El Gobierno expresó hoy su “solidaridad” con la mujer que fue detenida en un hospital de la ciudad de Calama, adonde se dirigió por problemas de salud después de inducirse un aborto. La Ministra del Servicio Nacional de la Mujer, Claudia Pascual, consideró que lo ocurrido en Calama hace necesario un debate “serio” sobre la “vulneración de derechos” que afecta a las mujeres.
“Lo primero que queremos es manifestar nuestra solidaridad (…), la preocupación que tenemos por su estado de salud y la difícil situación que vivió estando hospitalizada y luego detenida en el Hospital de Calama por haber recurrido a una práctica de aborto”, dijo en un comunicado la ministra directora del Servicio Nacional de la Mujer, Claudia Pascual.
El sábado pasado, la joven de 25 años fue ingresada en el hospital de Calama por una hemorragia vaginal y un fuerte dolor abdominal.
El ginecólogo que la atendió en el servicio de urgencias encontró restos de Misoprostol, un fármaco para úlceras cuyos efectos secundarios se usan para abortar.
El facultativo denunció el aborto a la policía, que detuvo a la joven en el mismo hospital.
La ministra Pascual consideró hoy que hechos como el de Calama hacen necesario un debate “serio” sobre la “vulneración de derechos” que afecta a las mujeres en Chile, al esta el aborto prohibido en cualquier circunstancia.
La autoridad agregó que “la Agenda de Género del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet se hace cargo de la realidad que viven las mujeres de nuestro país, cuando se ven enfrentadas a situaciones como las que vivió Karen. Por esta razón se envió un proyecto de ley al Congreso, que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en caso de tres causales específicas”.
El proyecto de ley presentado busca que el deber de confidencialidad sea superior al deber de denuncia, y así permitir que la relación médico/a-paciente no esté condicionada por la amenaza penal asegurando el resguardo de la salud integral de la mujer.
Cabe recordar que junto a Chile, solo El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Malta y El Vaticano, constituyen el selecto grupo de los seis países del mundo donde está penalizado el aborto ante cualquier evento.
