Diario del Juicio a Julián Assange: Anatomía de una Farsa Judicial

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El periódico argentino Página 12 está publicano en diario del juicio de extradición de Julián Assange.

Desde hoy, este medio se une a la iniciativa, no sólo por la importancia de ese juicio para el futuro de la libertad de expresión, sino con el fin de dejar un testimonio tangible de lo que podría llegar a ser la mayor farsa judicial de la historia, que le pasaría el rasero a todo lo que la cultura occidental ha definido como civilizado, decente y honesto, en caso de que pese a la abundante evidencia exculpatoria, y la evidente inconsistencia de la acusación, el fundador de WikiLeaks sea extraditado.

Sería el triunfo del lado oscuro y una sentencia de muerte a las libertades de prensa, expresión e información, consagradas en las leyes de los propios países que participan en la farsa judicial.

Lo iremos actualizando en la misma medida en que lo haga Página 12, fuente para este caso.

De acuerdo a la estructura de blog del dispositivo publicador, presentaremos el diario del juicio a Julián Assange en orden invertido, de manera que los últimos acontecimientos aparezcan al principio.

El informe es de Guido Miguel Vassallo y Juan Manuel Boccacci.


22 de septiembre – Día 11

El doctor Michael Kopelman, profesor emérito de neuropsiquiatría en el Instituto de Psiquiatría del King’s College de Londres, subió al estrado para dar testimonio sobre sus visitas a Julian Assange en prisión y sus evaluaciones médicas.

Según Kopelman el periodista, que había sido diagnosticado con depresión clínica y síndrome de Asperger, correría un alto riesgo de suicidio si fuera extraditado a EEUU.

Contó que el propio activista australiano, que sufre alucinaciones, le aseguró haber escuchado voces en la cárcel de Belmarsh que le repetían: «Eres polvo, estás muerto, venimos a buscarte».

El prestigioso médico observó en Assange «pérdida de sueño, pérdida de peso, una sensación de preocupación e impotencia como resultado de las amenazas a su vida, el ocultamiento de una hoja de afeitar como medio para autolesionarse y cavilaciones obsesivas sobre distintas formas de cometer suicidio«.

En su presentación escrita ante el tribunal, Kopelman afirmó:

«Estoy tan seguro como puede estarlo un psiquiatra de que, en caso de una extradición inminente, Assange encontraría la forma de suicidarse».

Kopelman revisó los antecedentes personales, médicos y familiares de Assange como factores en su determinación, así como las observaciones que hizo en esas visitas. También señaló que el reconocido experto en autismo, el doctor Simon Baron-Cohen, descubrió que el suicidio es nueve veces más probable en pacientes con síndrome de Asperger.

Kopelman mencionó el artículo 91 de la Ley de Extradición de 2003 del Reino Unido, que prohíbe la extradición si «la condición física o mental de la persona es tal que sería injusto u opresivo extraditarlo».

En tanto, el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos dice que «Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes».

Ambos artículos fueron citados en el caso de Lauri Love. En esa ocasión, el tribunal superior falló en contra de extraditar a Love, estudiante de ciencias de la computación del Reino Unido que también tiene síndrome de Asperger, a Estados Unidos por presuntos delitos informáticos.

El tribunal falló a favor de Love por dos motivos: el foro judicial al que se lo buscaba trasladar (Estados Unidos, en lugar de Reino Unido, era el lugar equivocado para juzgarlo) y las condiciones que enfrentaría en una cárcel estadounidense. «Llegamos a la conclusión de que la extradición del señor Love sería opresiva debido a su condición física y mental», concluyó el tribunal.

Al interrogar al médico, el fiscal James Lewis intentó minar la experiencia de Kopelman en el tema, sugiriendo que como neuropsiquiatra se ocupa de la interacción entre la enfermedad cerebral y la salud mental y, por lo tanto, no está lo suficientemente calificado para comentar sobre este caso.

Kopelman recibió el comentario como un insulto dijo que no «solo» es un neuropsiquiatra y, de hecho, el propio Lewis solicitó sus servicios psiquiátricos para un caso diferente, «por lo que es poco razonable» que ahora cuestione sus calificaciones.

Lewis luego sugirió que Kopelman es «más un defensor que un psiquiatra», y trató repetidamente de insinuar que Assange está «fingiendo» o exagerando sus síntomas para inducir un diagnóstico y evitar la extradición.

El doctor británico dijo que era muy consciente de esa posibilidad y que para asegurarlo debería hallar signos de esa conducta, que nunca encontró en Assange.

21 de septiembre – Día 10

El primer testigo de la tercera semana del juicio de extradición a Assange fue el profesor alemán de informática Christian Grothoff. Tres de los 18 cargos contra Assange lo acusan específicamente por publicar cables del Departamento de Estado en 2011, pero Grothoff remarcó que otros medios los habían publicado primero y sin embargo no fueron procesados ​​por ello. Además señaló que WikiLeaks se había tomado el recaudo de cifrar los archivos.

