El Comunicado conjunto número 55 del Gobierno nacional y las guerrillas de las FARC-EP, titulado “Agilizar en La Habana y desescalar en Colombia” fue una buena noticia para aquellos sectores de la sociedad colombiana interesados en que la perspectiva de una solución política del conflicto social y armado continúe abriéndose paso, en medio de los más variados e intensos ataques del militarismo y la ultraderecha.
La intensificación de las acciones bélicas en las semanas previas al anuncio del mencionado comunicado, con todos los impactos negativos que éstas producen sobre la población, había producido alborozo entre quienes sueñan con una ruptura del proceso de La Habana para retornar al escenario de la solución militar. Al mismo tiempo, puso en evidencia los peligros que asechan un proceso de negociaciones cuando se decide negociar en medio de la confrontación, tal y como lo ha impuesto el Gobierno, aduciendo que lo contrario sería concederle ventajas militares al enemigo.
Por ello, acordar la continuación de la negociación buscando avanzar con mayor celeridad en los puntos pendientes de la Agenda y al mismo tiempo generando condiciones de desescalamiento, me parece un asunto de gran calado en el momento actual del proceso. La posibilidad de avanzar hacia un cese bilateral de fuegos y hostilidades con el acompañamiento de la ONU y Unasur, aún antes de la firma de un eventual Acuerdo final, genera nuevas opciones y le podría dar mayores impulsos al proceso en la medida en que permitiría negociar lo pendiente sin las interferencias, en ocasiones graves, que produce la confrontación bélica. Cada vez hay mayor evidencia para afirmar que el modelo de negociar en medio de la guerra es indeseable y se ha agotado.
Sin entrar en valoraciones de las situaciones y hechos específicos que condujeron al anuncio del Comunicado número 55, como por ejemplo, la petición de cese bilateral por parte de los países garantes y acompañantes, o el cese unilateral por un mes anunciado por las FARC-EP, o la suspensión de los bombardeos ordenada por el presidente Santos, lo cierto es que se está frente a un compás que han abierto las Partes que, en los términos del citado comunicado, señala:
“En cuatro meses, a partir de la fecha, cada una de las delegaciones hará una primera evaluación tanto del cumplimiento de estas medidas de desescalamiento, como de los resultados de los esfuerzos para agilizar los avances en la Mesa, y tomará las decisiones que considere pertinentes”.
Esta frase me parece de una tremenda complejidad y debería llamar al juicio y la sindéresis en el tratamiento que se le da en los medios de comunicación al proceso de La Habana, como a las reflexiones que producen los llamados formadores de opinión.
Si se juzgara por múltiples y reiteradas expresiones, que sólo indican desconocimiento, cuando no mala intención, tal vez sea conveniente invitar a una lectura juiciosa de la Agenda para de ahí inferir al menos la dificultad mayúscula de los puntos pendientes. Y ello, sin hacer referencia a la lectura y estudio de los acuerdos parciales (con sus salvedades), de los comunicados conjuntos y de los propios anuncios y propuestas guerrilleras.
La importancia histórica del proceso, así como el momento que él vive, exige transitar hacia escenarios de mayor calidad de la información y del análisis.
No puede seguir haciendo carrera ?y merece ser enfrentada con mayor decisión, en medio de las asimetrías conocidas? una producción de opinión y de comunicación que en lugar de contribuir a hacer camino, enrarece y entorpece. Desde luego que sería ingenuo pensar que ello no hace parte del mismo proceso.
Es obvio que su único escenario no es la Mesa de conversaciones.
No es ningún secreto que en la definición del tema de Justicia se encuentra uno de los nudos gordianos del proceso y la posibilidad de que éste pueda encauzarse en forma definitiva hacia el campo de la irreversibilidad.
Quienes conocen la Agenda saben que la Justicia no era un punto explícito de la negociación. Su inclusión resultó de la definición por las Partes de principios para tratar el Punto 5 sobre “Víctimas”. Y podría afirmarse que su abordaje se infería, además, de la materia del Punto 3, “Fin del conflicto”.
Así es que la cuestión de la Justicia adquirió una doble faceta. Por una parte, inscrita dentro del compromiso de las partes de dar respuesta a los derechos de las víctimas; por la otra, por su indiscutible relación con el punto “Fin del conflicto”, que además fue definido en la propia Agenda como un “proceso integral y simultáneo”, referido a siete subpuntos de la mayor dificultad.
En una aproximación básica, una cuestión de tal complejidad no puede ser reducida a un entendimiento de justicia en el que la pregunta principal es la de si hay o no cárcel para los guerrilleros, o, mejor, para los llamados máximos responsables, entiéndase la comandancia guerrillera. Me temo que a ello se intenta inducir y reducir en forma peligrosa el debate público en una orquestación demagógica acerca de los derechos de las víctimas.
