesen hacerse en lo inmediato y en el mediano plazo”.
Por su parte, el diputado Carmona detalló que el documento se sustenta en la conclusión de que el modelo está en crisis y no puede seguir tal como está ahora:
“Dentro de las medidas inmediatas, hemos valorado que la Presidenta Bachelet haya anunciado el crecimiento de un 10% de la Pensión Básica Solidaria. Nosotros creemos que va en el camino del umbral de nuestra propuesta que plantea que sea de al menos un 50% del sueldo mínimo, es decir $125.000. Esperamos que en el debate del presupuesto, además del que se dará en la Comisión del acuerdo nacional que se ha convocado, hemos valorado que se plantee un nuevo pilar solidario de contribución, que es la carga del 5% al empleador, lo que a nuestro juicio debe lograrse en un régimen de 5 años y no 10 y que debe ir a fortalecer un fondo solidario de reparto”, detalló el diputado Carmona.
Dentro de otras medidas a mediano plazo, el Secretario General del PC planteó:
“Se debe abrir paso a la cotización permanente de los trabajadores que son independientes”.
“Lo que proponemos con estas medidas es que lleguemos a un sistema progresivamente mixto, dónde no solo existan tres pilares, sino que los trabajadores tengan la opción real de decidir si se quedan en el sistema público o privado, donde lo público sea crecientemente más relevante, por lo que esta política subsidiaria del Estado en materias de previsión no pueda continuar y que, en la síntesis del Proceso Constituyente, se plantee un capítulo de Garantías Constitucionales vinculado al derecho a la pensión social y del rol del Estado“, finalizó Carmona.
Comunicado: La crisis del sistema de previsión y pensiones demanda y exige respuestas inmediatas y de mediano plazo
Valoramos y somos parte de los centeneras de miles de chilenas y chilenos que se movilizan en las calles del país por una causa noble, democrática y de justicia social. Asimismo valoramos el llamado que ha realizado la Presidenta Michelle Bachelet, y nuestro gobierno, para lograr un acuerdo nacional que enfrente esta crítica situación que afecta a tantos compatriotas.
En el marco de un diagnóstico que pocos hoy en día refutan, hemos entregado al Ministro del Interior Mario Fernández, nuestra propuesta.
Esta plantea que, en la nueva Constitución Política que Chile ha propuesto construir, en el capítulo de las Garantías Constitucionales, se debe considerar la responsabilidad directa del Estado en la Seguridad Social y en la Previsión Social, y elevar a rango constitucional las contingencias mínimas reconocidas internacionalmente que deben ser cubiertas por el Estado.
En lo inmediato, proponemos establecer un sistema de carácter mixto, con preeminencia del componente público de su administración, solidario y con una cotización tripartita que integre el esfuerzo de trabajadores, empleadores y del Estado. Que conjugue un sistema de reparto con la capitalización individual, con una clara y fuerte regulación por el Estado a los actores privados.
Como medidas concretas e inmediatas, proponemos:
1) Aumento inmediato de la Pensión Básica Solidaria, que alcance a lo menos a $125.000.
2) Fondo Colectivo de Pensiones (en equivalencia del Pilar de Ahorro Colectivo Solidario propuesto ya por la Presidenta), administrado por el Estado.
3) Aumento del tope imponible a 120 UF.
4) Incremento de la cobertura del Pilar Solidario, que alcance al 80% de la población. Con ello se debe avanzar hacia una Pensión Básica Universal que esté por sobre la línea de la pobreza.
5) Cambios regulatorios en las administradoras de fondos de pensiones (AFP), en la línea de lo que ha propuesto la Presidenta, especialmente en:
a) La devolución a las cuentas de los afiliados de las comisiones cobradas cuando los fondos tengan rentabilidad negativa.
b) La eliminación de las comisiones por intermediación, cobradas a los afiliados por las AFP.
6) Avanzar hacia una entidad estatal de seguros.
Como medidas a mediano plazo, proponemos:
1) Avanzar hacia la creación de un Fondo Colectivo Tripartito.
2) Fortalecer el Instituto de Previsión Social, para que se convierta en la entidad única centralizada de carácter público que recaude, registre y pague beneficios.
3) Construir un Quinto Pilar de Cuidados del Adulto Mayor.
4) Abrir paso a la Cotización permanente y sistemática de los Trabajadores Independientes.
5) Establecer la Libertad de Afiliación.
