Sebastián Piñera vendió su participación del 33% del proyecto Dominga a su amigo, el convicto Carlos Alberto Délano, en US$152 millones, en 2010, mientras desempeñaba su primer período como gerente de la la república.
Recibió US$14 millones de dólares al contado, en Santiago y el saldo de US$138 millones, en tres cuotas, en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes, donde Piñera tiene depositada la mayor parte su cenagosa y huidiza fortuna.
El detalle consiste en que el primer pago se efectuó el 10 de diciembre de 2010; el segundo el 18 de enero de 2011 y el saldo quedó pendiente hasta el 31 de diciembre de 2011, condicionado a que el gobierno no declarara reserva natural la zona donde se emplazaría Dominga, lo que finalmente sucedió, y por tanto, se timbró el tercer pago.
Dado que la operación se realizó mientras Piñera desempeñaba la presidencia de la república, se configuran de oficio delitos administrativos, tales como cohecho (1); exacción ilegal (2 ); tráfico de influencias; (3) violación de secretos (4); conflicto de interés (5) y negociación incompatible (6).
La misma historia de siempre: Piñera utilizó el gobierno para enriquecerse tanto él como sus amigos; como antes lucró con la liquidación de activos públicos o atropelló alterna o indistintamente, la ética y la norma legal.
Sucesos como la quiebra fraudulenta del Banco de Talca, la compraventa de Chilevisión; la compraventa de LAN y las millonarias multas por colusión; la compra de acciones de Exalmar; la utilización de empresas zombis y sociedades fantasma en paraísos fiscales para evadir impuestos; los fideicomisos tuertos; la triangulación de AFP Hábitat, Moneda Asset e Inmobiliaria La Construcción y los casos Cascadas, Chispas, Penta, SQM, y Enjoy, tienen como factor común la participación directa o indirecta; pública o secreta y legal o ilegal de Sebastián Piñera Echeñique.
Todo esto es suficientemente conocido. La pregunta es por qué la institucionalidad, la prensa, el parlamento y los organismos reguladores o fiscalizadores, tales como la Contraloría General de la República, el Servicio de Impuestos Internos, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y la Comisión para el Mercado de Valores, le han dado la pasada a cada una de esas turbias operaciones y lo han dejado llegar tan lejos, al precio de degradar, quizá de manera irremediable, el prestigio y reputación de la Presidencia de la República.
En esta ocasión ¿nuevamente mirarán para otro lado y silbarán para el techo?
Negocios de familia
La relación de las familias Piñera y Délano en el proyecto Dominga es de larga data. De hecho, en junio de 2010, Piñera dispuso la relocalización de la termoeléctrica Barrancones, proyecto que Suez Energy canceló en agosto del mismo año, por inviabilidad financiera y necesidad de un nuevo estudio de impacto ambiental, no para «proteger el medio ambiente, la naturaleza y nuestra biodiversidad y, al mismo tiempo, cumplir y hacer cumplir la ley y ser respetuoso de nuestra institucionalidad y nuestro Estado de Derecho», como dijo en la oportunidad, sino para despejar Punta de Choros para el proyecto Dominga.
Por cierto, la intervención de Piñera, contra toda lógica, viento y marea en el ambientalmente criminal proyecto Dominga, adquirió un ritmo frenético, porque sabe que si no lo deja instalado antes de que termine su gobierno, su compinche Délano perderá un platal.
«Sorpresivamente», en abril pasado, el Tribunal Ambiental acogió una reclamación de Dominga, y anuló las resoluciones de la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo y el Comité de Ministros durante el gobierno de Bachelet II, y ordenó una nueva votación de la Comisión Ambiental de Coquimbo, esta vez «ajustada a derecho».
Esta se realizó el 11 de agosto pasado, dos días después de publicado el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC, que describe daños ambientales irreversibles, y como era previsible, la aprobación ganó mirando para atrás, por 11 votos a 1.
Todavía están pendientes un fallo de la Corte Suprema y una apelación al Tribunal ambiental, por lo cual es matemáticamente imposible que el proyecto Dominga complete su tramitación en los descuentos del paralizado gobierno de Piñera; de forma que su futuro depende de la victoria de Sichel; lo cual implica decir que sus posibilidades son más bien módicas e ilusorias, pero eso es harina de otro costal.
Desde agosto de 2014, cuando estalló el caso Penta, con el protagonismo estelar de Carlos Alberto Délano, y la participación de sociedades de Piñera entre bambalinas, la información sobre el incestuoso maridaje entre la política y los negocios saturó los medios de comunicación, escandalizó a los chilenos; degradó hasta niveles no suficientemente estudiados, el prestigio de la denominada clase política, constituida por las dos coaliciones mayoritarias de la república neoliberal, y estuvo en el origen de la indignación popular que se manifestó el 18 de octubre de 2019.
Sin embargo, al poco andar, aparecen los mismos personajes, enredados en una trama similar para imponer un proyecto extractivista a gran escala, que no sólo destruirá un ecosistema único en el mundo, de gran belleza escénica, sino que arruinará a las comunidades locales, en nombre del progreso, las fuentes de trabajo y el crecimiento de la economía, habituales cuchufletas para encubrir la sobre-ganancia de los propietarios de los proyectos.
