El Consejo Nacional de Televisión (CNTV) aprobó la solicitud del Gobierno para transmitir obligatoriamente el espacio publicitario elaborado por el Ejecutivo sobre el proceso constituyente y que tiene por objetivo motivar la participación ciudadana en los cabildos.
De acuerdo al dictamen, los canales de televisión abierta, de pago y estaciones locales y regionales deberán difundir gratuitamente el spot en horario prime (entre las 18:00 y las 00:00 horas) entre el 17 y el 23 de abril.
El espacio publicitario tiene una duración de 35 segundos y exhibe a chilenos de distintos sectores, etnias y condiciones socioeconómicas pidiendo la palabra para participar en los diálogos ciudadanos.
El CNTV catalogó la campaña como de «utilidad o interés público», las que de acuerdo a la última modificación que se realizó a la Ley de Televisión Digital estableció que tendrían un espacio gratuito garantizado en horario prime.
Ley Mordaza II: Colegio de Periodistas la Califica de «Craso Error»
La presidenta del Colegio de Periodistas, Javiera Olivares, calificó como un «craso error» la iniciativa conocida como nueva «Ley Mordaza» aprobada en general por la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, en el marco de las modificaciones a la Ley Antiterrorista.
«Me parece increíble, inverosímil. Tú no vas a resolver un problema, como la situación del pueblo mapuche, con recrudecer penas a quienes, eventualmente, filtran información», sostuvo la dirigenta.
Olivares criticó que «se insiste en abrir la puerta a la lesión de un derecho humano, como es la libertad de expresión, y con ello se afecta a la democracia. Esto es un craso error, me parece que habla mal de los diputados que presentaron la iniciativa y de quienes la apoyaron».
La polémica moción, que corre en paralelo con la Agenda Corta Antidelincuencia, debe seguir su trámite en la citada comisión de la Cámara Baja, donde se comenzará a debatir en particular, y establece penas de hasta cinco años de cárcel para quienes difundan antecedentes de diligencias de carácter reservado y multas a los directores de los medios de comunicación que las reproduzcan.
El diputado Leonardo Soto (PS), integrante de la comisión de Seguridad Ciudadana, sostuvo que «es aberrante que en este país se estén planteando iniciativas que tiendan a retroceder en cuanto a las libertades públicas y, por supuesto, vamos a rechazarla en particular, creo que se desvirtúa la potestad legislativa y es innecesario discutir un proyecto en dos cámaras simultáneamente».
De acuerdo a quienes presentaron la iniciativa, el objetivo de ésta es fortalecer la investigación de delitos terroristas en Chile y uno de sus patrocinantes, el diputado Germán Becker (RN), presidente de la comisión investigadora por la violencia en La Araucanía, justificó las sanciones.
«El tema del secreto de la investigación cuestionado, la verdad es que esto está ya en la Ley Antiterrorista y hay multas y una serie de penas y también está en lo que envió el Gobierno en la reforma a la Ley Antiterrorista y es muy lógico, porque si en la investigación de ciertos delitos, especialmente graves, se filtran antecedentes, la investigación puede arruinarse completamente», afirmó el jefe de bancada RN.
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Gobierno se desmarcó de Ley Mordaza II
El Gobierno se desmarcó este lunes de una iniciativa que se tramita en la Cámara de Diputados y que ya ha sido denominada en medios de prensa como una nueva «Ley Mordaza».
Sólo 24 horas después de que -el martes de la semana pasada- la Sala del Senado aprobara el polémico artículo que endurece las penas para los intervinientes que filtren información en investigaciones penales -iniciativa del Gobierno enmarcada en la agenda corta antidelincuencia- la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar «una norma aún más restrictiva».
Se trata de una moción impulsada por parlamentarios de derecha que busca «fortalecer las investigaciones de delitos terroristas» y, en uno de sus artículos, establece pena de cárcel para quienes difundan antecedentes de diligencias con carácter reservado y multas a los directores de los medios de comunicación que las reproduzcan.
«Las diligencias de la investigación tendrán carácter reservado y sólo podrán tener acceso a ellas, con omisión de la identidad de quienes las practiquen, los intervinientes una vez que la misma se formalice. La infracción del deber de reserva de esta u otra disposición de la presente ley será sancionada con la pena de reclusión menor en su grado medio a máximo, tratándose de quien proporcionare la información. En caso de que la información fuere difundida por algún medio de comunicación social, se impondrá a su director, además, una multa de diez a treinta unidades tributarias mensuales», señala el texto, aprobado el miércoles 6 de abril con votos favorables de los diputados RN Gonzalo Fuenzalida, Germán Becker, René Manuel García, Jorge Rathgeb y Marcela Sabat, además de la diputada de la UDI; Claudia Nogueira.
El ministro del Interior, Jorge Burgos (DC), explicó que «ésa es una moción de los parlamentarios que no cuenta ni con el patrocinio ni con el beneplácito del Ejecutivo».
Burgos recordó que «el Ejecutivo tiene un proyecto de ley ingresado durante el 2014, que está radicado en la Comisión de Constitución del Senado», que modifica la Ley Antiterrorista, y que no tiene nada que ver con esta otra iniciativa.
«Parece que esa moción tiene también alguna norma que podría ser considerada por algunos como conculcatoria de la libertad de prensa. Nuestro proyecto no tiene ninguna norma sobre eso», sentenció el secretario de Estado.