El primer indicio de que Pablo Longueira estaba implicado en el financiamiento irregular de la política lo entregó Hugo Bravo, el ex gerente general de Penta, quien señaló que durante 2013 se le habían entregado más de cien millones de pesos en efectivo para su campaña presidencial de ese año. Antes de contarlo a los fiscales, Bravo se lo recordó a uno de los controladores del holding, Carlos Eugenio Lavín, cuando éste lo visitó en su departamento luego de que fuera desvinculado de la empresa. Bravo grabó esa conversación, la que después se hizo pública.
“En efectivo (dinero) fue a Pablo Longueira, antes y después, deben haber sido $ 140 o $ 150 millones”, se escucha a Hugo Bravo decirle a Lavín en la grabación. En esa misma conversación, Bravo le recuerda a Lavín que esos dineros los cobró en efectivo y los sacó del Banco Penta. “Ningún otro banco me entrega $50 millones (en billetes) sin preguntar”, le puntualiza Bravo, quien luego le enumera los dineros del grupo que habían ido a manos de personeros de la UDI.
Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano
Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano
Las posteriores declaraciones de Hugo Bravo y de los controladores de Penta a la Fiscalía proporcionaron más detalles de esas entregas de dinero. El 2 de octubre de 2014, Bravo relató cómo desde el holding se le entregaron $100 millones a Longueira en un maletín:
“Para la campaña de primarias de Pablo Longueira, Lavín y Délano lo financiaron con cerca de $100 millones (…). Me pidieron que se lo entregara (el dinero) a Longueira en efectivo. Esta suma yo la transferí a mi cuenta Settelman del Banco Penta por dos montos de $50 millones y solicité que se me entregara el dinero en efectivo en mi propia oficina. Para ello llamé por teléfono al gerente general del banco, Andrés Chelchenisky, indicándole que necesitaba en efectivo $50 millones de mi cuenta. Subió a una oficina una cajera y un guardia con el dinero y una máquina para contar billetes. Me la entregaron en un sobre-bolso café. Yo fui con el bolso a la oficina de Carlos Lavín y se lo mostré (…). Luego, mi secretaria Mylene llamó al contacto y yo se los entregué, pero no recuerdo quién era. Esto lo hice en mi oficina. A la semana se repitió la operación por $50 millones más. Finalmente, cuando Longueira ya se había bajado, creo que le entregaron al mismo contacto otros $35 millones, que eran para que Longueira viviera después que se bajara como candidato. El depósito no sé quién lo hizo, pero me lo contaron Délano y Lavín”.
El desarrollo de esa investigación permitió determinar que esos dineros provinieron de contratos forwards irregulares que Penta firmó con la empresa VSA, de Roberto Carrasco, el empresario y amigo de Laurence Golborne que abrió una nueva arista del caso al revelar cómo otras diez grandes empresas donaron plata a políticos por la vía ilegal.
En su declaración ante la Fiscalía, Carlos Eugenio Lavín confirmó los $100 millones en efectivo que el Grupo Penta le donó a Longueira: “Respecto de Pablo Longueira, sé que aprobamos para su campaña junto a Carlos Alberto (Délano) un aporte de 100 millones de pesos. La entrega de ese dinero la hizo Hugo Bravo y él me dijo que lo habría hecho en efectivo. Por lo que me contó en agosto o septiembre de este año, Hugo Bravo habría hecho unos forwards para disponer de efectivo. Para eso hizo cuatro contratos entre Empresas Penta y una sociedad VSA”.
Cuando declaró el otro controlador de Penta, Carlos Alberto Délano (5 de enero de 2015), ratificó lo dicho por su socio: “Respecto de Pablo Longueira señalo que no nos ha pedido ningún aporte, sino que nosotros decidimos apoyarlo y contactamos a su candidatura. Entiendo que se le aportó alrededor de 100 millones de pesos y creo que lo implementamos por intermedio de Hugo Bravo”.
