La jueza Ana Emilia Ethit decidió aplazar la decisión sobre las medidas cautelares contra el desaforado senador Jaime Orpis, formalizado en el marco del caso Corpesca, debido a que no recibió el cúmplase proveniente de la Corte Suprema, documento que notificaba sobre el desafuero y la facultaba a decretar las medidas cautelares. El ex gerente general de Corpesca, Francisco Mujica, quedó con reclusión domiciliaria nocturna.
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Orpis fue formalizado por cohecho, delitos tributarios y fraude al Fisco, delitos por los que la Fiscalía, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el Servicio de Impuestos Internos pidieron su prisión preventiva.
En la audiencia el Ministerio Público argumentó que Orpis operó como un empleado de la empresa Corpesca en el Senado, que entre 2009 y 2013 le transfirió un total de 233 millones de pesos a través de boletas falsas.
Además, Orpis también está acusado de haber hecho un mal uso de asignaciones parlamentarias en un monto superior a los 153 millones de pesos.
La jueza postergó la definición de medidas cautelares ya que el desafuero aún no está notificado. En esta sentido, la nueva audiencia se realizará entre el miércoles y viernes de la próxima semana.
La Fiscalía calificó la medida como «una maniobra dilatoria».
La Fiscalía aún debe entregar antecedentes sobre el fraude al Fisco y delitos tributarios que le imputó a Orpis y la necesidad de cautela.
Medidas cautelares quedaron para la próxima semana
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$233.147.456 en coimas habría recibido entre 2009 y 2013 el senador Jaime Orpis durante cuatro años, siendo calificado por la Fiscalía como un eventual empleado de Corpesca. Por tratarse de un funcionario público, lo que agravaría su falta, los fiscales Emiliano Arias y Ximena Chong pidieron la prisión preventiva del parlamentario que dejó la UDI tras este escándalo.
Sin embargo la defensa del parlamentario logró paralizar la eventual ejecución de esta medida cautelar, revelando que hasta ayer aún no se había dictado el cúmplase de su desafuero, gozando de inmunidad. Finalmente este trámite se concretó hoy en la mañana.
En casi ocho horas de audiencia, este martes la Fiscalía reveló que el senador presentó documentos ante la Contraloría para cambiar reglamentos de la Ley de Pesca haciéndolos pasar como suyos, en circunstancias que habían sido redactados por los ejecutivos de Corpesca.
Entre otros antecedentes, el Ministerio Público indicó que Orpis entregó al Senado estudios científicos pagados por esta empresa para avalar la postura de la compañía del grupo Angelini; que integró la comisión de pesca sin ser su integrante titular; que convenció a otros senadores para votar a favor de los intereses de esta empresa; que usó un organigrama elaborado por Corpesca para votar; que recibió en promedio $4,6 millones mensuales entre 2009 y 2013 que usó en parte para pagar su lavandería, la cuota del club de yates y las contribuciones de su casa.
Los antecedentes los expusieron los fiscales para afirmar que Orpis se transformó en un “empleado” de esta empresa, que lo hace un peligro para la seguridad de la sociedad, que ameritaría su prisión preventiva como lo expuso la fiscal Ximena Chong.
Sin embargo, la sorpresa de la jornada vino con la intervención del abogado defensor de Orpis, Carlos Cortés, quien reveló que aún no había sido notificado el desafuero de su cliente, por lo cual gozaría aún de inmunidad, haciendo imposible aplicar una medida cautelar en su contra.
La Fiscalía no logró demostrar que estaba el “cúmplase” de la Corte de Apelaciones de Santiago, por lo que la jueza Ana Emilia Ethit tuvo que suspender sus decisión para hoy para pedir la certificación del tribunal de alzada, lo que finalmente ocurrió en la mañana del miércoles
Mujica con arresto dociciliario parcial
En cuanto al ex gerente de Corpesca, Francisco Mujica, formalizado por sobornos y delitos tributarios, el tribunal resolvió dictar en su contra las cautelares de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. La Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado apuntaban en primera instancia a un arresto domiciliario total, aunque el Servicio de Impuestos Internos se desmarcó y pidió prisión preventiva, lo que fue desetimado por la jueza Ana Emilia Ethit.
Durante la audiencia, la fiscal Ximena Chong entregó los argumentos del Ministerio Público contra el ex gerente general de Corpesca por el delito de cohecho.
«Acá se ha sobornado a representantes de la ciudadanía que forman parte de un poder del Estado, para tener un control respecto de la ley, respecto de la normativa de carácter obligatorio que se dicte y que sin duda que sin duda afecta a una empresa”, señaló la fiscal. “No hubo un momento reflexivo, un minuto en que se sentaran a pensar qué es lo q estaban haciendo”, acotó.
Sobre los delitos tributarios reiterados, la persecutora sostuvo que “le meten la mano al bolsillo a todos los chilenos al meterle la mano al bolsillo al Estado”.
Desde el SII, el abogado Manuel Navarrete pidió prisión preventiva para Mujica enfatizando que “por el conocimiento de la normativa tributaria al respecto, el señor Mujica cumple el estándar para estimar que ha actuado con dolo, con malicia”.
En este sentido, el abogado manifestó que la pena se agrava además por la existencia de documentación falsa y que Mujica se haya concertado con otros para realizar el delito, y además por el carácter reiterado del ilícito.
“Por la gravedad del delito y que existen dos agravantes, además tomando como contexto que estamos frente a una empresa de gran relevancia, aumenta la gravedad del hecho que estamos frente a una persona con conocimiento, una persona ilustrada”, indicó el SII.
En defensa de Mujica, el abogado Daniel Praetorius descartó que la actuación del exgerente haya apuntado a entregar sobornos a cambio de dejar establecidos los intereses de Corpesca en el Congreso. “Es natural que pueda haber confluencia entre uno de los actores principales de la zona y los parlamentarios”, afirmó.
Praetorius, asimismo, calificó como “un exceso” la acusación de soborno de Mujica hacia un solo senador para influir en la tramitación de la Ley de Pesca, subrayando que el avance del proyecto se logró en gran medida por acuerdos políticos con varios actores.
La misma línea siguió el otro abogado del exgerente de Corpesca, Jorge Bofill. “El señor Mujica nunca tuvo en su cabeza sobornar a nadie, más allá de los antecedentes parcialmente expuestos”, añadió, asegurando también que la colaboración de éste permitió respaldar diversas acciones legales presentadas en este marco.
La tercera imputada en esta investigación, la diputada Marta Isasi, será formalizada el próximo 2 de junio, pues su defensa acreditó que se encontraba en mal estado de salud mental.