En el interrogatorio, la fiscalía intentó sugerir que WikiLeaks había compartido el archivo con los cables a los 50 medios con lo que se asoció para dar la información en 2011. Grothoff dijo que no hay evidencia de eso. Además señaló que en el libro escrito por el periodista David Leigh, que participó en las publicaciones trabajando para The Guardian, muestran que Assange era «reacio» a entregar el archivo sin editar.

Luego fue el turno de la periodista Cassandra Fairbanks, quien involucró directamente al presidente Donald Trump en la detención de Assange. En su declaración, Fairbanks aseguró que el asesor de uno de los hijos de Trump, Arthur Schwartz, le contó que el entonces embajador estadounidense ante Alemania y hoy director nacional de Inteligencia, Richard Grenell, facilitó la detención de Assange en la embajada de Ecuador en Londres, en abril de 2019.

El fiscal Joel Smith, en representación de la Justicia estadounidense, rechazó el testimonio de la periodista y señaló que no podía saber si lo que Schwartz le decía «era la verdad».

 

«Schwartz me informó que, al coordinar para que sacaran a Assange de la embajada, el embajador Grenell lo hizo bajo directas órdenes del presidente«, sostuvo la periodista conocida por haber apoyado a Trump y colaborar con sitios de noticias de extrema derecha en Estados Unidos.

Fairbanks mostró como prueba de sus dichos una conversación telefónica que mantuvo con Schwartz, a quien definió como «la mano derecha» de Donald Trump Jr, el hijo mayor del mandatario. «Sabía detalles muy específicos sobre un futuro enjuiciamiento contra Assange que luego se hicieron públicos y que solo aquellos muy cercanos a la situación habrían estado al tanto», agregó.

Según precisó Fairbanks en su mensaje al tribunal londinense que juzga al periodista autraliano, Schwartz le dijo ya en octubre de 2018 que el gobierno de Estados Unidos «entraría en la embajada ecuatoriana en Londres para detener» a Assange: «Cuando le respondí que entrar a la embajada de una nación soberana para secuestrar a un asilado político equivaldría a un acto de guerra, él me dijo: – No sí nos dejan entrar».

18 de septiembre – Día 9

La jornada comenzó con el testimonio del periodista de investigación neozelandés Nicholas Hager, autor de «Otras guerras populares: Nueva Zelanda en Afganistán, Irak y la guerra contra el terrorismo». Hager dijo que los archivos militares y diplomáticos publicados por WikiLeaks «aumentaron enormemente mi comprensión de la conducción de la guerra. Hubiera sido imposible escribir el libro sin esas fuentes confidenciales y filtradas».

En su testimonio escrito, Hager sostuvo: «En general, es imposible investigar y escribir sobre la guerra sin acceso a fuentes que las autoridades interesadas consideran sensibles, y más aún en el tema de los crímenes de guerra«. El periodista dijo en su defensa de Assange que la información clasificada era esencial para que el periodismo pueda desempeñar su función de informar al público, posibilitar la toma de decisiones democráticas y disuadir irregularidades. Sobre Assange específicamente, el investigador dijo que compartió mucho tiempo con él, y que la persona que conoció era muy diferente a la imagen mostrada por los medios estadounidenses.

Luego, la defensa leyó una declaración de Jennifer Robinson, abogada australiana que asesora a Assange desde 2010. Robinson relató una reunión que observó entre el ex-congresista republicano Dana Rohrabacher y el asesor de Donald Trump, Charles Johnson, en la Embajada de Ecuador.

Rohrabacher había dejado en claro que fue a la embajada en nombre del presidente Trump y que «tendrían una audiencia» con Trump a su regreso a Washington.

El congresista explicó que quería resolver las denuncias sobre la participación rusa en la publicación de WikiLeaks de las filtraciones del Comité Nacional Demócrata de 2016. Dijo que esa información era perjudicial para las relaciones entre ambos países porque estaban reviviendo la Guerra Fría.

Rohrabacher propuso que Assange identificara la fuente de las publicaciones de 2016 «a cambio de alguna forma de perdón, garantía o acuerdo que beneficiaría políticamente al presidente Trump y evitaría la acusación y extradición de Estados Unidos».

Assange no proporcionó ninguna fuente de información a Rohrabacher.

En cambio, el periodista autraliano y Robinson instaron al congresista a plantear las implicancias sobre la Primera Enmienda en cualquier acusación que pudiera llegar a hacer.

La defensa reveló esta oferta de indulto para demostrar la naturaleza politizada del procesamiento a Assange.

El hecho de que las denuncias en su contra podían retirarse si Assange proporcionaba información, y de que finalmente se presentaran después de que el periodista se negara a hacerlo, desmiente las afirmaciones de la administración Trump de que simplemente estén tratando de esclarecer un delito, sostuvo la defensa.

Los abogados de Assange luego resumieron el testimonio que Khaled Al-Masri había presentado por escrito a la jueza.