Estas propuestas y medidas de respuesta inmediata a las urgencias sociales que no pueden esperar, se conjugan con las de mediano plazo. Creemos posible avanzar en esa dirección. Consideramos que, el primer paso, abrirá mejores condiciones para, democráticamente, seguir adelante en la perspectiva de cambios estructurales al actual sistema previsional, que tantos dramas sociales ha significado para la mayoría de nuestros compatriotas.
PARTIDO COMUNISTA DE CHILE
Viernes 14 de octubre 2016
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Documento: Algunas Propuestas del Partido Comunista de Chile para un Nuevo Sistema de Seguridad Social
El clamor ciudadano mayoritario expresado en las multitudinarias movilizaciones nacionales de julio y agosto bajo la consigna “No más AFP’s”, que instaló transversalmente la urgencia de cambiar el actual sistema de pensiones, constituye la continuidad del movimiento social y político en rechazo al robo de las jubilaciones de los chilenos cometido mediante el engaño y el terrorismo de estado dictatorial, que estableció el Sistema de Capitalización Individual, mediante la creación de las Administradoras de Fondos de Pensiones, que aplicó un modelo de pensiones privado, obligatorio y monopólico, que privó a los chilenos de jubilaciones justas y dignas.
Luchando contra las AFP’s estuvieron desde sus inicios los trabajadores, encabezados por la Coordinadora Nacional Sindical presidida por Manuel Bustos, así como los comunistas y otras organizaciones sociales y políticas. En la sesión especial de la Cámara de Diputados realizada el 16 de agosto, la bancada comunista recordó que “en las condiciones más adversas, cuando no había posibilidad de plantear algo distinto denunciamos y luchamos contra este asalto a los fondos de los trabajadores. Así lo resolvió también el último Congreso Nacional del Partido Comunista de Chile, realizado en abril de este año.
El debate de principios se da entre un sistema de previsión social basado en la solidaridad y uno basado en la lógica individual, debate que en su sentido amplio estuvo presente en el proceso de cabildos para una nueva constitución; la gran mayoría de los chilenos que allí participaron estuvieron de acuerdo que es la solidaridad el principio que debe guiar a la nueva Constitución de la Republica.
Hoy valoramos la voluntad de la presidenta Michelle Bachelet para escuchar este clamor ciudadano y proponer cambios al actual sistema de pensiones, propiciando un acuerdo nacional que apruebe una nueva ley de pensiones durante este Gobierno. Nuestra convicción es que tal acuerdo debe considerar en primer lugar la opinión de quienes representan a la inmensa mayoría de los chilenos, y que los cambios deben traducirse en una mejora inmediata de las pensiones, apoyándose en un pilar de reparto o fondo solidario, y protegiendo el ahorro conseguido con la capitalización individual.
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La realidad actual
El informe de la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones (Comisión Bravo), concluyó que dicho sistema está profundamente deslegitimado en la ciudadanía. Un 70% de los chilenos cree que las pensiones actuales no alcanzan a financiar un nivel de vida adecuado, el 66% opina que “la mayor responsabilidad la tienen las AFP’s”, y un 72% piensa que solo el cambio total del sistema ayudará a mejorar las pensiones.
Al comparar la Comisión las pensiones pagadas entre los años 2007 y 2014 -incluyendo el monto de Aporte Previsional Solidario cuando corresponde- con la línea de pobreza y el salario mínimo del año respectivo, los resultados son que el 79% de las pensiones son inferiores al salario mínimo y el 44% son menores a la línea de la pobreza.
El 50% de los pensionados recibe pensiones que, como máximo, equivalen al 34% de su salario promedio de los últimos diez años, mejorando 9 puntos con el aporte solidario; y se proyecta para los años 2025 y 2035 en 8,3% para las mujeres y 24,7% para los hombres, aumentando con el Pilar Solidario a un 34% y a un 41% respectivamente. Tanto las tasas de reemplazo actuales como las proyectadas están por debajo de los parámetros internacionales.
La industria de las AFP’s tuvo una rentabilidad promedio desde el 2004 al 2015 de 24,66% mientras que en el mismo periodo los cotizantes tuvieron una rentabilidad de 5,43%, acumulando ganancias del orden de los 568.756 millones de pesos anuales, según datos a 2015.
Aunque los administradores del sistema son privados, y constitucionalmente el Estado solo tiene un rol subsidiario y garante de la seguridad social, es éste el que financió directa o indirectamente el 76,7% de las pensiones pagadas en el 2015.
