Jaime Orpis, primer político en cumplir presidio efectivo, tiene el dudoso mérito de serlo, y simultáneamente, de constituir la excepción que confirma la regla de la impunidad de la casta política binominal, en los diversos casos del financiamiento ilegal de la política.
Sea porque lo sorprendieron con los dedos en el cajón; o porque estaba en el lugar equivocado en el momento inadecuado; por mala defensa, o por el contrario, debido a una investigación acuciosa, que acumuló suficiente evidencia; o por todas estas razones, el hecho es que el Tercer tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó al ex senador de la UDI, Jaime Orpis, a 5 años y un día de presidio efectivo, en calidad de autor de seis delitos de fraude al fisco; y a 600 días de reclusión como autor de dos delitos de cohecho.
La condena obedece a hechos relativos al caso Corpesca, con la particularidad de ser el primer escándalo de corrupción en Chile, de la última década, que llega a juicio oral y convirtendo a Orpis en uno de los pocos políticos que ha conocido prisión, y el único en cumplirla, en calidad de reo rematado. .
De esta condena, se le descontarán los 1301 días que cumplió como prisión efectiva o domiciliara como medida cautelar.
Orpis también deberá pagar una multa de $5.983.790, un 5% de lo defraudado, además de inhabilitación perpetua para derechos políticos y para cargos u oficios públicos, durante el tiempo de la condena.
La Fiscalía de Alta Complejidad había solicitado 11 años de prisión contra el exsenador: cuatro por cohecho y siete por fraude al Fisco.
Evidentemente, en tanto fallo de primera instancia, será recurrido de nulidad ante las cortes De Apelaciones y Suprema.
El tribunal determinó que el ex senador estará bajo arresto domiciliario total, hasta que la condena sea ejecutoriada.
La exdiputada Marta Isasi fue condenada por un delito de cohecho a la pena de 50 días de presidio efectivo, más la pena de 1 año y 5 meses de suspensión para cargos públicos en su grado medio y a pagar una multa de $20 millones.
La ex diputada, también de la UDI, fue absuelta de delitos tributarios, debido a que el Servicio de Impuestos Internos, SII, y el Consejo de Defensa del Estado, CDE, determinaron no formar parte de esta acusación. Mientras que por el lado de Orpis, el mismo tribunal desestimó los delitos tributarios.
La fiscal de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Ximena Chong, reconoció que existe la posibilidad de que Orpis pase solo unos meses en prisión, debido al descuento de 1.301; o sea, 525 días tras las rejas; o menos, si Orpis invoca el derecho a la libertad condicional, cumplida la mitad de la condena, y el tribunal lo acoge.
Más allá del monto de la sentencia, los relevante es que hay una condena judicial ejecutoriada. Según la Fiscal, ratifica la tesis del Ministerio Público, de que se está en presencia de un financiamiento delictivo de la política:
“El caso Corpesca evidentemente socava la democracia, la legitimidad democrática y la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Existieron claras instrucciones de parte de Corpesca a Jaime Orpis, en el sentido de cómo debía votar o desempeñarse en su ejercicio parlamentario. Sobre todo en materia de Ley de Pesca. Además, dos parlamentarios -una diputada y un senador- solicitaron distintas sumas de dinero a la empresa Corpesca, vinculada al grupo Angelini, a cambio de beneficiar a esta empresa en distintas decisiones legislativas”.
O sea, ya no hay nada que demostrar: el delito está probado a nivel judicial.
De eso se desprende la irremediable ilegitimidad de la Ley de Pesca, más conocida como Ley Longueira, por el tramposo proceso legisltativo liderado por el entonces ministro de Economía, Pablo Longuieira, en el primer gobierno de Piñera.
No es que haya sido legítima por un segundo, pero sus mentores y defensores invocaban la falta de pruebas; eso ya no se puede hacer.
Tampoco cabe suponer que en virtud del fallo, la ley caerá por sí misma, como fruta madura. Lo hará cuando mediante lucha política y correlaciones de fuerza se la envíe al basurero de la historia.
El lobby de Corpesca, brazo pesquero del grupo Angelini, en la legislación acerca de la industria pesquera, es de larga data.
En 2002 los senadores de la DC, Andrés y Adolfo Zaldívar fueron acusados de r conflicto de interés para tramitar la Ley «corta» de Pesca, dado que ambos, y otros integrantes de la familia, eran accionistas de Eperva S.A., filial de Corpesca.
Otros políticos investigados por la Fiscalía son el ex senador por de Arica y Parinacota y Tarapacá, Fulvio Rossi, y el exministro Pablo Longueira, por su responsabilidad en la obtención irregular de dinero para fines políticos.
En este caso, variante Asipes, también fue imputada la senadora Jacqueline van Rysselberghe.