Al-Masri denunció que fue secuestrado y torturado por la CIA en 2003. Su declaración fue objeto de controversia porque la fiscalía se había opuesto a admitirla como prueba. Finalmente se acordó permitir que se leyera un resumen de la misma siempre dejando en claro que la fiscalía no reconocía que Al-Masri había sido torturado por el gobierno estadounidense.

Al final de la jornada, la defensa leyó partes de la declaración de Dean Yates, quien era el jefe de la oficina de la agencia Reuters en Bagdad en el momento de los incidentes mostrados en el video conocido bajo el nombre de Collateral Murder.

Esta grabación de junio de 2007 es parte del material revelado por Wikileaks en 2011. En el brutal video se puede ver cómo dos helicópteros estadounidenses abren fuego contra un grupo de iraquíes, asesinando a 12 de ellos, incluidos dos colaboradores de Reuters, Namir Noor-Eldeen y Saeed Chmagh.

Yates relató los esfuerzos que había hecho ese día para averiguar qué sucedió y el intento del gobierno norteamericano de bloquear información, incluyendo el rechazo de una solicitud de la Ley de Libertad de Información para acceder a los registros visuales.

«Cuando el ejército estadounidense me mostró por primera vez una parte del video en 2007, se me había grabado en la mente que la razón por la que el helicóptero abrió fuego fue porque Namir estaba mirando a la esquina. Llegué a culpar a Namir, pensando que el helicóptero disparó porque parecía sospechoso y simplemente borró de mi memoria el hecho de que ya se había dado la orden de abrir fuego.

La única persona que recogió esto fue Assange. El día que mostró las cintas dijo que el helicóptero había abierto fuego porque pidió permiso y se le concedió.

Dijo algo así como: –Si eso se basa en las reglas de combate, entonces las reglas de combate son incorrectas«.

 

Yates dijo que le resultaba imposible lidiar con el daño moral de culpar injustamente a Namir.

«Sé que Namir y Saeed habrían permanecido en el olvido como estadísticas en una guerra que mató a innumerables seres humanos, posiblemente cientos de miles de civiles. Si no hubiera sido por Chelsea Manning y Julian Assange, la verdad de lo que les sucedió a Namir y Saeed, la verdad de lo que sucedió en esa calle de Bagdad el 12 de julio de 2007, no se habría dado a conocer al mundo.

Lo que Assange hizo fue al cien por ciento contar la verdad, exponiendo al mundo lo que fue en realidad la guerra en Irak y cómo se comportaron y mintieron los militares estadounidenses. El video fue recogido por miles de organizaciones de noticias, lo que provocó la indignación y la condena mundial de las tácticas militares estadounidenses en Irak», dijo el periodista.

17 de septiembre – Día 8

John Sloboda, cofundador de Iraq Body Count, una ONG independiente dedicada a contar los asesinatos de civiles en Irak, testificó sobre su trabajo con Julian Assange y WikiLeaks en los registros de la guerra de Irak, publicados en octubre de 2010. Sloboda creó la ONG para darle «dignidad a la memoria de los asesinados» porque, según dijo, saber cómo mueren los seres queridos es una «necesidad humana fundamental».

También dijo que buscaba colaborar en «procesos de verdad, justicia y reconciliación». Los registros de la guerra de Irak, un compendio de 400 mil informes del ejército de los Estados Unidos, constituyeron «la mayor contribución al conocimiento público sobre las víctimas civiles en Irak», aseguró Sloboda. Los registros permitieron llegar a una estimación de 15 mil muertes que hasta ese momento eran desconocidas.

El activista cuestionó la acusación del gobierno de Estados Unidos respecto a que la divulgación de información clasificada podría haber puesto en peligro vidas iraquíes o estadounidenses.

«Nunca pudieron demostrar que una sola persona se haya visto perjudicada significativamente por la divulgación de estos datos», dijo Sloboda. A su vez, aseguró que al hacer pública esa información, Manning y Assange habían «cumplido con un deber en nombre de las víctimas y del público en general que el gobierno de Estados Unidos no estaba contemplando».

Posteriormente la defensa llamó a Carey Shenkman, abogado estadounidense especializado en derechos humanos e historiador constitucional que testificó por videoconferencia.

Shenkman trabajó para el fallecido Michael Ratner, presidente emérito del Centro de Derechos Constitucionales que asesoró a WikiLeaks.

Shenkman dio una clase de historia sobre el uso de la Ley de Espionaje. Explicó que la misma había sido creada en 1917 bajo la presidencia de Woodrow Wilson, período que definió como uno de los más represivos en la historia del país.

El abogado buscó demostrar en su alegato que la ley es «extraordinariamente amplia» y una de las más divisivas de Estados Unidos.

Según Shenkman, los denunciantes tienen el derecho humano a una defensa del interés público, y los hacktivistas también. «El efecto final de enjuiciar y censurar a los editores es un daño inaceptable al libre flujo de información, los derechos de acceso a la información y la libertad de expresión», agregó el abogado.

