Nuevas Pruebas Sobre la Ilegitimidad de la Ley de Pesca

Por si no fuesen suficientes los antecedentes conocidos hasta ahora sobre la ilegitimidad de origen de la Ley de Pesca, la desclasificación de un correo electrónico de Michel Campillay, dirigente sindical de Corpesca y asesor de Marta Isasi, al entonces gerente general y hoy formalizado por cohecho, Francisco Mujica, demuestra cómo la empresa llevaba un minucioso control del voto en la ley de pesca, de los que el sedicente «asesor» denominaba como «nuestros parlamentarios».

Corpesca: El email que demuestra cómo la industria pesquera controlaba el voto de los parlamentarios

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En la carpeta de investigación existe un correo electrónico donde Michel Campillay, dirigente sindical de Corpesca, le informa al exgerente de la empresa Francisco Mujica sobre la votación de los distintos articulados de la Ley de Pesca. En las plantillas, que pudo revisar The Clinic Online, se da cuenta del actuar de cada parlamentaria y parlamentario y cómo estos votaban en la sala. El minucioso análisis de los sufragios tiene 14 páginas y explica en detalle lo que se aprobaba y rechazaba del proyecto. La información se conoce a días de que el fiscal a cargo del caso Emiliano Arias fuera marginado de la causa y cuando una de las aristas del caso abriría un nuevo flanco a la Nueva Mayoría.

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El 19 de julio de 2012, a las 10.23, Michel Campillay, dirigente sindicalista de Corpesca, envió un correo al entonces gerente de la empresa, Francisco Mujica, con copia a Miguel Ángel Escobar, Andrés Napolitano, Pedro Moren y Emilio Mazzarelli.

El email, que Mujica a su vez reenvió a Ramón Pino, señala con letra mayúscula la manera en que algunos parlamentarios habían votado la cuestionada Ley General de Pesca en la Cámara Baja y consigna “así votaron nuestros parlamentarios”. En el texto, al que tuvo acceso The Clinic Online, se incluyó un análisis de los sufragios en esa semana con anotaciones donde se indicaban, por ejemplo, los votos faltantes para que las licencias que se entregarían quedaran con el rótulo de indefinidas, entre otras indicaciones.

En una planilla se identifica la sesión, en qué trámite se encuentra, el tipo de votación y el quórum. Además de anotaciones con la cantidad de votos que obtuvo un articulado y subrayado en rojo y con mayúscula algunos comentarios. Como en la indicación que se relacionaba con los pueblos originarios, donde se deja en claro que dicha indicación se habría aprobado en caso de que el exdiputado Orlando Vargas hubiese estado presente. “Aquí Vargas no votó. Con su voto se habría aprobado la indicación”, resalta.

En las 14 páginas de las plantillas que revisó este medio, están subrayados también los nombres de algunos parlamentarios. Por ejemplo: en rojo figuran los nombres del senador Pedro Araya (PRI), que en la época diputado; y de los exparlamentarios Nino Baltolu (UDI), Marta Isasi (Ind), Manuel Rojas (UDI) y Orlando Vargas (PPD). El diputado PC, Hugo Gutiérrez, aparece marcado con amarillo. Se trata de políticos que en la época representaban a los distritos 1, de Arica; 2, de Tarapacá; y 4 de Antofagasta. En todos ellos, hay presencia de la empresa.

El asunto llamó la atención del Ministerio Público y una de las últimas diligencias del fiscal Emiliano Arias, antes de ser apartado de la causa, consistía, precisamente, en revisar a qué aludía Campillay con el término “nuestros parlamentarios”, flanco que no se había abordado, pese a que el material estaba hace mucho tiempo en la carpeta de investiación. Al interior de la Nueva Mayoría había preocupación por estos avances y las consultas de Arias, y en particular su solicitud para conocer las rectificaciones al SII de las pesqueras, tenía a varios nerviosos. En particular porque el persecutor se ha especializado en casos de corrupción.