Esto hizo que el déficit fiscal ya existente en el antiguo sistema, aumentara de 1,7% en 1981 al 4,1% del PIB en 2004, siendo superior este último año a 4.000 millones de dólares.
El problema principal del actual sistema de capitalización, es que él se basa en el ahorro individual del trabajador expresada en su cotización previsional y éste ahorro depende de su remuneración. Por tanto, este tema no está desvinculado de los problemas del sistema laboral en su conjunto. Hoy existen bajas pensiones, entre otras causas, porque los trabajadores tienen bajos niveles de ahorro y gran parte de la población cotiza poco, y cuando lo hace es por un sueldo bajo, debido al régimen laboral de bajos salarios, precarización del empleo, informalidad laboral, trabajo part-time, cesantía, la migración.
A esto se suma, una todavía débil fortaleza organizativa de los trabajadores, incapaz de hacer cumplir sus obligaciones a los empleadores que no pagan sus cotizaciones o que les pagan por el mínimo.
Los patrones de inserción laboral obtenidos de la Encuesta de Protección Social 2002–2009, indican que las personas entre 18 y 60 años han estado 41,2% del tiempo asalariados; 12,6% del tiempo ocupados independientes; 34,4% inactivos y 8,6% del tiempo desempleados.
Según la encuesta CASEN 2013, la edad promedio de retiro del mercado laboral es de 69,1 para los hombres y de 64,8 para las mujeres; es decir, las AFP no cumplen con los plazos que su propia normativa establece para pensionarse, 65 en los hombres y 60 en las mujeres.
La misma encuesta Casen 2013 muestra que un 12,5% de los asalariados no cotiza por no tener contrato de trabajo, y un 5,5% no lo hace a pesar de que sus empleadores están obligados a hacerlo; la ausencia de cotización y la sub-declaración de ingresos son también parte de las problemáticas de las pensiones.
El estudio “Análisis y Propuesta para Reducir la Evasión, Sud-declaración y la Cobranza Judicial de la Cotización Previsional”, realizado por la Corporación de Investigación, Estudio y Desarrollo de la Seguridad Social (Ciedess), estableció que al 2013 el stock de deuda ascendía a 1,6% del valor de los fondos de pensiones, notándose la ausencia de una institución responsable de la recaudación de la cotización y del cumplimiento de la ley.
La Encuesta Casen 2015 por su parte, si bien constató una disminución de la pobreza por ingresos desde 14,4% en 2013 a 11,7% en 2015; evidenció al mismo tiempo que la pobreza multidimensional solo disminuyó en 1,3%, siendo la dimensión de trabajo y seguridad social uno de los indicadores que más incide en pobreza multidimensional (CASEN 2015), y el indicador de seguridad social el único que se incrementa en esta dimensión, desde 29,5 a 32,3%, y que refleja un aumento de las personas que no cotizan.
Cambios urgentes
La ilegitimidad del sistema actual de pensiones exige cambios urgentes. La reforma previsional del 2008 realizada por el anterior gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, sin lugar a dudas fue un gran logro, valorado por la ciudadanía, que significó un importante avance hacia las nuevas exigencias de los sistemas de pensiones, al reponer el rol que le cabe al Estado en estas materias y avanzar en la idea de Seguridad Social.
Esto permitió que el 60% más vulnerable de los adultos mayores sobre 65 años tuvieran acceso a pensiones o pudieran mejorarlas. Pero tal reforma solo mejoró parcialmente las pensiones, toda vez que no realizó modificaciones estructurales al sistema de pensiones, sin innovar o alterar la estructura de la capitalización individual.
Consecuentemente, las propuestas anunciadas por la presidenta el 9 de agosto son de toda justicia, y las apoyamos en la medida que avanzan hacia un cambio del actual sistema, al proponer el tránsito desde un sistema privado, monopólico y obligatorio de pensiones, hacia un sistema mixto, tripartito y solidario.
Es tripartito en cuanto incorpora la cotización del empleador, por un monto del 5%, que incrementa la cotización de los trabajadores. Es mixto al proponer la creación de un nuevo Pilar de Ahorro Colectivo Solidario, el cual tiene un carácter solidario.
La cotización adicional de 5% debiera recaudar 1,5% del PIB -3.800 millones de dólares en régimen de aquí a 10 años aproximadamente, 1.500 de los cuales pone el Estado como empleador-, mientras que el Pilar Solidario que hoy atiende a 1.350.000 personas se financia con cerca de $1.800 millones de dólares.