Además dijo al tribunal de Old Bailey que los periodistas en general se sentían cómodos para trabajar porque su actividad estaba protegida. Esto cambió brevemente en 2010, cuando el gobierno de Obama comenzó a usar la Ley de Espionaje contra las fuentes y nombró al periodista James Rosen como co-conspirador en un caso de la Ley de Espionaje.

Pero la avanzada de la administración Trump marcó un cambio importante: «Lo que ahora concluyen los periodistas y los editores en general es que cualquier periodista de cualquier país del mundo que transmita secretos que no se ajusten a las posiciones políticas de la administración estadounidense, puede ser acusado bajo la Ley de Espionaje de 1917″.

En el contrainterrogatorio, el fiscal Clair Dobbin, que representa a la Justicia estadounidense, le preguntó a Shenkman: «¿Está de acuerdo con que un empleado del gobierno que roba información sobre seguridad o defensa nacional no tenga derecho a usar la Primera Enmienda como resguardo?».

El abogado respondió que debía definirse a qué llamaba «robar». Y citó el reciente fallo de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito sobre las filtraciones de Edward Snowden.

«Le dieron crédito al Sr. Snowden por esas divulgaciones a pesar de que era un empleado del gobierno acusado de robar estas cosas», sostuvo el activista.

Shenkman y la fiscalía tuvieron un desacuerdo similar sobre el uso del término «piratería».

El fiscal le preguntó: «¿Está diciendo que la piratería de bases de datos del gobierno está protegida por la Primera Enmienda?».

Shenkman dijo que tendría que preguntar qué quiere decir con «piratería», porque la Ley de Abuso y Fraude Informático en realidad no usa ese término, sino que se refiere a «excesos en el acceso no autorizado».

Frases como «descifrar una contraseña» y «piratear una computadora» suenan «aterradoras», dijo Shenkman, y sostuvo que hay muchos matices e interpretaciones que deben ser consideradas.

16 de septiembre – Día 7

El nuevo testigo de la defensa fue el periodista de investigación estadounidense John Goetz que trabajó en Alemania los últimos 30 años. Colaborando para el diario alemán Der Spiegel había informado sobre las guerras de Irak y Afganistán.

En 2010 se unió al consorcio creado por este diario junto a WikiLeaks para publicar los diarios de la guerra afgana, los registros de la guerra de Irak y los cables del Departamento de Estado.

Goetz participó en las primeras discusiones y testificó que Wikileaks llevó adelante un «proceso de redacción muy riguroso», empezando por los archivos de Afganistán.

Dijo que el propio Assange estaba «muy preocupado por el aspecto técnico de encontrar los nombres dentro de la enorme cantidad de documentos» para que «pudiéramos redactarlos, para que no se publicaran, para que no se dañaran».

El periodista contó que Assange les recordaba continuamente a los medios con los que trabajaba que usaran comunicaciones seguras, teléfonos y aplicaciones encriptados, y aunque parecía paranoico en ese momento, ahora son las prácticas periodísticas más comunes.

Goetz también testificó sobre las conversaciones que los medios socios de Wikileaks tuvieron con el gobierno de Estados Unidos antes de las publicaciones. En un momento, funcionarios del Departamento de Estado habían dicho que marcarían algunos documentos que no querían que se publiquen.

No especificaron ningún nombre para que sea retocado, sino que indicaron áreas políticamente sensibles. Cuando se dieron cuenta de que solo estaban poniendo el ojo sobre historias que podrían llamar la atención de los periodistas, dejaron de colaborar.

El grupo de medios asociados también había enviado una delegación de periodistas del New York Times a la Casa Blanca para discutir las publicaciones antes de su lanzamiento.

El periodista Eric Schmitt le envió un correo electrónico a Goetz inmediatamente después de la reunión en la que le comentó que los medios agrupados le habían informado al gobierno estadounidense que WikiLeaks no publicaría unos 15 mil documentos dentro de los diarios de guerra de Afganistán.

Luego le habían pedido a la Casa Blanca asistencia técnica para ayudar con las redacciones. Esa solicitud, dijo Goetz, fue recibida con «burla» por el gobierno norteamericano.

Una y otra vez, la fiscalía alertó a los testigos que Assange sólo estaba siendo acusado por haber publicado en Internet cables sin redactar que pusieron en peligro la vida de informantes del gobierno.

Sin embargo Goetz remarcó que antes de Wikileaks otros sitios habían dado esa información. Según contó, en febrero de 2011 dos periodistas del diario inglés The Guardian, David Leigh y Luke Harding, habían publicado un libro en el que colocaron como título de un capítulo la contraseña para los archivos no encriptados.

El diario alemán Die Freitag publicó esa información que permitió desbloquear los archivos. También destacó que fueron puestos online por Cryptome, un «sitio de filtración rival» de Wikileaks, tal como lo describe el gobierno, pero también aparecieron en muchos otros sitios, por lo que no pudieron ser eliminados y estaban fuera del alcance de WikiLeaks.