LAS REDES TRANSVERSALES DE LONGUEIRA
Aunque los millonarios pagos a su red de boleteros desde SQM son los que más complican a Pablo Longueira, en las distintas aristas de la investigación de la Fiscalía se han ido recogiendo nuevos antecedentes sobre aportes políticos asociados al ex senador desde otras empresas.
Recapitulando las empresas mencionadas más arriba, la red de boleteros vinculada al ex ministro incluye a Copec, del Grupo Angelini y el Banco BCI, de la familia Yarur. Ambas empresas rectificaron los pagos. No hay información respecto de si ocurrió lo mismo con el dinero que entregó vía boletas la empresa de Horst Paulmann, Cencosud. Tampoco se sabe si rectificó Metalpar, la sigla de Metalúrgica Paredes, que se dedica a la fabricación e importación de buses para el transporte público.
Otra empresa que registra un pago vinculado a Longueira es Senexco, parte del grupo inmobiliario Sencorp, propiedad de Abraham Senerman Lamas, cuyos proyectos han dado forma a Sanhattan y dueño del 50% de Valle Nevado. Hasta fines de 2013, Senexco era manejada por su hijo, Ricardo Senerman Volochinsky. No hay información disponible sobre si rectificó en el SII esos pagos y canceló los impuestos y multas correspondientes.
Más desconocida es la Inmobiliaria Lomas de Quelén, vehículo de inversión de la familia Pérez Cruz,integrada por diez hermanos liderados por Andrés Pérez Cruz. Este grupo tiene una participación relevante en Gasco y un porcentaje menor en la CMPC.
Casi anónima es Inversiones Afa, propiedad de Álvaro Fischer Abeliuk, quien presidió la Fundación Chile durante el gobierno de Sebastián Piñera. Desde 2014, Fischer es director de Copec (propuesto por AFP Provida), y es uno de los fundadores de Resiter, empresa que se dedica al negocio de la basura industrial.
También figura un pago de Inversiones Río Bueno, de propiedad de los ex presidentes de la Sofofa, Bruno Philippi y Andrés Concha (fallecido). Río Bueno ha participado en la empresa eléctrica Pilmaiquén, en el Grupo Security y en Puerto Ventanas con porcentajes menores.
Otra empresa que registra pagos asociados a Longueira, esta vez directos, es Aguas Andinas. La sanitaria comenzó a pagarle mensualmente $3 millones en abril de 2014 a Asesorías e Inversiones LB, la sociedad de Longueira y su esposa. Hasta enero de 2015 esos pagos continuaron, sumando $27 millones y no fueron rectificados por la sanitaria.
El entorno de Longueira también registra otros pagos investigados desde dos pesqueras: la Asociación de Industriales Pesqueros de la Región del Bio Bio (Asipes) y Pesquera El Golfo, que perteneció al grupo Yaconi-Santa Cruz hasta que en 2011 se fusionó con Pesquera Itata, de la familia Sarquis, dando paso a Blumar S.A., una de las empresas que se benefició con la Ley de Pesca que se tramitó en el Congreso mientras Longueira era el ministro del ramo.
Un caso aparte es Corpesca, la empresa del Grupo Angelini que protagoniza la tercera arista de la indagatoria por las platas políticas ilegales y que registra en 2012 dos pagos, por un total de $18 millones, al Centro de Estudios Sociales y Ciudadanos, rectificados por la pesquera. Esa sociedad fue constituida el 26 de enero de 2009 por uno de los colaboradores más cercanos al ex senador gremialista, el ex alcalde de Recoleta Gonzalo Cornejo, en asociación con Darío Chacón. Cornejo asesoró a Longueira en el Ministerio de Economía entre julio de 2011 y mayo de 2012.
