El sueño americano o, en inglés, the american dream manifiesta el orgullo de los estadounidenses de vivir con igualdad de oportunidades, lograr prosperidad y riqueza solo con esfuerzo y dedicación. Como todo sueño, probablemente no sea tan generalizado como quisieran, pero se creó la idea en la cultura del ciudadano medio que muchos podían acceder a ello. En nuestro país, a juzgar por los últimos acontecimientos, la elite institucionalizó el chilean dream: “la pasá”. La cultura de la boleta, incluso entre quienes tienen los recursos para autofinanciarse campañas con dineros propios, como la senadora Von Baer, que es un ejemplo de ello.
¿Por qué el ex subsecretario Pablo Wagner iba a hacer favores a Penta gratuitamente si él también podía “ir en la Pasá”?.
En efecto, consigna CIPER, el subsecretario de Minería del gobierno de Piñera recibía una remuneración de $6,7 millones al mes; pero, en los 29 meses que permaneció Wagner en el puesto -como indica la querella presentada por el SII- registró ingresos extras mediante operaciones fraudulentas.
Recuérdese que como los altos funcionarios tienen dedicación exclusiva, decidió que mediante su cuñada se le entregaran fondos desde Penta por 42 millones (más aún, muchos observadores estiman extraño que aún no aparezca Wagner con traspasos desde Soquimich ya que tuvo un rol relevante en la fraudulenta asignación de la licitación del litio a la empresa de Ponce Lerou, tanto que le costó el puesto).
Además, complementó sus ingresos con otros 24 millones que le traspasó Génesis Partners, una sociedad de inversiones a la cual supuestamente había renunciado.
Pero, adelantarse a la fila pasando por la banda o, dicho en términos financieros, usar información privilegiada para ganarse rápidamente unos cuantos millones es otra forma de “pasá”.
La Superintendencia de Valores y Seguros en 2009 acusó a Sebastián Piñera de utilizar información privilegiada para la compra de acciones en la empresa LAN. La utilización de información privilegiada es un delito tipificado en la Ley Orgánica Constitucional Nº 18.045 del Mercado de Valores que en su Artículo 164 lo define y en su Artículo 165, la Ley dicta que “Cualquier persona que en razón de su cargo, posición, actividad o relación tenga acceso a información privilegiada, deberá guardar estricta reserva y no podrá utilizarla en beneficio propio o ajeno, ni adquirir para sí o para terceros, directa o indirectamente, los valores sobre los cuales posea información privilegiada”.
Los hechos: el 24 de Julio de 2006 el directorio de LAN acordó repartir un dividendo provisorio de USD $0.15071 por acción ya que las utilidades de la compañía llegaban a 31%. Pocas horas después Inversiones Santa Cecilia S.A. e Inversiones Mineras del Mar Cantábrico S.A. compraron 3.000.000 y 250.000 acciones, respectivamente, a un valor de $ 3.280 cada una.
Todo fue conocido por los agentes financieros y el público, solo dos días después.
La SVS comprobó que Sebastián Piñera era representante de Inversiones Santa Cecilia y que acudió a la sesión del directorio de LAN el día 24. Así como Juan Cueto que también asistió y compró acciones ese día y que fue condenado por la Corte Suprema en 2010. La SVS condenó a Piñera –recién en 2009- por infringir el deber de prohibición de adquirir valores sancionado en el inciso 1º del Articulo 165 de la ley 18.045 de Valores.
“La pasá” le permitió utilidades inmediatas a ambos y el control de la aerolínea.
El Informe Global de la Corrupción 2009 de Transparency International incluyó “la pasá” de Cueto y Piñera que le reportó 700.000 dólares en un par de días a este último. Cueto fue sancionado a pagar 1.620 UF, unos $32 millones, y Piñera, a una suma cercana a los $360 millones.
Todo Chile sabe que Piñera no solo fue presidente de Chile pese a esta condena sino que, además, es notorio que pretende repostularse.
No es extraño entonces que uno de sus discípulos preferidos, el también ingeniero comercial de la Universidad Católica, Juan Bilbao, hizo exactamente lo mismo… pero esta vez, perjudicando a capitalistas norteamericanos. En efecto, el regulador del mercado de valores en Estados Unidos (SEC), presentó una demanda civil contra el empresario, acusándolo de usar información privilegiada.