Al respecto, consultado por The Clinic Online, el senador Araya precisó que desconocía la existencia del correo electrónico y planteó que no tenía vínculo alguno con Campillay, ya que en su zona operaban otros dirigentes sindicales de la empresa, con quienes hubo vínculos por asuntos laborales.

Campillay, en su declaración ante la fiscal Ximena Chong el pasado 12 de mayo cuando, en calidad de testigo, explicó que había usado el término “nuestros parlamentarios” en relación a los senadores Jaime Orpis y Fulvio Rossi.

En la oportunidad, además, tal como publicó The Clinic Online, sostuvo que la administración del ex gerente general de Corpesca Francisco Mujica, “se puede definir en una frase: todo vale”. Mujica está hoy formalizado y querellado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) bajo el delito de soborno y por el SII debido a la comisión de delitos tributarios por la autorización aportes ilegales a Isasi que sumarían unos $60 millones; y a Orpis por más de $ 250 millones.

Campillay en aquella oportunidad aseveró que por dos años tuvo “carnet de asesor de Marta Isasi”.

En la carpeta de investigación figura que, además, ingresó en 2012 como asesor de Baltolu.

Al respecto, el exdiputado precisó que “yo no pertenecía a la comisión pesca, pero como no estaba Marta Isasi, ni Vargas, me ubicaron a mí para ver si yo podía asistir a la comisión de pesca. Les dije que sí, porque soy de Arica y acá es un tema importante. Cuando llego, afuera había un montón de gente y él me pregunta si puede entrar, y le digo que sí, que entrara como asesor mío. Eso es todo”.

EL FUTURO DE ABBOTT

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Hace una semana, el fiscal nacional, Jorge Abbott, marginó a Arias de la causa Corpesca e inició un sumario en su contra sobre la base de que éste, en una entrevista en el diario La Tercera, había señalado que existía corrupción en la génesis de la ley de pesca.

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A esa fecha, según pudo reconstruir The Clinic Online, de acuerdo a fuentes de la Fiscalía y documentos que constan en la carpeta de investigación de la causa -cuyo eje central lo encabeza la fiscal Ximena Chong-, Arias había impulsado durante los meses de julio y agosto la incautación de antecedentes tanto en el Congreso como en todas las pesqueras que presentaron rectificaciones entre los años 2010 a 2015. Esta situación habría alterado el ánimo en la clase política que podría haberse visto expuesta a una nueva crisis, similar a la que provocó el financiamiento transversal de campañas por parte de Soquimich.

Tal como adelantó este medio, un elemento crucial en la trama es la actitud reacia del Servicio de Impuestos Internos (SII) a colaborar con las indagatorias, ya que se ofició en dos ocasiones a esta instancia para que entregara los detalles de los antecedentes proporcionados por las pesqueras, algunas de las cuales habían realizado hasta cuatro rectificaciones en el periodo requerido. De hecho, según los antecedentes que maneja este diario, el SII no ha entregado lo requerido por el fiscal Arias.

El asunto, explican en Fiscalía, fue tornándose complejo porque dentro de los blancos de investigación que en su minuto manejó Arias -además de dirigentes de las empresas como Valeria Carvajal (Gerente General de Fipes), Luis Felipe Moncada Arroyo (Presidente de Asipes), Héctor Bacigalupo (Presidente de Sonapesca), Rodrigo Sarquis Said (vicepresidente de Pesquera Blumar)- figuraban parlamentarios como Jorge Ulloa (UDI) Antonio Horvath (IND, ex RN), Clemira Pacheco (PS) , Iván Fuentes (pro DC) y Patricio Walker (DC), ya que aparecían mencionados en correos electrónicos de ejecutivos de Corpesca.

En ese escenario, los fiscales a cargo nombrados por Abbott serán quienes determinen si es necesario -como lo pensó Arias- continuar indagando y profundizando la arista de Corpesca, que abriría nuevos flancos en la clase política con una elección municipal ad portas y con las presidenciales instalándose en el debate. A la par con eso, la investigación que abrió Abbott en contra de Arias, según fuentes bien informadas, es el inicio de una guerra civil al interior del Ministerio Público.

Fuente: The Clinic