La noticia del procesamiento y detención de Luis Emilio Cheyre, ex comandante en jefe del ejército chileno por los crímenes de la llamada “Caravana de la Muerte” de 1973, episodio de la ciudad de La Serena, Chile, no sólo ha dado la vuelta al mundo sino que ha conmovido fuertemente el escenario político nacional y puesto a la orden del día el gran tema de las relaciones cívico militares, el papel de las fuerzas armadas, su vinculación con el poder económico y su triste historial represivo.
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En particular por su protagonismo en el golpe de Estado de 1973 contra el presidente Salvador Allende y el genocidio perpetrado contra los sectores populares durante todos los años de la tiranía
Valiente decisión del juez Mario Carroza que no aceptó presiones. Correcta la decisión del Programa de DDHH del Ministerio del Interior que hizo la solicitud que han compartido además abogados de las víctimas y la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, la AFEP.
El procesamiento y arresto de Cheyre ocurre sólo horas después del procesamiento de otro oficial, Reinel Rodope Bocaz Rocha, esta vez por el crimen en octubre del 73 del militante del MIR Oscar Jesús Delgado Marín.
Sucede el pequeño “detalle” que el homicida era hasta esta semana el Edecan militar de la Cámara de Diputados de Chile, entidad que bien pudo haber averiguado los antecedentes del sujeto y haberse evitado esta vergüenza.
Pocos días antes tuvieron lugar revelaciones de prensa, radio y televisión acerca del proceso civil sobre el asesinato de Victor Jara que se sigue ante los tribunales de Orlando, EEUU, y que muestra toda la degradación moral y la cobardía de los canallas que ejercieron como agentes del Estado dictatorial que encabezó Pinochet.
El oficial de ejército Pedro Barrientos, asesino del gran creador cultural y artístico que fue Victor Jara, no sólo negaba su crimen sino que en el colmo de la desvergüenza dijo no saber quién era su víctima ni conocer el entonces llamado Estadio Chile en donde perpetró el brutal homicidio.
Fue civilmente condenado lo que abre la posibilidad de su extradición a Chile. Este es el tipo de personas que administró el poder de los que en el 73 se opusieron al establecimiento de un Chile libre, soberano y justo.
Agreguemos a la larga lista sólo de lo más reciente, diversos escándalos como el “Milico gate” o el proceso al general Fuente–Alba, ambos de por sí esclarecedores de la corrupción de esa instituto armado.
Además de las denuncias recientes formuladas por un oficial de ejército, hijo y nieto de oficiales de las FFAA, que da cuenta de manejos abusivos, corrupción, privilegios ilegales, malversaciones.
Y lo trágico es que tales serias denuncias, avaladas con el testimonio de varios otros uniformados, culminan paradojalmente con una acción penal del mando del ejército en contra del oficial que formuló la denuncia y una decisión de la “justicia” militar que pudiera significarle años de prisión. Como ha sucedido tantas veces, otra vez la historia “del ladrón detrás del juez”.
En este mismo escenario se inscribe el silencio cómplice de los mandos castrenses tanto respecto de los lugares en que fueron ocultados los restos de los detenidos desaparecidos como respecto de los nombres de los nombres de los pilotos que bombardearon La Moneda el día del alzamiento contra el gobierno constitucional chileno.
Son los mismos institutos privilegiados con la entrega sin control de su gastos del 10% proveniente de las ventas brutas del Cobre chileno. No hay recursos para la Educación Gratuita de los jóvenes chilenos, pero hay fondos sin límite para las instituciones armadas sin que se conozca su destino.
¿Hasta cuándo aceptar esta situación?
Son los mismos institutos privilegiados con jubilaciones millonarias tras menos años de trabajo que el ciudadano o ciudadana comunes.
Pero he aquí que un grupo de parlamentarios promueve por las mismas semanas un nefasto proyecto de ley en favor de los violadores de derechos humanos en Chile, triste expresión de reverencia ante los que alguna vez Andrés Allamand llamó “ los poderes fácticos ”; es decir el gran empresariado, los dueños de los medios de comunicación monopólicos y los institutos armados, todos ellos los que fueron precisamente y bajo la batuta de la CIA, los autores del golpe de Estado de 1973.
Ahora hablan de “ principios humanitarios ” para dejar en libertad por ley a los criminales mayores de cierta edad y cuya salud esté resentida. En el fondo lo que buscan los inspiradores de la iniciativa es recuperar la impunidad total que los golpistas perdieron gracias a la heroica lucha de los familiares de las víctimas que por más de 40 años se han movilizado exigiendo – y logrando parcialmente – verdad y justicia.
Lo hacen justo ahora que hay más de Mil 300 procesos judiciales en curso, decenas de culpables procesados y condenados y que se desempeña activamente un grupo de jueces de dedicación exclusiva, todo lo que ubica al país en un digno y destacado lugar en el ámbito internacional en materia de castigo a los delitos de lesa humanidad.
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Algunos de los impulsores de la deleznable iniciativa han llegado a insinuar la posibilidad de una “ reconciliación “ en Chile como si fuera posible que, por ejemplo, una madre o un padre se reconcilie con los que tras violar a su hija o a su hijo para luego matarles a golpes o vaciando su vientre con un corvo y finalmente, arrojar sus restos al mar, se mantengan hasta hoy guardando el silencio más cobarde que registre nuestra historia.
Sobran ejemplos de los fallidos intentos de bajar el perfil a lo que fue el horror de los años de dictadura.
El caso de la “ mesa de diálogo ”, por señalar uno de ellos, que terminó en un monólogo y además falso pues el listado con informaciones del destino de algunos pocos detenidos desaparecidos que entregó el mando militar de la época a poco andar se demostró que era falso.
En efecto, ya que aparecieron restos de algunos de esas víctimas en lugares muy distintos de los que indicaron los responsables. No está demás recordar que el jefe del ejército a esas fechas es hoy el procesado Cheyre.
¿Qué hay detrás de esta nueva iniciativa en favor de los genocidas? ¿Porqué tanto silencio de muchos actores y organizaciones sociales que debieran alzar su voz para condenar este nuevo intento de impunidad?
¿Porqué no se esgrime con más fuerza el conjunto de normas jurídicas del Derecho Internacional que marcan una clara diferencia entre lo que son los delitos comunes y lo que son los crímenes contra la humanidad como son estos de los que hablamos?
El asunto es de la máxima gravedad pues no se limita a la impunidad. En efecto, propuestas como estas provenientes de lobos con piel de oveja bajo la apariencia de “gestos generosos de compasión y humanidad” desvirtúan por completo los “nunca más” que hemos debido escuchar a lo largo de estos años.
No contribuyen a resguardar la estabilidad democrática iniciativas como éstas. Menos cuando se trata de instituciones que, como lo revelan los escándalos denunciados en el curso de estos meses, siguen siendo arbitrarias, profundamente antidemocráticas, con demasiadas señales de corrupción y ocultando información fundamental para llegar a la verdad íntegra.
Todo llama a lo más digno de la sociedad chilena a unirse para impedir que se consolide la impunidad y a seguir avanzando con fuerza, respaldando a los heroicos familiares de las víctimas por el camino hacia la plena verdad, la justicia, la memoria y la reparación.
Es hora también de pensar en reformas necesarias respecto de nuestras FFAA justo ahora cuando nuestra sociedad, por primera vez en su historia, ha iniciado un debate acerca del tipo y forma de Nueva Constitución para el Chile democrático del futuro.