Remarcamos que Chile es uno de los pocos países donde no existe cotización del empleador para el sistema de pensiones, quien está solo representado por su aporte para el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia y para el Seguro de Cesantía.
La propuesta considera además cambios regulatorios a las AFP’s que reduzcan los costos de administración, e incorpora la histórica demanda de la izquierda y de los trabajadores de establecer la participación de los afiliados en la administración de los fondos, lo cual contribuirá a la implementación y fiscalización de estos cambios, y a visualizar futuras modificaciones.
Nuestras propuestas
Desde los más diversos sectores, y a partir de distintos ángulos, la conclusión que surge es que el Estado debe abandonar su rol subsidiario en la seguridad social. El sistema de capitalización individual impuesto por la dictadura en 1981 no solo materializó el traspaso del ahorro previsional de los trabajadores al mercado de capitales, sino que además instauró un sistema de lógica individual, donde cada trabajador, a través de su ahorro, financia su pensión; la iniciativa privada tiene un rol central y el Estado solamente un débil rol fiscalizador.
El sistema de capitalización individual ha entrado en crisis en todos los países donde se ha instaurado y no solo en Chile, porque entiende los sistemas previsionales, que son parte de la seguridad social, como sistemas financieros sujetos a los vaivenes del mercado. Esto es lo que explica el rechazo que genera en la ciudadanía, la cual quiere un sistema de seguridad social en el cual sus ingresos producto sean protegidos y no sometidos a la especulación financiera.
Un elemento esencial de rechazo al actual sistema de pensiones, es que ha permitido que las Administradoras de Fondos de Pensiones, que están constituidas en sociedades anónimas, y cuyos principales accionistas propietarios son en su mayoría de origen extranjero, se adueñen de gran parte de la rentabilidad de los dineros de los trabajadores, existiendo un conflicto de intereses entre los administradores del fondo y los beneficiarios de las pensiones.
Nosotros consideramos que la seguridad social es un derecho fundamental. La demanda ciudadana es avanzar hacia un sistema público de pensiones que supere a las actuales administradoras privadas de fondos de pensiones, y donde el Estado juegue un rol fundamental.
La nueva Constitución en el capítulo de las Garantías Constitucionales, debe considerar la responsabilidad directa del Estado en la Seguridad Social y por ende en la previsión, como asimismo, elevar a rango constitucional las contingencias mínimas reconocidas internacionalmente que deben ser cubiertas por el Estado.
El futuro sistema de pensiones debe considerar el financiamiento con fondos colectivos, y beneficios definidos, que tengan un carácter redistributivo, desde aquellos de mayores ingresos hacia los de menores. También nos planteamos avanzar hacia una Pensión Básica Universal para todas las personas, considerando sus grados de vulnerabilidad; que se combine con un sistema de reparto que otorgue pensiones crecientes a medida que crecen los años aportados, en que se aumenten los beneficios en los primeros años más que en los últimos.
No descartamos la capitalización individual para aumentar el valor de los fondos de pensiones, siempre que su administración esté claramente regulada por el Estado, así como la del conjunto del sistema previsional.
Asimismo, la seguridad social debe abarcar no solo una pensión digna que permita cubrir las necesidades básicas de los adultos mayores, sino también otros beneficios como el acceso a vivienda digna, salud de calidad, transporte público rebajado, desarrollo de sus capacidades, ocio y recreación. Tal derecho a la seguridad social está reconocido por los tratados internacionales.
Propuestas a corto plazo
Estamos por establecer un sistema de carácter mixto, con preeminencia del componente público en su administración, solidario y con una cotización tripartita que integre el esfuerzo de trabajadores, empleadores y del Estado, y que conjugue un sistema de reparto con la capitalización individual, con una clara y fuerte regulación por el Estado a los actores privados. Hoy, en democracia y no en dictadura, existen las condiciones para realizar estos cambios.
Como medidas concretas proponemos:
1) Aumento inmediato de la Pensión Básica Solidaria.
Como primera medida, de carácter inmediato, junto con valorar el anuncio presidencial de aumentar en 10% la Pensión Básica Solidaria, proponemos que ésta alcance a lo menos $125.000, que es el equivalente al 50% de lo que la Ley ha establecido como salario mínimo.
Proponemos financiar dicho aumento con recursos provenientes de los Fondos Soberanos (uno de cuyos componentes es el Fondo de Reserva de Pensiones), que a julio de 2016 eran de 9.348,25 millones de dólares, a cuenta del 5% de la cotización adicional del empleador; y recursos resultantes de la disminución en 30% de los sueldos y dietas de los directivos superiores del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, incluyendo las empresas del estado.