Es como si no hubieran aprendido nada en estos últimos cinco años; o tal vez aprendieron -de hecho, Délano se graduó de licenciado en ética en un curso marmicoc- pero la codicia es más fuerte.
Escándalo Mundial
La diferencia cualitativa es que esta vez los pillaron con los dedos en el cajón, sobre la base de abundante prueba documental. Piñera, Délano y Cía no contaron con la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIJ que tuvo a LaBot y a CIPER a cargo del capítulo chileno, y seguramente se sorprendieron, el domingo 3 de octubre, al comprobar que el caso Dominga era noticia de orden global.
Es decir, no sólo Dominga, a fin de cuentas un subproducto, sino centenares de casos de evasión tributaria en paraísos fiscales, que además de Piñera, tienen a otros dos presidentes latinoamericanos en ejercicio -Guillermo Lasso de Ecuador; y Luis Abinader de República Dominicana- en la picota mundial de la corrupción; así como a 35 ex-presidentes, 336 políticos, 130 billonarios de 90 países y numerosas figuras del deporte y la farándula, como «Pep» Guardiola, técnico de Manchester City y la cantante colombiana Shakira, entre otros.
Pandora Papers está entre las mayores investigaciones periodísticas colaborativas internacionales de todos los tiempos, con la participación de 151 medios de 117 países y más de 600 periodistas, que analizaron 11,9 millones de documentos, de un «peso» de 2,94 TeraBytes, acerca de 14 proveedores de servicios y administración de empresas y fideicomisos en distintos países (7), en jurisdicciones consideradas como paraísos fiscales.
La noticia está necesariamente en desarrollo, porque la del domingo solo fue la primera andanada. Dado que se trató de una noticia mundial, ni el sistema mediático ni la clase política pudieron ignorarlo.
Entonces se asiste a la habitual comedia de la hipocresía, en que el primero le presta sus espacios a los segundos para desviar la atención. Por de pronto, la oficina de prensa de la presidencia sostuvo la inamible chiva de que Piñera no ha tenido idea sobre el proceso de venta del proyecto Dominga:
«El presidente no ha participado en la administración de ninguna empresa desde hace más de 12 años, antes de asumir su primera presidencia». A esta altura, cabría esperar una pizca de creatividad. (8)
Sichel pide «dar las explicaciones necesarias», Kast llama a una «investigación urgente» y Provoste descubre que la gravedad de lo publicado «obliga al Presidente a explicar al país si usó o no su cargo para sus negocios personales».
¡Sublimes hipócritas!.
Después volverán a decir que no la vieron venir.
Sin embargo, en esta ocasión la evidencia es tan indesmentible, que no son pocos los analistas, «expertos», opinólogos de variopintos pelajes e incluso embozados portavoces del partido del orden, que se preguntan seriamente si Piñera logrará terminar su mandato.
En lo que realmente importa -porque Piñera es un muerto caminando- el proyecto Dominga verá la luz no antes de que a las ranas les salga pelo.
Una pausa y ya volvemos.
(*) Director de Red Digital
Notas:
(1) El funcionario público que en razón de su cargo solicite o acepte un beneficio económico improcedente);
(2) El funcionario que sin autorización para la exacción de una contribución o de un servicio personal, los exija bajo cualquier pretexto); uso de información privilegiada (el funcionario que, con el propósito de obtener para sí o para un tercero un beneficio económico, haga uso directa o indirectamente de un secreto o información reservada de que tenga conocimiento en razón de su cargo);
(3) El funcionario que influya en otro empleado público prevaliéndose del poder que sobre éste le dé el ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con él o con otro empleado público para conseguir una resolución que pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero;
(4) El funcionario que revele de cualquier forma los secretos de servicio de que tenga conocimiento por razón de su cargo;
(5) Situación juridica en la que el juicio del individuo -concerniente a su interés primario- y la integridad de una acción tienden a estar indebidamente influidos por un interés secundario, de tipo generalmente económico o personal; existe conflicto de interés cuando en el ejercicio de las labores dentro de una institución, sobreviene una contraposición entre el interés propio e institucional.
(6) Delito de peligro (no requiere resultado) consistente en interesarse en cualquier, negociación, actuación, contrato u operaciones por funcionarios públicos, liquidadores, administradores, en que toman interés en razón de su cargo o funciones.
(7) All About Offshore (Seychelles) Limited (Aabol); Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal); Alpha Consulting Limited (Alpha); Asiaciti Trust Asia Limited (Asiaciti); CCS Trust Limited (CCSL, anteriormente Commonwealth Corporate Services Limited); CIL Trust International Inc (Cititrust); Commence Overseas Limited (Commence BVI); Demetrios A. Demetriades LLC (DAD Law); Fidelity Corporate Services Limited (Fidelity); Glenn D. Godfrey and Company, LLP (GDG); Il Shin Corporate Consulting Limited (Il Shin); Overseas Management Company, Inc. (OMC); SFM Corporate Services S.A. y SFM Corporate Services (Dubai) Ltd. (SFM), y Trident Trust Company (BVI) Limited (Trident).
(8) El comunicado es citado por varios medios de comunicación, entre ellos, in extenso en El Mercurio electrónico. Sin embargo, no aparece en el portal de Prensa Presidencia .