En respuesta, la fiscalía presentó un artículo de The Guardian fechado en septiembre de 2011 en el que los medios asociados a Wikileaks habían condenado que el sitio haya publicado cables sin borrar nombres (aunque reconocían que el material había sido publicado por primera vez por Cryptome).

Goetz respondió que al momento de esa nota los medios no conocían la verdadera cadena de hechos. Sólo más tarde se pudo conocer que la contraseña en el libro de Leigh y Harding había sido la que habilitó el acceso al material clasificado.

Durante la jornada también testificó Daniel Ellsberg, exanalista de información del ejército de Estados Unidos que en 1971 filtró los Papeles del Pentágono. Durante la presidencia de Richard Nixon, Ellsberg envió 7 mil páginas de documentos clasificados sobre la guerra de Vietnam al New York Times y luego al Washington Post. El analista de inteligencia de 89 años reconoció la importancia de las revelaciones hechas por WikiLeaks.

«A lo largo del tiempo reconocieron que mis acciones en relación con los Papeles del Pentágono y las consecuencias de su publicación generaron un cambio de interpretación radical.  Considero que las publicaciones de WikiLeaks de 2010 y 2011 tienen una importancia comparable», sostuvo el ex-militar.

A la hora de interpelar a Ellsberg, el fiscal Lewis intentó establecer una comparación entre su caso y el de Assange. Según el fiscal, en 1971 el exmilitar había tenido el cuidado de no publicar cuatro volúmenes de documentos para resguardar al gobierno norteamericano.

Pero sí había entregado todos los archivos al Senado. Sin embargo, el analista aclaró que al momento de dar con los documentos secreto, Estados Unidos y Vietnam ya estaban en negociaciones de paz.

Ellsberg no quería que la publicación de los mismos se usara como pretexto para romper el diálogo, por lo que demoró su entrega a los medios.

Respecto al argumento del fiscal de que Assange puso en riesgo la vida de informantes, el exmilitar dijo que él también había dado información sobre un agente clandestino de la CIA.

Justificó esa decisión argumentando que no quería que el público pensara que los archivos habían sido editados o interferidos. Para demostrar que el gobierno estaba cometiendo atrocidades en Vietnam, Ellsberg necesitó que esos documentos se mantuvieran impolutos y que nadie pudiera decir que con su intervención estaba encubriendo algo.

Lewis también intentó que Ellsberg admitiera que los archivos de WikiLeaks eran más dañinos que los Papeles del Pentágono.

Sin embargo, el analista dijo que ya durante el juicio a Chelsea Manning el Departamento de Defensa no había podido mostrar una sola muerte como resultado de esas filtraciones.

El fiscal mencionó que algunos informantes habían tenido que huir de sus países. Ellsberg pidió poner en dimensión lo que había hecho el periodista australiano.

«Las personas que tienen que abandonar el país deben ubicarse en el contexto de Assange tratando de poner fin a una guerra que causó 37 millones de refugiados y más de un millón de muertes», sostuvo el exmilitar estadounidense.

15 de septiembre – Día 6

Continuando con el testimonio del día anterior, el abogado estadounidense Eric Lewis explicó que bajo la presidencia de Trump, el Departamento de Justicia había perdido su independencia.

Para Lewis los fiscales del nivel más bajo siguen las instrucciones del fiscal general, William Barr. El abogado citó comentarios de Jeff Sessions, quien ocupaba ese cargo cuando se había presentado la acusación contra Assange, en los que calificó su arresto como una «prioridad».

Según Lewis la presión continuó cuando Barr pasó a ocupar el cargo de fiscal general. Además citó una declaración en la que más de mil exfiscales federales habían condenado la «obstrucción a la Justicia» durante la presidencia del magnate republicano.

«Jeff Sessions presionó al Distrito Este de Virginia para que presentara el caso. No estoy diciendo que los fiscales individuales estén actuando de mala fe, estoy diciendo que el departamento está muy politizado y muchos estadounidenses estarían de acuerdo con esa opinión«, enfatizó Lewis.

Lewis comentó que los hechos por los cuales se presentó el caso son de 2010 y 2011, pero que Estados Unidos avanzó en la Justicia sino recién en 2018. Para el abogado la única diferencia entre ese momento y el presente es quién está en la Casa Blanca. «Este caso estaba inactivo cuando comenzó la administración Trump«, dijo Lewis. “La evidencia no cambió. Los testigos no cambiaron. La Primera Enmienda no cambió«.

Por su parte, la fiscalía intentó poner en duda la afirmación de que Assange enfrentaría hasta 175 años de prisión si es extraditado.

Lewis explicó que el periodista sería juzgado en el Distrito Este de Virginia a cargo del juez Claude M. Hilton, conocido por sus «duras sentencias».

Hilton envió a Chelsea Manning a prisión por desacato cuando se negó a testificar ante el Gran Jurado creado para la causa WikiLeaks.

