Guardó silencio por Penta. También por SQM. Pablo Longueira, uno de los coroneles de la UDI y ex ministro de Economía de Sebastián Piñera, fue a declarar hace unas semanas por los dos casos de platas políticas en los que es investigado. Por cierto, en silencio y arropado por la discresión del sistema mediático, tan incisivo y vocinglero en otros casos.
Su círculo cercano ya figura en diversas investigaciones: Los antecedentes que apuntan a Pablo Longueira en los casos de platas políticas
por Ignacio Vera
Aparece en los tres casos de financiamiento irregular de la política. Pablo Longueira es investigado por haber recibido $100 millones desde Penta, por tener una serie de ‘boleteros’, entre los que se cuenta su hijo José Tomás, que recibían millones desde SQM, y por su rol en la tramitación de la Ley de Pesca que favoreció a los grandes actores de la industria, entre ellos a Corpesca del grupo Angelini. Las evidencias de los primeros dos son más claras que en el último caso. A esto se suman los aportes de Luis Enrique Yarur, dueño del banco BCI, a cercanos del ex ministro de Economía de Sebastián Piñera dentro de la UDI. Con las nuevas diligencias realizadas por la Fiscalía, el cerco sobre Longueira se estrecha cada vez más. Razón por la cual será “muy difícil que reemerja como un líder con potencia electoral”, como sostiene Claudio Fuentes de la UDP.
A esto se suma la declaración de Luis Enrique Yarur, dueño del banco BCI, del 13 de enero, ante la Fiscalía en el marco del Caso Penta. Este señaló haber aportado dinero a personeros del gremialismo. “Yo tengo afinidad por un partido político que es la UDI y por lo tanto presumo que todos estos aportes son para personas de dicha agrupación”. Refiriéndose a pagos rectificados por el BCI ante el Servicio de Impuestos Internos.
Estas platas fueron recibidas por Ana Carolina Palacios, cuñada de la ex jefa de gabinete de Pablo Longueira; Carmen Soza del Río, ligada a la Fundación Jaime Guzmán; Juan Masferrer, ligado a la UDI; Gustavo Alessandri, ex concejal UDI; el actual alcalde de La Florida, Rodolfo Carter; y el estudio jurídico Ossa, Long y Macaya, perteneciente al diputado UDI Javier Macaya. También nombra a Ximena Carvacho y Jorge Brito.
A su vez, en el Caso Penta Longueira es investigado por un aporte de $100 millones que el ex gerente general del grupo, Hugo Bravo, dice haber entregado en efectivo. Esto quedó registrado en la conversación que Bravo mantuvo, y grabó, con uno de los dueños del holding, Carlos Eugenio Lavín. Allí el ex gerente general detalló que el pago “en efectivo fue a Pablo Longueira, antes y después, deben haber sido $ 140 o $ 150 millones. Que los millones los cobraba en efectivo y los sacaba del Banco Penta. Ningún otro banco me entrega $ 50 millones (en billetes) sin preguntar”.
Luego, en su declaración ante la Fiscalía, Bravo agregó que el Grupo Penta incluso habría desembolsado otros $35 millones «para que Longueira viviera después que se bajara como candidato», aludiendo a su renuncia a la carrera presidencial debido, según se explicó públicamente, a que enfrentaba una severa depresión.
Por su parte, los dos dueños de Penta reconocieron los préstamos a Longueira en sus declaraciones: “No nos ha pedido ningún aporte, sino que nosotros decidimos apoyarlo y contactamos a su candidatura. Entiendo que se aportó alrededor de 100 millones de pesos y creo que lo implementamos por intermedio de Hugo Bravo. Ignoro la manera en que se concretó este aporte. No recuerdo haberle hecho otro aporte de 35 millones después de que se hubiera bajado su candidatura, como afirmó Hugo Bravo”, declaró Carlos Alberto Délano. Asimismo, Carlos Lavín sostuvo saber «que aprobamos para la campaña de Pablo Longueira junto con Carlos Alberto un aporte de 100 millones de pesos. La entrega de ese dinero la hizo Hugo Bravo y él me dijo que lo habría hecho en efectivo”.
