Una tormenta en un vaso de agua, alentada por los medios de comunicación y los sectores conservadores de la coalición de Gobierno, se desencadenó luego que la bancada de diputados del Partido Comunista anunció que recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por el control preventivo de identidad.
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La jefa de la bancada de diputados de esa colectividad, Karol Cariola, dijo, a nombre de los legisladores del PC, que recurrirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra de esta medida, incluida en la ya aprobada agenda antidelincuencia del gobierno.
“Vamos a ir a la Comisión Interamericana de DD.HH., como bancada del Partido Comunista, porque creemos que en esto hay que poner atención”, dijo a La Tercera. Y agregó: “Estamos estudiando cuáles son las formas, los requisitos y las necesidades para poder hacerlo lo antes posible”.
La diputada señaló que están analizando todas las posibilidades para poder concretar esta acción.
La mayor parte de los medios interpretó que se tratará de una demanda contra el Estado. Ahí quedó la zafacoca. Burgos, fue el primero que saltó:
«No se entiende. Es impropio de un partido que es parte del gobierno que patrocinó el proyecto de ley en cuestión».
Ahora se preocupa de la integridad de la coalición de Gobierno, pero nada dice cuando camaradas de partido, como Ignacio Walker, torpedean derechamente las reformas, o cuando otros, como Andrés Zaldívar, las «cocinan» con la derecha.
Sin embargo, la polémica de morondanga llegó hasta ahí, cuando la propia diputada Cariola aclaró el verdadero sentido de la acción. Sostuvo que en ningún caso se trata de una demanda contra el Estado chileno, sino que buscan una fórmula para que la CIDH observe la aplicación de la ley, por lo que se estudian los mecanismos para llevar esto a cabo.
«Esto no implica en ningún caso hacer una demanda a un organismo internacional del Estado chileno», dijo la diputada comunista.
«Tenemos interés de que la Corte, en el resguardo de los derechos humanos que le compete, pueda observar cuál es la aplicación práctica que se le da a esta medida, porque estamos convencidos de que puede llevar a situaciones arbitrarias».
Respecto a las razones que tendría la bancada para recurrir a la CIDH -organismo internacional que depende de la OEA-, Cariola sostuvo:
«Queremos evitar que esta sea una norma que permita generar arbitrariedades, que genere consecuencias discriminatorias con algunas personas, que las personas puedan llegar a sentir trastocada su dignidad, su seguridad y su libertad”.
El ministro vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, valoró la aclaración que realizó el PC respecto a que no se trata de una demanda contra el Estado chileno, y recordó que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) observará la correcta aplicación de la norma:
«Habría sido bien incomprensible que se denunciara al Estado de Chile por una legislación que se acaba de dictar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De esa perspectiva, valoro esta aclaración que ha hecho la diputada Cariola, pero desconozco la propuesta que están haciendo», dijo el vocero.
«No me corresponde a mí señalarle al Partido Comunista lo que tiene o no tiene que hacer, lo que sí le digo, y creo que ya lo dijo la directora del INDH, Lorena Fries, es que por cierto que seguramente va a ser una materia que van a observar porque es su rol, para eso lo creamos».
Fallida ofensiva del PS
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La acción -que se concretaría una vez que se promulgue la nueva ley aprobada en el marco de la agenda corta antidelincuencia- se da luego de que la bancada de diputados del PS fracasara ayer en su intento por reunir 30 firmas para presentar un requerimiento ante el Tribunal Constitucional.
Sobre la frustrada ofensiva ante el TC, el presidente de la Cámara, Osvaldo Andrade (PS), comentó ayer que “defender los derechos de las personas no siempre es comprensivo, pero al final del día, en la perspectiva, uno se da cuenta de que hay cosas que hacer, incluso con el riesgo de perder”.
El fallido recurso del PS también fue comentado por el vocero de gobierno, Marcelo Díaz, quien dijo ayer que “nos parecía que no era un buen camino para un proyecto presentado por el Ejecutivo”.
En ese sentido, señaló que “esperamos que esto nos permita prontamente promulgar la agenda corta de seguridad ciudadana”.