En la sentencia que finalmente encontró culpable a Manning de 10 cargos bajo la Ley de Espionaje (Assange enfrenta 17), el gobierno había pedido una sentencia de 60 años, explicó el abogado. Finalmente la exsoldado fue condenada a 35.

Lewis señaló que el Departamento de Justicia había realizado varios ajustes en la segunda acusación sustitutiva que presentó contra Assange en junio de 2020.

A pesar de no agregar cargos, el abogado marcó que la acusación incorporó nuevo lenguaje y nuevos «co-conspiradores» que supuestamente estaban bajo la dirección de Assange.

Lewis señaló el caso de alguien denominado «adolescente» (en referencia a Siggi Thordarson, un informante islandés), y a «habilidades especiales» (que podrían hacer mención a las supuestas capacidades informáticas de Assange), y el hecho de que los cables del Departamento de Estado publicados por WikiLeaks supuestamente incluían nombres de empleados del gobierno en embajadas de todo el mundo.

Todos estos elementos aumentan la probabilidad de llegar a una sentencia mucho más alta, según Lewis.

El siguiente testigo convocado por la defensa fue Thomas Durkin, un abogado penal de la ciudad de Chicago. Durkin se refirió a cómo sería el juicio en Estados Unidos contra Assange si fuera extraditado.

«No creo que pueda obtener lo que yo consideraría un juicio justo«, dijo Durkin.

Entre otros elementos el abogado señaló que el caso estaba altamente politizado y que además habría una enorme presión para aceptar un acuerdo de culpabilidad simplemente para evitar una sentencia desproporcionada.

14 de septiembre – Día 5

Prestó declaración Eric Lewis, abogado y miembro de la ONG Reprieve. Lewis representa a personas detenidas en Guantánamo y ciudadanos afganos en litigios contra el gobierno de Estados Unidos.

Respecto a los 18 cargos que presentó la Justicia estadounidense contra el periodista, el abogado dijo que estando todos bajo la Ley de Espionaje fácilmente podrían haberse reunido en una única acusación.

Sin embargo para Lewis la fiscalía los presentó por separado para maximizar el tiempo de condena que podría caberle al australiano. Cada cargo conlleva hasta 10 años de prisión.


 

Lewis luego habló sobre las condiciones que probablemente sufriría Assange de ser extraditado a Estados Unidos, incluidas las denominadas Medidas Administrativas Especiales (SAM en inglés) y el encarcelamiento solitario.

«Los SAM son el rincón más oscuro del sistema penitenciario federal de Estados Unidos. Combinan la brutalidad y el aislamiento de las unidades de máxima seguridad con restricciones adicionales en las que se niegan a las personas casi cualquier tipo de conexión con otros humanos». sostuvo el abogado.

Lewis consideró que es muy probable que ese tipo de medidas se apliquen al caso Assange ya que es factible que la Justicia estadounidense invoque «intereses de seguridad nacional».

Además señaló que cualquier persona detenida bajo estas condiciones tiene enormes dificultades para establecer contacto con sus abogados y preparar debidamente su defensa. 

Debido a problemas técnicos con la videollamada a través de la cual Lewis estaba testificando, la sesión se dio por terminada, para continuar al día siguiente.

10 de septiembre – Día 4

El juicio de extradición de Julian Assange fue aplazado hasta el lunes 14 de septiembre. La suspensión se debió a sospechas de que pudo haber algún contagio de coronavirus en la sala del tribunal.

La jueza Vanessa Baraitser decidió posponer el proceso por pedido de la acusación y la defensa, después de que uno de los fiscales en representación de la Justicia estadounidense revelara que pudo estar expuesto al virus y que debía someterse a un análisis.

Por su parte Assange, a diferencia de los días anteriores, no acudió personalmente al juzgado. El periodista expresó repetidamente en los últimos meses su temor de contraer covid-19 en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, cerca de Londres, donde permanece detenido.

 

9 de septiembre – Día 3

En el tercer día de audiencias la defensa de Assange presentó a dos nuevos académicos para testificar. Ambos intentaron explicar los matices políticos de la acusación contra el periodista y cómo ésta podría afectar la libertad de prensa en Estados Unidos.

El primer testigo en declarar fue Paul Rogers, experto en seguridad internacional y profesor emérito de la universidad británica de Bradford. El testimonio de Rogers se basó en el punto de que la acusación y el enjuiciamiento a Assange en Estados Unidos se basan en motivaciones políticas de la administración Trump. Rogers señaló que los registros de la guerra afgana y la guerra de Irak publicados por WikiLeaks, así como las propias opiniones políticas de Assange, chocaron con los sucesivos gobiernos de Estados Unidos.

Para el académico los puntos de vista de Assange no caen en los sistemas de creencias tradicionales liberales o conservadores, sino que son más bien libertarios, contra la guerra y basados ​​en valores de transparencia y responsabilidad.