Las intenciones de la Fiscalía eran preguntarle a Longueira por estos aportes, pero él guardó silencio.
El caso más complejo para el ex ministro de Economía es SQM, donde la sociedad “Asesorías e Inversiones LB SpA” de Longueira y su esposa María Brinkmann, es investigada por haber recibido $65 millones en 13 pagos entre 2014 y 2015 desde SQM.
El futuro político de Longueira se ve complicado según Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales. “Su retiro producto de todo lo que le pasó en la presidencial más este caso de vinculación con plata, donde sabemos que además Longueira ha sido un importante recaudador de fondos para la UDI, hace que sea muy difícil que reemerja como un líder con potencia electoral”, sostiene.
Lo anterior porque, así como hay millones desde SQM que se presume fueron directamente para Longueira, también hay una larga lista de boleteros que apuntan hacia él.
Los boleteros en SQM
Son varios los indicios que hacen pensar que el Caso SQM puede tocar a la gran figura de la autodenominada “derecha social”. Como publicó en su momento El Mostrador, el Servicio de Impuestos Internos denunció a 172 contribuyentes para que sean investigados por el Ministerio Público. Entre estos, hay varios nombres muy cercanos al ex ministro de Economía de Sebastián Piñera
En primer lugar, está su hijo José Tomás Longueira Brinkmann, quien en 2010 emitió boletas por $4.450.333 a la empresa de Ponce Lerou. Pero es solo uno de los nombres vinculados a su padre que emitieron boletas a la minera no metálica.
A fines de noviembre la Fiscalía envió un oficio a la PDI para que realizara un análisis sobre los flujos de dinero de las cuentas corrientes de los boleteros en el caso SQM. Aparte del ex vicepresidente de RN, Claudio Eguiluz, y el ex embajador DC Marcelo Rozas, en la lista se encuentra el hijo de Pablo Longueira, José Tomás, y también la ex encargada de prensa del gremialismo, Lily Zúñiga.
En la lista destaca Carmen Luz “Titi” Valdivieso, una de las más cercanas asesoras del ex senador. De acuerdo a testimonios de terceros en la investigación, ella habría sido la encargada de coordinar la entrega de boletas por servicios que jamás se prestaron, todo lo cual habría beneficiado a Pablo Longueira.
Por ejemplo, el abogado Ricardo Jorquera Gutiérrez, quien boleteó a SQM por $6.666.667, dijo que fue contactado por Valdivieso a través de un compañero de universidad. “Iba a un correo de una persona conocida como ‘Titi’ Valdivieso (…) ella era la persona que estaba organizando esto, son muchos los compañeros que emitieron boletas, mucho más de 10”. Otra persona, Solange Hermosilla, quien entregó boletas a SQM por $5.555.556, declaró al SII: “Quiero dejar en claro que los servicios jamás los presté, sólo emití la boleta de honorarios en el año comercial 2009, donde fui contactada por una persona que la llamaban ‘Titi’ Valdivieso creo que su nombre es Carmen Luz Valdivieso, quien al parecer es asesora de Pablo Longueira”.
Esta semana se conoció una nueva declaración de la secretaria del ex gerente general de SQM, Patricio Contesse, Katherine Bischof. En ella señala que conoció a ‘Titi’ Valdivieso: “La conocí como la coordinadora de la Fundación WEB y de la Fundación Chile Justo (ambas de Longueira), en el año 2007 cuando yo llegué, ya que SQM hacía donaciones a fundaciones, y a estas dos fundaciones les hacía donaciones, y posteriormente supe que era la secretaria de don Pablo Longueira, ya que ella coordinaba las reuniones conmigo”.
Según el testimonio de Hermosilla, ‘Titi’ Valdivieso no solo la contactó para emitir boletas a SQM, sino que también a otras empresas, entre las que se encuentran el Centro de Estudios Nueva Minería, dirigido por un cercano a Longueira, Cristián Leay, quien también es miembro del directorio de TVN. Longueira y Leay tienen, además, otras dos sociedades juntos: IMEX y Comercial L y L. En el caso de Nueva Minería, comparte domicilio con la Fundación Chile Justo de Longueira, la cual pidió a terceros emitir boletas a SQM a través de ‘Titi’ Valdivieso, por ejemplo, al concejal RN Patricio Lazcano, quien boleteó por $12 millones.