Bilbao hizo masivas compras de ADRs de los laboratorios CFR entre marzo y mayo de 2014 – indica El Mostrador- en el país norteamericano, teniendo información confidencial de la oferta de Laboratorios Abbott –dada su posición como director de la firma– y que el mercado sólo conoció públicamente el 16 de mayo de 2014. Esto le reportó una ganancia superior a la de su maestro, de alrededor de US$ 10 millones.
“Los contraté cuando eran unos niños de pecho. El guatón Bilbao ya era macizo y Parodi, un colorín flaco. Eran brillantes cabezas, que no sólo cumplieron con las expectativas, sino que las superaron”, dijo Piñera en noviembre de 1999, recordando a sus retoños financieros, según lo señala el diario electrónico.
En 2001, Parodi (el colorín flaco), al igual que Hurtado Vicuña, Fernández León, José Antonio Garcés y Juan José Mac-Auliffe –no así Bilbao– fueron sancionados por la SVS, por comprar acciones del Banco de Chile y de la sociedad matriz SM Chile teniendo conocimiento (información privilegiada) de la intención de Quiñenco (el holding de Luksic) de comprar el Banco de Chile.
Es evidente que la ridiculez de las sanciones es un aliciente para que “las pasás” sean reiteradas y más bien un trofeo en ese mundo.
Otra “pasá” de gran ocurrencia es “adelantarse” a los cambios en los planes reguladores, es decir, saber o disponer de un cierto cambio y comprar los predios que se beneficiarán. Si bien, el caso Caval es emblemático, en realidad si el comprador hubiese tenido otro nombre no habría ningún escándalo porque no lo ha habido pese a que se hace con gran frecuencia. Jamás la derecha ha aceptado en el parlamento una regulación legal de las plusvalías que se obtienen por estos medios, según lo denunció el senador Montes.
La alcaldesa de Lo Barnechea, Marta Ehlers, no pudo repostular por quinta vez a ese cargo en 2008 por irregularidades en su gestión, las que CIPER investigó y corroboró.
Actas, documentos y operaciones inmobiliarias en su comuna relatan cómo el Plan Regulador que aprobó el 2002 le permitió vender su propiedad el 2005 a un precio tres veces mayor de lo que costaba antes de dicho instrumento. En la operación tuvo un papel crucial su marido, el empresario inmobiliario, ex tesorero del partido y ex alcalde de Las Condes Carlos Correa.
No hubo sanción legal alguna!!.
En la municipalidad de Las Condes, a cargo de Francisco de La Maza (UDI), la propia Contraloría General de la República en el documento oficial DMSAI 492–reporta el periódico Cambio21- señala:
«Se ha establecido (…) que es efectivo lo señalado por el recurrente en cuanto a que el alcalde (De La Maza) de esa municipalidad (Las Condes) ha tenido y tiene intereses en sociedades inmobiliarias, varias de las cuales no incluyó en las declaraciones sobre intereses y patrimonio que presentó ante esta Contraloría y que tampoco se inhabilitó de participar, primero como concejal y luego como alcalde, en las sesiones del Concejo Municipal en que se realizaron modificaciones al Plano Regulador Comunal, conforme lo prescrito en el dictamen Nº 25.517, de 2004, en relación con el principio de probidad administrativa».
Tampoco hay sanciones por ello.
Sin duda, que la generalidad de los negocios de las inmobiliarias para obtener las plusvalías ante cambios en las condiciones de los terrenos es una “pasá” que encandiló a la empresa Caval al punto que se evaluó mal que la suegra o madre podía ser presidenta de la República en solo meses. El Banco de Chile, negociando a través directamente de su propietario Andrónico Luksic participó también cobrando una suma descomunal por el crédito concedido. Era una manera de pedir parte de “la pasá”.
En definitiva, para algunos hay leyes pero no se aplican. Si así fuese, habrá que fiscalizar y tener sanciones mucho más significativas para quienes no aplican las leyes estando en posiciones en que esto es obligatorio.
De todos modos, las leyes establecen penas suficientemente bajas como para que no cumplan el papel de hacer desistir a los que cometen tales delitos. Esto aplicado a los negocios también ayudará a evitar fraudes al fisco y desvíos hacia campañas.
Ya no se escuchan voces que insistan en lo perverso de que las empresas donen a la política y, peor aún, que sea con descuentos impositivos. Pero, nada asegura que no volverá todo esto camuflado de alguna manera.
Fuente: Primera Piedra
