Persistente como el mal aliento, y espantosa como pesadilla, Dominga está de vuelta, con sus mefíticos efluvios y previsibles consecuencias; mirado el cuadro, desde luego, desde la perspectiva ambiental.
En plena farra dieciochera, el 17 de septiembre, la Corte Suprema declaró inadmisibles los recursos de casación presentados por el Gobierno (SEA) y organizaciones ambientales contra la sentencia del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta de diciembre de 2024, que cuestionó el rechazo dictado por el Comité de Ministros, en enero de 2023.
Andes Iron y la prensa hegemónica, interpretaron que esa resolución deja firme el fallo del 1°TA y, por ende, reactiva la RCA 161/2021, es decir, la aprobación regional de 2021, o, al menos, obliga a un nuevo pronunciamiento administrativo.
El Ministerio del Medio Ambiente, en cambio, aclaró que el dictamen de la Suprema “no implica una resolución de fondo” y que persiste la competencia del Comité de Ministros, con causas todavía abiertas en otras sedes.
En enero de 2025, un Comité de Ministros subrogante, por inhabilidades, rechazó por unanimidad el proyecto Dominga; la cuarta impugnación en doce años, por insalvables deficiencias en el plan de contingencias marítimas, la información de biodiversidad y la proximidad a un ecosistema único.
Como esos porfiados, a los que no hay con qué darles, porque siempre salen parados, Andes Iron Spa, liderada por Carlos Alberto Délano; líder a su vez de lo que resta del grupo Penta; mismo personaje condenado a clases de ética a ocurrencia del inefable Manuel Guerra, el fiscal de la impunidad, hoy encausado por enriquecimiento ilícito, recurrió contra la decisión del Consejo de Ministros, en tribunales ambientales y generales.
Conocido el fallo de la corte suprema, el gobierno sosuvo que no se habilita la construcción y que la decisión final sigue en manos del Comité, mientras Andes Iron afirmó que se “consolida” su RCA y que solo resta “una discusión procesal” menor.
En la práctica, hay una disputa interpretativa sobre los efectos precisos del fallo de la Suprema y los pasos administrativos a cumplir.
El caso permanece bajo la órbita del Comité de Ministros, que ya rechazó en enero de 2025, pero cuya resolución quedaría condicionada por lo resuelto en diciembre de 2024 por el 1°TA, y por la interpretación de la Suprema sobre la admisibilidad y alcance de esa sentencia. Sin embargo, lejos de estar zanjado es que Dominga “puede empezar” ni que su RCA esté plenamente “a firme” sin más trámites. La controversia de competencias y cumplimiento seguirá siendo el foco en las próximas semanas o meses.
Cuál es el negocio para Chile?
El proyecto Dominga, con una inversión referencial de US$ 2.500 millones y una vida útil de 25 a 26 años está localizado en la comuna de La Higuera, Región de Coquimbo. Incluye una planta, dos rajos a cielo abierto, depósito de estéril y relaves espesados tierra adentro; terminal portuario en Totoralillo Norte y planta desaladora en la costa.
La conexión puerto–planta operaría mediante tres ductos subterráneos de 26 kms. En régimen, produciría hasta 12 millones t/año de concentrado de hierro y 150.000 t/año de concentrado de cobre. Empleo estimado: 10.000 en construcción; 1.450 en operación.
Hasta acá, todo perfecto en el mejor de los mundos, para la empresa, el extractivismo y la prensa hegemónica.
Sin embargo, el Archipiélago de Humboldt, en Freirina, es un punto caliente de biodiversidad reconocido por su productividad (afloramiento), presencia de colonias del pingüino de Humboldt, especie vulnerable, aves marinas, al menos 13 especies cetáceos, incluyendo ballena azul y recursos pesqueros artesanales. Es un ecosistema frágil a ruidos submarinos, tráfico marítimo, dragados, luz nocturna, derrames y salmueras.
El terminal y la desaladora de Dominga se emplazan frente a un corredor biológico clave; organizaciones científicas y ambientales han insistido en que la evaluación subestimó efectos sinérgicos, incluyendo puertos cercanos como Cruz Grande, con incertidumbres sobre ruido, placas de sedimento/salmuera, colisiones con cetáceos y derrame de concentrados, entre otros.
En noviembre de 2023 se publicó el decreto que crea el Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos (AMCP-MU) Archipiélago de Humboldt, aprobado por unanimidad en el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad meses antes.
En resumen, afectación y aún destrucción garantizada de un delicado ecosistema único en el mundo, para que el señor Délano Abbott se embolse unos millones más. Y ¿cuál es el negocio para Chile?.
La débil institucionalidad ambiental es vulnerable a los cañonazos de millones de dólares, susceptible al lobby de los poderosos, y tributario de sus propias inconsistencias. La historia de los tribunales superiores es suficiente como para asombrarse de fallos como el del reciente 17 de septiembre.
Pero, evidentemente, no es el único camino ni recurso para impedir semejante aberración.
Es, con mucho, más importante una vigorosa respuesta ciudadana.
Campañas de firmas, movilización en el espacio público, ocupación de cada espacio informativo disponible, presión sobre la casta política, y sobre todo, el voto contra lo que hieda a extractivismo, son medidas eficaces para evitar que corruptos intereses privados sigan apropíándose de bienes pertenecientes a la comunidad y a la naturaleza.
Una historia nauseabunda, como el proyecto
La historia de Dominga es tan nauseabunda como su propietario.
En la fase temprana, participó la familia Piñera Morel, que vendió su participación en 2010 a sociedades vinculadas a Carlos Alberto Délano a través de una operación offshore en Islas Vírgenes Británicas, revelada por los Pandora Papers en 2021.
El contrato consideraba pagos condicionados a resultados durante el gobierno de Piñera, lo cual desencadenó un crisis política y una acusación constitucional en su contra. Específicamente, una cláusula de pago vinculada a la no imposición de obstáculos regulatorios en la tercera cuota
El caso tuvo contornos penales y políticos, pero no derivó en condenas; debido a lo que posteriormente explicaron los audios de Hermosilla.
No fue, ni con mucho, la única crisis política asociada al controvertido proyecto. El rechazo del Comité de Ministros. durante el gobierno Bachelet II, gatilló la renuncia de los ministros de Hacienda y Economía, Rodrigo Valdés y Luis Felipe Céspedes, connotados exponentes del crecimiento a toda costa, incluso, o especialmente, el precio del desastre ambiental.
En esencia, el proyecto Dominga escenifica la conflagración entre dos estrategias de desarrollo.
De una parte, el modelo extractivista-exportador y de otra, la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible.
De la manera que fuere, es necesario que la ciudadanía se pronuncie.
Después, será tarde para lamentos.