En su oportunidad, el abogado Matías Ramírez, representante en la querella del diputado Hugo Gutiérrez contra la senadora, manifestó:
“Hay hechos puntuales en la tramitación de leyes misceláneas, donde Jacqueline Van Rysselberghe ejecuta órdenes a favor de Asipes, o de Luis Felipe Moncada. También existen antecedentes de pagos efectuados para su campaña política. Nosotros planteamos que esos pagos para financiar la campaña política tienen como contraprestación este apoyo en los distintos proyectos de ley que se discutieron a parir de que ella asume en el Senado y particularmente en la comisión de Pesca”.
A diferencia de Orpis e Isasi, el comité directivo de Chile Vamos respaldó a la senadora, con el manido argumento de las pruebas, y de que la imputación no significa culpabilidad.
Y si no purgará presidio efectivo, como Orpis, no es porque sea inocente, sino debido a que a que el 4 de septiembre de 2020, la fiscal regional de Bío Bío, Marcela Cartagena, puso fin a la causa y solicitó la salida de 55 investigados; entre ellos, la senadora van Rysselberghe (UDI); el ex-subsecretario de pesca, Raúl Zúnico (PS); el diputado Frank Sauerbaum (RN), los ex diputados Cristián Campos (PPD) y Jorge Ulloa (UDI) y el exgerente de la gremial, Luis Felipe Moncada.
O sea, este variopinto ramillete transversal cometió todo tipo de tropelías, pero quedaron impunes por la vía administrativa, que a su vez se encadena con una decisión anterior del Servicio de Impuestos Internos, a cargo del inefable y dañino Fernando Barraza, de no presentar querellas por delitos tributarios en ninguno de los escándalos de financiamiento ilegal de la política.
Al respecto el abogado Ramírez asevera que existió una decisión política de proteger a los involucrados en estos casos, situación que calificó de grave:
“El SII hace más de un año tomó una decisión política y no técnica. Y la decisión política es no involucrarse en ningún caso de corrupción y lo hemos visto por ejemplo en el caso de Royalty, donde está formalizado Pablo Longueira por delitos tributarios. A la fecha no existe ninguna querella presentada por el SII en contra del ex senador y lo mismo ha pasado respecto a todas estas aristas, particularmente Asipes, donde al menos hay antecedentes de facilitación de documentación tributaria falsa por determinadas personas y el Servicio de Impuestos Internos, brilla por su ausencia”.
Esta justicia tuerta, con el ojo avizor listo para inclinarse ante los poderosos, e implacable y ciega con los pobres, está en el origen de lo que ya entró en la historia como «el estallido», o «la revuelta».
Denuncia contra Piñera por caso Enjoy
En ese contexto, la denuncia al Ministerio Público de los diputados Rodrigo González (PPD), Alejandra Sepúlveda (FRSV), Marcos Ilabaca y Gastón Saavedra (PS), Víctor Torres y Daniel Verdessi (DC), Gael Yeomans (CS), Marisela Santibáñez (PC) y Cosme Mellado (PR), por negociación incompatible, prevaricación, omisión de denuncia y cohecho, contra el presidente en ejercicio, sobre la base de los antecedentes recabados por la comisión investigadora sobre los casinos de juego, puede parecer un saludo a la bandera.
También lo precía la querella de Gladys Marín contra Pinochet en 2007, y véase en que terminó.
El hecho de que en Chile la justicia sea de clase no impide el deber de presentar recursos exigiéndola, que, de última, operan como registro histórico.
Aunque no es frecuente, puede caer en un fiscal recto, o un juez justo, y llegarse al objetivo de lograr justicia, como en el mismo caso de Orpis.
La acción penal se suma a la revisión que Contraloría realizará sobre el fideicomiso ciego del Presidente, quien es denunciado por una supuesta relación “sumamente concesiva y permisiva” con la firma Enjoy.
Además, por una cuestión física, tal como la ley de la gravedad, llegará un momento en que al tejido de impunidad que envuelve a Piñera, se le correrá en punto, y por ese boquete se realinearán sus deudas con la justicia. Nadie puede ir por la vida pisoteando reglas con semeja nte desparpajo, sin que llegue el instante de pagar.
El punto de inflexión será el 11 de marzo de 2022, cuando pierda la investidura protectra de la institución presidencial, que tanto ha contribuido a degradar, y quede expuesto a la justicia como un ciudadano más, ilegítimamente híper millonario, pero ciudadano al fin.
En esa perspectiva, denuncias como ésta, o la del diputado Hugo Gutiérrez, por el caso Exalmar, o la del alcalde Daniel Jadue por la negligente gestión de la pandemia,o querellas de organizaciones como la Defensoría Popular, el Comité de Defensa del Pueblo Hermanos Vergara Toledo, la Cooperativa Jurídica o la Comisión Chilena de Derechos Humanos, por graves, masivas y sistemáticas violasciones de los derechos humanos, pueden reactivarse por turnos o al unísono, y ponerle tanta presión al personaje en comento, que no sería extraño un exilio dorado en un paraíso fiscal.