En el estrado, Rogers habló sobre cómo WikiLeaks puso en práctica estos valores con las publicaciones de registros de guerra.

«Posiblemente la parte más importante de todo el asunto fueron las publicaciones que mostraron 15 mil víctimas civiles previamente no contadas, trayendo al público estadounidense un aspecto muy perturbador de toda la guerra», sostuvo el académico.

Rogers remarcó que Barack Obama había decido no perseguir a Assange y que de hecho el expresidente demócrata había indultado a Chelsea Manning.

Para el docente la administración Trump no había quedado contento con eso, sin embargo los gobiernos no tienen el poder de revertir un indulto.

Por ese motivo la avanzada sobre Assange podría ser la forma en que el actual presidente estadounidense responde a eso, sostuvo el académico.

Luego, el fiscal Lewis sugirió que la administración Obama pudo no haber procesado a Assange porque estaba en la Embajada de Ecuador en ese momento.

-Lewis: ¿Era posible arrestar a Assange en 2013?

-Rogers: ¿Es necesario poder arrestar a alguien para iniciar una acusación?

-Lewis: ¿Cuál sería el sentido si él se escondía en la embajada?

Rogers: Bueno, para presionarlo. Hubiera tenido mucho sentido presentar la acusación en ese momento para mostrar el intento permanente de llevar a Assange ante la justicia.

El segundo testigo del día fue Trevor Timm, periodista y cofundador de Freedom of the Press Foundation, quien testificó sobre cómo el intento de extradición y el enjuiciamiento de Assange afectarán directamente la libertad de prensa. Timm se opuso a la acusación con el argumento de que amenaza con criminalizar la protección de las fuentes y la recepción pasiva de documentos gubernamentales, así como su publicación.

Además el periodista se mostró profundamente preocupado por los cargos contra Assange que caen bajo la Ley de Espionaje de 1917. Algunos penalizan la publicación y la solicitud de información, y otros son aún más amplios.

«El gobierno de los Estados Unidos dice que la mera idea de obtener estos documentos es potencialmente criminal«, enfatizó el activista. Además hizo referencia a intentos previos de perseguir periodistas bajo dicha normativa.

El periodista resaltó que en todos y cada uno de los casos el gobierno concluyó o se vio obligado a concluir que un enjuiciamiento al amparo de esta ley violaría las protección que brinda la Primera Enmienda.

Por su parte el fiscal Lewis remarcó que Timm en su declaración por escrito había sostenido que Trump estaba librando una «guerra contra el periodismo».

El fiscal trató de socavar esa afirmación señalando que el Departamento de Justicia estableció explícitamente que no consideran a Assange un periodista y que no persiguen a trabajadores de prensa.

Timm respondió: «En Estados Unidos, la Primera Enmienda protege a todos. No importa si consideran a Assange un periodista, él estaba participando en una actividad periodística».

«Para mí es muy revelador que Trump sea el primero en tratar de presentar un caso como este desde la administración Nixon», sostuvo el periodista.

8 de septiembre – Día 2

El profesor Mark Feldstein subió al estrado para ampliar su testimonio. Feldstein retomó su repaso por la lista de periodistas que a lo largo de la historia utilizaron información clasificada en sus notas.

También remarcó que resguardar la identidad de las fuentes forma parte de la rutina periodística. «Intentar proteger las fuentes es una obligación periodística», dijo el docente.

La fiscalía intentó establecer diferencias entre el trabajo del New York Times y WikiLeaks, sugiriendo que los periodistas no roban ni obtienen información ilegalmente. El académico estuvo de acuerdo en que los periodistas no están por encima de la ley.

Sin embargo dijo que ese razonamiento suponía ponerse sobre una «pendiente resbaladiza» el determinar qué constituye «solicitar» información.

«Los periodistas no somos taquígrafos pasivos (…) Está mal sugerir que la única manera de recibir información de forma anónima es por correo», sostuvo el docente. Sobre la acusación de que publicar nombres necesariamente provocaría daño, Feldstein dijo que es fácil para el gobierno alegar eso ya que es algo imposible de probar.

Además señaló que habitualmente se apela a la seguridad nacional como escudo para esconder acciones vergonzosas o malas del gobierno. Para ejemplificar este aspecto puso el caso de los «Papeles del Pentágono», una filtración de 1971 que reveló los crímenes de guerra del ejército estadounidense en Vietnam.

Los fiscales del gobierno en ese momento acudieron a los tribunales alegando que esos documentos exponían planes de guerra, identificaban a funcionarios de la CIA e incluso podían prolongar la guerra. Años después uno de esos fiscales admitió que no vio ningún daño en las publicaciones, sostuvo Feldstein.

A su vez, el académico dio ejemplos de por qué creía que el juicio a Assange estaba políticamente motivado por la administración Trump. Señaló el hecho de que el gobierno de Obama había rechazado iniciar un juicio contra el periodista, que los cargos presentados no tenían precedentes en la historia del país, y mencionó la «conocida virulencia» de Trump hacia la prensa.

