La Corte de Apelaciones de Santiago desaforó al senador Jaime Orpis por los cuatro delitos que se le imputan por financiamiento ilegal de parte de la empresa Corpesca, del grupo Angelini. Si el «coronel» Novoa fue el primer político en ser condenado por delitos relacionados con el financiamiento ilegal de la política, el senador Jaime Orpis conquistó el dudoso mérito de ser el primer político desaforado por el mismo tipo de delitos. El factor común de ambos es su militancia en la UDI.
Los delitos son cohecho, facilitación de boletas falsas, lavado de activos y delito tributario. En tanto, SII apuntó a que Orpis intentó «ocultar y darle una forma lícita a algo que era ilícito», según los alegatos que se efectuaron hoy en el tribunal de alzada.
Orpis según la Fiscalía representada por Ximena Chong y los otros organismos que participan de la acusación había recibido un total de 250 millones entre los años 2009 y 2013 desde Corpesca, además de otros $150 millones correspondientes al uso irregular de sus asignaciones parlamentarias.
Sin embargo, Orpis, que renunció a su militancia en la UDI, no se inhabilitó de la discusión ni de la votación del proyecto de ley para perfeccionar el financiamiento de la política, igual que el resto de los senadores involucrados en causas de este tipo como Fulvio Rossi, Ena Von Baer e Iván Moreira.
Durante los alegatos de hoy, la abogada del Consejo de Defensa del Estado, Lupi Aguirre, dijo que a partir de la investigación disponible, se pudo concluir que Orpis , senador por la región de Tarapacá, «era virtualmente un empleado de Corpesca entre los años 2009 y 2013»
El parlamentario renunció a la UDI tras reconocer haber desviado dineros para su campaña, aunque rechazó las acusaciones de cohecho.
Tanto el Consejo de Defensa del Estado (CDE) como el Servicio de Impuestos Internos (SII) se querellaron contra el senador por los delitos de fraude al fisco, cohecho, lavado de activos y delitos tributarios.
Alegato de fiscalía
En la audiencia, la fiscal Ximena Chong aseguró que entre marzo de 2009 y abril de 2013 Orpis recibió 264 millones de pesos como pagos irregulares por parte de Corpesca, es decir, cinco millones 200 mil pesos mensuales.
Chong además aseguró que el parlamentario emitió 76 boletas idiológicamente falsas entre 2009 y 2013, varias de ellas facilitadas por cercanos al senador, como su asesora Carolina Gacitúa.
La fiscal aseguró que el senador recibía correos electrónicos desde la gerencia de la empresa, quienes les enviaban minutas sobre los temas que debían tratar en el Congreso.
«Este delito de cohecho se comete ininterrumpidamente desde el mes de marzo del año 2009 al mes de abril del año 2013, inicialmente bajo la justificación del financiamiento de campañas políticas y en una segunda oportunidad, después de haber sido electo por última vez para el período legislativo 2010-2018 a pretecto de cubrir deudas de carácter personal», indicó.
«A través de la entrega de boletas ideológicamente falsas obtiene estos fondos para los fines personales, que arrojan un total aproximado de 264 millones de pesos, un promedio de cinco millones 200 mil pesos por mes», precisó Chong.
La fiscal Ximena Chong dijo que “en cuanto al lavado de activos hay un ocultamiento en el origen de los fondos (…) el destino de los fondos fue solventar gastos personales, el enriquecimiento ilícito no es objeto de este caso… Son hechos severos de corrupción. Cuando esté resuelto el desafuero nos vamos a reunir con el Fiscal Nacional para ver los detalles”.
Chong destacó que “el senador Orpis tenía un interés directo en el buen desempeño comercial de la empresa y por eso estaba obligado a abstenerse de cualquier ley que afectara a la compañía. Tenía un compromiso de interés evidente en las decisiones que estaba tomando… Hay cohecho agravado, realizar actos con infracción a los deberes del cargo”.
Al respecto, la fiscal Chong afirmó que Orpis utilizó dineros de Corpesca para uso personal y remarcó que existió cohecho porque «tenía un compromiso de interés evidente».
