Absolutamente descartado quedó de parte del representante legal de la Inmobiliaria Libertad, Patricio Palma, que la sociedad comercial lucrara a costa de la Universidad ARCIS y sostuvo que la relación entre ambas entidades fue sostenidamente en beneficio de la casa de estudio, presentándose a la fecha una deuda impaga del plantel, en moneda no actualizada, de alrededor de $1.400 millones. Es más, aclaró que en virtud de la gestión de esa sociedad comercial comercial, esa universidad pudo superar sus problemas económicos y lograr la acreditación. De no haber sido por ella, habría desaparecido hace diez años. Como a esta altura es apenas natural, esta noticia fue sistemáticamente omitida por los mismos medios que desde marzo pasado, sostienen un cruel, injusto, cobarde y desproporcionado asedio contra una universidad que apenas se sostiene en pié.
Patricio Palma informó ante la Comisión Investigadora que, gracias a las gestiones de la sociedad comercial, la casa estudiantil pudo superar sus problemas económicos y lograr la acreditación. Además, reveló que la Universidad presenta una deuda pendiente de $1.400 millones. En la oportunidad también expuso Yolanda Peña, funcionaria del Mineduc encargada de la primera fase de la investigación al plantel, quien sostuvo que el proceso investigativo siguió los procedimientos regulares para este tipo de auditorías.
Ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre la Universidad ARCIS, Palma informó que la creación de la sociedad inmobiliaria es un acto de la misma institución, en 2004, frente a las dificultades para acceder a recursos frescos en el mercado financiero. Detalló que la empresa se constituyó como una sociedad anónima cerrada, cuyas acciones pueden ser adquiridas por terceros, y a la cual la casa de estudio aportó en dominio algunos bienes.
«La decisión de ese acto constitutivo es anterior a la incorporación de otras personas ajenas a la Universidad a esa sociedad y la razón por la cual la Universidad ARCIS decide hacer esto es porque imagina un vehículo idóneo para resolver una situación de crisis financiera que estaba experimentando durante ese período», precisó.
Indicó que la relación entre ambas entidades fue de «cooperación», teniendo cada una claridad sobre sus roles específicos (una como sociedad comercial y la otra como plantel universitario).
Señaló que, bajo este perfil, la inmobiliaria le otorgó a ARCIS variados préstamos y le facilitó el dominio de inmuebles en capital, como garantía para que la universidad pudiera tener créditos con bancos privados, de modo de permitirle adquirir una situación institucional y docente de mayor calidad.
Especificó que, entre 2008 y 2009, socios de la sociedad inmobiliaria hicieron aportes a ARCIS por no menos de $4.500 millones (préstamo de Bandes, de Venezuela), lo que permitió cancelar deudas de la universidad y mejorar su infraestructura.
Sin embargo, acotó, aún fue necesario «apretarse el cinturón» y deshacerse de algunos de los inmuebles de la inmobiliaria para solucionar un problema de caja.
«Siendo una empresa comercial y no habiendo defraudado a sus socios, facilitó en muchos momentos una mejor situación a la propia universidad, lo cual permitió llevar a estas dos acreditaciones y la dejaron en condiciones de seguir operando», enfatizó.
Si bien reconoció que la inmobiliaria distribuyó dividendos cuando obtuvo excedentes contables, sostuvo que nunca tuvo siquiera la opción de lucrar en desmedro de la Universidad ARCIS:
«Puedo afirmar categóricamente que la sociedad inmobiliaria no lucró con esta actividad, pese a que se trata de una sociedad comercial. Podría haber lucrado, ciertamente, si es que sus vínculos con la universidad le hubiesen permitido extraer recursos, pero nunca la universidad estuvo en condiciones de transformarse de deudor en acreedor, entonces en toda actividad comercial, existen flujos negativos y positivos y lo que importa es el saldo, y el saldo total de las operaciones durante diez años es ampliamente favorable a la universidad y no a la inmobiliaria», sentenció.
Palma también descartó un vínculo político formal entre el Partido Comunista y la Universidad ARCIS y resaltó que sólo ha habido la presencia de militantes de dicha colectividad (a la cual él pertenece) en distintas funciones de la casa de estudio.
Unidad de Regulación
En la sesión de ayer en la tarde también entregó su testimonio Yolanda Peña, titular de la Unidad de Regulación del Ministerio de Educación, entidad encargada de realizar la primera fase de la auditoría a la Universidad ARCIS por parte el Mineduc. Su testimonio descreditó otra de las innumerables bajezas de la UDI, la cual gimoteó poco menos que el Ministerio le habría quitado la universidad a una funcionaria modelo, para pasársela a otro funcionario dispuesto a hacer la vista gorda con Arcis.
La profesional, con 50 años de carrera en el Ministerio y diez años en la Unidad, aclaró que la investigación no le fue «quitada» y asignada a otros funcionario para ser concluida, sino que se desarrolló un procedimiento absolutamente normal y validado en la repartición pública.
Aclaró que la tarea de investigar a la Universidad ARCIS no le fue asignada a titularidad, sino que recayó en la Unidad que dirige por ser ésta una función propia y normal de este equipo de trabajo dentro de la División de Educación Superior del Ministerio. Agregó que la labor investigativa se desarrolló durante cinco meses, con diversas visitas en terreno, diligencias y entrevistas, que forman parte de los cinco tomos del expediente actual.
Frente a diversas consultas de los legisladores, recalcó que no es deber de la Unidad realizar sumarios, sino que efectuar la fase investigativa, requiriéndose, por tanto, de un abogado para concluir la vista fiscal. En este plano, especificó, fue emitida una resolución exenta para asignar la labor al abogado Manuel Guzmán, dado que la Unidad de Regulación carece de un profesional de este tipo.