La fiscalía sugirió que Feldstein estaba especulando y volvió a la idea de que los nombres mencionados en las publicaciones causarían daño.

Feldstein respondió que si esa era la preocupación real del gobierno podrían haber acusado a Assange bajo la Ley de Protección de Identidades de Inteligencia de 1982, mucho más estricta. Esa normativa criminaliza la exposición de quienes realizan tareas de inteligencia.

Feldstein criticó la amplitud de los cargos presentados en la acusación como por ejemplo los de «reclutamiento» y «conspiración». «Son términos aterradores, usados ​​para terroristas», sostuvo el profesor. Por el contrario, indicó que los periodistas controlan a las fuentes, les dicen lo que necesitan y les piden más información. «Si eso se criminaliza, si se convierte en conspiración, entonces la mayor parte de lo que hacen los periodistas de investigación sería criminal«, sostuvo Feldstein.

Luego se presentó el testimonio de Clive Stafford Smith, abogado británico, fundador de la ONG Reprieve, que defiende entre otros a prisioneros del gobierno estadounidense en la cárcel de Guantánamo.

El abogado señaló la importancia para su trabajo del material aportado por Wikileaks, ya que algunas de las revelaciones hechas por el sitio documentaron abusos y torturas realizadas por el gobierno en Guantánamo. Con respecto a estos casos Stafford Smith dijo: «Hablando como ciudadano estadounidense, es increíblemente importante que eso se detuviera… Siento que la reputación de mi país se vio socavada y que se estaban cometiendo delitos penales». Además remarcó la importancia de las filtraciones ya que permitieron mostrar al mundo los procesos ilegales que el gobierno norteamericano estaba llevando contra los presos de Guantánamo.

 

 

7 de septiembre – Día 1

En la segunda fase del juicio de extradición contra el creador de Wikileaks Julian Assange, donde la justicia británica deberá decir si concede o no su extradición a Estados Unidos. El proceso había empezado en febrero pero fue pospuesto por la pandemia de coronavirus. Semanas antes del reinicio la Justicia de Estados Unidos presentó nuevas denuncias contra el periodista australiano.

Estos cargos se extienden más allá de la figura misma de Assange. Dos de sus socios en WikiLeaks y un empleado de la organización son acusados de ser sus cómplices al conspirar contra la seguridad estadounidense.

La nueva acusación además señala que el periodista australiano no sólo recibió información de la exsoldado estadounidense Chelsea Manning sino de otros hackers.

En total son la Justicia norteamericana presentó 18 cargos contra el periodista. Entre ellos lo acusa de espionaje, escudándose en la Ley de Espionaje de 1917, y piratería informática. A su vez, la fiscalía que representa al gobierno estadounidense sostiene que las publicaciones realizadas por Wikileaks pusieron en riesgo la vida de algunos de sus informantes en el extranjero.

Assange publicó en 2010 más de 700 mil documentos clasificados. En algunos de ellos quedaron documentados los crímenes del ejército norteamericano durante las guerras de Irak y Afganistán.

También publicó miles de cables diplomáticos del Departamento de Estado en comunicación con decenas de embajadas estadounidenses en todo el mundo. De avalarse su extradición, Assange podría ser condenado a 175 años de cárcel. 

Desde abril de 2019 el periodista se encuentra detenido en una cárcel de máxima seguridad de Inglaterra. Antes había estado siete años encerrado en la embajada de Ecuador en Londres.

Al comenzar la primera jornada del juicio Assange volvió a rechazar su extradición a Estados Unidos, tal como lo había hecho en febrero. A su vez, la defensa del periodista informó que no tuvo acceso a las nuevas denuncias con la antelación suficiente como para poder evaluarlas.

Por ese motivo el abogado, Mark Summers, pidió a la jueza Vanessa Baraitser que las excluya del caso. La magistrada rechazó el pedido. Luego Summers solicitó aplazar el juicio para poder estudiar el nuevo material probatorio. La jueza tampoco hizo lugar a ese pedido. También fijó un límite máximo de diez periodistas presenciando las sesiones.

Luego prestó declaración el primer testigo de la defensa: el profesor de periodismo de la Universidad de Maryland, Mark Feldstein.

El docente fundamentó la tesis de la defensa de que las acusaciones contra el periodista tienen motivaciones políticas. Consideró además que su extradición constituiría un abuso de proceso. Feldstein aseguró que en Estados Unidos no existían precedentes de que un periodista o editor hubiese sido juzgado por publicar información clasificada.

Destacó que la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense protege ese tipo de publicaciones, y que en su país el trabajo de los periodistas especializados en temas de seguridad nacional depende de las filtraciones del gobierno.

Feldstein dijo que aunque sea poco ortodoxo el australiano es un editor protegido por la Constitución. «Assange ha publicado información veraz e importante que ha expuesto actos ilegales y no éticos del gobierno estadounidense«, agregó el docente universitario.

 

 

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