En esa línea Chong puso sobre la mesa 4 delitos diferentes. Cohecho, el que “se cometió desde marzo al 2009 hasta abril de 2013, donde la menos dos oportunidades Orpis concurre a Corpesca a reunirse con el gerente general y le solicita apoyo económico bajo la justificación del financiamiento de campaña política, y luego, después de haber sido electo, para cubrir deudas de carácter personal”.
Lavado de activos, añadió, argumentando que “los dineros son entregados a través de terceras personas, quienes entregan a través de transferencias electrónicas los fondos, y en otros casos, entregarlas en terceras personas que manejaban asuntos políticos del senador”.
La Fiscal Ximena Chong manifestó que “también se configura el delito tributario” por las boletas falsas, lo que posibilitó que Corpesca rebajara su carga imponible. Por último se habla de fraude al fisco.
En la presentación la fiscal expuso que “el senador recibe de Corpesca una serie de minutas y antecedentes que le establecen ciertas exigencias que debe cumplir en el ejercicio de su función y con su intervención en leyes pesqueras”.
“El Ministerio Pública ha realizado un trabajo serio y responsable, los antecedentes dan cuenta de que existe mérito para hacer lugar a la formación de causa”, defendió.
CDE
En el turno del Consejo de Defensa del Estado, el organismo criticó que “el senador cometió graves ilícitos en el ejercicio de sus funciones que dan cuenta de los delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y lavado de activos”.
En ese sentido el CDE afirmó que “es indudable que Orpis se constituyó virtualmente como un empleado de Corpesca desde 2009 a 2013, momento en que los pagos no cesan porque haya habido un término absoluta de la relación, los pagos cesan porque se produce el descubrimiento de la causa que dan origen a esta investigación”.
La abogada del Consejo de Defensa del Estado, Lupi Aguirre sostuvo que “el año 2012, cuando estaba en plena tramitación la Ley de Pesca se envían indicaciones a Orpis” que después expone en sala. Precisó que “el señor Jaime Orpis era un funcionario de la empresa Corpesca en el Senado”.
“Ha cometido con todas sus letras el delito de cohecho”, planteó.
La jurista aprovechó su intervención para poner sobre la mesa los correos existentes entre el senador ex UDI e integrantes de Corpesca.
La parte querellante acusó que “Orpis mediante dos modalidades sustrajo dineros fiscales: la simulación completa de contratos y abultamiento de pagos a asesores”.
Desde el CDE advirtieron en la sesión que “la persecución penal resulta una necesidad absoluta en relación a la situación actual de desconfianza de la ciudadanía del actuar con probidad de los funcionarios públicos”, a su vez que comentaron que “Orpis puso por sobre el interés público el interés privado, esta necesidad que tenía de financiar sus deudas, convirtiéndose en un articulador de los intereses privados de Corpesca”.
SII
El Servicio de Impuestos Internos argumentó:
«Solicitamos que se acoja la solicitud de permitir la formación de expediente criminal contra Orpis”, puesto que él “ha facilitado boletas para que se produzca un delito tributario relativo a la empresa Corpesca. Se ha hecho solicitando entre 2010 y 2014, y los años comerciales previos también, distintas boletas emitidas por personas ligadas al senador, una constante recopilación de boletas destinadas a fraguar esta situación que ha finalizado en un perjuicio al Fisco”.
El abogado del SII, Manuel Navarrete, recordó que “esta situación estaba en conocimiento del senador, y hay declaraciones clarísimas en esta materia”.
Luego, abordó la confesión de algunos cercanos a Orpis en torno a las boletas falsass:
“Vemos aquí todo un sistema que durante a lo menos cuatro años, reiteradamente se solicitan boletas para que las platas lleguen a Orpis. Se trató de ocultar, darle una forma lícita a algo que era ilícito mediante este sistema”. “El dolo está más que acreditado, nadie podría pensar que un senador no sabe”, reclamó.
Agregó:
“Estamos en presencia de un verdadero entramado de hechos delictuales… Estamos en presencia de hechos gravísimos tanto por la persona que lo comete, la forma que lo comete… El circulo delictual es completo”.
Querellantes
Luego de un receso de quince minutos, usan el estrado los abogados de la parte querellante.