Otra empresa para la que habrían emitido boletas es Pesquera Golfo S.A., según el testimonio que entregó a la Fiscalía la contadora Solange Hermosilla. En su declaración señala que Valdivieso le pidió emitir una boleta por $5 millones líquidos a SQM. Pero agrega que la asistente de Longueira “no solo me contactó para emitir la boleta de honorarios a SQM, sino que también a otras empresas, como Pesquera el Golfo y Centro de Estudios Nueva Minería, en 2009 y 2010, a las cuales nunca presté servicios”.
Pesquera el Golfo fue una de las beneficiadas con la Ley de Pesca aprobada durante la gestión de Longueira en el Ministerio de Economía. Golfo S.A., propiedad del grupo Yaconi-Santa Cruz, se fusionó en 2011 con la Pesquera Itata de la familia Sarquis, lo que dio origen a lo que hoy es Blumar.
El 1 de febrero de 2012, mientras se tramitaba la ‘Ley de Pesca’, Longueira fichó para su cartera al hijo de uno de uno de los socios de Blumar. Se trata de Juan Manuel Santa Cruz, ingeniero comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez, e hijo de Juan Manuel Santa Cruz Munizaga y nieto de Manuel Santa Cruz López, ambos socios de la pesquera.
La investigación ha evidenciado el rol clave que jugó otra asesora de Longueira, Carmen Luz de Castro Blanco, al momento de gestionar recursos y quien emitió una boleta por $5 millones a SQM. ‘Coca’ de Castro fue la mujer clave de las campañas del ex candidato presidencial y de su compañero de partido Pablo Zalaquett. De hecho, en el caso Penta se encuentra formalizada por facilitación de documentación tributaria.
De Castro se sumó al equipo de Longueira para su campaña a senador por Santiago Oriente en 2005, se la propuso Pablo Zalaquett y ofició de segunda a bordo, por detrás de Gabriel Ruiz-Tagle. Una vez electo, Longueira le encargó a de Castro gestionar tres nuevas fundaciones creadas como soporte de cara a una futura candidatura presidencial: Chile Cultura, Fundación Web y Chile Justo.
También entre los nombres vinculados a Longueira en SQM está José Carlos Feres Ducci, con dos boletas a SQM, por un total de $12 millones. Es hijo de Carlos Feres Rebolledo, ex asesor del gremialista en la cartera de Economía y encargado de las negociaciones por la Ley de Pesca.
Este medio realizó una infografía con los boleteros relacionados con Longueira. En la lista hay nombres como Alejandro Arias Edwards ($5 millones en 2009), abogado asesor del gabinete de Longueira mientras fue ministro de Economía, y que trabajó en Sernapesca y en la Dirección de Obras Portuarias durante el Gobierno de Piñera; el abogado y sobrino de Longueira, Alfonso Mora Domínguez ($12 millones entre 2011 y 2012); Loreto Undurraga Casteblanco ($14 millones entre 2012 y 2013), esposa de su cuñado José Brinkmann Estévez; el abogado Rubén Carvacho Sáez ($5 millones en 2010), el ahijado que Longueira apadrinó en un campamento; Karin Grollmuz Fritz ($3 millones en 2009), ex asesora de prensa de Longueira en el Ministerio de Economía; y Trinidad Subercaseaux Alessandri, nuera de Cristián Leay ($5 millones en 2012). Todos ellos emitieron a SQM boletas presumiblemente falsas.
Relaciones peligrosas: Corpesca y el Ministerio de Economía
En este caso Longueira no está imputado. La investigación que conduce la fiscal Ximena Chong aporta gradualmente más antecedentes que apuntan al rol que jugó el ex ministro de Economía en la tramitación de la Ley de Pesca, a cargo de su cartera. La legislación ha sido cuestionada por favorecer a los grandes actores de la industria y también por los vínculos de diversos actores políticos con las empresas pesqueras. Bajo esta premisa, han surgido una serie de antecedentes que apuntan a la “cercanía” que tenían los funcionarios de la cartera de Longueira con ejecutivos de la industria.
