El Ministro de Bienes Nacionales, Víctor Osorio, expuso detalladamente ante la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales de la Cámara de Diputados, acerca de las transferencias gratuitas de propiedades fiscales a la Fundación CEMA Chile durante el régimen militar, la necesidad de restituirlas al patrimonio de los chilenos.
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En la sesión de la Comisión, presidida por el diputado Carlos Abel Jarpa, participaron todos sus integrantes: Jenny Álvarez, Karol Cariola, Loreto Carvajal, Maya Fernández, Claudia Nogueira, Alejandra Sepúlveda, René Manuel García, Roberto León, Joaquín Tuma, Iván Norambuena, Jaime Pilowsky y Osvaldo Urrutia.
Sobre dicha situación, el Secretario de Estado explicó:
“El Decreto Ley Nº 1939 dispone que pueden transferirse en forma excepcional inmuebles fiscales en forma gratuita, a través del Ministerio de Bienes Nacionales, a una diversidad de entidades, como las personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro. Pero dichas transferencias gratuitas deben ser siempre fundadas, y los inmuebles fiscales deben ser destinados precisamente a los usos que motivaron al acto administrativo de disposición”.
“Hemos señalado nuestro convencimiento que el fundamento social que justificó que se cursaran aquellas transferencias gratuitas a la Fundación CEMA Chile, claramente se ha quebrantado. El compromiso formal y legal que CEMA asumió con el Fisco fue destinar los bienes e inmuebles fiscales a los fines sociales que se consideraron para fundamentar el mecanismo excepcional de la transferencia gratuita. Y existe evidencia abundante que han sido ocupados para actividad inmobiliaria a través de enajenaciones o arriendos”, añadió el Ministro.
Agregó:
“Informé a los parlamentarios sobre los pasos más sustantivos que hemos emprendido, como la solicitud que formulamos al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que emprendiera acciones judiciales, lo que ya se ha traducido en la reapertura por parte de la Corte de Apelaciones de Santiago de la investigación por el presunto ilícito de malversación de caudales públicos”.
Frente a las consultas de los diputados, el Secretario de Estado detalló que son 135 las propiedades transferidas gratuitamente a CEMA Chile entre los años 1977 y 1989, de las cuales 134 lo fueron a través de Decretos Supremos, y otras 18 fueron entregadas en concesión de uso gratuito, las cuales ahora están siendo fiscalizadas por las Secretarías Regionales Ministeriales de Bienes Nacionales.
Precisó que el avalúo comercial de 118 de los inmuebles transferidos supera los 80 mil millones de pesos:
“Pensamos que en este tema se encuentra gravemente comprometido el interés fiscal y el interés público, por lo que perseveraremos en el propósito de lograr que estos bienes sean restituidos al Fisco”.
Con respecto a la posibilidad de expropiación de los inmuebles, indicó categóricamente:
“La expropiación significa pagar una indemnización y en este caso estamos hablando de bienes fiscales que fueron transferidos a una Fundación de derecho privado sin fines de lucro, que en el período que se ejecutaron las transferencias era controlada por el Fisco, argumentándose que realizaría un bien social convergente con los propósitos del Estado, por lo que no nos parece que haya que expropiar nada. Sería un contrasentido que bienes fiscales regresen al Fisco por medio de un pago”.
El ministro Osorio señaló que, hasta el momento, dados los antecedentes que se han podido acreditar, no existen otras entidades en situaciones similares a Cema, por el volumen de transferencias que involucra ni por las gestiones inmobiliarias que se han generado a partir de estas.
Según dicho catastro, desde el año 1977 y hasta 1989, Bienes Nacionales transfirió a título gratuito 135 propiedades y entregó 18 concesiones de uso gratuito a la fundación que preside Lucía Hiriart, patrimonio que hoy supera los 80 mil millones de pesos.
Asimismo, manifestó a la Comisión que el fundamento social que justificó estas transferencias, «si es que alguna vez existió, claramente hoy se ha quebrantado y nuestro convencimiento de que es necesario trabajar para lograr la restitución al fisco de estos bienes».
En esa línea, informó los pasos que se han dado, entre estos solicitar al Consejo de Defensa del Estado recurrir ante tribunales, lo que logró que se reabriera, por decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago, la investigación de estas transferencias «por una presunta malversación de caudales públicos».
Consultado por los parlamentarios sobre la posibilidad de expropiar los bienes involucrados, el personero señaló que no cree que sea el Estado quien deba expropiar bienes que tienen su origen fiscal y, por ello se ha optado por el camino judicial. Además, expresó que le parece impropio que Cema Chile intente vender a la Municipalidad de Paine la plaza, a un valor que triplica su avalúo fiscal, por ejemplo.
Además, el ministro Osorio reconoció que existe una debilidad institucional, ya que el decreto 1939, de 1977, que regula las transferencias, dispone una prohibición de enajenación por un plazo de cinco años, y por tanto, es «fácil señalar que no tenemos como fiscalizar hoy esos destinos» debido al tiempo transcurrido.
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En ese contexto, respaldó que se realicen modificaciones legales para perfeccionar la institucionalidad de la gestión de los bienes fiscales, por ejemplo, estableciendo que tras la disolución de la entidad que recibió el bien, este sea devuelto al fisco.
«No es que queramos colocar obstáculos para poner bienes fiscales a disposición de la ciudadanía, sino equilibrar el interés fiscal con la necesidad que estos bienes se pongan en servicio del bien general», enfatizó.
Un segundo punto abordado en la sesión, fue lo referido al dictamen emitido por la Contraloría General de la República, respecto de la enajenación de un bien fiscal en propiedad del Ejército, en la comuna de Victoria, que establece que el Ministerio de Bienes Nacionales debe fiscalizar y poner término cuando este no sea usado por el beneficiario; y por tanto, el Ejército estaría obligado a restituir al fisco dicho bien si no está siendo utilizado.
Para el presidente de la Comisión de Vivienda, diputado Carlos Abel Jarpa (PRSD) estos casos hacen necesario hacer una nueva legislación que establezca que los bienes transferidos deben ser devueltos al fisco si no son usados para los fines que ameritaron la transferencia.
Pero, además, darle fortaleza al Ministerio de Bienes Nacionales para que pueda fiscalizar que dichas propiedades están cumpliendo su rol, subrayó.
«Es una situación compleja y difícil porque los bienes, transcurridos cinco años, pueden transferirse y demuestra que los traspasos de bienes nacionales a organizaciones sin fines de lucro terminan, por diferentes circunstancias enajenándose y transformándose en lucro», manifestó el diputado Jarpa.