Arturo Lavín Aliaga, quien era representante legal del Centro de Estudios Sociales y Ciudadanos cuando Corpesca realizó esos dos pagos, declaró ante la Fiscalía el 21 de agosto de 2015 que el contacto con Francisco Mujica, ex gerente general de Corpesca, se lo hizo Carlos Feres, asesor de Longueira durante la tramitación de la Ley de Pesca (recientemente fallecido y cuyo hijo, Carlos Feres Ducci, registra dos boletas rectificadas de SQM por $12 millones).
Lavín Aliaga declaró: “Conocí a Francisco Mujica a través de un amigo, Carlos Feres, con quien estaba tomándome un café frente al Ministerio de Economía”. Y agregó que en mayo de 2012 Feres le dijo: “Mujica se acordó de ti y me pidió que le prepares una propuesta”. Esa propuesta se tradujo en un estudio sobre los actores y sus mensajes en medio de la tramitación de la Ley de Pesca, un trabajo con el que justificó parte de los $18 millones que recibió de Corpesca. Si bien hay una copia de dicho estudio en la carpeta del expediente Corpesca, recientemente Mujica declaró que no conocía a Arturo Lavín Aliaga.
Sobre estos pagos y otros antecedentes que figuran en el expediente Corpesca, Pablo Longueira debía declarar como “testigo” este 8 de marzo ante la fiscal Ximena Chong. No se sabe qué fue lo que motivó al ex senador a postergar una semana su cita con el Ministerio Público.
INVESTIGADO POR COHECHO
Al día siguiente que CIPER revelara el intercambio de correos electrónicos entre Pablo Longueira y el entonces gerente general de SQM, Patricio Contesse, el que incluyó el traspaso de información privilegiada sobre un proyecto de ley de royalty minero que en 2010 preparaba el gobierno de Sebastián Piñera, el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, quien está a cargo de la investigación de los pagos ilícitos de SQM a políticos, confirmó lo publicado por CIPER. Gómez informó, además, que desde enero Pablo Longueira está siendo investigado por el posible delito de cohecho.
Y se entiende. Porque el contenido de los correos revelados por CIPER indica que Pablo Longueira no se limitó a mostrarle a Patricio Contesse lo que el gobierno preparaba para aumentar temporalmente el royalty a la minería y así recaudar dineros para la reconstrucción tras el terremoto y tsunami del 27 de febrero. Longueira le entregó a Contesse -casi un mes antes de que el proyecto ingresara al Congreso- la información clave de ese proyecto de ley que afectaba directamente los intereses de Soquimich, y luego el entonces senador sirvió de trampolín para recibir la contrapropuesta que elaboraron en la propia minera (vea reportaje de CIPER: “Cambio clave de la ley de royalty que benefició a SQM salió del computador de Contesse”).
Los adjuntos a esos correos que entregó CIPER a sus lectores, indican que la redacción que le envió de vuelta Contesse a Longueira, fue finalmente la que se impuso en la ley que se aprobó. Contesse logró modificar un artículo del borrador del proyecto sobre royalty minero, lo que le permitió a SQM acceder a la invariabilidad tributaria. Será ahora la justicia la que deberá determinar qué perdida representó esa modificación para el Estado (respecto del proyecto original) y quiénes le ayudaron a obtener ese beneficio tributario interviniendo en la redacción de la ley.
Una vez promulgada la ley, en 2011 fue en el mismo Ministerio de Economía, del cual era titular Pablo Longueira, que se firmaron los contratos que incluían las nuevas cláusulas con las filiales SQM Salar y SQM Nitratos.
Con la información entregada por el fiscal Pablo Gómez, ahora deberá reunirse en una sola y cuarta carpeta, la indagación de Pablo Longueira. En ella se acumularán todos los antecedentes que arroja la investigación de los pagos ilícitos efectuados y rectificados por Soquimich, y también los recogidos en esta investigación y que incluyen las boletas por pagos de trabajos no realizados de al menos 13 empresas a su extensa red de boleteros y fundaciones.
Fuente: CIPER Chile