2) Fondo Colectivo de Pensiones (equivalencia del Pilar de Ahorro Colectivo Solidario propuesto por la Presidenta) administrado por el Estado.
El 5% de cotización adicional a cargo del empleador, debe ser gradual en 5 años, integrará los aportes del Estado como empleador y debe ir íntegro a un Fondo Colectivo de Pensiones –componente de seguro social que operará bajo un esquema de reparto- administrado por el Estado.
La entidad estatal más indicada para administrar el Fondo es el Instituto de Previsión Social, ya que en la actualidad administra los regímenes previsionales de las cajas de previsión y el sistema de pensiones solidarias, y posee una red multiservicios que llega a todos los rincones del país, todo lo cual disminuirá el costo de administración.
Al incorporársele nuevas funciones, debe ser fortalecido para asegurar la calidad de su funcionamiento en la entrega de información periódica de aportes, registros y beneficios a sus afiliados, tiempos de tramitación de pensiones, seguridad en los procesos de inversión y contabilidad, personal capacitado en atención, tecnología, eficiencia en el pago de las pensiones, entre otras áreas.
Para ello será potenciado con un modelo de gobierno corporativo para asegurar los mejores estándares de gestión, y que incorpore en su directorio la representación de trabajadores activos y pensionados.
3) Aumento del Tope Imponible a UF 120.
Elevar el tope imponible de UF 74,3 = $1.919.618,76 (valor UF de $26.224,30 al 19 de septiembre), a UF 120 = $3.146.916 -valor que está vigente para el seguro de cesantía- lo que elevará los ahorros previsionales y contribuirá al aumento de las pensiones.
4) Aumentar la cobertura del Pilar Solidario.
La cobertura de esta política pública, que hoy alcanza el 60% de la población, debe extenderse en este periodo al 80%, avanzando en la lógica de constituir el piso mínimo de la pensión, es decir, una Pensión Básica Universal que esté por sobre la línea de la pobreza, monto que se debe actualizar permanentemente.
5) Cambios regulatorios en las administradoras de fondos de pensiones.
Valoramos y hacemos nuestros los cambios regulatorios a las AFP’s planteados por la Presidenta Bachelet, particularmente:
a) la devolución a las cuentas de los afiliados de las comisiones cobradas cuando los fondos tengan rentabilidad negativa
b) la eliminación de las comisiones por intermediación cobradas a los afiliados por las AFP’s, que deben ser asumidas por ellas como costos de administración, en concordancia con la propuesta 30 de la Comisión Asesora Presidencial sobre Sistema de Pensiones. Esto implica reducir la rentabilidad de las AFP’s desde el 27% promedio de los últimos 15 años hasta un 14%, cifra de rentabilidad que sigue siendo alta.
c) Eliminar el cálculo de tablas de mortalidad diferenciadas por sexo, e instaurar tablas unisex con un cálculo uniforme.
d) Incorporar la participación de los afiliados y pensionados a los directorios de las AFP’s para que participen en la administración de sus fondos.
e) Que los antiguos cotizantes sean incluidos en el proceso de licitación de cartera.
f) Los tribunales de Cobranza Laboral y Previsional han demostrado su incompetencia para solucionar el pago de las cuantiosas deudas provisionales, se hace necesario encontrar un mecanismo para su reintegro a los fondos previsionales de los cotizantes.
6) Avanzar hacia una entidad estatal de seguros
Consideramos que las propuestas previamente mencionadas deberían ser resueltas durante el actual gobierno.
Propuestas a mediano plazo
Es necesario avanzar hacia otras medidas otras medidas dirigidas a consolidar un sistema de seguridad social global para las personas mayores en nuestro país, como las siguientes:
1) Avanzar hacia la creación de un Fondo Colectivo Tripartito
Para reforzar un Fondo Colectivo Tripartito, proponemos agregar a la cotización del 5% de cargo del empleador, un 5% adicional proveniente del Estado, y reasignar además un 5% del 10% de cotización del salario imponible, lo cual reforzará el objetivo de asegurar mejores pensiones actuales y futuras.
2) Recaudador y pagador único
Fortalecer el Instituto de Previsión Social, IPS, para que se convierta en la entidad única centralizada de carácter público que recaude, registre y pague beneficios, distribuyendo el aporte del 5% de la cotización del afiliado a las AFP’s, y dejando en el Fondo Colectivo Tripartito el 5% del aporte adicional del Estado y el 5% reasignado de la cotización del afiliado. Este último se deducirá de aquellos ingresos iguales o superiores a $400.000. Todo ello se adecúa a las recomendaciones de la OCDE en cuanto a reducir costos con una administración centralizada a nivel nacional.