El abogado del diputado Hugo Gutiérrez (PC), Matías Ramírez, señaló:
“A sabiendas, Orpis tuvo siempre la disposición de convertirse en un empleado más de Corpesca, en cumplir las órdenes de Mujica. Los pagos iban directamente a su patrimonio y fines personales. Con esos dineros el no pagaba deudas de campaña, acá hay ilícitos cometidos por un senador de la República”.
Luego, Ciudadano Inteligente tomó la palabra en los alegatos. El abogado Carlos Hidalgo, dijo que “estimamos que concurren los requisitos del cohecho, la función del cargo no se establece exclusivamente por los antecedentes de la Constitución, sino que por todos los otros reglamentos”.
«Si después de este debate el tribunal no tiene certeza de que los hechos no son constitutivos de delito o de la inocencia del senador, no cabe otra posibilidad que desaforar al señor Orpis”.
Defensa
El abogado Carlos Cortés, en defensa de Oris, dijo que “no es discutible que este desafuero está presentado por capítulos y así debe ser fallado por el tribunal”. Pidió además que “sean rechazados los capítulos referentes a las hipótesis de cohecho y lavado de activos. Esta parte no va a discutir las hipótesis de delito tributario y fraude al Fisco, el cual será discutido en la instancia procesal de juicio oral. Por lo tanto esta parte viene a solicitar que no se de lugar a la formación de causa en relación al capítulo 1 y 2”.
Cortes profundiza que el Tribunal Constitucional apunta a que “el mínimo exigible para desaforar a un parlamentario es que se encuentre en el proceso acreditado… el delito debe encontrarse justificado a la luz de los antecedentes de la carpeta de investigación”.
“El Ministerio Público dice que hay una empresa que le entrega dineros a un senador para que favorezca a la empresa en el Congreso” comentó el jurista, a lo que añadió que “a través de la lectura de la historia fidedigna de la ley demostraré que el senador Orpis no favoreció de ninguna forma los intereses de la empresa”.
El profesional aseguró que “es absolutamente falso esta tesis de que Orpis actuaba comprado, él actuó siempre de forma independiente, incluso en contra de los intereses de Corpesca».
El defensor del legislador se mostró tranquilo al considerar que “hemos acreditado que el comportamiento del senador Orpis se adecuó a su conciencia y nunca fue comprado ni cohechado. No hubo enriquecimiento por parte de él, tenemos la conciencia absoluta que todo lo que se le ha imputado en lo que es cohecho él va a salir libre”.
Sostuvo también que “para que una persona cometa cohecho tiene que realizar actos en vulneración a su cargo (…) cuando se revisan las actuaciones de Orpis en el Congreso el nunca favoreció los intereses de Corpesca, jamás”, señala el abogado Carlos Cortés.
“Si se desestima el cohecho se produce un sobreseimiento definitivo respecto de ese punto. Después de la lectura vamos a evaluar si recurrimos a la Corte Suprema”, avisó el jurista.
Cabe recordar que el senador por la región de Tarapacá decidió ponerle fin a su militancia en el gremialismo luego de que admitiera en su última declaración ante la fiscalía que “apliqué a usos propios o ajenos parte de los dineros que se me asignan para el pago de asesores externos o legislativos”.
Añadió derechamente que “infringí la obligación que pesaba como administrador de tales recursos de aplicarlos solo para el pago de asesores, y no para otros fines distintos”.
Orpis explicó que “tales recursos se utilizaron con fines políticos, financiando diversas actividades de esa índole. Ello ocurrió principalmente con las campañas de 2009, 2010, 2012 y 2013”.
En su testimonio, además el senador afirmó tener la intención de “reintegrar la totalidad de tales dineros que fueron usados para fines propios o ajenos”.
Sobre los pagos recibidos de parte de la empresa Corpesca, dijo que fueron pedidos “personalmente o a través de terceros por la emisión de boletas de honorarios a la empresa Corpesca S.A.”; sin embargo, desestimó haber tenido la intención de defraudar al fisco.
“Lo que uno persigue es buscar recursos para financiar campañas políticas, pero no tuve a la vista la rebaja de la base imponible”, declaró.