Dejando de lado asuntos de gran calado, como el esclarecimiento de la verdad, la reparación y las garantías de no repetición, pareciera ser que la fórmula de justicia que se pretende imponer socialmente a través de los medios de comunicación es la de la cárcel para la dirección Conflicto y solución política
guerrillera.
Semejante enfoque no permitirá que haya un acuerdo final. Como bien sentenció Otto Morales Benítez en entrevista con Claudia Morales, pocos meses antes de su muerte: “nadie firma un acuerdo de paz para luego ir a la cárcel”.
Así es que el primer gran reto que aprecio en relación con lo que sigue de la negociación es sacar el tema de la Justicia del ámbito del juzgamiento penal, el castigo, la pena y la cárcel para la dirección guerrillera, para llevarlo a una dimensión de mayor complejidad, como es la que está en proceso de diseño por las Partes tras su anuncio ?en medio del acuerdo para la conformación de una “Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición”? de concebir un “Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición”.
Ese sí es un camino para aproximar el reconocimiento y la materialización de los derechos de las víctimas del conflicto, más allá de la muy limitada Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras.
Contrastan con las propuestas de las FARC-EP en materia de Víctimas, que aspiran a trascender ese estrecho marco, las afirmaciones de Plenipotenciarios gubernamentales que indican que en esa materia no hay tareas pendientes dado que se estaría frente a uno de los diseños más progresistas que existe en la actualidad a nivel mundial. Todo ello, para argumentar a favor de limitar el debate de Víctimas a la cuestión de la Justicia.
Sobre el supuesto de que la cuestión de la Justicia debe ser abordada como parte de un sistema integral, cualquier definición que se pretenda explorar frente a ella conlleva la necesidad de sustraerla de los enfoques de la dogmática jurídica que se mueven en los restringidos contornos del derecho penal.
El proceso de paz necesita ser enriquecido con los desarrollos de la filosofía política y, en especial, de las teorías de la justicia que hace rato rompieron el cerco del castigo y la pena, para situarse en esfuerzos colectivos de la restauración y la transformación social.
Por ello, la solución a la cuestión de la Justicia es inicialmente filosófica y política, antes que jurídica.
Para avanzar con celeridad se requiere un acuerdo político en esa materia, esto es, un acuerdo sobre los presupuestos de una definición de Justicia, que –establecidos? necesariamente lleven a la constatación de que con el orden de justicia estatal existente, incluido el llamado Marco jurídico para la paz, será imposible avanzar tal y como las Partes se lo han propuesto durante los meses que vienen.
Dado que no se trata de cualquier Justicia, sino de la Justicia para materializar los derechos de las víctimas y al mismo tiempo para sentar las bases que permitan la terminación de la confrontación armada, la construcción social pendiente consiste en concebir un sistema de justicia que dé cuenta de esa particularidad y excepcionalidad histórica. Con base en un acuerdo sobre la excepcionalidad del sistema, que requeriría el correspondiente blindaje constitucional, lo que sigue serían los diseños del mecanismo de justicia, su operación y su ritualidad.
A la dificultad propia de concebir este sistema para garantizar los derechos de las víctimas, se le suma la que resulta de los contenidos del Punto 3 sobre “Fin del conflicto”.
Llamo lo atención de que en su lectura juiciosa, además de destacarse que se trata de un “proceso integral y simultáneo”, como ya se dijo, se advierten, entre otros los siguientes temas de negociación:
“1. Cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo.
2. Dejación de armas. Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil –en lo económico, lo social y lo político?, de acuerdo con sus intereses.
3. El Gobierno Nacional coordinará la revisión de la situación de las personas privadas de la libertad, procesadas o condenadas, por pertenecer o colaborar con las FARC-E. P.
4. En forma paralela el Gobierno Nacional intensificará el combate para acabar con las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, incluyendo la lucha contra la corrupción y la impunidad, en particular contra cualquier organización responsable de homicidios, masacres o que atente contra los defensores de derechos humanos, movimientos sociales movimientos políticos.
5. El Gobierno Nacional revisará y hará las reformas y los ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la paz.
6. Garantías de seguridad.
7. En el marco de lo establecido en el Punto 5 (Víctimas) de este acuerdo se esclarecerá, entre otros, el fenómeno del paramilitarismo.”
Y ello, sin considerar todavía los asuntos del Punto 6 de “Implementación, verificación y refrendación”.
El buen juicio indica que durante los siguientes meses se adelantarán negociaciones decisivas para el futuro del proceso, que pueden marcar o no el punto de inflexión hacia el camino de un eventual Acuerdo final.
Lo que viene dista de versiones simplificadas o distorsionadas de la Agenda.
A los que llaman a un acuerdo ya y pretenden imponer plazos perentorios les convendría la recomendación de leer y estudiar la Agenda y además comprender que se está en una negociación y no en un proceso de rendición y entrega.
(*) Profesor del Departamento de Ciencia Política, Universidad Nacional de Colombia
Fuente: Espacio Crítico