El 4 de diciembre pasado, la fiscal Chong interrogó al ex subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, consultándole sobre el rol de Pablo Longueira en la tramitación de la Ley de Pesca. La pregunta sobre cuál fue la postura del Gobierno frente a la ley es una que se ha repetido en varios interrogatorios a distintos imputados y testigos.
Tal como consignó en su momento El Mostrador, las respuestas de Galilea fueron las siguientes:
“A su pregunta: no percibo, en la relación que tuvieran el senador Jaime Orpis y Marta Isasi con el Ministro Pablo Longueira, nada distinto en relación a otros parlamentarios”, declaró entonces Galilea.
“A su pregunta: con el Ministro Pablo Longueira hubo un trabajo muy de equipo en todo. Yo hice algunas cosas por iniciativa mía y otras por instrucciones de él”, agregó.
“A su pregunta: en la mesa pesquera yo tuve, diría, más participación que él, pero sí tuvo participación. En el acuerdo político yo diría que fue al revés”, concluyó.
Galilea debió referirse también a un correo electrónico enviado por el entonces Jefe de División de Administración Pesquera de la Subsecretaría, Maximiliano Alarma, al ex gerente general de Corpesca (Grupo Angelini), Francisco Mujica. El mail tiene adjunto un borrador de la resolución de prórroga de la actividad pesquera industrial extractiva de sardina y anchoveta, resuelto por la Subsecretaría.
“Yo, las responsabilidades no las voy a eludir jamás. Maximiliano era un subordinado mío y no me parece el procedimiento (…). Esta resolución es pública y eventualmente Corpesca iba a tener acceso. Esto también se hacía muchas veces con los artesanales, con los requirentes que iban a ser sujetos del beneficio de la resolución. (…) No sé si Alarma lo hacía solo con Mujica. Muy mal sería si fuera un trato privilegiado”, dijo Galilea a la Fiscalía.
También existen antecedentes que apuntan a la cercanía con Corpesca de otro asesor de Longueira durante su paso por Economía y que está cuestionado por su participación en el referido caso Corpesca. Se trata de Carlos Feres, quien encabezó las negociaciones por la Ley de Pesca y fue presidente de la Empresa Portuaria de Talcahuano. Su hijo es parte de la investigación de SQM, como se detallo más arriba en esta nota.
“Conocí a Francisco Mujica a través de un amigo, Carlos Feres, con quien estaba tomándome un café frente al Ministerio de Economía y llega Francisco Mujica. En esa ocasión le expliqué lo que hacíamos. Esto fue un año antes de este Servicio”, dijo Álvaro Lavín Aliaga –primo de Joaquín Lavín– en declaración ante la fiscal Chong el 21 de agosto pasado. Carlos Feres, fallecido el año pasado, llevó a Lavín Aliaga a trabajar a Corpesca tras presentarlo a Francisco Mujica en un café. De acuerdo a su declaración, Lavín Aliaga acostumbrara almorzar o tomar café con Feres, y en dicho contexto este último le señaló en una oportunidad: “Mira, Mujica se acordó de ti, y me pidió que le prepares una propuesta”. Dicho trabajo consistía en un análisis comunicacional detallado respecto al escenario de tramitación de la Ley de Pesca.
Corpesca pagó 15 millones de pesos por este estudio al Centro de Estudios Sociales y Ciudadanos, del cual Lavín Aliaga es socio, tal como el UDI y también ex asesor de Longueira Gonzalo Cornejo, y Darío Chacón, Coordinador General de la División de Organizaciones Sociales de la Región Metropolitana durante el Gobierno de Sebastián Piñera. Según Lavín Aliaga, este último ya no forma parte de la sociedad, la cual está inactiva, aunque tampoco ha realizado su término de giro.
Fuente: El Mostrador