3) Hacia un Quinto Pilar de Cuidados del Adulto Mayor
Para mejorar la calidad de vida del adulto mayor, y ampliar e integrar políticas que atiendan sus necesidades asociadas a costo de vida, cuidados de salud y empleo, institucionalización de sus cuidados, fortalecimiento y ampliación de su autonomía y funcionalidad en la vida diaria en un entorno cercano a sus domicilios, y para favorecer la participación e integración social de las personas mayores, la Comisión Asesora Presidencial planteó tres propuestas específicas: crear el Sistema de Protección Integral de las Personas Mayores (Propuesta 38), crear e implementar una Ley de Dependencia (Propuesta 39), e incentivar la creación de Centros de Día (Propuesta 40) para personas mayores y personas con ciertos grados de dependencia y en situación de discapacidad.
Además, los adultos mayores contarán con una Tarjeta Nacional de Transporte que permitirá una tarifa rebajada en el transporte público. Junto a ello, también se propone establecer una línea de financiamiento, proveniente del Estado, para retribuir los servicios de cuidados del adulto mayor.
4) Avanzar en la Cotización de los Trabajadores Independientes
Apoyamos la propuesta de la Presidenta Bachelet de asegurar a “quienes desarrollan carreras laborales o tienen periodos laborales como independientes”, que “estén integrados al sistema previsional y tengan también sus beneficios y sus obligaciones (…) incorporaremos gradualmente su obligación de cotizar”. Los trabajadores independientes que cotizan en el sistema previsional son 150.055, un porcentaje muy menor del total de estos trabajadores, los que conforman apenas el 2,9% del total de cotizantes al sistema. Proponemos que los trabajadores a honorarios que perciban rentas superiores a los 700 mil pesos coticen obligatoriamente en 10% de su devolución de impuestos.
5) Libertad de afiliación
Una de las grandes criticas al sistema de pensiones en Chile es que constituye un sistema de ahorro obligatorio, pues los trabajadores pueden elegir una AFP pero siempre dentro del esquema de capitalización individual. La propuesta es avanzar gradualmente en la posibilidad de elección del sistema previsional de los trabajadores, que los primeros 400 mil pesos de ingresos del trabajador den paso a una cotización obligatoria al sistema de reparto y sobre este monto pueda elegir el sistema que prefiera, o sistema de capitalización individual o sistema estatal de reparto.
Nuestras propuestas tienen gran concordancia con las conclusiones de la Comisión Bravo, coincidiendo con el contenido de las 58 propuestas específicas aprobadas por mayoría por la Comisión.
Experiencia internacional
Para definir el futuro sistema de pensiones también que debemos considerar las experiencias de otros países. En Uruguay y Costa Rica existen sistemas mixtos, que combinan el reparto y la capitalización individual, y muestran tienen buenos índices de cobertura y suficiencia. En Europa los sistemas de pensiones de casi todos los países, incluyendo Alemania, son públicos, incluyen modalidad de reparto y funcionan atendiendo a los estándares de la seguridad social.
También en Estados Unidos el sistema es principalmente público, sobre la modalidad de reparto, si bien admite un sistema de seguros individuales, pero en todo caso, complementario. A nivel mundial el 71,8% de los sistemas previsionales son públicos, con la modalidad de reparto; el 22,4% son mixtos y sólo el 5,9% son de capitalización individual. (Jorge Acuña, ingeniero Civil Industrial; “Sistema de AFP chileno: La Gran Estafa. ¿Qué sistemas de pensiones existen en el resto del mundo? ¿Cuál es la mejor solución para Chile?”, julio de 2013).
El Seminario Internacional “Sistemas de Pensiones: Experiencias y Desafíos en Iberoamérica”, realizado el 27 de septiembre recién pasado en Santiago, organizado por el Ministerio del Trabajo-Subsecretaría de Previsión Social, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), corroboraba que lo que hoy prevalece en los sistemas de pensiones del mundo no es la tendencia de capitalización individual sino más bien la tendencia a la reversión en los países que la introdujeron.
Al mismo tiempo, surgía también como conclusión la necesidad de revisiones y reformas periódicas en el sistema para ir adaptándolo a las circunstancias cambiantes.
