La Contraloría General de la República entregó un plazo de 15 días a la Subsecretaría de Prevención del Delito para entregar los antecedentes del programa «Alerta Hogar» tras detectar irregularidades durante su implementación. El sistema, que se puso en marcha en marzo de 2012, durante el Gobierno de Sebastián Piñera, era un servicio de comunicación de emergencia de telefonía móvil a través de mensajes de texto. Sin embargo, con un gasto de 1.400 millones en difusión, promotoras y folletería, solamente se activaron 47 alarmas en el período. O sea, cada llamada costó 30 millones de pesos. Anótelo, para cuando pretenda volver este caballero.
El subsecretario de Prevención del Delito, Antonio Frey, explicó que «cuando asumimos, en marzo, detectamos problemas y alertamos inmediatamente a la Contraloría».
La primera irregularidad que se detectó fue que la marca «Alerta Hogar» existía previamente, es decir, era privada y no se solicitó autorización para su uso. Además, se estableció que se realizaron contratos con proveedores únicos de telefonía, los que recibieron 60 millones de pesos cada uno, sin la realización de una licitación.
El problema más complejo fue el gasto de 1.400 millones en difusión, promotoras y folletería, y solamente se activaron 47 alarmas en el período. «Es decir, cada llamada salió 30 millones», indicó Frey.
La subsecretaría firmó un convenio con la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) para implementar el plan, que contemplaba la entrega de 180 millones de pesos, además de un sueldo de 18 millones para un asesor.
«Se firmó un convenio, se transfirieron recursos y hay un enredo con las platas que se tiene que dilucidar porque no está claro si los fondos fueron restituidos», explicó Frey.
El secretario ejecutivo de la AChM, Iván Borcoski, sostuvo que cuando la actual gestión asumió se encontró con que no hubo licitación, por lo que se terminó el convenio y se restituyeron los recursos entregados.
Sobre el pago de los 18 millones, aseguró que se les pagó a los asesores y «en junio de 2013, cuando se terminaron los fondos, se terminaron los contratos».
En marzo de 2012 se implementó la iniciativa ‘Alerta Hogar’, un sistema que funcionaría mediante el envío de un SMS con la letra A al número 1033.
“Este mensaje activa una alarma de emergencia a los contactos que estarán configurados previamente en el sistema, de acuerdo a lo que defina cada usuario, quienes recibirán un mensaje predeterminado, comunicándoles que hay un problema en el hogar”, explicaba la página gubernamental de la Subsecretaría de Prevención del Delito.
Este plan que tuvo un costo de 1.400 millones de pesos no ha logrado el éxito que el pasado Gobierno de Sebastián Piñera esperaba, pues a más de dos años de su implementación funcionaron sólo 47 alarmas efectivas.
Pero esto no es lo único que marca su fracaso, el subsecretario de Prevención del Delito, Antonio Frey, dio a conocer este miércoles las conclusiones del informe que la Contraloría General entregó el 05 de enero pasado, tras recibir antecedentes del programa “Alerta Hogar” sobre presuntas anomalías en su financiamiento y ejecución. “Luego de nueve meses de análisis e indagación se confirmaron graves irregularidades”, dijo Antonio Frey, a La Segunda.
En primer lugar, el subsecretario explicó que “la marca ‘Alerta Hogar’ preexistía. Era una marca privada. Lo que significa que se financió con fondos públicos (…) más de $1.400 millones, que no tuvo ningún efecto. Se contrataron 5 millones de mensajes para ocupar sólo 47 alarmas efectivas, lo cual en términos concretos significa que les costó a todos los chilenos más de $30 millones cada uno de esos (47) mensajes”, dijo Frey.
Otra de las irregularidades investigadas es la ausencia de un concurso publico para asignar a las compañías telefónicas la capacidad de disponer del servicio, “se celebraron convenios fraudulentos con empresas proveedoras de servicios –Movistar, Claro y Entel– de mensajería, en circunstancias de que el mercado tiene un conjunto más amplio. Lo que correspondía, en este caso, era hacer una licitación pública y se celebraron convenios de trato directo, por un monto de 180 millones de pesos”.
Por otra parte, el subsecretario de Prevención del Delito, explicó que debido a que en el presupuesto no estaba consignado ‘Alerta Hogar’, se impugnó a otros programas para poder financiarlo.